Honduras. Hilda
Lezama estaba llevando de vuelta a pasajeros, río arriba, hasta el
municipio de Ahuas, después de una expedición de pesca en una zona
remota de la Costa Mosquito, en Honduras. En la oscuridad que se produce
antes del amanecer, podía escuchar los helicópteros zumbando por encima
de su cabeza, pero al principio no les dio importancia.
De
repente, las balas –disparadas desde helicópteros del Departamento de
Estado de Estados Unidos con agentes de la DEA y la policía de Honduras a
bordo– le penetraron ambas piernas. “Me tiré al río para que no me
volvieran a disparar”, dijo. Se quedó allí, aferrándose a una rama y
manteniendo sólo la nariz por encima del agua, para evitar la lluvia de
balas.
Más tarde, en conferencia de prensa, Lezama habló por el teléfono celular de su hija desde una cama de hospital en La Ceiba. Con una voz sorprendentemente tranquila para alguien acaba de recibir un disparo, Lezama dijo que nunca imaginó que los helicópteros dispararían sobre su pequeño bote, cuya carga eran pescadores, mujeres y niños.
Lezama fue uno de los afortunados que iban en ese barco la mañana del 11 de mayo.
Juana
Jackson y Candelaria Pratt -ambas embarazadas- fueron asesinadas a
balazos, junto con Hasked Brooks y Emerson Martínez de 14 años de edad.
Otros tres pobladores de Mosquito se encuentran en estado grave.
Los
helicópteros del Departamento de Estado llevaban a cabo una operación
contra el narcotráfico en conjunto con una unidad de la policía
hondureña entrenada por el gobierno de Estados Unidos y un Desplegado Extranjero de Asesoría (FAST, por sus siglas en inglés) de
la Agencia de Control de Drogas. Su versión de la historia es que el
barco había recibido un cargamento de droga ilegal desde un pequeño
avión que ellos habían seguido en la selva cercana.
¿Por
qué no hubo arrestos desde el supuesto avión con droga? Ésa es una de
las muchas preguntas abiertas de la historia, junto con los informes
contradictorios sobre las confiscaciones y las versiones opuestas de
cómo y por qué los habitantes del pueblo fueron asesinados.
Obstruccionismo oficial
El
Departamento de Estado se niega hasta el momento a abrir siquiera una
investigación sobre el tiroteo. El asesinato de los aparentemente
inocentes pobladores de la Costa Mosquito, ha puesto sobre la mesa el
debate acerca de la participación indebida en operaciones letales contra
mujeres y niños. La ira de los hondureños y las peticiones de
organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos han fracasado al
ceder al Departamento de Estado esta posición.
Los
funcionarios han aplazado todas las inquietudes de los resultados de una
investigación del gobierno hondureño que, más de un mes más tarde, no
se han presentado. El gobierno de Estados Unidos, las organizaciones
internacionales y el presidente de Honduras, Porfirio Lobos, han
reconocido públicamente que el sistema judicial hondureño tiene
deficiencias graves, por decir lo menos. Especialmente en los casos que
requieren una persecución de delitos presuntamente cometidos por agentes
del gobierno, la trayectoria deja pocas esperanzas de un resultado
justo. La DEA informó que también está investigando.
Las
breves declaraciones que hasta la fecha ha hecho la embajadora de
Estados Unidos, Lisa Kubiskie, y el Departamento de Estado han afirmado
que las personas asesinadas eran narcotraficantes que dispararon contra
los helicópteros, y no conceden el beneficio de cualquier tipo de
investigación.
La negativa del gobierno para lidiar con el incidente no termina ahí. A principios de junio, cuando un grupo contra la violencia hacia las mujeres dirigido por el Premio Nobel Jody Williams y Just Associates pidieron que el Departamento de Estado asegurara atención médica a los heridos como un acto humanitario básico (un joven está a punto de perder el brazo), el Departamento emitió un comunicado que destaca por su crueldad:
“Todos
los ciudadanos hondureños tienen derecho a recibir atención a través del
sistema de salud pública de Honduras. Puede dirigir preguntas
específicas sobre el tratamiento de estas personas al gobierno de
Honduras”.
En una
llamada telefónica reciente, la hija de Lezama informó que su madre
recibe tratamiento para limpiar las heridas dos veces al día y
necesitará al menos una operación más. “No sabemos de dónde vamos a
obtener el dinero”, dijo. Testigos presenciales informaron a
investigadores independientes de derechos humanos del Comité de
Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que
agentes que hablaban inglés –por lo que asumieron eran estadounidenses–
impidieron que los familiares rescataran a sus heridos durante varias
horas. Estas investigaciones indican que al menos una de las personas
muertas podría haber sido salvada con la respuesta y atención adecuadas
cuando los agentes de Estados Unidos ya estaban en tierra.
La
masacre de Ahuas es tan sólo el ejemplo más evidente y reciente de otra
política exterior de Estados Unidos que funcions terriblemente mal.
Algunos dicen que la guerra contra las drogas ha fracasado. Otros
sostienen que la guerra contra las drogas está teniendo éxito, pero sólo
para servir a un conjunto de intereses diferentes, que no representan
los utilizados para justificar los gastos de un billón de dólares. Con
más de 50 mil muertos en México y América Central, provocados por la
vorágine de la violencia, casi nadie diría que la guerra contra las
drogas está funcionando o que la victoria está a la vuelta de la
esquina.
En un
reconocimiento implícito de las crecientes críticas a la estrategia, los
funcionarios del Departamento han intentado vender la idea de una
“amable y gentil” guerra contra las drogas. Hacen hincapié en la “suave”
ayuda, mientras que en la práctica el componente militar se mantiene en
el centro de la estrategia de seguridad, tanto en la Iniciativa Mérida
en México, cómo en la Iniciativa de Seguridad Regional de Centro América (CARSI).
Ambas
iniciativas utilizan el “modelo estándar Nixon” de una guerra contra las
drogas basada en la prohibición y la aplicación. Como se señala en el
reporte del 21 de Febrero de 2012 del Servicio de Investigación del
Congreso, en CARSI, “el presupuesto para el control de drogas de los
Estados Unidos sigue estando en gran medida centrado en programas para
la reducción de la oferta en el extranjero y en los esfuerzos nacionales
de aplicación leyes”.
En los Estados Unidos, esta estrategia consiste en enviar a millones de jóvenes a la cárcel – en su mayoría pobres, afroamericanos o latinos; en el extranjero, significa la militarización de las tierras – en su mayoría, tierras de pobres, afro-descendientes y pueblos indígenas. Hay un patrón aquí.
La masacre de Ahuas pone al desnudo la ficción de un “nuevo” enfoque y demuestra los costos humanos de la estrategia militar. Con más y más agentes de Estados Unidos y equipo en las líneas del frente, la probabilidad de incidentes mortales similares sólo aumentará.
Los
informes preliminares indican que los helicópteros volaron desde la
recientemente reinstalada Base de Operaciones El Mocorón, que era una
base de operaciones ilegales de Estados Unidos para respaldar a las
Fuerzas Contrarias en
Nicaragua. Debido a los tiroteos, más fuerzas militares han sido
enviadas a la región. Los paralelismos históricos han infundido temor
entre los hondureños que sufrieron bajo los regímenes represivos
apoyados por el gobierno de Estados Unidos en la década de 1980.
Exigiendo rendición de cuentas
El
grupo de derechos humanos en Honduras, COFADEH, ha exigido una
investigación completa de la masacre y ayuda a las víctimas. El gobierno
de Estados Unidos debe investigar el tiroteo, así como los actos
posteriores, incluyendo denuncias de tortura, bloqueo de acceso a la
atención médica inmediata, y amenazas a familiares que han protestado
contra el trato a los sobrevivientes. Debido a que el personal y equipo
que estuvieron directamente involucrados en la masacre son financiados
por los contribuyentes, los ciudadanos estadounidenses deben presionar
al Congreso y al Departamento de Estado para investigar y asignar
responsabilidades.
Como
ciudadanos tenemos derecho a saber quién estaba a cargo de esta
operación mortal, ¿por qué se tomó la decisión de dar rienda suelta a la
fuerza letal contra un barco de pasajeros? y lo que se hará para
prevenir la muerte de civiles en el futuro. Se nos dice que la violencia
es causada completamente por el crimen organizado. En este caso, los
disparos procedían de las fuerzas de seguridad. Como la COFADEH señala,
“en medio de la llamada” guerra contra las drogas, las principales
víctimas son los pobladores indígenas de Mosquito, entre ellos, mujeres y
niños; la entidad principal responsable de estos actos tan graves es el
Estado”.
Estas muertes deben ser tratadas con tanta o más importancia que las que resultan de operaciones de los cárteles de droga.
Si los
gobiernos de Estados Unidos y Honduras esconden este caso bajo la
alfombra, sería una parodia a la justicia y una ofensa a las familias
afectadas. Si no nos paramos frente a las organizaciones de derechos
humanos en los Estados Unidos y Honduras para exigir que el delito sea
investigado a fondo y castigar a los culpables, la guerra contra las
drogas entra en una nueva fase de la ignominia.
Mientras
tanto, el gobierno de los Estados Unidos continúa canalizando cientos
de millones de dólares a la confiscación de sustancias prohibidas, en
lugar de hacer que la gente esté más segura. No sólo estas políticas no
hacen que la gente esté más segura, sino que a menudo terminan matando,
mutilando y exiliando a los más pobres y vulnerables. Podemos poner fin a
la guerra contra las drogas antes de que la cifra se eleve. Le debemos
eso a las víctimas. A personas como Hilda Lezama.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2012/07/en-honduras-una-guerra-contra-las-drogas-fuera-de-control/
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