"Los líderes de las comunidades étnicas y, en general los campesinos
tradicionalesdel Cauca, consideran que de no haber un freno a la
concesión de títulos una gran parte de sus territorios terminará
gravemente afectada, y sus posibilidades de sembrar comida y de tener
acceso a agua limpia serán cada vez menores."
Por Verdad Abierta / Martes 24 de junio de 2014
El miércoles 30 de abril de 2014, el municipio de Santander de Quilichao estuvo de luto. Ese día un alud de piedra y tierra sepultó a varias personas que se rebuscaban la vida en la mina ‘Agualimpia’ en el corregimiento de San Antonio, a quince minutos del casco urbano. Días después las autoridades informaron que los muertos habían sido doce y que la tragedia había sido anunciada desde hacía meses por las comunidades campesinas, en particular por la de afrodescendientesdel norte del Cauca, advirtiendo los problemas y riesgos de la minería ilegal.
Esta es la primera tragedia humana, pero la ambiental ocurre desde hace seis años. Son varios los pueblos étnicos que denuncian que la minería ilegal los tiene cercados. Por ejemplo, en el Consejo Comunitario de Zanjón de Garrapatero, en Santander de Quilichao, en el norte de Cauca, los vecinos ya no se conocen. Camilo* cuenta que desde 2008 cuando llegaron mineros provenientes de Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y de la Costa Caribe, en este pueblode afrodescendientes, la gente comenzó a arrendar sus tierras a los foráneos durante la fiebre del oro. Firmaban con ellos contratos de explotación de entre 20 y 30 millones de pesos hasta que ya no encontraran más oro en sus parcelas a orillas del río Quinamayó.
Con el tiempo, la minería no sólo les dejó pedregales donde ya no pueden cultivar alimentos sino que les heredó otros problemas: los mineros instalaron en el campo cantinas y prostíbulos. En un abrir y cerrar de ojos los casos de embarazos de adolescentes aumentaron y los jóvenes comenzaron a tener una fascinación por las armas. En la actualidad, en el territorio del Consejo Comunitario hay por lo menos 105 retroexcavadoras en 28 puntos conocidos como entables, donde unas 6 mil personas se rebuscan la vida escarbando la tierra.
La situación de Zanjón de Garrapatero se repite, con variaciones, en los trece municipios del norte del departamento. La minería ilegal es un mal común del que todos saben pero nadie tiene cifras confiables. Cansados de que la actividad extractiva continúe en sus resguardos y consejos comunitarios, en abril de 2014 líderes indígenas y afros se reunieron para denunciar lo que estaba ocurriendo y le pidieron al gobierno tomar medidas.
“Ya nos reunimos y les dijimos a los de las retroexcavadoras que se tenían que ir. Que les dábamos el tiempo para que sacaran la maquinaria”, contó una líder indígena de Santander de Quilichao. Allí, desde agosto de 2013, indígenas del resguardo de Canoas y afros del Consejo Comunitario Cuenca del Río Páez se unieron para tapar los socavones, los mordiscos que la minería le ha ido quitando al cerro Munchique.
Aunque la comunidad tapó una gran parte de las excavaciones, los mineros continuaron con la actividad levantando cinco nuevos entables. Para los habitantes el problema no es sólo que la minería les esté arrebatando un sitio sagrado sino que de allí nace el agua que abastece a todas las veredas de la región.
En otras zonas también los vecinos han hecho resistencia contra la minería desenfrenada, a sabiendas que les pone en riesgo su sustento. En el municipio de Caloto, indígenas, afros y campesinos decidieron que no iban a dejar entrar más maquinaria que explotara el oro sobre la cuenca del río Palo. En abril de 2014 indígenas de los cabildos de Huellas, Tóez y López Adentro evitaron que diez retroexcavadoras siguieran operando. “A la gente le están ofreciendo entre 600 mil y 800 mil pesos para trabajar en la mina. Hay que parar esta situación para velar por el medio ambiente”, dijo un líder de Huellas.
En el municipio de Buenos Aires, los Consejos Comunitarios del Río Cauca y la Alsacia han rechazado la minería, como lo han hecho sus pares de Santander de Quilichao y Caloto. Pero pese a que los afro de esta localidad se organizaron para que ningún minero siga despedazando el Cerro Teta y contaminando el río que lleva este mismo nombre, los mineros ilegales se han dispersado en el corregimiento de Paloblanco así como en las veredas de Munchique, La Cabaña, Mazamorrero, San Joaquín y Santa Catalina y es muy difícil controlarlos.
“Lo que hacen los mineros es que llegan y le arriendan el predio a un integrante de la comunidad pero le dan trabajo a gente de afuera. En nuestro propio territorio nos restringen el paso”, explicó un líder del Consejo Comunitario del Río Cauca.
A las comunidades no sólo les preocupa que el gobierno no controle la minería ilegal sino que siga otorgando títulos legales a empresas locales y extranjeras para explotar minerales en sus territorios. Campesinos, indígenas y afros no están de acuerdo con este modelo de desarrollo, basado en la gran minería, aún si ésta es ordenada. Su apuesta es por preservar los suelos y el agua limpia para poder cultivar sus alimentos. Su cultura les da un sentido del deber de proteger la madre tierra como un legado para las generaciones venideras; para ellos el territorio no les pertenece a los hombres de hoy, sino que es prestado por la naturaleza y es indispensable entregarlo preservado para que los que vienen también lo puedan disfrutar.
Temor por expansión de minería legal
Los líderes de las comunidades étnicas y, en general los campesinos tradicionalesdel Cauca, consideran que de no haber un freno a la concesión de títulos una gran parte de sus territorios terminará gravemente afectada, y sus posibilidades de sembrar comida y de tener acceso a agua limpia serán cada vez menores.
VerdadAbierta.com se dio a la tarea de investigar con las diversas fuentes del sector minero, exactamente cuántos títulos mineros legales hay, cuántos de éstos son de exploración y cuántos ya están en la etapa de explotación, quiénes son los dueños de la mayor cantidad de títulos y conversó con ellos para saber cuáles son sus planes futuros en el territorio del norte del Cauca.
La información sobre títulos en las diversas instancias es a veces contradictoria, o incompleta o desactualizada. Aquí citamos lo que cada fuente dijo tener en sus registros.
El estudio Contexto Minero Colombiano y Regional del Norte del Cauca, del Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali y presentado durante la audiencia pública minera de abril de 2014, encontró que a diciembre de 2012 la Agencia Nacional de Minería había otorgado a particulares y empresarios 241 títulos mineros legales.
El Cauca tiene 3 millones 089 mil hectáreas y los 241 títulos son contratos para explorar 350 mil hectáreas del subsuelo, lo que significa que por lo menos el 10 por ciento del territorio está concesionado para buscar distintos minerales. Según el mismo estudio, en trámite hay 652 solicitudes de títulos para explorar un millón 116 mil hectáreas, lo que permite deducir que si el gobierno los llegara a otorgar, el 50 por ciento del territorio sería explotado en minería.
La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), la autoridad que otorga las licencias ambientales, es decir los permisos para que particulares o empresas puedan explotar oro u otros minerales en una zona, tiene en sus bases de datos que en el Cauca hay 271 títulos mineros vigentes a enero de 2014. Según la Corporación, tener un título no significa que el territorio esté inmediatamente intervenido pues la licencia sólo se tramita para la explotación, es decir, al momento de extraer los minerales después de las fases de prospección y exploración.
Francisco Vidal, director de gestión ambiental de la CRC, explica que de esos 271 títulos, 106 tienen licencia ambiental, y bajo esas licenciasse están explotando 6 mil 400 hectáreas. “Los títulos están distribuidos en todo el departamento y son licencias para extraer material de arrastre como piedra y arena”, dice Vidal.
La Agencia Nacional de Minería, la autoridad que otorga los títulos, tiene registradas en sus bases de datos 259 títulos para el Cauca, de los cuales, asegura,93 están en fase de explotación.“Es importante precisar que en el Cauca más de la mitad de los títulos corresponde a materiales de construcción que no son cosa distinta que un insumo esencia para la construcción de viviendas y obras de infraestructura (vías) que requiere el departamento”, señala la Agencia. Aquí podrá encontrar las respuestas que por escrito dio la ANM a VerdadAbierta.com sobre los títulos otorgados en Cauca.
De los 241 títulos de exploración que identificó la investigación del Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana, 41 títulos figuraban a nombre de la AngloGold Ashanti, una de las empresas más grandes que explota oro en el mundo y que tiene sede en Suráfrica y 11 títulos a nombre de la brasilera VotorantimMetais.
Julio César Uribe, gerente de Comunidades del Área de Exploración de AngloGold Ashanti en Colombia, explicó a VerdadAbierta.com que desde 2008 la multinacional no realiza ningún trabajo físico en el territorio. “Un título minero no da propiedad sobre la superficie ni sobre el subsuelo. Es un contrato en el que la obligación de la empresa es explorar. Pero desde hace seis años no hacemos ningún trabajo allí. Hemos incluso devuelto varios títulos y los que tenemos están amparados con la figura de fuerza mayor”, dice Uribe.
Esta figura la solicitan las empresas mineras al gobierno cuando no pueden desarrollar el proyecto por razones de conflicto armado, por necesidad de consulta previa (consulta con las comunidades étnicas) o porque en la zona no encontraron el potencial minero que esperaban. El experto señala que el último trabajo que intentaron desarrollar en el departamento fue el de Cerro Gordo en el municipio de La Sierra. “Hicimos la respectiva consulta ante el Ministerio del Interior y éste le preguntó al Incoder si en la zona había presencia de grupos étnicos. El Incoder informó que sí. El gobierno debía convocar a la consulta previa perohasta ahora no la ha habido”, cuenta Uribe.
Según datos actualizados a junio de 2014, la AngloGold tiene 39 títulos mineros en el Cauca que suman 61 mil hectáreas, la mayoría en los municipios de El Tambo, La Sierra, La Vega y San Pablo. De estos 39 títulos, la empresa tramita ante la Agencia Nacional la renuncia a seis títulos que suman 9 mil hectáreas y ya devolvió 12 títulos por 25 mil hectáreas. En la actualidad, está solicitando la concesión de otros 43 títulos por 100 mil hectáreas, la mayoría en los municipios de Almaguer, Bolívar, Buenos Aries, Popayán, Santander de Quilichao y Suárez.
Aunque la multinacional tiene varios títulos, su gerente de Comunidades del Área de exploración, Uribe, asegura que en los últimos seis años no han recogido una sola muestra en terreno y ahora, pensando en los planes de la empresa en el Cauca, “estamos haciendo un análisis de cada título para tomar decisiones”.
Un estudio del Servicio Geológico Colombiano encontró que la mayoría del Cauca tiene potencial para hallazgo de oro y cobre, lo que preocupa a las comunidades porque aunque todavía no haya explotación, algunos títulos ya otorgados se cruzan con territorios colectivos.
Según la investigación del Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, de las 350 mil hectáreas tituladas en minería a diciembre de 2012, 82 mil se traslapan con consejos comunitarios y 7 mil con resguardos. Sin embargo, esta última cifra puede ser más alta teniendo en cuenta que la investigación analizó las áreas de los resguardos reconocidos por el Incoder y el Ministerio del Interior, y no el área de resguardos coloniales y otras territorialidades indígenas en proceso de reconocimiento.
Francisco Vidal, de la Corporación Regional del Cauca, asegura que de las 106 licencias ambientales que han otorgado, 19 se cruzan con territorios colectivos. Sin embargo, en ningún caso se requirió consulta previa ni hubo problemas con las comunidades porque estas licencias estaban siendo solicitadas por esas mismas comunidades: trece fueron solicitadas por pueblos afros y nueve por indígenas para desarrollar minería en sus propios territorios.
En el norte del Cauca, los títulos mineros legales con más extensión, por el número de hectáreas concesionadas, están en Santander de Quilichao, Suárez y Morales. Los más pequeños están dispersos por Puerto Tejada, Villa Rica, Guachené, Padilla y Caloto. La mayor concesionaria minera en hectáreas es la Universidad del Cauca, seguida por la AngloGold y la Anglo American, esta última, otra minera global que tiene sede en Londres
La Universidad del Cauca tiene el título más grande del país, de 115 mil hectáreas. Ramsés López Santamaría, funcionario de la Oficina Jurídica de la Universidad del Cauca, explicó que este es un título republicano que data del siglo XIX, cuando la constitución de la Universidad del Tercer Distrito en Popayán, conocida luego como Universidad del Cauca, impulsada por el general Francisco Paula de Santander. Con el Decreto 06 de 1827 el gobierno le reconoció a la universidad propiedad sobre las minas que están entre el sur de Buenaventura y el norte de López de Micay. Buscaba que con esta concesión minera la universidad tuviera autosuficiencia económica.
Según López Santamaría, debido al aporte intelectual que ha realizado la Universidad durante décadas, el gobierno expidió las leyes 153 de 1941 y 95 de 1944 que le concedieron el derecho sobre la superficie de 230 mil hectáreas, de las cuales la universidad tiene escrituras y folios de matrícula registrados en Buenaventura y Guapi.
No obstante, según explicó, el funcionario su institución sólo ha aprovechado ese territorio para hacer investigación científica. “La Universidad no está hecha para hacer explotación de los recursos naturales sino para conservarlos”, dice.
López señala que la Universidad comenzó a trabajar en la cuenca del río Naya para clasificar la fauna, la flora y los minerales. Las investigaciones se han traducido en artículos académicos y otros proyectos, como el liderado por el profesor Álvaro José Negret, que hizo una clasificación de las aves del país.El funcionario explica que en 1981 el Ministerio de Minas expidió una resolución que una vez más le reconoció a la Universidad su derecho sobre las minas de la cuenca hidrográfica del río Naya. Esta resolución fue una figura para que la Universidad pudiera hacer un avalúo de los recursos mineros que hay en la región.
“Este avalúo se hizo con fines estrictamente académicos e investigativos”, reitera López. Ahora la Universidad espera una decisión del Consejo de Estado después de que el Incoder solicitara una revisión del título minero tras cuestionar el uso del suelo. “Se nos hizo un cuestionamiento respecto a que si no estamos utilizando el predio; el Estado puede quitárnoslo. Se hizo una acción ante el Consejo y está en trámite para que determine si las razones del Incoder son o no ciertas”, dice el funcionario de la Oficina Jurídica.
En el Cauca, las comunidades se preguntan cuál será el destino del departamento con los planes de minería del gobierno. La principal inquietud es si los títulos otorgados hasta el momento por la Agencia Nacional de Minería se cruzan con territorios étnicos. La justicia reconoció el error del gobierno colombiano cuando el 11 de mayo de 2011 la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1382 de 2010, que había modificado el Código de Minas o Ley 685 de 2001, al advertir que le Ley violaba los derechos de indígenas y afros porque la Agencia Nacional de Minería estaba entregando títulos sin aplicar la consulta previa.
La consulta previa es un derecho que tienen los pueblos étnicos a que les pregunten si están de acuerdo o no con una intervención sobre sus territorios. Este derecho fue reconocido en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y aplicado en Colombia con la Ley 21 de 1993.
Después de declarada inexequible la Ley 1382, en el Congreso intentó cursar un nuevo proyecto de Ley que buscaba finalmente reformar el Código Minero. Sin embargo, bajo la lupa de investigadores como Diana Alexandra Mendoza, quien hizo un paralelo entre el proyecto y el Código el entonces proyecto de Ley seguía poniendo en riesgo el derecho de las comunidades étnicas sobre su territorio. Primero porque declaraba la minería como una utilidad pública e interés social y bajo ese argumento, con excepción de los páramos, terminaba autorizando minería casi en todo el territorio colombiano, incluyendo los territorios colectivos.
El proyecto finalmente no prosperó y hasta el 11 de mayo de 2013 en Colombia funcionó la Ley 1382 por orden de la Corte. Desde hace casi un año en el país volvió a entrar en vigencia el Código de Minas de 2001 que bajo el análisis de otros investigadores como Carlos Duarte, del Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, puso reglas de juego beneficiosas para los inversionistas, como el pago de apenas 0,4 por ciento de regalías al Estado por la extracción de oro. “El Código de 1988 fijaba un aporte del 10 por ciento, y en otros países como Australia esta obligación llega al 40 por ciento”, dice.
Como sigue vigente el Código de Minas y no ha habido todavía una reforma que escuche y tenga en cuenta sus preocupaciones, las comunidades indígenas y afros esperan que el gobierno no siga concesionando sus territorios a empresas mineras nacionales y extranjeras. Claro está que del otro lado están los argumentos del gobierno que sostienen que las riquezas del subsuelo son todos los colombianos, y aquellos millones que viven en la pobreza hoy necesitan que se exploten esos minerales, y ese derecho prevalece sobre el de unas minorías. Así que es posible que la tensión entre lo que quieren estas comunidades hacer con su territorio, y lo que Bogotá quiere se mantendrá en los próximos años.
Para resistir las presiones para que se pueda realizar explotación minera a gran escala en sus territorios, muchos indígenas se han negado a participar de la consulta previa.
Más urgente por lo inmediato es el problema que enfrenta el territorio de estas comunidades con los mineros ilegales. Son más difíciles de regular, son más destructivos y por lo general, traen consigo la violencia. Por eso están exigiendo que el gobierno les ponga freno definitivamente, pues la tragedia de abril pasado, puede volverse a repetir, y ni qué decir del daño ambiental irreversible que están causando. Mientras los mineros ilegales continúen en el territorio, todos los días los ríos Quinamayó, Teta y Palo siguen recibiendo descargas de mercurio y decenas de personas arriesgando su vida mientras el ‘patrón’ los deja rebuscar oro entre los residuos de los socavones.
Fuente: Prensa Rural
vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Colombia_Mineria_en_el_Cauca_riqueza_para_quien
El miércoles 30 de abril de 2014, el municipio de Santander de Quilichao estuvo de luto. Ese día un alud de piedra y tierra sepultó a varias personas que se rebuscaban la vida en la mina ‘Agualimpia’ en el corregimiento de San Antonio, a quince minutos del casco urbano. Días después las autoridades informaron que los muertos habían sido doce y que la tragedia había sido anunciada desde hacía meses por las comunidades campesinas, en particular por la de afrodescendientesdel norte del Cauca, advirtiendo los problemas y riesgos de la minería ilegal.
Esta es la primera tragedia humana, pero la ambiental ocurre desde hace seis años. Son varios los pueblos étnicos que denuncian que la minería ilegal los tiene cercados. Por ejemplo, en el Consejo Comunitario de Zanjón de Garrapatero, en Santander de Quilichao, en el norte de Cauca, los vecinos ya no se conocen. Camilo* cuenta que desde 2008 cuando llegaron mineros provenientes de Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y de la Costa Caribe, en este pueblode afrodescendientes, la gente comenzó a arrendar sus tierras a los foráneos durante la fiebre del oro. Firmaban con ellos contratos de explotación de entre 20 y 30 millones de pesos hasta que ya no encontraran más oro en sus parcelas a orillas del río Quinamayó.
Con el tiempo, la minería no sólo les dejó pedregales donde ya no pueden cultivar alimentos sino que les heredó otros problemas: los mineros instalaron en el campo cantinas y prostíbulos. En un abrir y cerrar de ojos los casos de embarazos de adolescentes aumentaron y los jóvenes comenzaron a tener una fascinación por las armas. En la actualidad, en el territorio del Consejo Comunitario hay por lo menos 105 retroexcavadoras en 28 puntos conocidos como entables, donde unas 6 mil personas se rebuscan la vida escarbando la tierra.
La situación de Zanjón de Garrapatero se repite, con variaciones, en los trece municipios del norte del departamento. La minería ilegal es un mal común del que todos saben pero nadie tiene cifras confiables. Cansados de que la actividad extractiva continúe en sus resguardos y consejos comunitarios, en abril de 2014 líderes indígenas y afros se reunieron para denunciar lo que estaba ocurriendo y le pidieron al gobierno tomar medidas.
“Ya nos reunimos y les dijimos a los de las retroexcavadoras que se tenían que ir. Que les dábamos el tiempo para que sacaran la maquinaria”, contó una líder indígena de Santander de Quilichao. Allí, desde agosto de 2013, indígenas del resguardo de Canoas y afros del Consejo Comunitario Cuenca del Río Páez se unieron para tapar los socavones, los mordiscos que la minería le ha ido quitando al cerro Munchique.
Aunque la comunidad tapó una gran parte de las excavaciones, los mineros continuaron con la actividad levantando cinco nuevos entables. Para los habitantes el problema no es sólo que la minería les esté arrebatando un sitio sagrado sino que de allí nace el agua que abastece a todas las veredas de la región.
En otras zonas también los vecinos han hecho resistencia contra la minería desenfrenada, a sabiendas que les pone en riesgo su sustento. En el municipio de Caloto, indígenas, afros y campesinos decidieron que no iban a dejar entrar más maquinaria que explotara el oro sobre la cuenca del río Palo. En abril de 2014 indígenas de los cabildos de Huellas, Tóez y López Adentro evitaron que diez retroexcavadoras siguieran operando. “A la gente le están ofreciendo entre 600 mil y 800 mil pesos para trabajar en la mina. Hay que parar esta situación para velar por el medio ambiente”, dijo un líder de Huellas.
En el municipio de Buenos Aires, los Consejos Comunitarios del Río Cauca y la Alsacia han rechazado la minería, como lo han hecho sus pares de Santander de Quilichao y Caloto. Pero pese a que los afro de esta localidad se organizaron para que ningún minero siga despedazando el Cerro Teta y contaminando el río que lleva este mismo nombre, los mineros ilegales se han dispersado en el corregimiento de Paloblanco así como en las veredas de Munchique, La Cabaña, Mazamorrero, San Joaquín y Santa Catalina y es muy difícil controlarlos.
“Lo que hacen los mineros es que llegan y le arriendan el predio a un integrante de la comunidad pero le dan trabajo a gente de afuera. En nuestro propio territorio nos restringen el paso”, explicó un líder del Consejo Comunitario del Río Cauca.
A las comunidades no sólo les preocupa que el gobierno no controle la minería ilegal sino que siga otorgando títulos legales a empresas locales y extranjeras para explotar minerales en sus territorios. Campesinos, indígenas y afros no están de acuerdo con este modelo de desarrollo, basado en la gran minería, aún si ésta es ordenada. Su apuesta es por preservar los suelos y el agua limpia para poder cultivar sus alimentos. Su cultura les da un sentido del deber de proteger la madre tierra como un legado para las generaciones venideras; para ellos el territorio no les pertenece a los hombres de hoy, sino que es prestado por la naturaleza y es indispensable entregarlo preservado para que los que vienen también lo puedan disfrutar.
Temor por expansión de minería legal
Los líderes de las comunidades étnicas y, en general los campesinos tradicionalesdel Cauca, consideran que de no haber un freno a la concesión de títulos una gran parte de sus territorios terminará gravemente afectada, y sus posibilidades de sembrar comida y de tener acceso a agua limpia serán cada vez menores.
VerdadAbierta.com se dio a la tarea de investigar con las diversas fuentes del sector minero, exactamente cuántos títulos mineros legales hay, cuántos de éstos son de exploración y cuántos ya están en la etapa de explotación, quiénes son los dueños de la mayor cantidad de títulos y conversó con ellos para saber cuáles son sus planes futuros en el territorio del norte del Cauca.
La información sobre títulos en las diversas instancias es a veces contradictoria, o incompleta o desactualizada. Aquí citamos lo que cada fuente dijo tener en sus registros.
El estudio Contexto Minero Colombiano y Regional del Norte del Cauca, del Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali y presentado durante la audiencia pública minera de abril de 2014, encontró que a diciembre de 2012 la Agencia Nacional de Minería había otorgado a particulares y empresarios 241 títulos mineros legales.
El Cauca tiene 3 millones 089 mil hectáreas y los 241 títulos son contratos para explorar 350 mil hectáreas del subsuelo, lo que significa que por lo menos el 10 por ciento del territorio está concesionado para buscar distintos minerales. Según el mismo estudio, en trámite hay 652 solicitudes de títulos para explorar un millón 116 mil hectáreas, lo que permite deducir que si el gobierno los llegara a otorgar, el 50 por ciento del territorio sería explotado en minería.
La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), la autoridad que otorga las licencias ambientales, es decir los permisos para que particulares o empresas puedan explotar oro u otros minerales en una zona, tiene en sus bases de datos que en el Cauca hay 271 títulos mineros vigentes a enero de 2014. Según la Corporación, tener un título no significa que el territorio esté inmediatamente intervenido pues la licencia sólo se tramita para la explotación, es decir, al momento de extraer los minerales después de las fases de prospección y exploración.
Francisco Vidal, director de gestión ambiental de la CRC, explica que de esos 271 títulos, 106 tienen licencia ambiental, y bajo esas licenciasse están explotando 6 mil 400 hectáreas. “Los títulos están distribuidos en todo el departamento y son licencias para extraer material de arrastre como piedra y arena”, dice Vidal.
La Agencia Nacional de Minería, la autoridad que otorga los títulos, tiene registradas en sus bases de datos 259 títulos para el Cauca, de los cuales, asegura,93 están en fase de explotación.“Es importante precisar que en el Cauca más de la mitad de los títulos corresponde a materiales de construcción que no son cosa distinta que un insumo esencia para la construcción de viviendas y obras de infraestructura (vías) que requiere el departamento”, señala la Agencia. Aquí podrá encontrar las respuestas que por escrito dio la ANM a VerdadAbierta.com sobre los títulos otorgados en Cauca.
De los 241 títulos de exploración que identificó la investigación del Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana, 41 títulos figuraban a nombre de la AngloGold Ashanti, una de las empresas más grandes que explota oro en el mundo y que tiene sede en Suráfrica y 11 títulos a nombre de la brasilera VotorantimMetais.
Julio César Uribe, gerente de Comunidades del Área de Exploración de AngloGold Ashanti en Colombia, explicó a VerdadAbierta.com que desde 2008 la multinacional no realiza ningún trabajo físico en el territorio. “Un título minero no da propiedad sobre la superficie ni sobre el subsuelo. Es un contrato en el que la obligación de la empresa es explorar. Pero desde hace seis años no hacemos ningún trabajo allí. Hemos incluso devuelto varios títulos y los que tenemos están amparados con la figura de fuerza mayor”, dice Uribe.
Esta figura la solicitan las empresas mineras al gobierno cuando no pueden desarrollar el proyecto por razones de conflicto armado, por necesidad de consulta previa (consulta con las comunidades étnicas) o porque en la zona no encontraron el potencial minero que esperaban. El experto señala que el último trabajo que intentaron desarrollar en el departamento fue el de Cerro Gordo en el municipio de La Sierra. “Hicimos la respectiva consulta ante el Ministerio del Interior y éste le preguntó al Incoder si en la zona había presencia de grupos étnicos. El Incoder informó que sí. El gobierno debía convocar a la consulta previa perohasta ahora no la ha habido”, cuenta Uribe.
Según datos actualizados a junio de 2014, la AngloGold tiene 39 títulos mineros en el Cauca que suman 61 mil hectáreas, la mayoría en los municipios de El Tambo, La Sierra, La Vega y San Pablo. De estos 39 títulos, la empresa tramita ante la Agencia Nacional la renuncia a seis títulos que suman 9 mil hectáreas y ya devolvió 12 títulos por 25 mil hectáreas. En la actualidad, está solicitando la concesión de otros 43 títulos por 100 mil hectáreas, la mayoría en los municipios de Almaguer, Bolívar, Buenos Aries, Popayán, Santander de Quilichao y Suárez.
Aunque la multinacional tiene varios títulos, su gerente de Comunidades del Área de exploración, Uribe, asegura que en los últimos seis años no han recogido una sola muestra en terreno y ahora, pensando en los planes de la empresa en el Cauca, “estamos haciendo un análisis de cada título para tomar decisiones”.
Un estudio del Servicio Geológico Colombiano encontró que la mayoría del Cauca tiene potencial para hallazgo de oro y cobre, lo que preocupa a las comunidades porque aunque todavía no haya explotación, algunos títulos ya otorgados se cruzan con territorios colectivos.
Según la investigación del Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, de las 350 mil hectáreas tituladas en minería a diciembre de 2012, 82 mil se traslapan con consejos comunitarios y 7 mil con resguardos. Sin embargo, esta última cifra puede ser más alta teniendo en cuenta que la investigación analizó las áreas de los resguardos reconocidos por el Incoder y el Ministerio del Interior, y no el área de resguardos coloniales y otras territorialidades indígenas en proceso de reconocimiento.
Francisco Vidal, de la Corporación Regional del Cauca, asegura que de las 106 licencias ambientales que han otorgado, 19 se cruzan con territorios colectivos. Sin embargo, en ningún caso se requirió consulta previa ni hubo problemas con las comunidades porque estas licencias estaban siendo solicitadas por esas mismas comunidades: trece fueron solicitadas por pueblos afros y nueve por indígenas para desarrollar minería en sus propios territorios.
En el norte del Cauca, los títulos mineros legales con más extensión, por el número de hectáreas concesionadas, están en Santander de Quilichao, Suárez y Morales. Los más pequeños están dispersos por Puerto Tejada, Villa Rica, Guachené, Padilla y Caloto. La mayor concesionaria minera en hectáreas es la Universidad del Cauca, seguida por la AngloGold y la Anglo American, esta última, otra minera global que tiene sede en Londres
La Universidad del Cauca tiene el título más grande del país, de 115 mil hectáreas. Ramsés López Santamaría, funcionario de la Oficina Jurídica de la Universidad del Cauca, explicó que este es un título republicano que data del siglo XIX, cuando la constitución de la Universidad del Tercer Distrito en Popayán, conocida luego como Universidad del Cauca, impulsada por el general Francisco Paula de Santander. Con el Decreto 06 de 1827 el gobierno le reconoció a la universidad propiedad sobre las minas que están entre el sur de Buenaventura y el norte de López de Micay. Buscaba que con esta concesión minera la universidad tuviera autosuficiencia económica.
Según López Santamaría, debido al aporte intelectual que ha realizado la Universidad durante décadas, el gobierno expidió las leyes 153 de 1941 y 95 de 1944 que le concedieron el derecho sobre la superficie de 230 mil hectáreas, de las cuales la universidad tiene escrituras y folios de matrícula registrados en Buenaventura y Guapi.
No obstante, según explicó, el funcionario su institución sólo ha aprovechado ese territorio para hacer investigación científica. “La Universidad no está hecha para hacer explotación de los recursos naturales sino para conservarlos”, dice.
López señala que la Universidad comenzó a trabajar en la cuenca del río Naya para clasificar la fauna, la flora y los minerales. Las investigaciones se han traducido en artículos académicos y otros proyectos, como el liderado por el profesor Álvaro José Negret, que hizo una clasificación de las aves del país.El funcionario explica que en 1981 el Ministerio de Minas expidió una resolución que una vez más le reconoció a la Universidad su derecho sobre las minas de la cuenca hidrográfica del río Naya. Esta resolución fue una figura para que la Universidad pudiera hacer un avalúo de los recursos mineros que hay en la región.
“Este avalúo se hizo con fines estrictamente académicos e investigativos”, reitera López. Ahora la Universidad espera una decisión del Consejo de Estado después de que el Incoder solicitara una revisión del título minero tras cuestionar el uso del suelo. “Se nos hizo un cuestionamiento respecto a que si no estamos utilizando el predio; el Estado puede quitárnoslo. Se hizo una acción ante el Consejo y está en trámite para que determine si las razones del Incoder son o no ciertas”, dice el funcionario de la Oficina Jurídica.
En el Cauca, las comunidades se preguntan cuál será el destino del departamento con los planes de minería del gobierno. La principal inquietud es si los títulos otorgados hasta el momento por la Agencia Nacional de Minería se cruzan con territorios étnicos. La justicia reconoció el error del gobierno colombiano cuando el 11 de mayo de 2011 la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1382 de 2010, que había modificado el Código de Minas o Ley 685 de 2001, al advertir que le Ley violaba los derechos de indígenas y afros porque la Agencia Nacional de Minería estaba entregando títulos sin aplicar la consulta previa.
La consulta previa es un derecho que tienen los pueblos étnicos a que les pregunten si están de acuerdo o no con una intervención sobre sus territorios. Este derecho fue reconocido en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y aplicado en Colombia con la Ley 21 de 1993.
Después de declarada inexequible la Ley 1382, en el Congreso intentó cursar un nuevo proyecto de Ley que buscaba finalmente reformar el Código Minero. Sin embargo, bajo la lupa de investigadores como Diana Alexandra Mendoza, quien hizo un paralelo entre el proyecto y el Código el entonces proyecto de Ley seguía poniendo en riesgo el derecho de las comunidades étnicas sobre su territorio. Primero porque declaraba la minería como una utilidad pública e interés social y bajo ese argumento, con excepción de los páramos, terminaba autorizando minería casi en todo el territorio colombiano, incluyendo los territorios colectivos.
El proyecto finalmente no prosperó y hasta el 11 de mayo de 2013 en Colombia funcionó la Ley 1382 por orden de la Corte. Desde hace casi un año en el país volvió a entrar en vigencia el Código de Minas de 2001 que bajo el análisis de otros investigadores como Carlos Duarte, del Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, puso reglas de juego beneficiosas para los inversionistas, como el pago de apenas 0,4 por ciento de regalías al Estado por la extracción de oro. “El Código de 1988 fijaba un aporte del 10 por ciento, y en otros países como Australia esta obligación llega al 40 por ciento”, dice.
Como sigue vigente el Código de Minas y no ha habido todavía una reforma que escuche y tenga en cuenta sus preocupaciones, las comunidades indígenas y afros esperan que el gobierno no siga concesionando sus territorios a empresas mineras nacionales y extranjeras. Claro está que del otro lado están los argumentos del gobierno que sostienen que las riquezas del subsuelo son todos los colombianos, y aquellos millones que viven en la pobreza hoy necesitan que se exploten esos minerales, y ese derecho prevalece sobre el de unas minorías. Así que es posible que la tensión entre lo que quieren estas comunidades hacer con su territorio, y lo que Bogotá quiere se mantendrá en los próximos años.
Para resistir las presiones para que se pueda realizar explotación minera a gran escala en sus territorios, muchos indígenas se han negado a participar de la consulta previa.
Más urgente por lo inmediato es el problema que enfrenta el territorio de estas comunidades con los mineros ilegales. Son más difíciles de regular, son más destructivos y por lo general, traen consigo la violencia. Por eso están exigiendo que el gobierno les ponga freno definitivamente, pues la tragedia de abril pasado, puede volverse a repetir, y ni qué decir del daño ambiental irreversible que están causando. Mientras los mineros ilegales continúen en el territorio, todos los días los ríos Quinamayó, Teta y Palo siguen recibiendo descargas de mercurio y decenas de personas arriesgando su vida mientras el ‘patrón’ los deja rebuscar oro entre los residuos de los socavones.
Fuente: Prensa Rural
vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Colombia_Mineria_en_el_Cauca_riqueza_para_quien
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