Colombia inmersa en su doctrina de Seguridad de Estado. Los caballos de Troya del presidente Uribe Por: José Eulícer Mosquera Rentería

La “Política de Seguridad Democrática” ha sido la panacea del presidente Álvaro Uribe Vélez para justificarse en el poder por tiempo indefinido, para lo cual ha satanizado a las FARC-EP presentándolas como las causantes de los más grandes problemas de nuestro país, relacionando con ellas a las personalidades que realmente han desarrollado acciones importantes para que Colombia avance hacia un acuerdo humanitario, como antesala en la construcción de confianza para el logro de una paz duradera, como son los casos del comandante Hugo Chávez Frías, Presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, y de la Honorable Senadora Piedad Córdoba Ruiz.

Cuando para los colombianos y colombianas pensantes y de acuerdo a investigaciones de estudiosos de la materia, las FARC-EP nacieron como una de las respuestas populares al régimen de inequidad social, criminal y sanguinario que han mantenido las oligarquías dominantes y gobernantes de Colombia durante toda su vida republicana. Por lo cual a pesar de que varios gobiernos, incluido el de Uribe, con el apoyo militar directo de diferentes gobiernos de los Estados Unidos de América han concentrado sus máximos esfuerzos en derrotarlas militarmente, no ha sido posible. De allí que quienes insisten en el acuerdo humanitario y la paz políticamente negociada, que incluya avanzar hacia un régimen de equidad social, está proponiendo el camino más razonable y menos doloroso para nuestra sociedad.

Pero además, Uribe convertido en ventrículo de los Bush asumió el comportamiento de estigmatizar como “terroristas” o “colaboradores de los terroristas” a todas las personas que critiquen, participen en protestas y se opongan a sus políticas guerreristas, antipopulares y a sus actuaciones dictatoriales, como sus decretos denominados “de emergencia social”, recientemente declarados inexequibles por la Corte Constitucional, por haberse soslayado al Congreso de la República, mediante los cuales pretendía profundizar la privatización de la salud y reducir a la más minima expresión el Plan Obligatorio de Salud, dejando establecido que las drogas costosas y los tratamientos especializados debían ser asumidos por los pacientes y/o sus familias, así fuera recurriendo a prestamos bancarios y entregando en garantía las viviendas y otras propiedades. Pero claro, es que desde hace años Uribe convirtió la salud de los colombianos en un jugoso negocio para su familia, para su clase oligárquica y para compañías trasnacionales gringas y europeas.

La estigmatización de “terrorista” o “colaborador/a del terrorismo” es el primer paso del uribismo para desatar las más terribles persecuciones político-administrativas y policivas contra los/as estigmatizados/as, que pueden concluir en su eliminación física.

En el caso de la Honorable Senadora Piedad Córdoba, los esfuerzos de Uribe y sus áulicos de palacio, de influyentes medios de comunicación y de algunos ministerios, han estado orientados a desaparecerla del panorama político, por ser una parlamentaria que en cumplimiento de sus deberes constitucionales y del mandato popular, hace control político sobre el ejecutivo y se opone en forma franca a sus proyectos de ley neoliberales, privatizadores y antipopulares, y a sus actuaciones arrogantes y dictatoriales.

En las pasadas elecciones parlamentarias, el presidente Uribe de manera perversa e ilegal dejó sin el derecho al voto a muchos colombianos que se mueven diaria y permanentemente entre Colombia, Venezuela y Ecuador, como forma de supervivencia, cerrándoles las fronteras con el claro objetivo de rebajar las votaciones del Polo y de Piedad e impedir la continuidad de estos en el Congreso de la República, dado que en las anteriores habían logrado una votación interesante en estas zonas. Sin embargo, “le salió el tiro por la culata”, ya que finalmente el Polo mejoró su votación en todo el país y sostuvo una importante bancada parlamentaria; y Piedad continuó en el Congreso, con una de las más altas votaciones. Lo que quiere decir que el pueblo colombiano desea cambios profundos en la dirección del país y reconoce como positiva la labor que viene desarrollando la aguerrida senadora afrocolombianas a favor del acuerdo humanitario, de la equidad social y de género, de la paz y contra el guerrerismo interno de Uribe.

Sin embargo, inmediatamente pasadas las elecciones parlamentarias, el uribismo a través de su procurador de bolsillo, Alejandro Ordóñez, puso en práctica su plan B, levantando pliego de cargos contra la senadora afrocolombianas Piedad Córdoba Ruiz, dizque por “colaborar con los terroristas de las FARC”, basándose en supuestos correos encontrados en el mágico computador de Raúl Reyes, y “por traición a la patria”, por haber declarado hace unos años atrás que los países democráticos y progresistas debían romper relaciones con el actual gobierno de Uribe. Pero también la han venido acusando públicamente por su amistad con los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa, al tiempo que ha criticado las confrontaciones que ha atizado el presidente Uribe con nuestros vecinos, con sus posturas autoritarias, entreguistas y mercenarias a favor del imperio yanqui y su expansionismo militar en la región, actitudes que a la vez han sido sumamente perjudiciales para la economía de nuestro país y sus habitantes de las fronteras. Acusación con la cual se está confundiendo a la Patria y al Estado con Uribe.

Los ataques públicos del uribismo contra la senadora Piedad Córdoba en la mayoría de los casos van acompañados de groserías machistas e insultos racistas. Lo cual los ubica como un grupo de la más baja consideración ética, moral y cultural.

Mientras en el país crece la indignación por los denominados “falsos positivos”, mediante los cuales miles de jóvenes inocentes han sido asesinados por mandos militares, presentándolos como guerrilleros dados de baja en combate, con el objeto de cobrar las jugosas recompensas, al estilo del antiguo oeste gringo, recomendadas por los Bush al presidente Uribe y su ministro de Defensa Juan Manuel Santos, hoy candidato de Uribe a la presidencia de la República. El gobierno de Uribe asume el pago de miles de millones de pesos sustraídos del presupuesto nacional, por la defensa de esos criminales; y el Procurador uribista se hace el indiferente, o más bien el idiota, frente a hechos tan graves.

Así mismo, por encima de los aspavientos con respecto a los supuestos éxitos de la “Seguridad Democrática” las comunidades indígenas y afrocolombianas de todo el país continúan sometidas a masacres, asesinatos selectivos de líderes, violencia sexual contra las mujeres, violaciones de sus derechos constitucionales y legales, de los derechos humanos, del DIH, desplazamiento forzado, despojos y usurpaciones de sus territorios ancestrales y patrimonios, por parte de narcoparamilitares, y de grandes inversionistas nacionales y extranjeros portadores de licencias de explotación de recursos naturales expedidas por el Gobierno Nacional y respaldados por el Ejercito Nacional. Tal como lo vienen denunciando organizaciones comunitarias del sur del pacífico y del Chocó. Igualmente en las grandes barriadas de ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Buenaventura, Pereira, Cartagena y Barranquilla se multiplican las muertes violentas alrededor del negocio del narcotráfico. Y el Procurador de bolsillo de Uribe, Alejandro Ordóñez, se continúa haciendo el idiota frente a hechos tan graves y abominables.

Simplemente Uribe en sus excelentes practicas neoliberales, cabalga sobre la pobreza y la miseria que su propia clase en contubernio con imperialismos extranjeros han generado sobre el pueblo colombiano, institucionalizando la limosna a través de las denominadas Red de Solidaridad y Acción Social, y manipulando a la opinión pública a través de los grandes medios, exagerando los “éxitos de la Seguridad Democrática”, como estrategias para mantener respaldo popular y por ende, estar arriba en las encuestas. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, más del 60% de la población colombiana vive bajo la pobreza y la miseria.

Dentro de este contexto y en un despliegue de nacionalismo primitivo, y para distraer al pueblo colombiano frente a la grave problemática a que ha sido llevado el país en los últimos años, el uribismo a través de sus grandes medios presenta al Presidente Hugo Chávez como un “triste loco” colaborador de lo que ellos denominan “la narcoguerrilla”, pero jamás hacen alusión a las grandes transformaciones que viene haciendo este supuesto “loco” a favor de su pueblo, en materias de salud, educación, empleo, infraestructura vial, de transporte y de servicios, de fortalecimiento de la soberanía nacional, nacionalizando la banca y empresas claves para el bienestar nacional.

Mientras aquí en Colombia las transnacionales y el sector financiero hoy controlado por las Bancas española, inglesa y gringa, trimestralmente obtienen jugosas ganancias de miles de millones de dólares, y transfirieren a sus países una significativa parte del valor agregado producido por los colombianos, en una nueva practica colonialista y de descapitalización de nuestro país. Por ello las transnacionales y gobiernos de esos países, a través de sus grandes medios presentan a Uribe como el gran gobernante, mientras a Chávez lo satanizan. Ojala a todas las presidencias de los diferentes países de Latinoamérica y el Caribe llegara “loco” del talante de Chávez.

Por otra parte avanza en la Corte el juicio contra los altos funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, policía secreta adscrita a la Presidencia de la República, por las ilegales y escandalosas “chuzadas telefónicas” a magistrados, parlamentarios y dirigentes de la oposición, incluida Piedad Córdoba, las cuales iban acompañadas de todo un plan de montajes para hacer aparecer a los oposicionistas como terroristas, colaboradores de las guerrillas o como partícipes de actos de corrupción, y a pesar que ya los acusados han ido “cantando” de que las ordenes las recibieron directamente de palacio, a donde tenían que estar reportando los resultados. El Procurador uribista Alejandro Ordóñez se continúa haciendo el idiota y ni siquiera anuncia una investigación al respecto.

Finalmente es importante registrar que el alto clero católico le ha dado la vuelta a Uribe, lo cual se evidencia en las declaraciones y actuaciones de los prelados que últimamente vienen acompañando a la senadora Piedad Córdoba y al grupo Colombianos por la Paz, en las liberaciones unilaterales de las FARC-EP, y en la última declaración pública del cardenal más influyente de Colombia, Darío Castrillón, quien después de criticar los resultados de los dos periodos de Uribe en materia social, de seguridad, de la paz y la convivencia, entre otras cosas dijo: “No comparto que se llame narcoguerrilla a las FARC.

Hay personas que no están en narcotráfico aunque sí en violencia…Ha habido familias reconocidas como distinguidas que entraron a beneficiarse de uno u otro modo del narcotráfico…Ha habido gente que se ha pervertido con el narcotráfico en el ejercito, en la policía, en los cuerpos de defensa personal de los narcotraficantes y de otras personas, y en los delincuentes comunes”. Sobre el comandante Cano dijo: “Nos hemos encontrado varias veces. En las montañas, en los aeropuertos, una vez en Cartagena, otra en México. Y por teléfono. Nos conocemos y he hablado muy claramente con él y yo no puedo decir que no tiene también una buena voluntad”. Y frente a una declaración tan trascendental el uribismo y su Procurador de bolsillo también callan; según parece solo les interesa continuar utilizando como diz tractores de las masas populares, sus falacias e incongruencias sobre las FARC-EP, Chávez y Piedad.

En lo inmediato es deber de las fuerzas democráticas y progresistas, para bien de nuestro país y de su fortalecimiento democrático, combatir dichas falacias e incongruencias, apoyando una alianza de candidatos antiuribistas a la Presidencia de la República y rodeando a la parlamentaria afrocolombianas Piedad Córdoba Ruiz, a quien el uribismo pretende arrebatarle su credencial parlamentaria legítimamente obtenida y finalmente, sin justificación válida, llevarla a una larga prisión.
fuente, vìa:

http://www.argenpress.info/2010/04/colombia-inmersa-en-su-doctrina-de.html