Las cárceles están colapsadas y todos lo saben. Con su característico populismo, Sebastián Piñera prometió resolver el problema, que se arrastra hace décadas, en “sólo 90 días”. Felipe Bulnes, ministro de Justicia, tiene tres meses para que “cada reo tenga abrigo, salud y alimentación dignos”. En visita por los penales El Manzano I y II,
dañados por el terremoto, el Ministro agregó que “cada interno tendrá
su litera, colchón y frazada, asistencia de salud para situaciones de
emergencia y una alimentación digna”. Y es que hoy los 55.000 presos en
las cárceles del país no lo tienen. Según Felipe Bulnes, se modificará
las casi 15 o más horas que los reos permanecen encerrados, se
fiscalizará más acuciosamente cómo funcionan los centros de educación y
trabajo al interior de los penales, se ocuparán más eficientemente los
recursos, y se construirán más y más cárceles… en manos de empresarios.
El Ministerio de Justicia reconoce tasas de
hacinamiento “que llegan cerca del 70%”. “Eso nos impone aumentar la
capacidad de los penales, rediseñar los que estaban en proceso de
ejecución y construir nuevas cárceles”, dice Bulnes.
El hacinamiento posee raíces profundas:
entre 1985 y 2007, la cantidad de presos aumentó un 210%, de 22.000 a
casi 46.000. Según cifras de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema,
el 2008, la población penal alcanzó a 48.998 internos, y en 2009 eran
53.482. La capacidad del sistema penitenciario es de 31.000 internos.
Hoy la cantidad de reclusos supera los 55.000. A eso se agrega que en
los centros del Sename hay 1.200 jóvenes que han
infringido la ley de responsabilidad penal juvenil en vigencia hace poco
más de un año, y ya hay centros hacinados. Gendarmería reconoce
que más de 25% de las unidades penitenciarias poseen el doble de presos
de lo que soportan. Hay cárceles donde el hacinamiento es superior al
400%, como el CDP Peumo. Le sigue Villarrica, con 253% de sobrepoblación; el CDP Puente Alto, con 239%; el de Buin, con 222%; el de La Ligua, con 204%; y el CPF Temuco,
con 193%. Las cifras son anteriores al terremoto que agravó el
hacinamiento y dejó inhabitables 14 cárceles y centros de reclusión
nocturna.
El 24 de mayo, la Fiscalía Judicial
reveló que tras el terremoto en El Manzano I hay 1.728 presos aunque su
capacidad es sólo de 738. Señala que un 40% de la cárcel de Parral quedó destruida y los daños en el penal de Constitución obligaron su cierre. Agrega que en el CDF San Miguel, en Santiago,
500 mujeres duermen en un patio pues el terremoto destruyó su pabellón.
Según el subdirector operativo de Gendarmería, coronel Carlos Muñoz, la institución ha gastado 1.100 millones para la emergencia y severos daños de infraestructura. Se demolerán las cárceles de Buin, Melipilla, Molina y Chillán, y permanecen inhabilitadas las de Parral, Constitución, Chanco, Los Ángeles y San Javier. Otras funcionan de forma parcial, como Talca, Arauco, Concepción y Coronel.
Chile, junto a Panamá y EEUU,
figuran entre los 5 países con mayor número de reclusos en el mundo. La
tasa chilena supera los 340 por cada 100.000 habitantes. Brasil posee 227 y Argentina 154.
“La desigualdad ha provocado y desarrollado fenómenos como la
concentración de pobreza en barrios periféricos, educación deficitaria,
escasez de trabajos formales y bien remunerados, falta de oportunidades,
consumo y tráfico de drogas, etc. A la par, se incrementa la población
carcelaria, mayoritariamente compuesta por jóvenes de 18 a 28 años. Cada
día más jóvenes se involucran en lo delincuencial, se estigmatiza a
ciertos sectores y grupos. Las autoridades buscan la solución en
promulgar nuevas y más duras leyes. La penalización no ha logrado
disminuir los delitos”, dice Silvia Vidal, presidenta de Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes (Confapreco).
La presidenta Michel Bachelet prometió construir 15 cárceles concesionadas. Sólo son 7 y es negocio. En mayo de 2008 Santiago Uno -que tiene un tope admitido por contrato de 3.081 presos- llegó a 3.090 internos. Según el contrato, el Estado canceló
a la concesionaria diariamente 3.600.000, sumando 342 millones de
pesos. Pocos días antes del terremoto se informó de la construcción de
cárceles concesionadas antes del 2015, en Calama, Copiapó, Valparaíso, Concepción y Temuco, por 150.000 millones. Para el anterior y el actual gobierno las cárceles privadas son la solución. La Comisión Defensora Ciudadana señaló en un estudio realizado a las cárceles concesionadas de La Serena, Rancagua
y Santiago, “problemas de hacinamiento, alimentación y seguridad”. De
los 55.000 reos, unos 15.000 están recluidos en penales concesionados
donde sus servicios básicos son administrados por empresas. En 2009,
Santiago concentraba el 40% de la población penal -90% reos condenados-.
Pero solo un penal reúne algunas condiciones y características
adecuadas para reos condenados: Colina I, que no es privada.
Es difícil acceder a estadísticas de hacinamiento. La ONU
sugiere celdas individuales o de hasta tres internos. Organismos
internacionales marcan en 15 metros cuadrados por interno las celdas. En
Chile se calcula en 20 metros cuadrados, pero incluyendo celda, patio,
talleres, comedores y baños. Los programas contra la dependencia de
drogas no llegan apenas ni al 1% de la población penal. En 2003 había
38.266 internos. En 2005, 41.943. En 2008, 48.998 presos y en 2009,
53.482. Aumentan día a día, por el escaso acceso a beneficios
intrapenitenciarios o medidas alternativas. La reforma procesal penal
aumentó la población carcelaria un 25% de los condenados entre 2002 y
2007, lo que cuestiona la mediática tesis de la “puerta giratoria”. El
crecimiento de la población penitenciaria se mantiene y el hacinamiento
es transversal.
INHUMANO, DEGRADANTE Y CRUEL
Pedro Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup),
califica como “poco serio” el plazo que dio Piñera para resolver la
crisis penitenciaria. “Es contradictorio que mientras se anuncia que se
terminará con el hacinamiento, se recorte el presupuesto y nos mantengan
turnos inhumanos”. Denuncia que en la cárcel de Copiapó
hay celdas con 70 camas donde duermen más de 180 presos. “Es atroz el
hacinamiento desde hace años. Dicen hoy que en 90 días se van a comprar
más literas, a poner colchones, arreglar la infraestructura… cuando nos
acaban de recortar del presupuesto nacional de Gendarmería en 2.600 millones de pesos”, agrega.
Y para qué hablar de la rehabilitación o
reinserción. Ocho de cada diez presos que salen en libertad reinciden.
La infraestructura estatal fue concebida para 23.000 reclusos y muchos
cumplen largas condenas viviendo hacinados, en condiciones infrahumanas.
El penal que presenta mayor sobrepoblación es la ex Penitenciaría,
construido en 1843. Chile ostenta récords: El crecimiento anual supera
el 6%; la mayoría son jóvenes de menos de 30 años; un 75% cumple
condenas entre 5 y 20 años; la mayoría penas por delitos contra la
propiedad. Amnistía Internacional
dice sobre lo que ocurre en las cárceles chilenas: “hacinamiento, falta
de asistencia médica, condiciones sanitarias deficientes,
infraestructuras inadecuadas, casos de torturas”. En 2004, Confrapreco
denunció que en la ex Penitenciaría había una ducha y una taza turca por
cada 64 internos.
En 2008, Florentín Meléndez, relator de la OEA sobre los derechos de las personas arrestadas, verificó maltratos a presos y hacinamiento junto a personeros de la Comisión Interamericana.
Visitó cárceles estatales y concesionadas: “La delegación observó con
preocupación que en todos los centros de detención visitados existe un
uso excesivo e innecesario de la fuerza y de los castigos, una práctica
sistemática de malos tratos físicos por parte del personal de
Gendarmería, y el uso de medidas de aislamiento en condiciones
infrahumanas. (…) Existe una práctica generalizada de registros
corporales denigrantes y humillantes a las visitas, particularmente a
mujeres y niñas, así como la permanencia en centros carcelarios de
personas con discapacidad mental, y de ancianos y ancianas de hasta 80
años de edad. Hay serias deficiencias y limitaciones en los programas de
readaptación social, incluyendo el limitado porcentaje de la población
carcelaria que tiene acceso a los programas de los Centros de Estudio y Trabajo”.
Lapidaria fue la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado,
que calificó como “inhumano, degradante y cruel”, el trato que reciben
los presos en las cárceles chilenas. Su informe de 2009 fue presentado
en el Senado. Su inspección detectó situaciones
“graves”: hacinamiento, extensos horarios de encierro, deficiente
alimentación, prácticamente nula rehabilitación, insuficientes
condiciones sanitarias e higiénicas, aplicación de castigos, aislamiento
de internos en condiciones inhumanas, e inseguridad y muerte de reos.
La investigación se originó tras un incendio en el penal de Colina II
que culminó con una decena de reos muertos. La fiscal recordó que desde
el 2001 había hecho ver a las distintas autoridades competentes “las
deplorables condiciones de vida que se aprecian en los establecimientos
penitenciarios… debido tanto al hacinamiento que se aprecia en los
penales como a la falta de una política penitenciaria y acciones
concretas que permitan la reinserción social”. Pero no sólo se trataría
de falta de espacio, también hay maltratos: “La situación de
hacinamiento se ve agravada por el hecho de permanecer los internos
encerrados en sus celdas por espacio de aproximadamente 15 horas
diarias, en celdas abarrotadas que por lo general carecen de servicios
higiénicos y de la adecuada luz y ventilación. (…) Es fundamental contar
con la infraestructura necesaria, de modo que el Estado cumpla
con su deber de llevar a cabo la labor de reinserción social de los
internos y asegure que las penas se ejecuten en condiciones de vida
dignas, ya que el hacinamiento afecta a todos los sistemas de seguridad,
y vulnera el derecho a la integridad física de los internos y del
personal”, decía la fiscal. “La condición de hacinamiento en los
establecimientos penitenciarios no concesionados es generalizada,
variando sólo en los porcentajes que representan con respecto a la
capacidad del establecimiento, situación que se propuso remediar a
través de la construcción de diez unidades penales concesionadas, con
16.000 nuevas plazas, que estarían disponibles en el año 2006, contando
hoy día con sólo seis de esos establecimientos. Como ya se señalara,
especial gravedad reviste el hacinamiento en los establecimientos
penitenciarios de las regiones Metropolitana, de Valparaíso, y de Concepción,
por el alto número de su población penal, que en los últimos años se ha
incrementado, situación que también se aprecia en otros penales”,
agregaba.
CRUDA REALIDAD
Chile ha suscrito tratados
internacionales que salvaguardan los derechos de los reclusos, como la
Resolución N° 45/111 de la ONU (1991), que establece principios básicos:
“Todo recluso debe ser tratado con el respeto que merece su dignidad y
valor inherente de ser humano, y no puede ser objeto de discriminación
alguna por el hecho de estar privado de libertad”. El Estado se ha
comprometido -y obligado- a abolir el uso del aislamiento en celdas de
castigo como sanción disciplinaria, pero no lo ha hecho, y está obligado
a crear condiciones que les permitan realizar actividades que faciliten
su reinserción social y permitan contribuir al sustento económico de
sus familias. “Es obligación del Estado crear las condiciones necesarias
para la reincorporación del recluso en la sociedad, y en las mejores
condiciones posibles, de modo de disminuir los actuales índices de
criminalidad y reincidencia, contribuyendo así al bien común de toda la
sociedad”, decía Maldonado, en su informe de junio de 2009.
Pero la vulneración de derechos,
hacinamiento, tortura y nula rehabilitación son pan de cada día en el
sistema penitenciario y en los centros de menores. “Insuficiencia de
recursos, sobrepoblación y condiciones infrahumanas en que viven los
reclusos, es una realidad que sugiere que a esta dimensión de la
sociedad se le concede escasa relevancia. Hemos vivido un largo período
con una política penitenciaria errada, poco transparente, sin una visión
de sistema, y cuya gestión transgrede los derechos fundamentales de las
personas involucradas. Hoy, en Chile, a las personas privadas de
libertad se las considera como desprovistas de derechos
constitucionales, y a los funcionarios penitenciarios se los mantiene en
condiciones laborales inadecuadas para efectuar una labor tan compleja
como administrar una cárcel, labor que supone manejar variables tan
delicadas como seguridad, rehabilitación, sanidad, gestión de
expedientes, administración y derechos fundamentales”, señala el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile (2009) de la Universidad Diego Portales. “El Estado vulnera los estándares internacionales de derechos humanos, así como las garantías consagradas en la Constitución.
Uno de los fenómenos más evidentes es el hacinamiento en los penales.
Con ello se vulnera el derecho de cada preso a disponer de un espacio
adecuado para desenvolverse, las condiciones de higiene devienen
deficitarias y en general se deteriora la calidad de las prestaciones
que se reciben, hay problemas de seguridad, más motines, y violencia
entre reclusos y entre funcionarios y reclusos. Todas dimensiones que
vulneran los estándares fijados, entre otros instrumentos, por las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas”, agrega.
El 2009, la fiscal Mónica Maldonado calificó como “especialmente grave” la falta de agua en el Centro Penitenciario de Valparaíso y en el Complejo Penitenciario de Arica,
y las condiciones sanitarias en la ex Penitenciaría, especialmente en
la calle N° 6 y calle N° 2 de castigados y aislados. “En el Centro
Penitenciario de Valparaíso, los Módulos 101 al 117 cuentan con agua
potable durante dos horas en la mañana y dos en la tarde, por lo que los
internos deben juntarla para su aseo personal y para los baños. Esta
situación se ha venido representado al menos, durante los últimos cuatro
años. El Complejo Penitenciario de Arica presenta una situación muy
similar, en donde se entrega agua a los internos por dos horas al día,
fraccionada en la mañana y en la tarde. (…) El la calle N° 6 del CDP Santiago Sur
la situación es especialmente grave y se ha constatado en visitas
recientes efectuadas en julio de 2008 y marzo de 2009. De acuerdo a lo
informado por el señor Alcaide, es el lugar más sobre
poblado del penal, con 480 internos que sobrepasan largamente la
capacidad tanto de las celdas como de la calle para albergar a la
población. (…) Por ser las celdas insuficientes para albergar a la
población, en la noche para dormir, los internos deben colocar sus
colchones en la calle, los que al momento de la visita están enrollados a
los costados de la calle. Además del hacinamiento, se apreciaron
pésimas condiciones de higiene, con grandes cantidades de basura
acumulada en tarros, desperdicios y fecas, en la calle donde tienen
salida los internos y donde reciben su alimentación, exceso de humedad, y
servicios higiénicos insuficientes”, decía. La fiscal ofició a la Seremi de Salud
dando cuenta de la situación, requiriendo una inspección urgente.
“Efectuada la inspección sanitaria el 11 de febrero de 2009, la
autoridad comprobó la efectividad de las deficiencias sanitarias y de
higiene, y ordenó al Alcaide del penal arbitrar las medidas pertinentes
tendientes a superar a la brevedad dichos reparos. No obstante lo cual,
en la visita de 9 y 10 de marzo de 2009, se apreció que se mantienen las
mismas deficiencias sanitarias”, agregaba. La fiscal no fue escuchada.
“El sistema penitenciario es precario,
antiguo y lo afecta una profunda crisis, lo que se traduce en la
deplorable calidad de vida de los reclusos al interior de los penales
-más de cien en el país-. Los cimientos de la crisis son complejos. Más
del 80% de los presos vuelve a delinquir. Es probable que en un análisis
sutil se piense que la causal directa es el hacinamiento. Pero hay un
sinnúmero de factores. Desde las deficientes condiciones laborales a que
están sometidos los gendarmes, hasta el incumplimiento de estándares
internacionales en materia de reinserción. La tasa de población penal y
reincidencia aumentan cada año, la infraestructura es prácticamente la
misma, y el sistema penitenciario el mismo desde los años ‘50. Alguien
pudiera pensar que el sistema penitenciario tiene un diseño tal que
puede entender y resistir diferentes fenómenos carcelarios como
sociales. Sin embargo, la cruda realidad es otra. En 1990 hubo un fuerte
incremento en los recursos económicos destinados a Gendarmería. Se
destinó un 1,6% a rehabilitación. En 1995 aumentaron los recursos, y se
destinó un 1,5% a resocialización. En 2000, se destinó un 0,9%. En 2002
fue un 0,8%”, concluye Silvia Vidal.
Fuente, vìa :
http://www.elciudadano.cl/2010/12/10/carceles-a-la-chilena/
http://www.elciudadano.cl/2010/12/10/carceles-a-la-chilena/
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