Descontento existe entre los comuneros a meses de
finalizada la huelga de hambre de los presos políticos
mapuche por la
falta de cumplimento de los compromisos adquiridos por el Gobierno.
Los voceros reconocieron que, si bien se cumplió con
la promesa de retirar las querellas por Ley Antiterrorista dentro de
los primeros cinco días, la verdadera exigencia de los comuneros, la no
aplicación de esta ley en las causas mapuche, quedó sin efecto, ya que
el Ministerio Público no desistió de las querellas.
“Existe tanto riesgo de ser acusado bajo la Ley
Antiterrorista que bajo la ley común dadas las facultades que tiene el
Ministerio Público para crear cualquier tipo de montaje sin que otra
entidad del Estado la pueda supervisar. La mayor parte de los conflictos
judiciales que existen entre el Estado y las comunidades mapuche es que
efectivamente hay un aparato para perseguir delitos de una forma que no
es parcial ni transparente”, dijo el vocero de Angol, Rodrigo Curipán.
En este sentido, la portavoz de Concepción,
Natividad Llanquileo añadió que la modificación de la ley fue parte de
un subterfugio político y advirtió que la exigencia de un trato
igualitario ante la justicia chilena es sólo la arista más urgente a
solucionar.
Los comuneros indicaron que existe una serie de
temas a los que el Estado Chileno le ha hecho la vista gorda, como la
recuperación de tierras o los derechos de autonomía y que, si no existe
la voluntad de respetar los acuerdos, se rearmará el movimiento.
Escuchemos las palabras de Natividad Llanquileo sobre este tema.
“Si no existe la voluntad política no sólo del
Gobierno sino de todos los sectores, lamentablemente, las acciones van a
seguir. Están hablando del reconocimiento constitucional, pero no hay
confianza. Esta no es la ultima huelga que se iba a hacer, hay muchas
movilizaciones más”, aseguró Llanquileo.
Este descontento ha ido en aumento, potenciado por
otras situaciones como malos tratos y torturas sufridas por los menores
recluidos en Chol-Chol, los que continúan en prisión preventiva gracias
a las atribuciones que otorga la aplicación de la Ley Antiterrorista.
Un clima que se ha acompañado de la tensión y el
nerviosismo vivido el juicio de Cañete, que contó con la presencia de 36
testigos sin rostro, situación criticada incluso por la Asociación
Americana de Juristas, quienes observaron con especial atención el
proceso.
“Son personas a las que la fiscalía les paga por
prestar estas declaraciones, los testigos son policías y este es un
proceso que no lo conduce el tribunal sino la fiscalía y los abogados de
la forestal. La actividad del juez es pasiva y todas las objeciones que
presenta la defensa son objetadas”, afirmó la presidente de la rama
chilena del organismo, Graciela Álvarez.
La especialista insistió en que aquí no se puede
establecer la existencia de amenaza terrorista y que, sin embargo,
decenas de mapuches han sido y se encuentran actualmente encarcelados de
forma injustificada. Una situación que sólo genera distancias y aumenta
la desconfianza del pueblo Mapuche hacia el Estado Chileno.
Fuente, vìa :
http://radio.uchile.cl/noticias/95253/
http://radio.uchile.cl/noticias/95253/
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