Ochenta votos a favor, 18 en
contra y 3 abstenciones, aprobaron la iniciativa legal que establece
normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones
procesales tratándose de ciertos delitos y refuerza las sanciones en
delitos contra miembros de las policías.
Parte de la iniciativa, originada en la propuesta que presentó el actual Gobierno para
sustraer a los civiles de la justicia militar, en el marco de las
demandas de los comuneros mapuche en huelga de hambre, ya fue tramitado
en lo relativo a la delimitación de la competencia castrense -documento
ya despachado por el Congreso Nacional y pronto a promulgarse.
La necesidad de la reserva de
información en casos de delitos militares cometidos por civiles y
tratados por la justicia penal ordinaria, fue justificada en cuanto
significaría ventilar materias que podrían afectar la seguridad
nacional.
Así, el proyecto regula el requerimiento
de información de antecedentes secretos o reservados; el registro
especial para antecedentes o documentos secretos; la custodia y
conservación de especies de igual naturaleza; la entrada y registro en
recintos militares en que existan antecedentes reservados; la
incautación de objetos, documentos y correspondencia; la restricción de
la publicidad de la audiencia en el juicio oral, y la lectura o
exhibición de documentos, objetos y otros medios, todo ello con el
debido control judicial.
Por otra parte, deroga el delito de “desacato” en el Código de Justicia Militar,
siguiendo la tendencia de suprimir el delito de ofensas a la autoridad
por contravenir el derecho a la libertad de expresión. No obstante, se
mantienen figuras calificadas de amenazas en contra de las Fuerzas
Armadas y de Orden.
El proyecto consagra además un Estatuto de Protección de las Policías,
que crea nuevas figuras penales para otorgar protección a las policías,
facilita la persecución de los delitos en contra de los funcionarios
policiales y endurece el régimen de cumplimiento de penas para los
autores de estos delitos.
Según informa del sitio web de la Cámara,
parlamentarios de gobierno “valoraron” la iniciativa planteando que el
paso de miles de causas de la justicia militar a la civil obliga a tomar
resguardos, a la vez que defendieron la necesidad de reforzar la
protección legal de los policías.
Parlamentarios opositores, en cambio,
expresaron “algunas dudas” sobre la materia opinando que “no es
necesario un reforzamiento de la protección legal a los efectivos
policiales porque ello inhibiría la libertad de las personas para
manifestarse y movilizarse sin exponerse a ser reprimidas”. Celebraron,
además, “el traspaso de causas de la jurisdicción militar a la civil y
destacaron las ventajas de mayores garantías y transparencia que ello
conllevará”, según consigna el mismo sitio.
Por Cristóbal Cornejo
El Ciudadano
Foto 2: trinchera de la imagen
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