viernes, 22 de enero de 2016

Indignado: TPP..Malas noticias para los agricultores y la agricultura.... Karen Hansen-Khun


Karen Hansen-Khun Institute for Agriculture and Policy Trade (IATP)  khansenkuhn@iatp.org
Después de seis años de negociaciones contenciosas, el texto del Tratado Transpacífico (TPP) está completo. Se suponía que sería algo diferente –un acuerdo comercial del siglo XXI-. En cambio, se ajustó al modelo de anteriores acuerdos de libre comercio que han hecho promesas salvajemente inexactas acerca de los beneficios para los agricultores. El TPP afianza aún más un sistema de agricultura dominado por los intereses de las corporaciones de agronegocios, orientado a los mercados globales y apoyado por políticas agrícolas ineficaces.
La buena noticia, más o menos, es que después de años de presión por parte de grupos de la sociedad civil –que inició durante el debate del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)-, los gobiernos tomaron algunos pasos tentativos para controlar el Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (ISDS, sus siglas en inglés), el antidemocrático sistema de tribunal privado que permite a las empresas demandar a los gobiernos sobre las leyes de interés público. Después de acaloradas críticas a la demanda interpuesta por el gigante de la industria tabacalera Philip Morris contra las regulaciones de Australia y Uruguay que requieren empaques de cigarrillos sin marca, genéricos, los gobiernos parte del TPP acordaron excluir los cigarrillos de las reglas de este mecanismo, para prevenir futuras demandas como esas. Esta es una victoria significativa, aunque pequeña. El mecanismo todavía permite casos como los pendientes actualmente contra la ley minera de El Salvador, la decisión de Alemania de eliminar la energía nuclear, o la insistencia de Ecuador de que las compañías petroleras reparen el daño ambiental que han causado (por nombrar sólo algunos). Los juicios son desarrollados en secreto por un panel rotativo de abogados comerciales pagados por corporaciones. Y todavía no hay nada que impida juicios, en casos donde se requiera proteger sectores claves o para mejorar la salud pública, tal como ocurrió con tres casos que perdió México y que le llevó a dar marcha atrás en su decisión de restringir importaciones de jarabe de maíz de alta fructuosa (y se vio obligado a pagar a las empresas 169 millones de dólares). Los nuevos límites reconocen que el mecanismo puede ser objeto de abuso, pero no que su propósito fundamental es dar a las empresas nuevos derechos sobre el interés público.
La mala noticia es que el TPP amplifica muchas de las peores características del TLCAN. Agricultores mexicanos fueron devastados por el espectacular aumento de las exportaciones de maíz de Estados Unidos en el marco del TLCAN. Esto no benefició a la mayoría de los productores de Estados Unidos, que se vieron inducidos a aumentar sus exportaciones para compensar los bajos precios y la disminución del apoyo público. Esto condujo a la creciente concentración empresarial en la producción agrícola, dejando a los agricultores con menos opciones de dónde comprar y vender sus productos, y provocó una disminución en el número de familias agrícolas en los tres países del TLCAN. Este injusto mercado se profundizará con el TPP. Por ejemplo, a pesar de masivas protestas de los agricultores, los mercados japoneses de arroz, carne de res y otros bienes se abrirán a importaciones que llegarán a inundar su oferta.
El TPP abre nuevos terrenos en otras cuestiones. Se exige a los países ratificar la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991 (UPOV-91), un tratado internacional que protege a los fitomejoradores como Monsanto. La UPOV-91 requiere protección de la propiedad intelectual para todas las variedades vegetales por un periodo de 20 a 25 años, y que se impida a los agricultores el intercambio de semillas, una práctica común en muchos países de todo el mundo. Las versiones anteriores de esa Convención permitían a los agricultores familiares que guardaran e intercambiaran semillas, pero la versión de 1991 a que hace referencia el TPP corta la esa posibilidad. Brunei, Chile, Malasia, México y Nueva Zelanda, aún no han ratificado la UPOV-91, pero se les exigirá hacerlo bajo las reglas del TPP.
Estas cuestiones ya han generado polémica en México. Hace dos años, el Senado consideró hacer cambios a Ley de Semillas en línea con los requisitos de la UPOV-91. Después de que la campaña Sin Maíz no hay País y otros grupos de la sociedad civil ejercieron presión y manifestaron su rechazo, la propuesta fue abandonada, pero es probable que los legisladores la repongan en el contexto del TPP.
El comercio de biotecnología agrícola (transgénicos y otras nuevas tecnologías como aplicaciones de la nanotecnología para fertilizantes, o la producción de vainilla sintética) es algo que se fomenta en el Capítulo Acceso a Mercados del TPP. En el pasado, esas tecnologías se habían tratado en el Capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF, la sanidad vegetal y animal y seguridad alimentaria). Mover este punto al Acceso a Mercados debilita la capacidad de establecer límites basados en la salud humana o el medio ambiente. Del mismo modo, el Capítulo MSF redefine el tipo de evidencias necesarias para limitar el comercio, al requerir pruebas de que en el producto están presentes riesgos específicos para la salud, más que un enfoque preventivo que requiera demostración de que el producto es seguro antes de llegar al mercado. En Estados Unidos, la evidencia más “científica” usada en esas decisiones está financiada por las compañías que buscan comercializar las nuevas tecnologías. Bajo el TPP, a esas empresas se les permitiría mantener mucha de la información secreta, clasificada como “información confidencial de la empresa”, creando nuevos obstáculos a los debates públicos informados acerca de la seguridad de las tecnologías.
Pero volvamos a la buena noticia. Se ha completado el texto del TPP, pero eso no significa que el trato esté hecho. Una vez que los líderes de los 12 países firmen el Acuerdo, el verdadero debate se iniciará en los Poderes Legislativos nacionales. Durante los años recientes, los grupos de la sociedad civil se han visto forzados a depender de fragmentos de texto filtrados, de rumores de negociadores o pistas de otros acuerdos comerciales recientes. Ahora la totalidad de cinco mil páginas de texto está disponible en línea, por lo cual los expertos y activistas pueden examinar exactamente lo que se ha acordado y movilizar a sus públicos sobre la base de información concreta. A principios de enero, más de mil 400 grupos estadounidenses de la sociedad civil publicaron una carta al Congreso exigiendo que el TPP sea rechazado. Esto vino de la mano de un acalorado debate durante el verano sobre la autoridad del fast track (o vía rápida) en Estados Unidos que fortaleció argumentos y creó nuevas alianzas. Muchos de los grupos locales de productores agrícolas, defensores de la privacidad digital y de derechos humanos y laborales, y otras organizaciones que antes no se habían involucrado en los debates comerciales están participando ahora activamente. La batalla relativa a la ratificación del TPP está apenas comenzando, y el veredicto final está lejos de ser claro.

vìa:http://www.jornada.unam.mx/2016/01/16/cam-comercio.html
 

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