Despliegue policial y mediático van de la mano
para criminalizar a los activistas detenidos por
accionar el freno en trenes de Metro parados.
- LAVAPIÉS. Decenas de policías participaron en las detenciones. / Foto: White Veryvery.
El viernes 22 de junio el madrileño
barrio de Lavapiés amaneció bajo
un amplio despliegue de policía y
medios de comunicación apostados
en la calle Ave María. La acción
fue rápida, como registra el
vídeo realizado por la propia
Policía Nacional. Una hilera de
agentes encapuchados, acompañados
de antidisturbios, penetró
bajo orden de registro y arresto
en un piso del número 28 de esta
calle. Cuatro jóvenes fueron conducidos
al exterior camino de los
furgones ante un mar de flashes
fotográficos.
La denominada Operación
Nido, finalizó con un total de seis
detenidos que estuvieron entre
uno y dos días en las dependencias
policiales del distrito de
Moratalaz. Tras pasar revisión judicial
fueron puestos en libertad
sin medidas preventivas. Se les
imputan cargos por desórdenes
públicos y coacción, lo que puede
suponer hasta tres años de cárcel,
según apunta a DIAGONAL
Erlantz Ibarrondo, abogado de
los jóvenes.
Interpretaciones políticas
El método de protesta activa ha
sido criticado duramente por algunos
políticos del Partido
Popular. Es el caso de Esperanza
Aguirre, quien ya había declarado
ante la primera acción de esta
índole por otros jóvenes en elmes
de abril que “estos individuos que
han puesto en peligro la seguridad
de los ciudadanos y los viajeros
y que están haciendo un flaquísimo
servicio al magnífico
transporte público que tenemos
en Madrid, no pueden irse de rositas
y no van a irse de rositas”.
Con motivo de la segunda acción
de desobediencia, el portavoz del
PP, Íñigo Henrí-quez de la Luna
esperaba que “se depurasen responsabilidades”
y reclamaba a la
Policía que persiguiese a los participantes
en ese acto para “iniciar
procedimientos penales”. El
jefe superior de la Policía en
Madrid, Alfonso Fernández Díez,
afirmó que se trataba de un grupo
que estaba “perfectamente coordinado,
siguiendo un plan exhaustivo
con distribución de funciones
en células integradas por
dos personas, las cuales, con un
modo de actuación idéntico, consiguieron
llevar a cabo el primer
sabotaje de abril”.
Criminalizar la protesta
En lo referente a algunos medios
de comunicación, destacaría el
breve reportaje que realizó Telemadrid
ante la primera acción de
abril. Éste afirmaba que “según
metro de Madrid, más de 10.000
viajeros han sido víctimas de este
sabotaje”. La cadena pública madrileña
también sostuvo que “los
trenes frenan en seco”, cuando
los convoyes en el momento de la
acción estaban en las respectivas
paradas con las puertas abiertas.
Si nos adentramos en las crónicas
de prensa, se definen estas
protestas con términos como
“vandalismo”, “sabotaje” o “boicot”.
Todo ello genera en la opinión
pública la idea de que la acción
está organizada por un grupo
que realiza prácticamente actos
terroristas, aumentando la
magnitud de los hechos.
Sembrar la discordia
Según la Jefatura Superior de
Policía y la Delegación del Gobierno,
el papel de una parte del
15M ha sido clave en las últimas
detenciones realizadas, en palabras
de Cristina Cifuentes, delegada
de Gobierno: “Las detenciones
han sido posibles gracias a personas
del 15M que no están de
acuerdo con acciones de este tipo,
violentas en cierto modo y perjudiciales
para el propio movimiento”.
Dicha afirmación ha sido desmentida
desde la comisión de legal
de Sol. Asimismo, el 24 de junio,
la Asamblea General de Sol
emitió un comunicado para asumir
“todas las acciones de desobediencia
destinadas a protestar contra
el tarifazo del Metro de
Madrid” y explicaba con contundencia
que “si alguien decidiera
colaborar con la Policía para denunciar
acciones llevadas a cabo
por otras compañeras, no sería posible
que pudiera sentirse dentro
del 15M, pues estaría traicionando
las formas políticas de autoorganización
que nos hemos dado a nosotras
mismas”.
Por su parte, la asamblea popular
del barrio de los Austrias lanzó
un comunicado el pasado 29 de junio
en el cual denunciaban “la connivencia
de determinados medios
de comunicación y periodistas con
los mandos policiales, la Delegación
del Gobierno en la Comunidad
de Madrid y el Ministerio del Interior”
con el objetivo de “desacreditar,
cuando no calumniar, a los
movimientos o grupos populares
de apoyo”.
A la espera de la fecha del juicio,
los acusados consideran que se está
ejerciendo una “campaña
mediática” por parte de la Delegación
del Gobierno de Madrid y
del Ministerio de Interior, que consiste
en “criminalizar las acciones”,
comparándolas incluso con actos
de terrorismo. Los medios convencionales,
por su parte, contribuyen,
según esta asamblea de barrio, a
fijar en la opinión pública una imagen
distorsionada de la protesta
contra el incremento del 90 % del
billete de metro en los últimos nueve
meses y la reducción de horario
de los servicios del suburbano.
Fuente,vìa:
http://diagonalperiodico.net/Persecucion-politica-por-un-acto.html
http://diagonalperiodico.net/Persecucion-politica-por-un-acto.html
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