Luego de la última marcha
estudiantil, el gobierno aprovechó las imágenes de violencia repetidas
casi todo el fin de semana por los medios masivos para reiniciar la
ofensiva en el Parlamento en pos de aprobar la Ley Hinzpeter. La
discusión en el Parlamento se pospuso para el 18 de julio y, de
aprobarse la legislación, activistas de Greenpeace que intervengan un
edificio público, estudiantes que se toman un colegio o pasajeros del
Transantiago que ocupan la calle porque no pasa un bus arriesgan penas
de hasta 3 años de prisión.
A la par que Meganoticias
repetía varias veces las imágenes de una bomba molotov lanzada a las
ruedas de un camión de Gendarmería, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, acusaba que “Gabriel Boric hizo un llamado previo a protestar con enojo y creo que lo logró”. Al mismo tiempo que el noticiario de la tarde del Canal 13
la única alusión a la marcha estudiantil que sacó a más de 100 mil
personas a la calle el día anterior era un despacho desde tribunales
luego de que los jueces absolvieran a la gran mayoría de los detenidos,
el ministro Hinzpeter llamaba a la oposición a aprobar el proyecto de
ley. Con el imaginario público abonado por los medios masivos, el
gobierno aprovechó de reiniciar la ofensiva para aprobar la polémica
ley.
Los dimes y diretes de los
parlamentarios exhibidos por la prensa durante el fin de semana se
concentraron en acusar cierta impunidad de quienes fueron detenidos
durante las marchas realizadas el 28 de junio, que sólo en Santiago
reunieron a más de 120 mil personas, y en centrarse en el aumento de la
punición a quienes porten o arrojen una bomba molotov o tiren una piedra
a un carabinero.
Centrado en aquellos aspectos del
proyecto de ley, los medios, ya sea por ignorancia o por prestar ropa a
la campaña de Hinzpeter, invisibilizaron oscuros aspectos que persigue
el gobierno, que es el de convertir en delito acciones de ejercicio
ciudadano y de protesta cuando la institucionalidad ya no da respuestas,
como el tomarse el colegio, interrumpir una calle o tomarse un centro
productivo.
Así cualquier acción de desorden público
sería objeto de punición, acciones que son usadas por los movimientos
sociales para reivindicar serían de aprobarse la legislación delitos y
castigados con penas de cárcel.
“Esto constituye un nuevo intento de
criminalizar la movilización social, la protesta y la acción política de
la ciudadanía”- opina el abogado de derechos humanos y diputado, Hugo Gutiérrez.
La redacción del proyecto de ley hace
responsables de los destrozos a la propiedad pública y privada que
puedan ocurrir en una movilización social a “autores e incitadores” de
la protesta, o sea, a los voceros o dirigentes que las convoquen.
Tantos jóvenes que tapan su rostro
cuando se enfrentan a la policía en una ciudad atiborrada de cámaras de
vigilancias es la pesadilla del gobierno. Por su parte, los medios
repiten el guión acostumbrado de piedras o palos lanzados a la policía,
la misma imagen de los estudiantes franceses del recordado mayo del ’68,
de quienes se rebelaron en las calles en las primeras protestas contra
Pinochet o de los jóvenes egipcios en la celebrada primavera árabe.
QUE DICE EL PROYECTO DE LEY
La Ley Hinzpeter es
disfrazada por los medios entrevistando a un dueño de restorán con aura
de ‘emprendedor’ el día después de la marcha estudiantil o de la vecina
que veía asustada como unos jóvenes en una protesta anterior destrozaban
vehículos cuyo costo ni para ella era accesible.
“El gobierno de Piñera busca impactar a
la opinión pública, confundiendo su juicio, haciendo aparecer la
expresión política y social de la calle como una agresión a las personas
y sus bienes. Este es el sentido de la operación política que recoge el
proyecto de ley propuesto. Hinzpeter nos dice que cada vez que hay
movilización en la calle “las personas se ven afectadas”, “personas
comunes y corrientes”, “vecinos de los barrios”; entonces se reivindica
la necesidad de proteger el orden público”- comenta Gutiérrez.
Respecto de los sancionados la Ley
Hinzpeter apunta a criminalizar cualquier convocatoria de protesta
social. Bajo el título Modificación del tipo penal de desórdenes
públicos, dice que “se propone establecer claramente una responsabilidad
penal para quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado,
desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importe la
realización de determinados hechos graves”.
Entre los hecho graves descritos están
interrumpir algún servicio público, donde se incluye el de transporte. O
sea, los usuarios del Transantiago que se toman la calle luego de
esperar más de una hora algún bus para llegar a sus trabajos, como
ocurre habitualmente, serían sancionados con una pena de presidio menor
en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años de prisión.
La misma letra C del
proyecto incluye como “desórdenes públicos penalmente relevantes”, a
quienes ocupen una vivienda, un colegio o universidad, industrias, o si
alteran “la libre circulación de las personas o vehículos por puentes,
calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes”.
PROHIBIR ENTRAR AL CENTRO
Este miércoles la Comisión de seguridad
Ciudadana aplazó la discusión del proyecto para el 18 de julio próximo,
luego de acoger 8 indicaciones de diputados UDI.
Entre las propuestas de los diputados
oficialistas hay algunas que merecen ser explicitas, no sólo por lo
sancionador sino que sobre todo sobre su aplicación. El diputado UDI, Arturo Squella,
dijo que “queremos que se permita a los jueces poder tomar medidas
cautelares en un juicio, como por ejemplo que personas que
reiteradamente participen en estas marchas solamente para realizar actos
de violencia, pueda ser prohibido su ingreso al centro de Santiago”,
dijo Letelier.
En tanto, el diputado de RN, Cristian Monckeberg,
centra sus esfuerzos en penalizar andar encapuchado. “Si mi delito
tiene una pena de 541 días a tres años, si estaba encapuchado
cometiéndolo, bueno, la sanción va a ser un grado más, es decir, de tres
años y un día a cinco años”- propone.
Por su parte, Carlos Montes
diputado PS, advirtió que de aprobarse la normativa, Chile se arriesga a
recibir una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El diputado Gabriel Sílber,
integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuenta que “como
Concertación solicitamos un plazo de 2 semanas para conocer a fondo el
proyecto de ley. Vamos a consultar a juristas y asesores”. Sílber
advierte que el articulo que hace responsables a quienes convocan a una
manifestación de los virtuales destrozos que puedan ocasionarse durante
su transcurso “no resiste ningún análisis jurídico, conculca el derecho
de reunión y a la libertad de expresión”.
¿LA CULPA DE LOS JUECES?
Cualquier día después de la marcha
estudiantil una fuente obligada es el alcalde de Santiago, Pablo
Zalaquett, quien el viernes reciente dijo que “algunos jueces
garantistas no se mojan en Chile”, apuntando con ello a los jueces tras
la absolución de la mayoría de los detenidos en la protesta del día
anterior.
“Yo he visto que le entregan
antecedentes a los jueces, pero ellos piden pruebas insólitas”, aseguró
Zalaquett en radio Concierto agregando que “algunos jueces garantistas
no se mojan en Chile, les entregan pruebas y le faltan pantalones”.
Sus juicios fueron apoyados por los
medios exhibiendo a los jóvenes absueltos en tribunales y enfatizando
que sólo 2 detenidos quedaron en prisión preventiva. Claro que los
medios ni siquiera se preocupan de revisar si es que efectivamente los
detenidos por carabineros son los que provocan los daños.
Un juez que pide reserva de su nombre,
debido a que “no podemos defendernos públicamente porque tenemos
prohibición de hablar” sale al paso de la puesta en discurso de la
prensa. A su juicio “somos un chivo expiatorio. La prensa tiene que
informar correctamente a la ciudadanía, la prensa no es una opinión
publica es la opinión publicada o, mejor dicho, la ficción de ciertos
grupos de interés”.
El magistrado explica que la libertad de
la mayoría de los detenidos en las protestas es porque carabineros no
entregan las pruebas suficientes que permitan incriminarlos. “Los jueces
cuando tenemos todos los antecedentes necesarios aplicamos la ley. Si
alguien lanza una molotov y se acusa con pruebas suficientes de que esa
persona fue, no se aplica la libertad”- sostiene.
El juez acusa que de fondo hay una
falencia de carabineros en aportar pruebas concretas para quitarle la
libertad a alguien. “Lo que pasa es que ni el Ministerio Público ni
carabineros entregan los antecedentes suficientes para incriminar a una
persona”.
Luego agrega que “los jueces no son
responsables de que otras instituciones hagan mal la pega. No es nuestra
función perseguir a delincuentes, esa es responsabilidad del Ministerio
Público y de las policías. Nosotros estamos para ver si la persona
acusada cometió el ilícito o no. No tenemos responsabilidades en
seguridad ciudadana. Los jueces no somos policías”.
Respecto del rol de la prensa en este
imaginario, Sílber comenta que “obviamente se han reducido las demandas
ciudadanas a una caricatura, pasamos de una demanda de educación pública
gratuita a un debate sobre seguridad pública. Así se pone a través de
los medios a la oposición entre la espada y la pared. Es un
reduccionismo informativo que parece que la prensa, la mayoría de los
medios, han abonado y cooperado para que se instale”.
MARCHA CONTRA LA LEY HINZPETER
Para este viernes 6 de Julio de 2012 a
las 18:30 hrs. en Alameda con Ahumada (Santiago) está convocada una
marcha en rechazo a la ofensiva de Hinzpeter y los medios.
Mauricio Becerra Rebolledo
@kalidoscop
El Ciudadano
LEA EL LEY HINZPETER
Vìa:
http://www.elciudadano.cl/2012/07/04/54614/la-ofensiva-del-gobierno-y-los-medios-para-aprobar-la-ley-hinzpeter/
http://www.elciudadano.cl/2012/07/04/54614/la-ofensiva-del-gobierno-y-los-medios-para-aprobar-la-ley-hinzpeter/
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