martes, 12 de julio de 2016

Chile: Pobladores rechazan control de identidad.........ARNALDO PEREZ GUERRA



EL abogado Jorge Contesse presenta la memoria anual 2015 en la Junta de Vecinos de Legua Emergencia.

Los pobladores de La Legua rechazan la agenda corta antidelincuencia y el control de identidad “preventivo” que impulsa el gobierno. Creen que sólo dará paso a una intervención discriminatoria de la policía que afectará y restringirá más las libertades, la privacidad y la presunción de inocencia. “Una medida de control que no tiene criterios de aplicación sólo es posible ponerla en práctica echando mano a prejuicios que, por supuesto, afectarán mayormente a la población más discriminada: migrantes, homosexuales, transgéneros, estudiantes, trabajadora/es sexuales, pobres. Se pondrá en grave riesgo la igualdad ante la ley. Un gobierno que prometió más igualdad contribuirá a generar más segregación. Lamentamos que a pesar de que la cárcel ha fracasado como solución, el gobierno insista en seguir encerrando cada vez a más personas”, señala el Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de la población La Legua, en Santiago.
La Legua ha sido intervenida por una serie de planes de gobierno durante los últimos quince años. En 2015, dos recursos de amparo por violentos allanamientos en Legua Emergencia llegaron hasta la Corte Suprema. El primero fue rechazado, el segundo implicó revertir la decisión de la Corte de Apelaciones, fallando en favor de una familia allanada e instando en duros términos a Carabineros a respetar la ley. Sorprendentemente, ambos casos ocurrieron en la misma calle: el pasaje Alvaro Sánchez Pinzón, en similares circunstancias y separados por breve tiempo. El giro de la Corte Suprema es positivo y abre perspectivas ante casos de violencia policial.
En la mitad de la noche del 24 de agosto, un numeroso contingente de Carabineros ingresó a un domicilio del pasaje, sin orden judicial ni ofrecer explicación alguna. En el interior dormía una familia, incluyendo dos menores. Luego de registrar con violencia el inmueble, destruyendo buena parte del mobiliario, intentaron detener al jefe de hogar. Finalmente, ante la oposición de la familia y vecinos, desistieron y se retiraron, sin haber incautado nada, pero no sin antes lanzar dos bombas lacrimógenas: una hacia la calle y otra hacia el interior de la casa, estando presentes los dos niños. Parte de estos hechos quedaron registrados en videos grabados por vecinos. El Comité presentó un recurso de amparo, acompañando videos y solicitando que se instara a Carabineros a apegarse a derecho. El recurso fue rechazado en la Corte de Apelaciones y en la Suprema.
El 27 de noviembre, Katherine Venegas, profesora del colegio Arzobispo Manuel Vicuña, en Legua Emergencia, se enteró que su domicilio estaba siendo allanado. Al llegar a su hogar, ubicado en el mismo pasaje del anterior, se encontró con un contingente policial desmantelando todo, luego de haber encañonado a su familia que cuidaba un hijo de un año. Al retirarse sustrajeron 250 mil pesos además del dinero de una colecta para la Navidad de los niños del pasaje. Parte de los hechos también quedaron registrados en video. En la 50ª Comisaría de San Joaquín, los funcionarios se negaron a recibir la denuncia de Katherine Venegas. Solo cuando acudieron miembros del Comité los funcionarios accedieron. Estos hechos motivaron la presentación de un amparo.

TRES EJES INOPERANTES
Paulo Alvarez, historiador, poblador de La Legua y presidente del Comité, conversó con Punto Final: “Nos constituimos en 2010, no obstante que el trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos viene desde hace más tiempo, en respuesta a la violencia generada por la intervención policial que esta población y otras han vivido a partir de 2001: cuando se inició un plan de intervención estatal marcadamente policial que este 23 de septiembre cumplirá quince años. Creado con el argumento de poner freno a la violencia de la delincuencia y del narcotráfico, hoy podemos decir que son más las interrogantes y los derechos transgredidos de muchos pobladores lo que marca estos años de intervención”, señala Alvarez.
“Según las autoridades esa intervención tendría tres ejes: educacional -mejorando la calidad de la infraestructura de los colegios básicos y medios 480, Laura Vicuña y Arzobispo Vicuña-, para resolver esta realidad tan perversa con los indicadores muy bajos del Simce, PSU, y un alto índice de abandono y deserción escolar. Un segundo eje es la infraestructura de la población, que parece un eufemismo porque pintan las veredas de verde simulando pasto. Pintan lo indisimulable: el sector Emergencia no tiene áreas verdes. Se discursea mucho respecto a lo que se va a invertir, pero no existe inversión concreta. Y un tercer eje, muy concreto, es la presencia de Carabineros en cada esquina de La Legua Emergencia. En el primer gobierno de Bachelet, los ‘planes de intervención’ se amplían a cien comunas en el país. En 2006 hay distintas nominaciones del ‘plan’ pero se sigue con los mismos efectos. Se convierte, en la práctica, en una vulneración de los derechos fundamentales. Pobladores empezaron a denunciar torturas, golpes, allanamientos ilegales, coimas y actos de corrupción de Carabineros. Esto tiene un punto de inflexión cuando una de las pobladoras más conocidas -que participa en la Parroquia San Cayetano y pertenece a la historia de la comunidad cristiana y cuyo esposo es dirigente del Club Deportivo Norambuena, el más importante de Legua Emergencia-, sufre la detención de su hijo, que es ‘cargado’ con 165 papelillos de pasta base. Antonio León es conducido a la cárcel de San Miguel, donde pasa más de 90 días en proceso de investigación. Luego, y con lesiones sicológicas y físicas, es excarcelado. Cuatro años más tarde la Corte Suprema dictamina que es inocente. Distintas organizaciones socioculturales, políticas, deportivas, clericales, reunimos material y empezamos a advertir que este tipo de prácticas eran lesivas y no contaban con respaldo legal”, agrega.

POCA TRANSPARENCIA
A principios de 2009, Paulo Alvarez presentó un recurso de transparencia para que el Ministerio del Interior respondiese quiénes eran los responsables del plan, cuáles eran sus evaluaciones, y cuáles las definiciones legales o constitucionales que podrían legitimar, respaldar o avalar ese tipo de experiencia. La respuesta llegó en diciembre de ese año. Era evasiva y cambiaba el sentido original de las preguntas: “Respondían que ‘no existía el plan’, y que ‘ese plan es fundamentalmente social’, que los procesos de inyección de recursos y de responsabilidades pertenecen a un proceso interministerial que se estaría ejecutando desde el gobierno de Ricardo Lagos y que, por tanto, no podrían responder con premura, y que técnicamente la formulación del recurso de transparencia estaba mal diseñada y que no podían responder algo tan ambiguo. Apelé en enero de 2010 y en junio de ese mismo año fui a careo con los abogados de la Segegob y del Ministerio del Interior.
Los jueces del Consejo de Transparencia encontraron argumentos suficientes para declarar que la denuncia y la demanda por transparencia apelaba a un tema de derechos humanos, y conminó a las autoridades a que respondieran. Pero esto se prolongó y nunca tuvimos respuesta. Acudimos a instancias internacionales en 2011. Nos recibió en Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La pusimos al tanto de lo que estamos viviendo, y hubo acogida a nuestros planteamientos”, explica Alvarez.

¿UN PALO O UN BALAZO?
“Nos constituimos como Comité a propósito de la situación que afectó a Juan Berríos, torturado por Carabineros. Canal 13 mostró imágenes. Uno de los diálogos que sintetiza la miseria deshumanizante es cuando el teniente a cargo de la patrulla le dice: ‘¡Qué querí gueón: ¿un palo o un balazo?’. Y Juanito, contesta: ‘Un balazo’. Quienes llegan a demandar nuestro apoyo en su mayoría son los más indefensos de los indefensos. Hemos recopilado cerca de cien testimonios de prácticas lesivas de Carabineros fundamentalmente, pero no exclusivamente. Los hechos más graves son los asesinatos cometidos por policías y atropellos que mayoritariamente han quedado en la impunidad o se los ha tragado la burocracia y el miedo de las víctimas. El año pasado, se nos acercó un poblador de Legua Emergencia y nos contó que fue torturado. Mi primera reacción fue decirle que no estamos tratando asuntos ocurridos en dictadura, pero no obstante podíamos orientarlo. Me respondió: ‘No mijito, si me torturaron hace dos semanas’. Había sido torturado en 1979 por los organismos represivos de Pinochet, y fue torturado por esta democracia en 2015.
Testimonialmente tengo que decir que he sido tres veces detenido, desnudado y me han tocado el ano para comprobar si hay droga oculta. No creo que a los hijos del diputado Fuad Chaín, presidente de la bancada DC, que aprobó la agenda antidelincuencia, o del senador Harboe, los traten de la misma manera”.

ARNALDO PEREZ GUERRA

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 854, 24 de junio 2016).


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