Tan sólo entre 1995 y 2008 se han registrado un total de 627 asesinatos contra gays, lesbianas, transexuales, de acuerdo al más reciente informe de la Comisión de Crímenes de Odio por Homofobia, cuyo registro se basa en el seguimiento hemerográfico. Los especialistas calculan que por cada homicidio por razones de odio pueden existir dos más contra la comunidad lésbico-gay-transexual. La cifra entre 2003 y 2008 pasó de 290 a 627 crímenes, es decir, se duplicó la cifra en menos de cinco años. Más del 80 por ciento de los casos no han sido resueltos ni existe responsable o autor material detenidos
Las víctimas varones son las más numerosas. De los 627 asesinatos registrados, 525 corresponden a homosexuales, 82 a travestis y transexuales y 21 a lesbianas. La mayoría de las víctimas oscilan entre los 25 y lo2 60 años. Las armas más utilizadas son navajas, cuchillos, así como golpes y asfixia, principalmente, lo cual indica una peculiar saña contra los asesinados.
El Distrito Federal contabiliza el mayor número de crímenes de odio, con 143 casos registrados en prensa. Se presume que los logros legislativos de la comunidad lésbico-gay, sobre todo en materia de matrimonio, adopción y reconocimiento a otros derechos, puede detonar un mayor número de crímenes. Es la reacción de los sectores que rechazan la normalización de las diferencias y los derechos de las minorías.
Minimizados por las autoridades ministeriales como “crímenes pasionales”, las agresiones y asesinatos contra la población gay en todo el país lejos de disminuir han ido creciendo. Después del Distrito Federal, Michoacán registra 77 casos, seguido por el Estado de México con 64 y Nuevo León con 54.
Sólo algunos casos han logrado trascender a la llamada “conspiración del silencio”, como Amnistía Internacional caracterizó estos delitos por odio y discriminación homófoba contra los diferentes.
Agresiones, el Antecedente
En febrero de 2005, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la primera recomendación (1/2005) en la que explícitamente acusa a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) por agresiones y conductas homófobas contra un joven homosexual que fue detenido y severamente golpeado por tres vigilantes de la estación del Metro Rosario, después de haberse despedido de su novio con un abrazo.
De acuerdo con el expediente, el joven fue sometido, golpeado, insultado, humillado por los tres vigilantes que también le robaron una cadena y un anillo. Uno de ellos justificó así la agresión: “por ser homosexual, no debiste haber nacido”. Otro le advirtió: “cuidado e inicies algo contra nosotros, porque te va a ir peor”. A pesar de estas amenazas, el 24 de mayo de 2004 el joven presentó la queja ante la CDHDF.
El ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, reconoció que no “ha sido fácil” encontrar a víctimas de este tipo de delitos que puedan vencer el temor al estigma y el miedo a las amenazas que corren paralelas ante cada crimen de odio. “Esperamos que esta recomendación siente un precedente de cultura de respeto a la diferencia y de tolerancia hacia el otro y hacia la otra”, abundó.
En su recomendación la CDHDF reconoció que este caso “representa un paradigma innecesario, que debe ser prescindible bajo todas las circunstancias en el ejercicio de la autoridad pública”.
“La preferencia sexual se constituye a partir de las diversas elecciones de cada quien. En este contexto, cobra especial sentido lo expuesto anteriormente: quien discrimina a alguien por ser quien es, atenta contra su misma condición humana”, subraya la recomendación que se dio a conocer el pasado 25 de febrero.
Cálculos extraoficiales de activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos indican que, al día, se cometen más de cinco agresiones contra gays y lesbianas en el metro capitalino. Y, por lo menos, entre tres y cuatro homicidios contra gays y travestis se comenten en la capital del país. Muchos no se alcanzan ni siquiera a registrar en la prensa local por temor de los familiares a la estigmatización.
Algunos Casos
Antonio de Jesús Ruiz García, de 17 años de edad, fue encontrado muerto en la calle Mariano Azuela, de la colonia Santa María la Ribera, el 7 de febrero de 2005. Su cuerpo presentaba la leyenda: “Soy puto” a un costado del tórax. Con el mismo plumón verde le escribieron en el muslo derecho: “lo que quieras” y le pintaron el abdomen y los labios. A pesar de eso, sus familiares niegan hasta ahora que se tratara de un crimen por homofobia. En la averiguación previa CUH-2T3/338/05-02, las autoridades ministeriales rechazan que se trate de un crimen por homofobia.
Otro expediente es el de los abusos y la violencia en los penales mexicanos contra reos homosexuales. En su informe de 2003, la organización Amnistía Internacional documentó el caso de Luciano Rodríguez Linares, recluso gay de la prisión de Topo Chico, en el estado de Nuevo León, México. Al reo lo sujetaron entre varios funcionarios de la prisión mientras uno de los custodios le introducía un dedo en el ano, haciéndolo sangrar. “Si eso es lo que quieres, yo te lo doy”, le reclamaban los funcionarios
En enero del 2001, Amnistía le comunicó a las autoridades su temor de que Rodríguez corriera peligro de sufrir represalias por haber formalizado la denuncia.
“Los reclusos gays, lesbianas, homosexuales y transexuales corren el peligro de sufrir actos de violencia no sólo a manos de los funcionarios de prisiones, sino también a manos de los reclusos. Cuando las autoridades penitenciarias, en tanto que agentes del Estado, no protegen a los presos de la violencia que pueden infligirles otros presos, pueden ser considerados responsables de torturas o malos tratos”, anotó Aministía en su informe Crímenes de Odio, Conspiración de Silencio.
En su relatoría elaborada en 2003, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos subrayó el alto porcentaje de intolerancia que persiste frente a la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros: “cerca del 70 por ciento de la población no toleraría vivir con un homosexual bajo el mismo techo”.
En su apartado 7.14, “Personas con preferencia sexual y de género distinta a la homosexual”, el Alto Comisionado advierte que “la mayoría de los crímenes que afectan a la comunidad quedan impunes, porque las procuradurías no cuentan con la capacitación (y en algunos casos, tampoco con la voluntad) suficiente para investigarlos de manera adecuada. La ignorancia y el prejuicio acerca de los códigos de vida de la comunidad gay dificultan la posibilidad de investigar y resolver estos crímenes. Por ello, es necesario reformar las leyes penales para legitimar procesalmente a las asociaciones civiles y ONG’s interesadas en dar seguimiento judicial a los casos y que puedan ser coadyuvantes del ministerio público, en el entendido de que la víctima pertenecía a una colectividad diferenciada, y que por ello fue victimizada”.
Los Datos de la Comisión Ciudadana
A raíz del asesinato de Francisco Estrada Valle, fundador de la organización Ave de México y activista de los derechos de personas seropositivas, ocurrido el 12 de julio de 1992, se gestó en el Distrito Federal un movimiento civil de denuncia contra la ola de crímenes por homofobia. El caso dio lugar, seis años después, a la creación de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, una idea impulsada por el escritor Carlos Monsiváis, por el periodista Alejandro Brito, coordinador del suplemento Letra S, y encabezada en sus inicios por la madre doña Alicia Estrada Valle.
En julio de 1998, la Comisión informó que se comprometió con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para reabrir el caso de Estrada Valle y otros 10 expedientes más. En ese momento, el abogado de la comisión, Rodolfo Millán, comentó que por lo menos una decena de diligencias no habían sido realizadas por las autoridades ministeriales.
En paralelo, desde marzo de 1996, se realizaron en Chiapas marchas de protesta por los asesinatos de 25 homosexuales, la mayoría de ellos travestis, durante el gobierno de Patrocinio González. La impunidad prevaleció en torno a las investigaciones de estos crímenes en serie que llevaron a ubicar a uno de los sectores más desprotegidos y víctimas constantes de los abusos, agresiones y crímenes: los transexuales y travestis.
Muchos reportes son invisivilizados por los propios medios y autoridades ministeriales, en especial, los crímenes contra contra travestis y sexoservidores. Ahí están los casos, documentados en el reporte de la Comisión Ciudadana, de Elsa, joven de 28 años, que murió en 2001 en la Colonia Obrera del Distrito Federal después de ser agredido con municiones o el de Mariposa, un jalisciense que murió con 25 puñaladas en su departamento de La Meced.
El primer reporte de la Comisión Ciudadana, en julio de 1998, contabilizó a partir de seguimiento hemerográfico 125 homicidios contra homosexuales de 1995 a 1998, 65 de esos casos se registraron en el Distrito Federal, 24 en el Estado de México, y 12 en Veracruz. Para el 2001, la misma organización civil tenía detectados 213 crímenes de odio. Según la agencia Notiese, de 1995 al 2003 la cifra aumentó a 290 casos. De ese total, 13 fueron cometidos contra lesbianas, 126 se cometieron en el Distrito Federal y las delegaciones con mayor número de casos fueron la Cuauhtémoc y Coyoacán.
El 13 de mayo de 2010 se dio a conocer el reporte más reciente. Lo más preocupante es que entre 2003 y 2010 se duplicaron el número de casos: de 290 pasaron a 627.
Los Expedientes X
Entre 2001 y 2005 los casos más sonados, aunque no los únicos, fueron los siguientes:
-Entre 2001 y 2003, en Colima se registraron los asesinatos de Karem Chávez Alvarez, cuyo cuerpo fue encontrado atado de manos y pies; de Luis Eduardo Vázquez Montes, ahorcado y encajuelado con signos de abuso sexual, de Arnoldo Larios Ramírez, de 24 años, asfixiado y atado en sus extremidades, y de César Adrián López, de 18 años de edad, cuyo cadáver fue hallado en avanzado estado de descomposición. El procurador colimense José Antonio Sam López minimizó constantemente estos crímenes. En sus declaraciones al Diario de Colima, Sam López dijo que a él no le afectaba que no se hubieran resuelto porque él no los asesinó. Y justificó así los crímenes: “Nadie puede controlar su conducta, sólo Dios; yo sólo soy un cristo humano”.
El 12 de julio de 2003, el mismo Diario de Colima publicó que “tras una excelente investigación”, la policía judicial colimense capturó al mesero Sergio Ramón Valdovinos Ochoa, como responsable del crimen de César Adrián López. Los familiares y organizaciones ciudadanas presumieron desde el principio que se trataba de un “chivo expiatorio”.
-En junio de 2003, fueron torturados y asesinados en su domicilio de Nogales, Sonora, Jorge Armenta Peñuelas, de 27 años de edad, dirigente del Colectivo Lésbico Gay de esta ciudad y candidato a regidor del partido Convergencia, y su pareja, Ramón Armando Gutiérrez, de 38. El 3 de junio, en el funeral de Armenta, más de 150 personas, la mayoría travestis, gritaron con furia “¡No más asesinatos!”. Armenta Peñuelas era reconocido como un permanente defensor de los travestis y director de la revista Eres Perra, donde se denunciaban los constantes abusos policiacos.
Los dos crímenes se sumaron a una lista de 5 homicidios anteriores, entre los que destacó por su violencia el caso de Alfonso Fierro López, de 29 años de edad, asesinado en la colonia El Saraho, el 3 de enero de 2003, a manos de César Espinosa Andrade, de 21 años. Según una nota del periódico Cambio, el asesino “indicó que la víctima le estaba practicando sexo oral y repentinamente lo lastimó en sus órganos genitales, por lo que reaccionó y lo pateó ocasionando que se impactara contra un muro y ya de ahí (sic) le puso el pie en el cuello para golpearlo con una roca en la cabeza hasta matarlo”.
-En Mérida, Yucatán, los crímenes y abusos contra homosexuales han ido de la mano con la presencia de bandas de jóvenes racistas. El 25 de septiembre de 2001 se descubrió el cuerpo de Manuel Salas Cepeda, de 55 años de edad, quien presentó huellas de ultraje. Según las versiones de la prensa local, Salas Cepeda “conectaba” a clientes varones en un bar de la capital yucateca. Las autoridades negaron que se tratara de un crimen de odio porque “no hubo violación”. A principios de octubre del mismo año, Emilio Bohigas, de 65 años, denunció la agresión de dos “jóvenes bien”. Los agentes judiciales en vez de auxiliarlo se burlaron de él por ser gay. Un caso similar fue el del joven César Salazar Góngora, quien denunció amenazas y violación tumultaria cometidas por dos jóvenes blancos, de buena familia, que presuntamente pertenecen a una banda racista.
-En Veracruz, Guerrero y Guadalajara, organizaciones civiles de activistas gays han denunciado la falta de investigación en distintos expedientes. El 18 de junio del 2003, en Chilpancingo, alrededor de 300 personas marcharon a favor de la diversidad sexual y denunciaron siete crímenes contra gays que no han sido investigados por las autoridades ministeriales. En Veracruz, distintas organizaciones demandaron esclarecer cinco homicidios recientes con el mismo patrón de odio hacia homosexuales. N Guadalajara, un colectivo de 30 organizaciones denunciaron el creciente clima de hostigamiento y el asesinato por estrangulamiento de Max Humberto Guerrero García, de 39 años.
-El 19 de marzo de 2004, el periodista Roberto Mora García, director editorial del periódico El Mañana, de Nuevo Laredo, fue asesinado a las puertas de su domicilio Su cuerpo presentaba 26 puñaladas. Una semana después, la policía detuvo al presunto asesino material, Mario Medina Vázquez, un joven de 23 años, ciudadano estadounidense, y a su pareja y presunto cómplice, Hiram Oliveros Ortiz, de 28 años. Los torturaron para que se declararan culpables. No contaron con la asistencia legal ni consular debida. Según las autoridades, el crimen tuvo “motivos pasionales” por “celos” de Mario Medina al periodista.
El 13 de mayo de 2004, Mario Medina fue asesinado en el Cereso II. Su cuerpo presentaba 88 lesiones de arma punzocortante. Su presunto asesino, Roberto Herrera González, alias El Pitufo, primero declaró que lo apuñaló por una riña en el campo de futbol, y después afirmó que el joven “lo acosaba” sexualmente.
En paralelo, los agentes judiciales en Tamaulipas iniciaron una virtual “cacería homófona” en la redacción del periódico El Mañana. La Comisión en Memoria, formada por cinco organizaciones de defensa del derecho a la información, denunció en su informe del 30 de mayo el clima de homofobia por parte de la procuraduría de Tamaulipas en torno al doble crimen.
“Existen evidencias de que la Procuraduría de Tamaulipas filtró y proporcionó información a los medios orientada a divulgar y señalar la homosexualidad de Mario Medina Vázquez y de Hiram Oliveros Ortiz”, destacó la comisión. El organismo estimó que “con estas filtraciones pareció evidente el objetivo de influir en la percepción de la opinión pública, la cual al catalogar el hecho como un crimen circunstancial por motivos pasionales entre homosexuales, podría abstenerse de hacer cuestionamientos de otro tipo”.
-Entre 2001 y 2002 en los municipios tabasqueños de Tenosique y Macuspana se han registrado cuatro crímenes por homofobia sin que las autoridades locales tomen cartas en asunto, según denunció Miguel Chablé Rodríguez, enlace de la organización Democracia y Sexualidad. Mencionó los casos de César Augusto López, integrante de la organización Club Gay Amazonas, Giovanni Gutiérrez, José Felipe Burgos y Chilam Burgos.
Chablé denunció que las víctimas fueron golpeadas con saña, tal como ocurrió con el arquitecto Guillermo Suárez González, quien fue agredido por desconocidos a balazos y martillazos, ataque del que logró salvarse y presentó una denuncia ante el ministerio público local. Cuando los agresores fueron detenidos, la policía dijo a Suárez que no podían darle seguimiento al caso porque, argumentaron, los responsables fueron detenidos “por otros delitos”.
En declaraciones a la agencia Notiese, Chablé Rodríguez acusó al entonces presidente municipal de Macuspana, José Eduardo Rubirosa Ramírez, de tener una actitud “deficiente, desubicada y homofóbica”.
VIH y Homofobia
La proliferación de la pandemia de VIH-Sida, ubicada aún mayoritariamente como una enfermedad vinculada a la condición homosexual, ha hecho que la homofobia y las agresiones contra la población gay se incrementen.
El prejuicio se ha promovido lo mismo desde el púlpito que desde los bandos de buen gobierno municipales o desde las propias comisiones estatales de derechos humanos.
En Mérida, por ejemplo, el ombudsman estatal Omar Ancona Capetillo, no tuvo empacho en pedir en julio del 2001 que se “tirara a matar” a las personas con VIH/Sida que convivieran con personas no portadoras del virus. En el mismo mes, las autoridades de la Secretaría de Salud de Yucatán investigaron las denuncias por presunta negligencia médica en el hospital O’Horan, dependiente del gobierno estatal, contra personas seropositivas, así como las muertes de Severino Yah Tec y Sinaí Domínguez, dos personas portadoras del virus, que murieron a las puertas del nosocomio sin ser atendidas.
En julio del 2003, el gobierno de Torreón, Coahuila justificó las modificaciones al artículo 75 del reglamento de salud municipal, referente a la prostitución masculina, ya que “un hombre vestido de mujer puede transmitir el VIH/sida”. En declaraciones a la agencia Notiese, el secretario del ayuntamiento de esa ciudad, Alfonso Tafoya, defendió la prohibición de que un hombre se vista o disfrace de mujer para ejercer el sexoservicio porque “se corre el riesgo de que transmita el VIH/sida a otra persona de su mismo sexo, hecho que lo puede llevar a la cárcel por un lapso de 8 años sin derecho a fianza”.
Lorena Charles Fuentes, de la Asociación por el Respeto a la Comunidad Gay, de Torreón, afirmó que desde julio de 2003 las fuerzas policiacas de la ciudad incrementaron los operativos en las calles en busca de homosexuales “transgresores de la ley” con el objetivo de extorsionar a los afectados mediante el pago de multas y exámenes obligatorios de VIH, al que siempre son sometidos tras su detención.
Los jerarcas católicos no se han quedado atrás en la promoción de la intolerancia y la homofobia. Uno de los casos más sonados fue la presión ejercida por el arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, quien logró detener en agosto del 2003 una campaña de salud pública para prevención del VIH, dirigida a la población homosexual, bajo el mismo argumento que hoy reviven los obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana contra los spots de la Secretaría de Salud: “promociona el sexo entre hombres”.
La campaña consistía en trípticos, tarjetas de bolsillo y separadores de libros en donde se leía: “Protegerte es quererte” o “tu sexualidad es sólo tuya…vívela sin miedo con responsabilidad, entre hombres la mejor protección es un condón”.
En su oportunidad, Aguirre Franco afirmó a los medios locales que se oponía a tal campaña porque “está comprobado que el uso de los preservativos y el sexo seguro que tanto promocionan han traído muchos males a la humanidad”. Y para rematar, afirmó: “el flagelo del sida no es un castigo de Dios, sino una venganza de la naturaleza, atropellada por el uso desordenado del sexo”.
fuente, vìa :
Proceso - 2010
17 May 2010 ... Crímenes de odio; en México, 35 al año. Jenaro Villamil. Con un promedio de 35 homicidios por año, México es la segunda nación en América ...proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79428
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