Chile: Terremoto tributario Francisco Marín

VALPARAÍSO, 19 de mayo (apro).- Actualmente el Congreso de Chile se encuentra debatiendo el “proyecto de financiamiento de la reconstrucción”, una iniciativa enviada por el presidente Sebastián Piñera el pasado 6 de mayo.
Esta propuesta busca recaudar fondos con el fin de hacer frente a los daños provocados por el ‘terremaremoto’ del 27 de febrero. Y por ello el gobierno le ha asignado un carácter de suma urgencia a esta iniciativa legislativa.
Así, busca que sea aprobada y despachada por el Congreso en diez días. Sin embargo, la Concertación por la Democracia, ahora en la oposición, ha anticipado que si no se amplía el tiempo para analizar este proyecto, de plano lo rechazará.
Al momento de estampar su firma a la iniciativa, en medio de una pequeña ceremonia realizada en el salón Pedro de Valdivia de La Moneda, Piñera expresó que “para financiar este enorme desafío, hemos elaborado un programa de financiamiento que pretende recaudar 20 mil millones de dólares (mediante) la aplicación de cambios moderados y justos” en materia tributaria.
El plan de reconstrucción prevé un aumento transitorio de tres puntos porcentuales durante 2011, y de un punto y medio en 2012, al impuesto de primera categoría a las empresas. El alza tributaria, según las estimaciones hechas por el Ministerio de Hacienda, posibilitará una recaudación de mil 200 millones de dólares.
Así mismo, se busca recaudar 700 millones de dólares a través de un cambio en el sistema del impuesto de royalty a las grandes empresas mineras. Otros 994 millones de dólares –según las estimaciones de Piñera-- se obtendrían a través de un aumento en el impuesto al tabaco.
El plan de financiamiento también considera la captación de 281 millones de dólares mediante la aplicación de una sobretasa transitoria (por dos años) a las viviendas con avalúo fiscal superior a los 200 mil dólares. Por otra parte, el gobierno de Chile pretende emitir dos bonos soberanos por un monto de mil 500 millones de dólares. Esta sería la primera vez que Chile se endeuda a escala internacional desde 2004.
El gobierno de derecha también se propone, con el declarado fin de robustecer el fondo de financiamiento de la reconstrucción, la privatización de empresas energéticas, sanitarias y periodísticas.

Tensión en el gobierno

El plan de reconstrucción fue anunciado desde el mismo día que Piñera asumió el poder, el pasado 11 de marzo. Sin embargo, y a pesar de la urgencia (cientos de miles de personas perdieron sus casas y aún no tienen donde vivir), el proyecto demoró casi dos meses en enviarse al Congreso.
Esto se explica, en parte, debido a las diferencias existentes dentro de la oficialista Coalición por el Cambio, compuesta por la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), respecto del contenido del proyecto.
De acuerdo con una versión publicada el 4 de mayo por el diario El Mercurio, existió “una fuerte pugna” entre el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el propio mandatario. La razón: la negativa de Piñera a incorporar como parte del mencionado plan de reconstrucción el mecanismo de la depreciación acelerada (disminución temporal del pago de impuestos por adquisición de bienes de capital).
Esta propuesta era defendida por Larraín y fuertemente apoyada por la UDI y el empresariado.
Finalmente, Piñera se impuso y esta materia no se incluyó en el paquete de la reconstrucción, lo que podría aumentar las tensiones en la alianza de gobierno. De haberse incorporado este mecanismo, toda la mayor recaudación por concepto de alza de tributos a las empresas se hubiera visto anulada por la rebaja que esta depreciación acelerada hubiera supuesto.
A pesar que el alza tributaria prevista en el “plan Piñera” es mínima, ha desatado un temporal de críticas dentro de la derecha:
Hernán Büchi, exministro de Hacienda en el régimen de Augusto Pinochet (1985-1989) y principal referente del neoliberalismo chileno, señaló el 24 de abril --en el contexto de un seminario sobre la reconstrucción organizado por la Universidad del Desarrollo-- que las medidas impulsadas por Piñera corresponden a las que hubiera impulsado un gobierno de centroizquierda.
Dijo también que el alza de impuestos podría afectar el crecimiento de la actividad económica y desalentar las inversiones.
Las diferencias en el bloque de gobierno no sólo se limitan a los temas económicos. Según consignó La Nación el 2 de mayo, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Iván Moreira (UDI), pidió al presidente Piñera que acabara con “la comedia de errores” e hiciera un cambio de gabinete.
Hizo estas declaraciones debido a que Piñera y su equipo político están tomando decisiones sin consultar a su partido, como ocurrió en el caso de la designación, el 22 de abril, de Mirko Macari como director del estatal diario La Nación. Este nombramiento provocó la ira de la UDI que por distintos medios exigió que la determinación fuera revocada, lo que finalmente consiguió.
Macari, en su calidad de director del periódico electrónico El Mostrador, ha publicado numerosas notas de periodismo investigativo, algunas de las cuales han salpicado a este partido derechista.
El 19 de marzo, en nota firmada por Jorge Molina, El Mostrador dio a conocer que el “gobernador del Bío Bío designado por Piñera ayudó a lavar dinero a Colonia Dignidad”.
El escándalo desatado derivó en la cancelación inmediata del nombramiento de José Miguel Steigmeier –vinculado a la UDI-- en dicho cargo.
Piñera ya ha debido retroceder en la designación de otra media docena de puestos importantes, aunque no siempre por presiones de la UDI. Esto está generando una sensación de desorden en las filas del gobierno chileno.
La ciudadanía parece estar disgustándose con el accionar del nuevo gobierno. Entre marzo y abril, disminuyó su apreciación positiva respecto de éste, al pasar de 60 a 51%, mientras que el rechazo a su gestión creció 13%, según la encuesta Adimark dada a conocer el pasado 29 de abril.
De acuerdo con la empresa encuestadora, la razón de este descenso en la popularidad sería el mal manejo de las consecuencias del terremoto del 27 de febrero anterior.
En este contexto, el éxito del plan de financiamiento a la reconstrucción se está convirtiendo en una batalla crucial para Piñera.

Oleada privatizadora

Según el economista y experto en balances contables, Julián Alcayaga, el alza impositiva contenida en la propuesta de Piñera “es un engaño”.
En entrevista con Apro, sostuvo que “el proyecto aumenta de 17 a 20% el Impuesto de Primera Categoría que afecta a las empresas. Bien. Pero hay un pequeño detalle: este impuesto es a la vez un crédito del impuesto personal del o los empresarios dueños de la empresa. Y, en los hechos, no se produce un aumento de la recaudación tributaria, porque lo que el fisco recibe de las empresas, lo tiene que devolver a los dueños de éstas”.
Alcayaga sostuvo que las críticas que el plan ha recibido por parte de empresarios, políticos y economistas de derecha “se trata sólo de una mise en scène para quedar como víctimas que son ultrajadas, y el gobierno quede como un ente que promueve el bien común”.
Respecto del alza temporal de impuestos a las empresas mineras, contenidas en el plan de reconstrucción, este economista denunció que “a cambio de esa pequeña alza se pretende prorrogar por otros ocho años la invariabilidad tributaria que en 2005 les entregó (el entonces presidente Ricardo) Lagos por 15 años. Así, tendrían invariabilidad tributaria hasta el 2028, lo que les permitirá seguir llevándose el cobre chileno, casi sin pagar impuestos, hasta que la mayor parte de esos yacimientos estén agotados”.
El plan de Piñera para la reconstrucción considera la privatización de importantes empresas estatales. Entre ellas se encuentra la Empresa Eléctrica del Norte (Edelnor), que es 40% propiedad de la minera estatal Codelco.
Reinaldo Espinoza, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), ha expresado su rechazo a esta medida que podría marcar el inicio de la privatización de Codelco, la principal empresa de Chile.
El 4 de mayo, el ministro de Energía, Claudio Rainieri, reveló que el gobierno estudia la incorporación de capitales privados a la Empresa Nacional de Petróleos (ENAP).
El gobierno también estudia enajenar las tres principales empresas de agua potable y alcantarillado en las que aún cuenta con una importante participación en su propiedad: Essbio (Concepción), Aguas Andinas (Santiago) y Esval (Valparaíso).
El pasado 3 de mayo, en el contexto de un acto en el que se celebraba el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Piñera expresó su intención de vender el diario La Nación.
Esta definición marcaba un giro en 180 grados respecto de lo expresado sólo una semana antes por la vocera del gobierno, Ena Von Baer, quien afirmó el 26 de abril desde La Moneda que este diario iba a mantener su cualidad de medio público y autónomo del Estado.
Su cambio de opinión sobrevino después de enormes presiones provenientes de la UDI que contaba en su reclamo con el apoyo de El Mercurio y La Tercera.
La Nación es el único diario de circulación nacional que no forma parte del duopolio informativo existente entre los diarios antes mencionados.
El nuevo gobierno se ha propuesto, asimismo, avanzar en la política de privatización de la salud que ya había sido iniciada en el gobierno de Michelle Bachelet.
Mediante el ordinario 1102, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, planteó su opción de licitar, vía concesiones, la construcción y operación de 15 establecimientos hospitalarios destruidos o seriamente dañados en el terremoto.
Como rechazo a esta medida, las diversas agrupaciones de trabajadores y funcionarios de la salud pública están creando un frente social en defensa del sector.
El jefe de los diputados socialistas, Carlos Montes, señaló el domingo 9 de mayo en El Mercurio, que la Concertación está dispuesta a apoyar algunas de las medidas contenidas en el proyecto de reconstrucción.
Sin embargo, sostuvo que rechazarán que se extienda la invariabilidad tributaria a las mineras. Buscarán también que el alza transitoria de impuestos a las grandes empresas se convierta en permanente.

‘Desconcertación’

En entrevista con Apro, Manuel Riesco, economista y vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo (CENDA), evalúa en su globalidad “el plan Piñera”.
Sostiene que es muy modesto en términos de los aumentos de impuestos que propone y paralelamente tiene aspectos que son muy negativos, como es la privatización de activos del Estado.
Asegura que la principal fuente de recursos de este plan provendrá de “los chilenos fumadores, que principalmente son del pueblo, los que deberán aportar más recursos que los que ponen las mineras”.
No obstante, Riesco destaca como algo positivo el hecho de que el ministro de Hacienda y el mismo presidente hayan propuesto un aumento de impuestos como parte de este paquete de financiamiento.
A su juicio, aunque los tributos que se alcancen sean escasos, la reforma de Piñera “tiene el mérito de haber tocado todos los puntos más escandalosamente injustos existentes en materia tributaria”.
Considera que el hecho de que una administración de derecha haya propuesto aumentar los impuestos de las mineras es en sí muy importante. Según Riesco, esto está abriendo un debate en donde está quedando al desnudo la realidad de la tributación de las empresas mineras.
Sostiene que Chile está “regalando su cobre, puesto que las empresas mineras hacen trampa, no pagan impuestos y se llevan todos los años el equivalente a por lo menos las dos terceras partes del presupuesto del Estado chileno”.
Agrega: “El saqueo del cobre es tan impresionante que (las transnacionales mineras) se están llevando en un año todo lo que invirtieron en 30”.
Consultado respecto de por qué ha sido la derecha la que ha instalado el tema de una reforma tributaria siendo que en 20 años de Concertación (centroizquierda) este punto no se tocó, Riesco responde:
“Por eso fue que perdió la Concertación (las elecciones presidenciales): porque en la práctica no abordó los problemas centrales que tiene la economía y la sociedad chilenas, que son las distorsiones económicas que se han introducido por un liberalismo que se ha mantenido mucho más que en ninguna parte: casi 40 años”
Abunda: “La Concertación no le puso el cascabel al gato en términos de recuperar los recursos naturales. Al contrario, fue durante el gobierno de la Concertación que se entregó el cobre a empresas extranjeras”.
De acuerdo con cifras entregadas por Riesco, en los últimos cuatro años las grandes mineras han obtenido un promedio anual de 20 mil millones de dólares en utilidades. El año que más impuestos han pagado fue el 2006, en que cancelaron al fisco 3 mil millones de dólares. Esto, siendo Chile el primer productor de cobre del mundo”.
fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79394