La UIP estaba ya acordonando la zona a las 6:30 de la mañana y han amenazado a los activistas que a las 8:00 desalojarían a la fuerza y con detenciones. La jornada se cierra con 24 detenidos por sentarse en la escalera como acto de resistencia pasiva, 12 de ellos. Entre las detenidas se encuentra una compañera de TerceraInformación. El ayuntamiento se sitúa como el más agresivo y menos dialogante de los desahuciadores.
El edificio de la EMV de la calle Unanimidad 35 lleva una racha de desahucios masivos. Isabel lleva viviendo allí desde el 93. Con una historia vital desgarradora, pensó en el suicidio cuando se enteró tarde y mal del desahucio. La lucha por su vivienda con las activistas le ha devuelto la sonrisa. Poco conocía de los planes del Ayuntamiento de privatizar la Empresa Municipal de la Vivienda. Pero conversando con ella el dato la encajaba perfectamente: “por eso hay muchas vecinas que están viendo rechazados los recibos. Nos estaba extrañando pero tiene sentido si por el impago de un mes te echan. Panda chorizos”. Dolores es víctima de violencia machista. Lleva viviendo en esa casa desde el 96. Nos cuenta que los desahucios en la zona han empezado hace cuatro años. Hasta entonces había mucha gente viviendo en esos pisos sin ni siquiera regularizar su situación y a nadie importaba. Sus condiciones y el vivir en Villaverde les invisibiliza como problema social. Además, dice, han estado pagando el alquiler sin problemas. En el edificio hay alquileres desde 24€, 50€ o 100€. Muchas de las mujeres que lideran la lucha por la vivienda digna hace tiempo que lo tienen claro: “en cuanto me echen, me espero, y vuelvo a abrir mi casa”, nos dice Isabel, “el concejal me ha ofrecido mudarme, pero esta es mi casa, no entiendo por qué me tengo que marchar”.
La EMV surgió para dar cobertura habitacional a personas sin recursos, pisos de protección oficial para familias de realojo o con riesgo de exclusión social. Cada caso es dramático y todas se quejan del maltrato y la violencia que se está ejerciendo sobre ellas desde el Ayuntamiento e incluso los Servicios Sociales. El Ayuntamiento alega deudas, como con las tasas universitarias o las privatizaciones de hospitales, pero no aclara de qué son esas deudas que terminan pagando las capas sociales más modestas. El Ayuntamiento de Madrid es uno de los más endeudados tras el paso de Gallardón como Alcalde, gobierno que se ha caracterizado por obras faraónicas como el cambio de sede del propio Ayuntamiento de la Plaza de la Villa al Edificio de Correos. Tampoco parece ayudar a mejorar la deuda la inútil campaña por un Madrid Olímpico, campaña que no ha cesado a pesar de la deuda.
La deuda como excusas pero la realidad es que el Gobierno del PP está teniendo un proceso de adelgazamiento del Estado, deshaciéndose de toda propiedad municipal que pueda aportar algún beneficio a empresas privadas donde terminan como consejeros delegados. La política económica pasa de tener un objetivo de bien público a un objetivo de beneficio empresarial. Con ese cambio de modelo cualquier privatización es justificable, y el uso de la violencia la única manera de conseguirlo.
En la web de plataforma arquitectura podemos ver los distritos donde hay vivienda municipal. Áreas que cuando se construyeron eran descampados, barriadas sin medios de transportes ni infraestructuras. Veinte años después son barrios pacíficos donde todo el mundo se conoce y con una red solidaria muy arraigada. Barrios donde lo que antes costaba 24€ al mes ahora se puede pedir 400€ y sigue pareciendo barato. Esta posibilidad especulativa viene reforzada por la dación de Botella a Cáritas de 1800 viviendas para casos de urgencia, pisos que no se están concediendo a la gente, con la opacidad que supone la gestión por parte de dicha entidad ligada a la iglesia católica y que están exentos de pagar el IBI. También se están acordando que sean las propias entidades bancarias las que usen sus pisos (en el mercado financiero conocidos como productos tóxicos) como base del alquiler social para familias sin recursos a cambio de exenciones fiscales y de que el Ayuntamiento cubra los impagos a través de un seguro. Con el actual mercado inmobiliario es la mejor opción ante un parque de más de 300.000 viviendas vacías en todo el territorio nacional.
Además de las viviendas habitadas la EMV está expropiando terrenos para construir con dinero municipal edificios que luego serán de explotación privada. Así denuncian distintas plataformas y activistas del barrio de Lavapiés que hoy celebran una mesa redonda para informar más a fondo sobre los planes privatizadores del Ayuntamiento y sus consecuencias.
Vía:
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article55415
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