La privatización de la sanidad y de lo que se
dio en llamar “estado del bienestar” se inscribe en el marco general de
las políticas neoliberales.
I. Una estrategia general.
La privatización de los sistemas sociales emblemáticos, como la
sanidad, de lo que se dio en llamar “estado del bienestar” se inscribe
en el marco general de las políticas neoliberales que se inauguraron a
sangre y fuego en 1973 con el golpe de Pinochet en Chile y continuaron
con la operación Cóndor en el sur de América Latina.
Las formas cambiaron en Europa Occidental pero el contenido era el
mismo: imponer las recetas de la Escuela de Chicago, cambiando para ello
la correlación de fuerzas surgida de la II Guerra Mundial capaz de
imponer un desarrollo sin precedentes de los servicios públicos. Los
primeros pasos se dieron en Gran Bretaña en 1976 cuando el primer
ministro laborista J. Callahan pidió un préstamo al FMI que le fue
concedido a cambio de recortes drásticos en el gasto público y de un
programa de privatizaciones. En 1979, M. Thatcher aceleró el proceso. La
derrota de la huelga minera de 1984-85 y la responsabilidad de las
direcciones sindicales británicas y del resto de Europa en el
aislamiento misma es emblemática del comienzo de una cadena de
retrocesos en la lucha de clases que no ha hecho más que recrudecerse
hasta nuestros días.
La imposición de los objetivos centrales del capitalismo neoliberal
(déficit público cero, desfiscalización de las rentas del capital, gran
disminución del gasto público en servicios sociales, privatizaciones,
deslocalización del capital y duras contrarreformas con recortes
progresivos de derechos laborales y sociales) se ha hecho mediante un
complejo pero sumamente eficaz engranaje de cooptación, compra y
desnaturalización de la izquierda institucional, política y sindical,
dirigido – mano a mano – por la patronal y los aparatos del estado.
II. La Transición y la maniobra del despiste.
La expansión de las políticas neoliberales y su correlato de ataques a
conquistas sociales fundamentales coincidieron con la Transición
española y se produjo un relativo retraso en su implantación debido a
que, en ésa época, era prioritario para las clases dominantes legitimar
ante los pueblos la reforma política de la dictadura. Se puso en marcha
entonces un mecanismo cuya rentabilidad parece inagotable hasta ahora:
dejar que los ataques más duros contra la clase obrera los ejecutara un
sedicente gobierno de izquierdas.
En lo que a la sanidad se refiere se diseñó un proceso lento, pero
demoledor, ejecutado por los grandes medios de comunicación de
deslegitimación y crítica de lo público por ser “despilfarrador”,
“burocrático”, “ineficiente”, “sostenedor de privilegios
funcionariales”, etc.
Hubo algunos indicadores significativos de la dirección que tomaba la
“democracia” en los servicios sanitarios. Uno de ellos fue la decisión
del Conseller de Sanitat del Govern Provisional de la Generalitat de
Catalunya (PSUC) ante una sanidad pública muy poco desarrollada (25%) y
una sanidad privada en bancarrota: en lugar de incluir el personal y las
instalaciones de esta última en el sector público, subvencionó su
reflotamiento para a continuación concertar con ella la asistencia
sanitaria. Otra de ellas, reveladora del enorme poder de la industria
farmacéutica fue el nombramiento de Ernst Lluch, hombre de su confianza,
como ministro de sanidad del PSOE en el primer gobierno de Felipe
Gonzalez, en lugar de Ciriaco de Vicente, menos obediente a sus
intereses.
Tres leyes clave para la sanidad, ampliamente demandadas desde la
lucha contra la Dictadura, nacieron castradas en sus planteamientos de
avance en el desarrollo de recursos públicos y de su control social: la
Ley General de Sanidad (1986), Ley del Medicamento (1990) y Ley de
Prevención de Riesgos laborales (1995), antes de Salud Laboral.
III. El guión de la privatización: “confundirse con el paisaje”.
En 1989 se publicó en Gran Bretaña “Working for Patients” libro
blanco para la privatización del servicio público de salud más
importante de Europa Occidental. Este informe que parte del
mantenimiento de la financiación pública y de la gratuidad del servicio –
en un primer momento – se constituyó en el programa-marco para la
mercantilización y la gestión empresarial de la asistencia sanitaria.
Con el mismo objetivo que en el Reino Unido el Congreso de los
Diputados crea en 1990, con mayoría absoluta del PSOE y el apoyo de
todos los grupos parlamentarios excepto BNG e IU, crea una Comisión para
la reforma del sistema sanitario presidida por el banquero y empresario
franquista Abril Martorell. Si bien la potente reacción popular impidió
la introducción del copago que el Informe preconizaba, las medidas
presupuestarias y organizativas preparatorias de la privatización se
fueron introduciendo una tras otra, primero por el INSALUD central y
luego por las CC.AA, independientemente del color del partido en el
gobierno.
La estrategia que se impuso con carácter general es desmontar el
sistema poco a poco, precarizarlo y fragmentarlo para privatizar todo lo
rentable e imponer en todos los servicios sanitarios públicos la
gestión empresarial; es decir, objetivos de ahorro y rentabilidad
económica.
De forma sistemática se ralentizó la inversión en los servicios
sanitarios públicos al tiempo que se incrementaba a la práctica
totalidad de la población el derecho a la asistencia sanitaria, con la
correspondiente masificación y deterioro de la calidad. Poco a poco, se
fue desmontando el sistema sanitario desde dentro:
o Se privatizaron servicios de limpieza, cocinas, mantenimiento,
lavandería, seguridad, archivo de historias, laboratorio, radiología,
etc. o Se introdujo masivamente la precariedad entre los trabajadores de
la sanidad. o De forma lenta, pero sistemática se fueron reduciendo
plantillas y camas públicas, al tiempo que se extendía la concertación
de las intervenciones quirúrgicas con la sanidad privada.
La hegemonía ideológica de la mercantilización se impuso sin casi
resistencia por parte de unos profesionales “progresistas” que aceptaron
como “modernización” y “cambios técnicos” transformaciones
estructurales en la organización y administración económica de los
servicios tales como: separación entre la financiación – siempre pública
– y la gestión y provisión de servicios que podía ser pública o
privada; el contrato programa, la cartera de servicios, el coste por
proceso, etc, que evalúan y financian los servicios en función de
objetivos de actividad y de disminución del gasto, y no de mejora de la
salud de la población.
La supuesta eficiencia empresarial por el ahorro en el coste de
medios diagnósticos y tratamientos (menos estancia media, menos
personal, ..etc) va de la mano del aumento exponencial del gasto
sanitario y el deterioro de la calidad: se incrementan los reingresos,
se dispara el gasto farmacéutico, aumentan las demandas por errores
médicos o mala práctica, se ocultan los indicadores que permitirían
evaluar la calidad de la atención en función de objetivos de salud, y lo
que es más grave y determinante, se pone en peligro la salud y la vida
de los pacientes.
IV. El negocio del capital privado en la sanidad.
La Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, votada en el parlamento
estatal por PP, PSOE, PNV, CiU y CC establece que todo hospital, centro
socio-sanitario o centro de salud puede ser gestionado por cualquier
tipo de entidades existentes en derecho; es decir, permite la entrada
masiva de la empresa privada directamente en la gestión y provisión de
servicios.
La Directiva Bolkestein de la UE, que va aprobándose a trozos, impone
la privatización de todos los servicios sociales y la condición de que
las empresas de otros países europeos no tengan que someterse a la
normativa laboral y de control de calidad del país en el que actúen sino
a la del país del que procedan.
Las modificaciones realizadas en el Estatuto Marco han ido
sistemáticamente dirigidas al recorte de derechos laborales. Algunos
parlamentos autonómicos han ido desarrollando normativas que amplían
cada vez más el margo legal de la privatización sin freno alguno, ni por
parte del Ministerio de Sanidad, de la Tesorería de la Seguridad Social
o Ayuntamientos en cuyo suelo, cedido gratuitamente, se ejecutan las
iniciativas sanitarias y socio-sanitarias privadas.
En este escenario es en el que se produce la ofensiva privatizadora
actual, que tiene carácter general, aunque los ritmos de avance están
modulados por la rentabilidad para el capital de cada servicio en cada
lugar y sobre todo por la oposición popular.
En la Comunidad de Madrid, a la cabeza de la privatización de la
sanidad, los procedimientos utilizados son los siguientes:
La concesión de la construcción y la gestión por 30 años de los 8
nuevos hospitales a empresas privadas, la mayor parte de ellas
constructoras, que huyen así de la crisis del sector. Estas empresas son
Dragados, Sacyr (dos hospitales), Acciona, Begar-Ploder, FCC, Hispánica
y Apax Partners. La ubicación de los hospitales y sus características
no han sido el resultada de planificación, ni análisis de necesidades
alguno por parte de la Consejería de Sanidad, sino de estudios de
rentabilidad por parte de las empresas adjudicatarias.
La apertura de nuevos hospitales no ha supuesto un aumento, sino una
disminución de camas, y no habrá más personal sanitario, ya que éste
saldrá en su totalidad de los antiguos hospitales públicos que se han
visto obligados al cierre de cientos de camas.
Los pliegos de condiciones no imponen a las empresas ningún tipo de
mínimos en cuanto a plantillas para los servicios. Es la empresa la que
aplica libremente su criterio. Los resultados son tan esperpénticos como
los siguientes:
1. el servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital de Arganda
hubo de cerrar ante el abandono de las ginecólogas por las condiciones
de trabajo; un solo facultativo para quirófano, urgencias y sala. 2. en
el hospital de Parla hay una sola limpiadora para todos los servicios
durante el turno de noche.
La gestión privada, es decir, la búsqueda prioritaria del beneficio,
implica, no solo ahorro en recursos humanos y materiales, sino sobre
todo, la selección de riesgos. Este último principio se asienta sobre un
hecho determinante en la asistencia sanitaria que utilizan
implacablemente las aseguradoras privadas: el 10% de la población
–personas mayores y enfermos crónicos – consume el 90% de los recursos.
El negocio consiste en evitarlos a toda costa, derivándoles hacia los
hospitales públicos.
V. La sustitución del Derecho Público: la pólvora del rey.
El asunto que determina la aberración subyacente a la gestión
mediante empresas privadas de servicios públicos es la sustitución del
Derecho Público por el Derecho Privado en la administración de fondos
públicos. El Derecho Público establece mecanismos de control e
intervención del gasto, dirigidos a impedir la actuación arbitraria de
las administraciones en la gestión del patrimonio y los fondos públicos.
El Derecho Privado, que regula el funcionamiento del negocio
empresarial, obviamente, no los contempla. El propio interés
empresarial, dirigido a la obtención de beneficios con recursos propios,
procura la gestión eficiente de la empresa y se ocupa de evitar gastos
superfluos.
Ambos mecanismos desaparecen en la gestión privada de servicios
públicos: “se dispara con la pólvora del rey”. Los ejemplos del Hospital
de Alzira y de las fundaciones gallegas, que tuvieron que ser
rescatados de la bancarrota por las Consejerías de Sanidad respectivas,
son una buena muestra.
De los indicadores de calidad asistencial básicos, como son la
mortalidad comparada, el índice de infecciones hospitalarias, las
remisiones a otros hospitales, los indicadores de personal/cama, etc.
que servirían para comparar la calidad de la atención pública y privada,
nada puede decirse porque no se publican.
La siguiente pregunta es: ¿son legales todos estos cambios? Este
proceso de privatización de la Sanidad viene de lejos y se ha llevado a
cabo tanto durante los gobiernos del PSOE como del PP y en CC.AA de todo
signo político. La clave de bóveda de todo él es la Ley de Nuevas
Formas de Gestión, que permite la gestión privada de cualquier centro
sanitario. Medio millón de firmas se han recogido ya en www.casmadrid.org
para pedir su derogación.
VI. El copago, llave maestra para la selección de pacientes.
En los últimos meses asistimos a una intensificación del rumor sordo
de declaraciones a favor de introducir el copago por el uso de servicios
sanitarios y el copago farmacéutico. Haciendo valer el dicho “al revés
te lo digo para que me entiendas”, tras la aprobación por el Congreso de
los Diputados en marzo pasado de una propuesta por la cual se rechazaba
el copago en esta legislatura, se han multiplicado los informes de
“expertos” y las declaraciones de personajes representantes de
diferentes sectores a favor del copago.
Antes que nada es preciso aclarar el termino “copago” que, al igual
que ocurre con todo lo relacionado con la privatización de la sanidad,
responde al objetivo de introducir confusión y enmascarar todo lo
posible la verdadera naturaleza del hecho que define. Si se habla de
“introducir el copago por parte del usuario” de servicios sanitarios y
medicamentos, se deduce que hasta ahora el usuario no pagaba. La
falsedad es evidente: el presupuesto de sanidad que se transfiere desde
el Estado a las CC.AA. se financia con los impuestos –que salen casi en
su totalidad de los bolsillos de los trabajadores [1]- y con las
cotizaciones a la Seguridad Social.
Lo que se pretende introducir es que los usuarios de la sanidad
pública, paguemos además un ticket moderador por acceder a la consulta
de atención primaria, al especialista, a las urgencias, pagar las
comidas mientras estemos ingresados, un canon por las ambulancias y,
sobre todo, que se elimine la gratuidad de los medicamentos para
pensionistas, haciéndoles pagar un % de su precio. La gama de propuestas
no se agota ahí; se habla también de establecer una “prima única para
mayores de 65 años (o antes)”, establecer una lista de prestaciones
básicas gratuitas, y pagar una póliza para poder acceder a las restantes
(como en EE.UU.), etc.
La Brunete mediática del copago
El buque insignia está integrado por la Consejera de Sanidad del
tripartito de Cataluña (PSC, ERC e ICV), el Consejero de Asturias (PSOE)
y los de Madrid y País Valenciá (PP); a ellos se sumó el PNV cuando
gobernaba en la Comunidad Autónoma Vasca [2]. Solamente la variada
composición política de los Consejeros proponentes es suficiente para
indicar el calado de la propuesta. Los cuatro se prodigan en
declaraciones que reproducen ampliamente los medios de comunicación y
que sirven de base a informes de “expertos”, que a su vez dan lugar a
nuevas noticias.
Las declaraciones pueden verse en:
26 de octubre: “El Mº de Sanidad presenta un informe que pide el
copago pero no lo defiende. Propone que los pensionistas también paguen
los fármacos”. El informe es presentado por el Secretario General del
Ministerio y los expertos designados por el propio Ministerio pertenecen
en su mayor parte a fundaciones y consultoras privadas, entre ellas
FEDEA [3].
13 de noviembre. “La CEMS (confederación de sindicatos médicos)
defiende el copago" [4].
16 de noviembre. “Expertos desempolvan el ticket moderador. El SNS
tendrá un déficit de más de 50.000 euros en 2020”. Informe elaborado por
FEDEA y por McKinsey&Company [5] [6].
17 de noviembre. “La Convención Nacional del PP debate el copago
sanitario" [7].
24 de noviembre. “Nueve autonomías no tendrán para pagar las recetas.
Sanidad está en contra del copago" [8].
30 de noviembre. “ Salgado pide "prudencia" a la hora de plantear el
copago en el SNS" [9].
12 de diciembre. “El Partido Socialista de Cataluña asume que los
pacientes deberán pagar parte de los servicios sanitarios”. Aunque la
Consejera cortó el debate “para evitar costes electorales”, anunció que
la propuesta de programa electoral “rompe con el modelo actual de
servicios gratuitos y en el que sólo se paga una parte de los
medicamentos" [10].
La última andanada viene otra vez de la consejera de sanidad del
Tripartito catalán en un artículo publicado en El País el pasado 14 de
abril en el que vuelve a insistir en el copago de la mano de la
insostenibilidad económica de la sanidad pública. La ofensiva mediática
va a ser muy poderosa e irá dirigido a neutralizar la capacidad de
respuesta popular.
Aprender del precedente del Informe Abril Martorell
La prudencia con que se apuntan las medidas de copago o de ticket
moderador tienen que ver con la conciencia de se está tratando con un
material humano altamente sensible: los pobres, los enfermos y, sobre
todo, los pensionistas.
El Informe que aprobó hacer el Congreso con los votos de CDS y PSOE
en 1991 y encargado por el Gobierno de Felipe González al banquero
franquista Abril Martorell, que debía ser la “hoja de ruta” de la
privatización de la sanidad, acabó siendo demonizado por todos ante la
respuesta sindical (amenaza de huelga general) que suscitaron sus
recomendaciones, sobre todo las referidas al copago sanitario y
farmacéutico.
Los argumentos actuales hablan de la sostenibilidad del sistema, de
dejar aparcada la ideología para buscar el interés general, de lo
injusto de que pensionistas con rentas altas obtengan medicamentos
gratis, del mal uso de los servicios sanitarios, del aumento desmesurado
del gasto sanitario, de los incrementos permanentes de la factura
farmacéutica,.. etc, tampoco son muy diferentes.
Lo que ocultan es que imponer el pago directo por el uso los
servicios y eliminar la gratuidad de los medicamentos para pensionistas
constituye la llave de oro del negocio de la privatización. Aunque la
gran mayoría hable del aumento “insostenible” de la factura sanitaria y
aproveche la crisis económica para enfatizar el argumento, en
publicaciones restringidas se habla de que no es la búsqueda de fondos
adicionales - de los que buena parte se iría en burocracia recaudatoria -
el objetivo principal. Los que hablan del “imparable” aumento del gasto
nada dicen de que este se haya disparado precisamente por las medidas
privatizadoras y, sobre todo, en las CC.AA. en las que el proceso de
privatización está más avanzado, y que la insuficiencia de recursos y la
correspondiente masificación en atención primaria determine incrementos
no justificados de la factura farmacéutica.
Las verdaderas razones, inconfesables, van por otros derroteros. En
un sector como el sanitario en el que el una pequeña parte de la
población (enfermos crónicos, personas mayores y pobres en los que es
muy difícil diferencia lo social de los sanitario) consume la mayor
parte de los recursos, la gallina de los huevos de oro es “disuadir
económicamente” de su utilización a los sectores de población que más
necesidades tienen, que más recursos consumen y a los que pagar 2 euros
por consulta o el 10% de los medicamentos retrae de su utilización.
Las consecuencias de esta brutal selección de pacientes en función de
su rentabilidad para el negocio privado se ocultan por parte de sus
impulsores, pero no se ignoran. Estudios realizados en otros países dan
cuenta de los graves perjuicios que se ocasiona a la salud, precisamente
de grupos que con criterios elementales de salud pública deberían ser,
por el contrario, priorizados. Algunas de ellos son: retraso en el
diagnóstico de enfermedades, por el abandono de consultas preventivas;
agravamiento de las patologías crónicas cuyo control periódico se
abandona; incremento en la hospitalización y en el uso de urgencias, con
el consiguiente incremento del gasto sanitario; abandono del uso de
medicamentos, incluidos los esenciales; degradación de las prestaciones
“básicas” incluidas en la póliza pública, que se convertiría en
beneficencia para pobres; deterioro de la salud de los sectores de la
población con menos recursos.
El largo etcétera que hay que añadir constituye el drama diario al
que se tienen que enfrentar los casi 5 millones de parados y al que
habrá que añadir el escándalo del copago que afectará sobre todo a los
mayores.
Habrá quien crea que no se van a atrever en función del coste
electoral que tal medida conllevaría, sobre todo entre los jubilados y
pensionistas. En eso han pensado ya: habrá un Pacto por la Sanidad de
las características del Pacto de Toledo para las pensiones, de forma que
al adoptarlo todas las fuerzas políticas institucionales, al menos
PSOE, PP y derechas nacionalistas, la pérdida de voto sea equitativa.
Todo ello en aras de los superiores intereses del capital que son a los
que verdaderamente representan.
La única duda realmente importante acerca de lo que están preparando,
nos afecta a los demás: ¿Vamos a consentirlo?
Notas:
[1] Un somero análisis del escandaloso sistema tributario vigente
puede verse en: http://blogs.publico.es/dominiopubl...
[2] http://www.europapress.es/salud/not...
[3] El grupo está integrado por una experta en Servicios Sociales de
la empresa Antares Consulting, Montserrat Cervera; el catedrático de
Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares Gregorio Rodriguez
Cabrero y los economistas José Antonio Herce, de la Fundación de
Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), y Simón Sosvilla, catedrático de
la Universidad Complutense, también vinculado a FEDEA. http://misaludnoesunnegocio.net/act...
[4] http://www.europapress.es/salud/not...
[5] http://www.europapress.es/salud/not...
[6] Este amplio y reciente documento elaborado por FEDEA y McKinsey,
que puede considerarse como síntesis de argumentos y análisis hacia el
copago y la extensión de la privatización. http://www.cambioposible.es/documen...
[7] http://www.diariomedico.com/2009/11...
[8] http://www.diariomedico.com/2009/11...
[9] http://www.europapress.es/salud/not...
[10] http://www.elpais.com/articulo/cata...
http://misaludnoesunnegocio.net/actualidad.php?p=3107&more=1&c=1&tb=1&pb=1
fuente, vìa :
http://www.lahaine.org/index.php?p=45428
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