El martes 1º Daniel Scioli leyó un excelente discurso
ante la Legislatura de Buenos Aires, en el que respaldó a su
cuestionado ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor del Servicio
Penitenciario Bonaerense Ricardo Blas Casal. Scioli explicó que no hay
contradicción entre seguridad y derechos humanos y ratificó su
indeclinable compromiso con el combate al narcotráfico y la delincuencia
organizada. A la misma hora, un detenido en la Unidad 48 del Servicio
Penitenciario Bonaerense sorprendió al fiscal Germán Martínez al
quitarse la zapatilla izquierda, donde escondía el chip de un teléfono
celular. Allí había seis fotografías del detenido y de otras personas
privadas de su libertad en la misma unidad. Todos lucían piezas de
uniformes del Servicio Penitenciario Bonaerense, y un video en el que
uno de los funcionarios de seguridad entrega un pequeño sobre a uno de
los detenidos. El detenido, a quien aquí llamaremos Erre Jota, tiene 32
años y purga una condena por robo. Martínez es el titular de la Unidad
Funcional de Instrucción 16 de San Martín, a cargo de estupefacientes.
La denuncia inicial la había hecho el 28 de febrero una tía de Erre
Jota, quien contó que su sobrino le había dado el chip para que bajara
las imágenes y le había pedido que se lo devolviera en la siguiente
visita. Erre Jota contó que temía por su seguridad y la de su familia,
ya que en 2008 se negó a matar a un hombre, como le exigían los
penitenciarios, y su mujer recibió amenazas que se cumplieron cuando fue
violada como advertencia para él. Desde entonces aceptó “realizar los
trabajos que ellos me pedían, ya que mi familia se halla constantemente
amenazada”. Dijo que el director y el subdirector del penal y el jefe de
complejo en ese momento, prefecto mayor Mario Aranda, prefecto Horacio
Ruiz e inspector mayor Claudio Molina lo pusieron al frente de un grupo
que ya integraban otros detenidos y les señalaron los modelos de autos
que debían robar: Peugeot 307 y 405. La excepción fue un Clio 2, para
reponer una parte rayada de la carrocería del vehículo del oficial
Lavallén. El turno de robar para el Servicio iba de las 23 a las 6 del
día siguiente, hora en que las personas decentes que claman por más
seguridad se encierran en sus casas para protegerse de los delincuentes.
Si no regresaban antes de esa hora se denunciaría la evasión. Para
llegar a la salida del penal les suministraban partes de uniformes del
Servicio Penitenciario Bonaerense, armas y teléfonos celulares. Una vez
en la calle usaban esos teléfonos para llamar a conductores de remises
que formaban parte de la combinación. El fiscal le mostró las fotos,
impresas desde el CD que había entregado su tía, y Erre Jota reconoció
en ellas al oficial penitenciario Guerra, a otros dos detenidos y a sí
mismo, todos vestidos con piezas del uniforme oficial: una campera de
camuflaje, una gorra, un chaleco antibalas y un escudo protector, con la
sigla SPB. Dijo que Guerra les proveía armas, marihuana, pasta base,
cocaína y pastillas de Ribotril. El fiscal también recibió el testimonio
del detenido que aparecía en la foto con el penitenciario Guerra, a
quien llamaremos Ge Be. Dijo que salía a robar para el SPB y que otro
preso que se negó, al que llamaban Víctor Murgueño, fue asesinado.
Mencionó al actual director, prefecto mayor Raúl Galeano, al jefe de
penal Saravia, al de taller Bumarelli y al de contaduría Pozo, aunque no
explicitó qué habría hecho cada uno.
–¿Dónde iban a robar? –le preguntó el fiscal.
–Por José León Suárez, Boulogne, San Isidro. Robamos autos modelo 307, 405 y 406.
–¿Y qué hacen con ellos?
–Los llevamos al penal. Ahí hay un taller, donde un grupo de
internos que saben de mecánica, manejados por el director y el jefe de
penal, los desarman para la venta de autopartes.
Dijo que les pagaban 1000 o 1500 pesos, según los autos y les
anotaban concepto favorable en los legajos, imprescindible para aspirar a
la libertad anticipada. Contó que salieron cinco o seis veces en lo que
va del año y mencionó algunos de los robos: un 405 a pocas cuadras de
una panchería en José León Suárez, un Clío 2 cree que en la calle San
Lorenzo, llegando a Tres de Febrero, donde hay una pollería. El oficial
Lavallén, el jefe de requisa Marresi y el jefe de turno Nicolás Aquesta
los llevaban a hablar con el director antes de salir, dijo. También Ge
Be contó del turno de 23 a 6 y que les entregaban ropas del Servicio,
armas y celulares. Dijo que con uno de ellos Erre Jota lo había filmado
con el Oficial al que conoce sólo como Anteojito, quien le entregó
drogas a cambio de sus zapatillas.
–¿Es habitual que les entreguen drogas? –quiso saber el fiscal.
–Sí, cualquier oficial se las da –contestó el hombre.
El acta judicial consigna que “como prueba de sus dichos extrae de
su boca una bolsita transparente de polietileno. Dice que contiene una
piedra de marihuana”. El fiscal la agregó al expediente, debidamente
ensobrada y firmada. Ge Be explicó que comenzaron a grabar con los
celulares luego de que otro detenido matara al Murgueño, quien “no
quería trabajar más para el Servicio”. Contó el robo de un Renault
Megane verde una madrugada de la primera quincena de enero, a cuatro
cuadras de la Plaza Roca de Villa Ballester, apuntando al hombre que
bajó del coche. Dijo que en la UP48 había de diez a quince autos con la
patente cambiada, estacionados entre los del personal.
Un tercer detenido pidió hablar con el juez de ejecución que
entiende en su legajo, Alejandro David. Dijo que en la primera semana de
febrero los oficiales Lavallén, Mohame y Aquesta, le ofrecieron 1500
pesos para salir a robar. Aceptó y esa noche lo buscaron en su celda, lo
vistieron con indumentaria del Servicio Penitenciario, lo sacaron del
penal por la puerta trasera en un automóvil Fiat Palio de color
plateado. Le señalaron una casa donde había un auto Renault Kangoo de
color bordó, para que lo robara. Pero en cuanto intentó saltar el portón
de entrada “se prendieron unas luces y tuvo que salir corriendo hasta
el auto del personal del Servicio, que lo estaban esperando”. De regreso
al penal le sacaron el uniforme y lo devolvieron a su celda. Declaró
que su familia tenía una foto suya con el atuendo del Servicio y que
“los autos que se roban, entran al sector de Talleres de la Unidad, que
funciona como desarmadero”. Agregó que recibía los autos el jefe de
talleres Edgardo Gumarelli, quien hace 15 días fue ascendido a Jefe del
Penal. “Siempre se trabajó en connivencia con Galeano, el Director de la
Unidad, y Ruiz, el Subdirector”. Además, le solicitó al juez David que
comprobara los golpes en la cabeza y en la espalda y los cortes en el
abdomen, provocados por agentes penitenciarios debido a un no expresado
“problema interno” del Servicio.
Los universitarios
A fines de noviembre de 2010 el Secretario de Ejecución Penal de la
Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, presentó un
hábeas corpus a favor de un grupo de detenidos en la misma Unidad 48
pero en el sector denominado de régimen abierto, donde se alojan los
internos que estudian en la Universidad Nacional de San Martín, quienes
habían sido agredidos a tiros por el subalcaide Walter Ontiveros, que
estaba borracho. Otros oficiales disuadieron a Ontiveros pero luego
amenazaron a los detenidos para que no denunciaran lo sucedido.
Casolatti acompañó un escrito de las víctimas. Uno de ellos estaba
llevando los residuos hacia los containers de basura cuando Ontiveros lo
increpó:
–¡Eh Ñaca, sí, a vos, gato, te hablo, tomate el palo pa dentro negro
de mierda, salí la concha de tu madre, te voy a meter un tiro,
denunciero!
Era la noche del sábado 20 de noviembre. Según la denuncia,
Ontiveros “desenfunda su pistola como puede, dado que se tambaleaba de
un lado a otro (casi cayéndose debido a la borrachera), la carga
subiendo la escalera del muro perimetral del régimen cerrado y una vez
arriba comienza a disparar con su pistola reglamentaria 9mm contra Hache
Ce”. Otros estudiantes universitarios se tiraron al piso “ante los
disparos que emanaban del arma de guerra del funcionario ebrio”,
mientras su blanco “huía corriendo por su vida hacia el sector de
alojamiento”. Minutos después Ontiveros se acercó junto a otros
penitenciarios y llamó a los jóvenes: “¿Qué onda, queda todo acá o van a
denunciar? Ustedes saben que si se denuncia esto tiene vuelto, digo,
porque los universitarios acostumbran mandar en cana”. Todos prometieron
que no lo harían: en agosto había ocurrido otro ataque a balazos por
parte de la misma guardia penitenciaria. Lo denunciaron y desde entonces
fueron víctimas de amenazas y agresiones por parte de los funcionarios y
de otros internos.
De fiesta
Aquella vez el penitenciario ebrio que “efectuó disparos de fuego a
mansalva” fue el guardia Javier Armando Ruiz. Luego el estudiante de
sociología Eme Erre fue retirado a punta de escopeta de su celda por
penitenciaros que lo intimaron a no denunciar lo sucedido. Los
universitarios lo hicieron de todos modos. Uno de ellos, Abelardo Jesús
Cabral, fue despertado por el oficial Lavallén, quien lo llevó a
Control, “donde se encontraba la Comisión Directiva de la Unidad”.
Comenzaron a empujarlo y el subdirector Pantoja le ordenó a Lavallén que
“me hincara con una cuchilla tipo carnicero”. Mientras le colocaban la
punta afilada en la pierna y el abdomen, el director Aranda y los
subdirectores Pantoja y Ruiz le dijeron que parara con las denuncias. De
regreso a su celda lo rodearon sus cuatro compañeros, que lo golpearon a
puñetazos y con una varilla finita mientras le decían “denunciero y
ortiba”. Las heridas fueron filmadas por el secretario de ejecución
penal Casolati, quien presentó un hábeas corpus por su vida. Cabral fue
el testigo decisivo en la investigación del homicidio del matrimonio de
Nancy Nolasco y Angel Marcos. El hombre trabajaba con el senador del PJ
provincial José Manuel Molina y entre los condenados hubo policías. Uno
de ellos, Hernán Ricardo Argüello, trabaja ahora en la U9 para el
Servicio Penitenciario. Otra de las exigencias era que Cabral
rectificara su testimonio para beneficiar a Argüello. La semana pasada
fue amenazado una vez más, por el oficial Fantosi, quien le gatilló tres
veces un arma descargada en la cabeza. Los detenidos en el régimen
abierto también revelaron las “fiestas penitenciarias” que se realizan
los fines de semana con abundante consumo de alcohol. “Concurren tanto
personal masculino como femenino y grupos de prostitutas contratadas por
la oficialidad superior del lugar, quienes mencionan que las mismas son
procedentes de distintos prostíbulos de la zona y son traídas en las
camionetas del SPB, marca Chevrolet, modelo LUV, patentes CYI-239 y
ASF-630, que han sido observadas en la puerta del prostíbulo sito frente
al Policlínico local”.
La negación
Ni la fiscalía ni el juzgado aceptaron informar sobre el resultado
de estas actuaciones. El único que respondió a la consulta para este
artículo fue el secretario general de la Fiscalía de Cámara, Alejandro
Porthé. Su llamativa respuesta fue que sólo hay un video con una
filmación muy precaria de un diálogo entre el detenido Erre Jota y un
penitenciario de bajo rango, del que “se deduciría” que el agente le
ofrece tres porros a cambio de una campera. La denuncia es remitida al
fiscal Raúl Germán Martínez al juez Nicolás Schiavo, titular del Juzgado
de Garantías N 5 de San Martín, quien ordenó un allanamiento en la
unidad y otro en la casa del agente penitenciario, “de los cuales no
surge ninguna prueba”. Según Porthé no hay fotos ni se confirmó la
versión que “en un principio llegó a la fiscalía de que aparecería el
detenido con ropas del Servicio Penitenciario Bonaerense. Fue sólo una
versión que no se desprende del material de prueba”. Todo lo contrario:
las fotos están entre las fojas 10 y 14 de la Investigación Penal
Preparatoria 15-00-007158-11, y el CD del que provienen, en las fojas 7 y
8. Una fuente próxima a Schiavo dijo que el detenido denunció “un sin
fin de delitos”, pero que el juez se limitó a cumplir las medidas
solicitadas por el fiscal Martínez en relación a ingreso de droga al
penal, con allanamientos que dieron resultado negativo. Es decir que se
ignoró la gravísima denuncia sobre el robo y desarmado de autos. El
allanamiento se limitó a la UP 48 y no se extendió a las unidades 46 y
47, que forman parte del mismo complejo, en Camino del Buen Ayre y
Camino De Benedetti, en José León Suárez. Fueron concebidas como
alcaidías, se construyeron sobre el basural del CEAMSE por lo que el
agua está contaminada y se inauguraron hace cuatro años. Schiavo es el
juez que investiga los asesinatos de José León Suárez en la villa De la
Cárcova, donde su desempeño hasta ahora ha sido correcto. En 2008 fue
satanizado por haber concedido la prisión domiciliaria con control
satelital a un detenido que salió de su casa y mató a cuatro personas,
en Los Cardales. Aunque se demostró que su decisión era legítima y que
la falla estuvo en el sistema de control porque el detenido se sacó la
pulsera y el Departamento de Monitoreo Electrónico no lo informó, Casal
promovió su juicio político, que no prosperó porque ni la Procuración
General ni la Comisión Bicameral lo acusaron. Pero el caso fue utilizado
para restringir la prisión domiciliaria y las excarcelaciones y también
sirvió para ablandar al juez.
Fuente,vìa:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-163533-2011-03-06.html
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