miércoles, 20 de enero de 2016

Mèxico: Nuevo desafío para el Derecho Humano al Agua...por Jéssica Estefanía Jiménez Montoya y Edgardo Monroy Rodríguez

Jéssica Estefanía Jiménez Montoya y Edgardo Monroy Rodríguez
Miembros de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida

Hay en el mundo una oleada de acuerdos y tratados para consagrar la apertura comercial y ampliar la privatización de los servicios públicos. Se reforma el orden jurídico nacional para proteger las ganancias de las trasnacionales. En este marco se presenta el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) como el siguiente hito en la historia del libre comercio, denominado “la negociación comercial más importante y ambiciosa a nivel mundial”.
A lo largo de los 30 capítulos del Tratado no se mencionan compromisos, medidas de protección, consultas vinculantes, ni sanciones ante incumplimiento, daños y perjuicios a los ecosistemas o medio ambiente, ni por violaciones a los derechos humanos. Paradójicamente, el TPP otorga un carácter voluntario al cumplimiento de leyes de protección al medio ambiente y uno obligatorio a lo relacionado con inversiones. Sobre el tema del agua, profundiza el paradigma caduco de extracción-desecho. Los intereses económicos relacionados con la minería, el fracking, petróleo, la construcción de presas, plantas de tratamiento, hidroeléctricas etcétera, encuentran en el TPP otra capa jurídica protectora frente a las políticas ambientales y resistencias de los pueblos.
El Capítulo 20 sobre “Medio ambiente” plantea como objetivo la promoción de políticas comerciales y ambientales. Se enuncia la preocupación por la descarga o emisión de contaminantes; el control de químicos, desechos y sustancias tóxicas, y la protección de la capa de ozono y de la diversidad biológica y de la flora y fauna. Sin embargo, los mecanismos para garantizar la protección no son visibles ni obligatorios, sólo se pide que “sus inversiones se realicen de manera sensible”. Las demandas, reglas y sanciones competen sólo al rubro de inversiones.
La intervención de la iniciativa privada, en particular de las corporaciones, en el servicio público del agua en México se ha fomentado en el neoliberalismo desde la modificación a la Ley de Aguas Nacionales en 1992, las posteriores reformas a las legislaciones de los estados y el préstamo del Banco Mundial solicitado en 2001 por el gobierno del presidente Vicente Fox. La privatización del agua implica el traspaso del control y la gestión de las operaciones a empresas privadas que convierten el agua en objeto de lucro.
En 2014 la reforma a la Ley de Asociaciones Público Privadas sentó las bases jurídicas para promover la intervención privada ilimitada y sin evaluación, a contracorriente de la tendencia mundial más avanzada en la gestión del agua, que es el retorno al manejo público estatal y público no estatal, como las experiencias de Grecia, Bolivia, Alemania y Francia, entre otras. El cuestionamiento al modelo privatizador cobra especial relevancia ante casos de autoadministración y autogobierno del agua en comunidades, pueblos y barrios que bajo el arraigo popular y comunitario demuestran la eficacia y vigencia de los derechos ancestrales de los pueblos sobre su territorio y sus recursos naturales.
La amenaza al cada vez más pequeño sector público de los servicios es sistemática, ahora busca entrar a la dinámica de la competencia donde legalmente no habrá más posibilidad de un trato preferencial al mercado nacional. Múltiples voces a nivel mundial se han pronunciado contra los peligros del nuevo Tratado. La Internacional de Servicios Públicos (ISP) denuncia la ausencia de trabajadores y usuarios en las negociaciones, contrario al inmenso poder y participación de las empresas.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, declara que México negoció consultando a los “sectores relevantes”. En los hechos ha excluido a sindicatos, universidades, pueblos y comunidades, a la población en general, aunque su futuro se hipoteca, más aún, con la firma del TPP.
Así, la privatización de los servicios públicos como el agua es parte de la agenda del capital transnacional y el TPP es su instrumento. No muestra voluntad ni mecanismos para frenar la avanzada contaminación y devastación ambiental, sino que promueve la desregulación a las corporaciones.
No obstante, en la agenda de los movimientos y organizaciones sociales está la lucha por garantizar Agua para Tod@s, Agua para la Vida, fuera de la lógica mercantil de las trasnacionales y gobiernos corruptos. El freno a la privatizadora Ley de Aguas impulsada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue una de las victorias del movimiento México por el Derecho Humano al Agua (DHA), fruto del proceso colectivo que da cuenta de la fase madura del movimiento en defensa del agua, con orientación a trabajar una propuesta conjunta con la consigna de sumar esfuerzos y propuestas a la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas como parte de un proceso nacional de construcción de consensos. El freno a Tratados y Acuerdos que pongan en riesgo el futuro de las generaciones presentes y futuras es parte de la estrategia emprendida ante los desafíos que enfrenta el DHA.
¡No al Tratado Transpacífico!

vìa:http://www.jornada.unam.mx/2016/01/16/cam-agua.html
 

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