martes, 30 de julio de 2013

México: El otro Oaxaca y sus presos políticos ...por Santiago Navarro F., Colectivo La Voz de los Xiches, Veredas Autónomas, Agencia SubVersiones y Centro de Medios Libres

Álvaro Sebastián, preso político loxicha, siempre estuvo consciente de la posibilidad de la represión, y también de que solamente por la organización pueden salir libres.
http://desinformemonos.org/2013/07/el-otro-oaxaca-y-sus-presos-politicos/print/
 
5a PIEZA DEL ROMPECABEZAS LOXICHA
 
“Nuestro delito es reclamar nuestros derechos, nuestra lengua, nuestra autonomía. Estamos presos por reclamar que las empresas extranjeras dejen de llevarse nuestros recursos naturales”.
Voz de uno de los presos políticos de Oaxaca en 2006, durante la visita del Delegado Zero.
No se puede hablar del caso Álvaro Sebastián y de los presos políticos loxicha sin antes hablar del contexto económico, político y social de Oaxaca, pues es uno de los referentes más importantes del descontento social de esta ultima década. Se trata de un descontento que se expresó en la movilización de más de dos millones de personas en las calles y que tuvo como efecto una represión y persecución masiva de los inconformes, que dejó 26 asesinatos, más de 500 detenidos [2] y alrededor de 380 casos de tortura. Esta Oaxaca es al mismo tiempo un referente de la inversión nacional y extranjera para quienes la consideran un espacio geoestratégico para la nueva economía verde.
El Índice de Confianza de la Inversión Extranjera Directa, elaborado por la firma global de consultoría A.T. Kearney, señala que México se encuentra dentro de los 10 países más confiables para invertir. La Encuesta de Perspectivas Mundiales de Inversión 2013 – 2015 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), indica que México es el séptimo destino prioritario para la inversión en el mundo.
Dentro de México, Oaxaca ocupa un papel determinante como parte del stock mundial de recursos naturales que sirven para potenciar lo que se conoce como “Economía Verde [3]”, pues es considerado como un espacio estratégico que promete un sorbo de oxígeno a un sistema económico que da patadas de ahogado.
Oaxaca es uno de los tantos lugares donde se desarrollan megaproyectos de gran alcance, como la construcción de un conjunto de parques eólicos [4] -considerado uno de los mas importantes de Latinoamérica-, presas hidroeléctricas, siembra de moncultivos de palma africana, así como el decreto de Áreas Naturales Protegidas y patentes de la biodiversidad, entre otros. Al mismo tiempo que se promueven las energías limpias y la mercantilización de los ecosistemas y comunidades en su conjunto, se promueve la minería a cielo abierto, la industria forestal, la producción de maíz y alimentos transgenicos, la construcción de cárceles privadas [5] y se proyecta infraestructura a gran escala, como la construcción de carreteras para la circulación de mercancías, infraestructura para la administración y flujo de la energía.
Todos estos proyectos están enmarcados dentro del Plan Puebla Panamá (PPP) implementado desde el 2001 y renovado con el nombre de Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica o “Proyecto Mesoamérica”. Varios analistas lo conocen como la segunda fase o la continuidad del PPP, que se pinta de verde a través de, entre otras cosas que se pueden encontrar en su portal oficial, las nuevas líneas de inversión sobre energías limpias o renovables y bioenergéticos.
La gran mayoría de estos proyectos no benefician directamente a las comunidades, como es el caso del proyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec, donde la gente resiste para detener este proyecto devastador, como lo dice uno de los miembros de la barricada de la Séptima sección de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, quien actualmente esta escondido por tener una orden de aprehensión.
Estos proyectos se implementan sin consulta [6] alguna hacia las comunidades indígenas y campesinas, o peor aún, mediante mentiras porque no todos los pueblos entienden y hablan bien el español, o por medio de la compra de autoridades y personalidades con cierto poder. Si estos mecanismos no funcionan, se fragmentan las comunidades y se crean grupos de choque [7] que permiten la intervención de la policía o el ejército para mantener el orden y la paz que requieren los inversionistas para dar continuidad a sus proyectos.
Este es el contrate de un Oaxaca atractivo para las grandes inversiones transnacionales; el otro Oaxaca ocupa el tercer lugar en pobreza y pobreza extrema de las 32 entidades federativas de México. Según el Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Oaxaca 2012 (CONEVAL), más del 70 por ciento de la población oaxaqueña sobrevive con una economía por debajo del salario mínimo. Comunidades enteras se vieron obligadas a migrar a otras entidades o hacia Estados Unidos, principalmente. Algunos de los que se quedan se organizan y luchar por mejorar su situación o para detener el despojo de sus bienes comunes.
Álvaro Sebastián Ramírez, preso injusta e ilegalmente, es reconocido como un luchador social que lucha desde los años setenta, que preocupado por las condiciones de su región, se vio en la necesidad de organizarse para mejorar la situación que ha vivido su gente, señala Erica Sebastián, hija del preso político. La joven también comenta que su padre sabía que su encarcelamiento podría suceder si decidía luchar por una vida más justa y digna. “Yo sabía que por mi lucha en algún momento me meterían preso o me matarían y quizás ningún abogado podría sacarme, porque en este país no hay justicia”, señaló anteriormente el preso.
En el 2006, la Otra Campaña, iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hizo un recorrido por todo México para identificarse con otras luchas. En su paso por Oaxaca visitó a los presos políticos recluidos en el penal de Santa Maria Ixcotel, donde se encontraban los presos políticos loxicha. El Subcomandante Marcos, en ese momento Delegado Zero, dijo que en México había que ponerle nombre a la injusticia, y que ese nombre era el de cada uno de los presos políticos de conciencia porque siempre los que pagan, son la gente humilde y sencilla, como los indígenas que por esa condición llenan las cárceles. En ese mismo sentido se refirió a la democracia y a la libertad en un contexto electoral que vivía México en el 2006. “Ningún país puede llamarse democrático y libre mientras tenga presos y presas por el delito de pensar diferente. Este país reparte órdenes de aprensión como si repartiera despensas para buscar  culpables”, acusó el subcomandante.
Álvaro Sebastián Ramírez y los presos Loxicha son parte del contexto histórico del Otro Oaxaca, Ése donde cada organización social tiene presos políticos, perseguidos, exiliados y asesinados. En el año 2006, cuando los profesores de la Sección 22 del sindicato fueron reprimidos, se detonó una movilización masiva de más de dos millones de personas, donde se expresó de diferentes maneras el descontento social y se tomó como primera exigencia la destitución del gobernador Ulises Ruiz. El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y es el pueblo quien tiene el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En ningún momento se respetó la voz y la exigencia de la gente en Oaxaca, por el contrario, se liberaron cientos de órdenes de aprensión y se agudizó la represión y persecución de los inconformes.
A partir del 2006, La Otra Campaña dejó en manos de la Otra Campaña Oaxaca que levantara una iniciativa por la liberación de presos a nivel nacional. Actualmente, el colectivo de la Voz de los Xiches en Prisión, junto con la Red Contra la Represión y por la Solidaridad, mantiene una lucha con los presos políticos de conciencia de México.
Uno de los miembros del colectivo de la Voz de los Xichés, quien acompaña el caso de Álvaro Sebastián, menciona que la lucha con los presos se dio a partir de que ellos mismos asumieron su caso. Aclara que no se trata solamente de lograr la liberación de los presos adherentes a la Sexta Declaración, sino de todos los presos políticos y  de conciencia del país. Álvaro Sebastián Ramírez se identificó con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y La Otra Campaña, actualmente “La Sexta”, de la que es adherente y promotor desde dentro de la prisión.
“Álvaro se reconoce en el trabajo que han hecho lo compañeros zapatistas, desde su condición de indígena. Cree firmemente en los principios contenidos en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y se asume como integrante de Red Contra la Represión y la Solidaridad. Sabe que es luchando como logrará su libertad”, finaliza Eric, de La Voz de los Xichés.
Publicado el 29 de julio de 2013
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La historia de los presos loxicha se encuentra en un mar de dudas y caos controlado por las mismas instancias de gobierno y de los medios de comunicación masiva. Los medios del poder siguen llenando de obscuridad lo que entendemos como un acto ilegal e insoportable, la prisión política en este país se esconde debajo de un discurso de miedo y de falsas hipótesis que arrastran a seres humanos con nombre, rostro, dignidad e historia.
Con esta convergencia de medios buscamos desanudar y desenmarañar una parte de esta historia de lucha y represión e iluminar la vida y el recorrido de resistencia de nuestras compañeras presas políticas. Nuestro territorio político y ético parte del consenso y de nuestra adherencia a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Luchar con un preso político es luchar por la libertad, libertad de todas y todos los que queremos un mundo donde quepan muchos mundos.
Buscamos amplificar la voz del preso político Álvaro Sebastián Ramírez y de sus familiares adherentes a la Sexta, buscamos resaltar la historia y la lucha de los siete presos políticos loxicha, buscamos articular con otros familiares de presos políticos para crear canales autónomos de diálogo rebelde.


Vía:

 http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/64280-m%C3%A9xico-el-otro-oaxaca-y-sus-presos-pol%C3%ADticos.html
MÉXICO, D.F. (apro).- En noviembre de 2010, en el poblado El Espinal, cercano a Papantla, Veracruz, ante el constante asedio del crimen organizado y su consecuente afectación a la economía de la localidad, el dinero empezó a escasear.
Cada día, las familias batallaban para “estirar su dinero” y cubrir sus necesidades primarias; la economía familiar iba en detrimento mientras que los bienes de primera necesidad se pudrían en los estantes de los locales comerciales. La carne, el pollo, la verdura y demás perecederos iban a dar al bote de la basura en lugar de los estómagos de niños y adultos.
Ante la escasez de dinero de la población y para reactivar la economía y restablecer el sentido de solidaridad, un grupo de maestros organizó un sistema de trueque dando vida a un billete llamado túmin que, en totonaca, significa “dinero”.
Se concibieron billetes de 1, 5, 10 y 20 pesos. Más de cien establecimientos entraron al intercambio y la economía del pequeño poblado se reactivó.
Así, aquellos locales que aceptaban participar obtenían 500 túmins para canjearlos por 10% del valor del producto. Por ejemplo, si un kilogramo de carne cuenta 70 pesos, una persona paga 50 pesos mexicanos y 20 más en túmins; luego el dueño va y se compra zapatos y da 90% en pesos y el resto en túmins.
La comunidad totonaca de El Espinal logró lo que no han podido los sesudos analistas egresados de Harvard y forjados en el Fondo Monetario Internacional que hoy despachan en el Banco de México: reactivar, acelerar la economía.
Ante “un Estado fallido”, la comunidad que se localiza a cuatro horas de la frontera con Tamaulipas, otra entidad asediada por el crimen organizado, logró sustituir a una de las instituciones más importantes del país, el Banxico, encargado de aplicar la política económica de México.
En otras zonas del país, decenas de comunidades de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Morelos, así como al menos dos de Veracruz, e incluso otras en Chihuahua, pasaron a ocupar el vacío que el Estado ha propiciado al desatender otra necesidad primordial de la población: su seguridad, y crearon sus propios grupos de autodefensa.
Igualmente avasalladas por el crimen organizado, las comunidades de Michoacán, Guerrero y demás decidieron hacer su propio gobierno, pues la Federación y las autoridades estatales, e incluso las municipales, quedaron atrapadas en su ineficiencia, corrupción y complicidad con el crimen organizado.
Los arreglos que en algunos lugares pudo haber establecido la autoridad oficial con el crimen organizado, para dejarlo trabajar, o en otros casos por incapacidad, fue provocando hartazgo, desesperación y coraje entre las comunidades, las cuales se organizaron para cuidarse entre sí, velar por sus niños y ancianos, por sus familias.
El “Estado fallido” cansó a los pobladores de El Troncón, Zacatzonapa, Buenavista Tomatlán y una treintena más de comunidades ubicadas en por lo menos siete entidades de la República para crear sus propios grupos de autodefensa.
Desde febrero, la presencia de estos grupos empezó a ser noticia, pero los gobiernos estatales y federal nada hicieron por atender las demandas de las distintas poblaciones. El crimen organizado continuó imponiendo sus reglas.
En junio pasado, la agencia de noticias Bloomberg publicó un reportaje que tiene que ver con el crimen organizado, los grupos de autodefensa, la inflación, el precio del limón y la desesperación del titular del Banxico, Agustín Carstens.
En el texto se hace referencia cómo el crimen organizado en Michoacán amplió su nociva influencia al control de cosechas y comercialización del limón y el aguacate. Ellos empezaron a suplantar a los llamados coyotes para decir a quién se le compraba, cuánto o qué tenían que sembrar. La consecuencia inmediata fue que el precio se fue a las nubes y por consiguiente se generó un efecto inflacionario. Y esto trae también a la mente que el precio del jitomate aumentó en 400%, no olvidemos que en Sinaloa, tierra con elevada presencia del crimen organizado, también se siembra.
Así, los precios de la canasta básica se fueron a las nubes y la inflación subió. Nadie puede olvidar que justamente los meses de marzo y abril los precios escalaron considerablemente, aunque también es cierto que hoy van a la baja.
Pero siguiendo con la agencia Bloomberg, ésta sostiene en su reportaje que el alza en la inflación, provocada por el asedio del crimen organizado en las zonas de cultivo, fue lo que llevó al gobierno federal a actuar y enviar cientos de efectivos militares para poner orden convirtiendo a Michoacán en un polvorín.
De nueva cuenta, el vacío de poder, el Estado fallido en diversas regiones, la inoperancia de las instituciones han hecho reaccionar a las comunidades directamente afectadas, y sólo cuando el gobierno federal ve amenazada su política nacional, es decir, el aumento de la inflación, decide actuar, aunque ya quedó claro que no es con más efectivos militares como se acaba con el crimen organizado.
Me pregunto qué hará el gobierno federal cuando los entre 25 y 40 mil millones de dólares que se lavan en México que, según el investigador Ramón García del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) circula por el sistema bancario nacional, se haga incontrolable, ¿acaso llamará al Ejército para que apoye a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?
Este gobierno, que funciona entre vacíos de poder y el Estado fallido, lo que debiera hacer es poner en marcha programas sociales para atender zonas que están en la miseria y reactivarles su economía sin necesidad de que éstas creen su propia moneda, que a final de cuentas eso sí asusta al Banxico.
¿Por qué no crea ya el reglamento contra el lavado de dinero para cortar de tajo el único fin que persigue el crimen organizado: el dinero negro?; ¿por qué no capacita y crea verdaderos sistemas de seguridad y deja de obligar a poblado enteros a crear su propia sistema de defensa que, dicho sea de paso, están en todo su derecho de buscar la manera de brindarse seguridad?
Sólo esperemos que la incapacidad e insensibilidad de quienes están al frente de Banxico no los empujen a llevar a El Espinal las tropas del Ejército y busquen encarcelar a comerciantes y habitantes que ya usan orgullosamente el túmin.
Ojalá y quienes están en el gobierno entendieran todas estas alertas; de lo contrario, la población seguirá organizándose, lentamente, paso a paso, para hacer por mano propia lo que el gobierno no ha podido: darse gobernabilidad, crecimiento económico y seguridad.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Twitter: @jesusaproceso
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MÉXICO, D.F. (apro).- En noviembre de 2010, en el poblado El Espinal, cercano a Papantla, Veracruz, ante el constante asedio del crimen organizado y su consecuente afectación a la economía de la localidad, el dinero empezó a escasear.
Cada día, las familias batallaban para “estirar su dinero” y cubrir sus necesidades primarias; la economía familiar iba en detrimento mientras que los bienes de primera necesidad se pudrían en los estantes de los locales comerciales. La carne, el pollo, la verdura y demás perecederos iban a dar al bote de la basura en lugar de los estómagos de niños y adultos.
Ante la escasez de dinero de la población y para reactivar la economía y restablecer el sentido de solidaridad, un grupo de maestros organizó un sistema de trueque dando vida a un billete llamado túmin que, en totonaca, significa “dinero”.
Se concibieron billetes de 1, 5, 10 y 20 pesos. Más de cien establecimientos entraron al intercambio y la economía del pequeño poblado se reactivó.
Así, aquellos locales que aceptaban participar obtenían 500 túmins para canjearlos por 10% del valor del producto. Por ejemplo, si un kilogramo de carne cuenta 70 pesos, una persona paga 50 pesos mexicanos y 20 más en túmins; luego el dueño va y se compra zapatos y da 90% en pesos y el resto en túmins.
La comunidad totonaca de El Espinal logró lo que no han podido los sesudos analistas egresados de Harvard y forjados en el Fondo Monetario Internacional que hoy despachan en el Banco de México: reactivar, acelerar la economía.
Ante “un Estado fallido”, la comunidad que se localiza a cuatro horas de la frontera con Tamaulipas, otra entidad asediada por el crimen organizado, logró sustituir a una de las instituciones más importantes del país, el Banxico, encargado de aplicar la política económica de México.
En otras zonas del país, decenas de comunidades de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Morelos, así como al menos dos de Veracruz, e incluso otras en Chihuahua, pasaron a ocupar el vacío que el Estado ha propiciado al desatender otra necesidad primordial de la población: su seguridad, y crearon sus propios grupos de autodefensa.
Igualmente avasalladas por el crimen organizado, las comunidades de Michoacán, Guerrero y demás decidieron hacer su propio gobierno, pues la Federación y las autoridades estatales, e incluso las municipales, quedaron atrapadas en su ineficiencia, corrupción y complicidad con el crimen organizado.
Los arreglos que en algunos lugares pudo haber establecido la autoridad oficial con el crimen organizado, para dejarlo trabajar, o en otros casos por incapacidad, fue provocando hartazgo, desesperación y coraje entre las comunidades, las cuales se organizaron para cuidarse entre sí, velar por sus niños y ancianos, por sus familias.
El “Estado fallido” cansó a los pobladores de El Troncón, Zacatzonapa, Buenavista Tomatlán y una treintena más de comunidades ubicadas en por lo menos siete entidades de la República para crear sus propios grupos de autodefensa.
Desde febrero, la presencia de estos grupos empezó a ser noticia, pero los gobiernos estatales y federal nada hicieron por atender las demandas de las distintas poblaciones. El crimen organizado continuó imponiendo sus reglas.
En junio pasado, la agencia de noticias Bloomberg publicó un reportaje que tiene que ver con el crimen organizado, los grupos de autodefensa, la inflación, el precio del limón y la desesperación del titular del Banxico, Agustín Carstens.
En el texto se hace referencia cómo el crimen organizado en Michoacán amplió su nociva influencia al control de cosechas y comercialización del limón y el aguacate. Ellos empezaron a suplantar a los llamados coyotes para decir a quién se le compraba, cuánto o qué tenían que sembrar. La consecuencia inmediata fue que el precio se fue a las nubes y por consiguiente se generó un efecto inflacionario. Y esto trae también a la mente que el precio del jitomate aumentó en 400%, no olvidemos que en Sinaloa, tierra con elevada presencia del crimen organizado, también se siembra.
Así, los precios de la canasta básica se fueron a las nubes y la inflación subió. Nadie puede olvidar que justamente los meses de marzo y abril los precios escalaron considerablemente, aunque también es cierto que hoy van a la baja.
Pero siguiendo con la agencia Bloomberg, ésta sostiene en su reportaje que el alza en la inflación, provocada por el asedio del crimen organizado en las zonas de cultivo, fue lo que llevó al gobierno federal a actuar y enviar cientos de efectivos militares para poner orden convirtiendo a Michoacán en un polvorín.
De nueva cuenta, el vacío de poder, el Estado fallido en diversas regiones, la inoperancia de las instituciones han hecho reaccionar a las comunidades directamente afectadas, y sólo cuando el gobierno federal ve amenazada su política nacional, es decir, el aumento de la inflación, decide actuar, aunque ya quedó claro que no es con más efectivos militares como se acaba con el crimen organizado.
Me pregunto qué hará el gobierno federal cuando los entre 25 y 40 mil millones de dólares que se lavan en México que, según el investigador Ramón García del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) circula por el sistema bancario nacional, se haga incontrolable, ¿acaso llamará al Ejército para que apoye a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?
Este gobierno, que funciona entre vacíos de poder y el Estado fallido, lo que debiera hacer es poner en marcha programas sociales para atender zonas que están en la miseria y reactivarles su economía sin necesidad de que éstas creen su propia moneda, que a final de cuentas eso sí asusta al Banxico.
¿Por qué no crea ya el reglamento contra el lavado de dinero para cortar de tajo el único fin que persigue el crimen organizado: el dinero negro?; ¿por qué no capacita y crea verdaderos sistemas de seguridad y deja de obligar a poblado enteros a crear su propia sistema de defensa que, dicho sea de paso, están en todo su derecho de buscar la manera de brindarse seguridad?
Sólo esperemos que la incapacidad e insensibilidad de quienes están al frente de Banxico no los empujen a llevar a El Espinal las tropas del Ejército y busquen encarcelar a comerciantes y habitantes que ya usan orgullosamente el túmin.
Ojalá y quienes están en el gobierno entendieran todas estas alertas; de lo contrario, la población seguirá organizándose, lentamente, paso a paso, para hacer por mano propia lo que el gobierno no ha podido: darse gobernabilidad, crecimiento económico y seguridad.
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MÉXICO, D.F. (apro).- En noviembre de 2010, en el poblado El Espinal, cercano a Papantla, Veracruz, ante el constante asedio del crimen organizado y su consecuente afectación a la economía de la localidad, el dinero empezó a escasear.
Cada día, las familias batallaban para “estirar su dinero” y cubrir sus necesidades primarias; la economía familiar iba en detrimento mientras que los bienes de primera necesidad se pudrían en los estantes de los locales comerciales. La carne, el pollo, la verdura y demás perecederos iban a dar al bote de la basura en lugar de los estómagos de niños y adultos.
Ante la escasez de dinero de la población y para reactivar la economía y restablecer el sentido de solidaridad, un grupo de maestros organizó un sistema de trueque dando vida a un billete llamado túmin que, en totonaca, significa “dinero”.
Se concibieron billetes de 1, 5, 10 y 20 pesos. Más de cien establecimientos entraron al intercambio y la economía del pequeño poblado se reactivó.
Así, aquellos locales que aceptaban participar obtenían 500 túmins para canjearlos por 10% del valor del producto. Por ejemplo, si un kilogramo de carne cuenta 70 pesos, una persona paga 50 pesos mexicanos y 20 más en túmins; luego el dueño va y se compra zapatos y da 90% en pesos y el resto en túmins.
La comunidad totonaca de El Espinal logró lo que no han podido los sesudos analistas egresados de Harvard y forjados en el Fondo Monetario Internacional que hoy despachan en el Banco de México: reactivar, acelerar la economía.
Ante “un Estado fallido”, la comunidad que se localiza a cuatro horas de la frontera con Tamaulipas, otra entidad asediada por el crimen organizado, logró sustituir a una de las instituciones más importantes del país, el Banxico, encargado de aplicar la política económica de México.
En otras zonas del país, decenas de comunidades de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Morelos, así como al menos dos de Veracruz, e incluso otras en Chihuahua, pasaron a ocupar el vacío que el Estado ha propiciado al desatender otra necesidad primordial de la población: su seguridad, y crearon sus propios grupos de autodefensa.
Igualmente avasalladas por el crimen organizado, las comunidades de Michoacán, Guerrero y demás decidieron hacer su propio gobierno, pues la Federación y las autoridades estatales, e incluso las municipales, quedaron atrapadas en su ineficiencia, corrupción y complicidad con el crimen organizado.
Los arreglos que en algunos lugares pudo haber establecido la autoridad oficial con el crimen organizado, para dejarlo trabajar, o en otros casos por incapacidad, fue provocando hartazgo, desesperación y coraje entre las comunidades, las cuales se organizaron para cuidarse entre sí, velar por sus niños y ancianos, por sus familias.
El “Estado fallido” cansó a los pobladores de El Troncón, Zacatzonapa, Buenavista Tomatlán y una treintena más de comunidades ubicadas en por lo menos siete entidades de la República para crear sus propios grupos de autodefensa.
Desde febrero, la presencia de estos grupos empezó a ser noticia, pero los gobiernos estatales y federal nada hicieron por atender las demandas de las distintas poblaciones. El crimen organizado continuó imponiendo sus reglas.
En junio pasado, la agencia de noticias Bloomberg publicó un reportaje que tiene que ver con el crimen organizado, los grupos de autodefensa, la inflación, el precio del limón y la desesperación del titular del Banxico, Agustín Carstens.
En el texto se hace referencia cómo el crimen organizado en Michoacán amplió su nociva influencia al control de cosechas y comercialización del limón y el aguacate. Ellos empezaron a suplantar a los llamados coyotes para decir a quién se le compraba, cuánto o qué tenían que sembrar. La consecuencia inmediata fue que el precio se fue a las nubes y por consiguiente se generó un efecto inflacionario. Y esto trae también a la mente que el precio del jitomate aumentó en 400%, no olvidemos que en Sinaloa, tierra con elevada presencia del crimen organizado, también se siembra.
Así, los precios de la canasta básica se fueron a las nubes y la inflación subió. Nadie puede olvidar que justamente los meses de marzo y abril los precios escalaron considerablemente, aunque también es cierto que hoy van a la baja.
Pero siguiendo con la agencia Bloomberg, ésta sostiene en su reportaje que el alza en la inflación, provocada por el asedio del crimen organizado en las zonas de cultivo, fue lo que llevó al gobierno federal a actuar y enviar cientos de efectivos militares para poner orden convirtiendo a Michoacán en un polvorín.
De nueva cuenta, el vacío de poder, el Estado fallido en diversas regiones, la inoperancia de las instituciones han hecho reaccionar a las comunidades directamente afectadas, y sólo cuando el gobierno federal ve amenazada su política nacional, es decir, el aumento de la inflación, decide actuar, aunque ya quedó claro que no es con más efectivos militares como se acaba con el crimen organizado.
Me pregunto qué hará el gobierno federal cuando los entre 25 y 40 mil millones de dólares que se lavan en México que, según el investigador Ramón García del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) circula por el sistema bancario nacional, se haga incontrolable, ¿acaso llamará al Ejército para que apoye a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?
Este gobierno, que funciona entre vacíos de poder y el Estado fallido, lo que debiera hacer es poner en marcha programas sociales para atender zonas que están en la miseria y reactivarles su economía sin necesidad de que éstas creen su propia moneda, que a final de cuentas eso sí asusta al Banxico.
¿Por qué no crea ya el reglamento contra el lavado de dinero para cortar de tajo el único fin que persigue el crimen organizado: el dinero negro?; ¿por qué no capacita y crea verdaderos sistemas de seguridad y deja de obligar a poblado enteros a crear su propia sistema de defensa que, dicho sea de paso, están en todo su derecho de buscar la manera de brindarse seguridad?
Sólo esperemos que la incapacidad e insensibilidad de quienes están al frente de Banxico no los empujen a llevar a El Espinal las tropas del Ejército y busquen encarcelar a comerciantes y habitantes que ya usan orgullosamente el túmin.
Ojalá y quienes están en el gobierno entendieran todas estas alertas; de lo contrario, la población seguirá organizándose, lentamente, paso a paso, para hacer por mano propia lo que el gobierno no ha podido: darse gobernabilidad, crecimiento económico y seguridad.
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MÉXICO, D.F. (apro).- En noviembre de 2010, en el poblado El Espinal, cercano a Papantla, Veracruz, ante el constante asedio del crimen organizado y su consecuente afectación a la economía de la localidad, el dinero empezó a escasear.
Cada día, las familias batallaban para “estirar su dinero” y cubrir sus necesidades primarias; la economía familiar iba en detrimento mientras que los bienes de primera necesidad se pudrían en los estantes de los locales comerciales. La carne, el pollo, la verdura y demás perecederos iban a dar al bote de la basura en lugar de los estómagos de niños y adultos.
Ante la escasez de dinero de la población y para reactivar la economía y restablecer el sentido de solidaridad, un grupo de maestros organizó un sistema de trueque dando vida a un billete llamado túmin que, en totonaca, significa “dinero”.
Se concibieron billetes de 1, 5, 10 y 20 pesos. Más de cien establecimientos entraron al intercambio y la economía del pequeño poblado se reactivó.
Así, aquellos locales que aceptaban participar obtenían 500 túmins para canjearlos por 10% del valor del producto. Por ejemplo, si un kilogramo de carne cuenta 70 pesos, una persona paga 50 pesos mexicanos y 20 más en túmins; luego el dueño va y se compra zapatos y da 90% en pesos y el resto en túmins.
La comunidad totonaca de El Espinal logró lo que no han podido los sesudos analistas egresados de Harvard y forjados en el Fondo Monetario Internacional que hoy despachan en el Banco de México: reactivar, acelerar la economía.
Ante “un Estado fallido”, la comunidad que se localiza a cuatro horas de la frontera con Tamaulipas, otra entidad asediada por el crimen organizado, logró sustituir a una de las instituciones más importantes del país, el Banxico, encargado de aplicar la política económica de México.
En otras zonas del país, decenas de comunidades de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Morelos, así como al menos dos de Veracruz, e incluso otras en Chihuahua, pasaron a ocupar el vacío que el Estado ha propiciado al desatender otra necesidad primordial de la población: su seguridad, y crearon sus propios grupos de autodefensa.
Igualmente avasalladas por el crimen organizado, las comunidades de Michoacán, Guerrero y demás decidieron hacer su propio gobierno, pues la Federación y las autoridades estatales, e incluso las municipales, quedaron atrapadas en su ineficiencia, corrupción y complicidad con el crimen organizado.
Los arreglos que en algunos lugares pudo haber establecido la autoridad oficial con el crimen organizado, para dejarlo trabajar, o en otros casos por incapacidad, fue provocando hartazgo, desesperación y coraje entre las comunidades, las cuales se organizaron para cuidarse entre sí, velar por sus niños y ancianos, por sus familias.
El “Estado fallido” cansó a los pobladores de El Troncón, Zacatzonapa, Buenavista Tomatlán y una treintena más de comunidades ubicadas en por lo menos siete entidades de la República para crear sus propios grupos de autodefensa.
Desde febrero, la presencia de estos grupos empezó a ser noticia, pero los gobiernos estatales y federal nada hicieron por atender las demandas de las distintas poblaciones. El crimen organizado continuó imponiendo sus reglas.
En junio pasado, la agencia de noticias Bloomberg publicó un reportaje que tiene que ver con el crimen organizado, los grupos de autodefensa, la inflación, el precio del limón y la desesperación del titular del Banxico, Agustín Carstens.
En el texto se hace referencia cómo el crimen organizado en Michoacán amplió su nociva influencia al control de cosechas y comercialización del limón y el aguacate. Ellos empezaron a suplantar a los llamados coyotes para decir a quién se le compraba, cuánto o qué tenían que sembrar. La consecuencia inmediata fue que el precio se fue a las nubes y por consiguiente se generó un efecto inflacionario. Y esto trae también a la mente que el precio del jitomate aumentó en 400%, no olvidemos que en Sinaloa, tierra con elevada presencia del crimen organizado, también se siembra.
Así, los precios de la canasta básica se fueron a las nubes y la inflación subió. Nadie puede olvidar que justamente los meses de marzo y abril los precios escalaron considerablemente, aunque también es cierto que hoy van a la baja.
Pero siguiendo con la agencia Bloomberg, ésta sostiene en su reportaje que el alza en la inflación, provocada por el asedio del crimen organizado en las zonas de cultivo, fue lo que llevó al gobierno federal a actuar y enviar cientos de efectivos militares para poner orden convirtiendo a Michoacán en un polvorín.
De nueva cuenta, el vacío de poder, el Estado fallido en diversas regiones, la inoperancia de las instituciones han hecho reaccionar a las comunidades directamente afectadas, y sólo cuando el gobierno federal ve amenazada su política nacional, es decir, el aumento de la inflación, decide actuar, aunque ya quedó claro que no es con más efectivos militares como se acaba con el crimen organizado.
Me pregunto qué hará el gobierno federal cuando los entre 25 y 40 mil millones de dólares que se lavan en México que, según el investigador Ramón García del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) circula por el sistema bancario nacional, se haga incontrolable, ¿acaso llamará al Ejército para que apoye a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?
Este gobierno, que funciona entre vacíos de poder y el Estado fallido, lo que debiera hacer es poner en marcha programas sociales para atender zonas que están en la miseria y reactivarles su economía sin necesidad de que éstas creen su propia moneda, que a final de cuentas eso sí asusta al Banxico.
¿Por qué no crea ya el reglamento contra el lavado de dinero para cortar de tajo el único fin que persigue el crimen organizado: el dinero negro?; ¿por qué no capacita y crea verdaderos sistemas de seguridad y deja de obligar a poblado enteros a crear su propia sistema de defensa que, dicho sea de paso, están en todo su derecho de buscar la manera de brindarse seguridad?
Sólo esperemos que la incapacidad e insensibilidad de quienes están al frente de Banxico no los empujen a llevar a El Espinal las tropas del Ejército y busquen encarcelar a comerciantes y habitantes que ya usan orgullosamente el túmin.
Ojalá y quienes están en el gobierno entendieran todas estas alertas; de lo contrario, la población seguirá organizándose, lentamente, paso a paso, para hacer por mano propia lo que el gobierno no ha podido: darse gobernabilidad, crecimiento económico y seguridad.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
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