El agotamiento de los recursos
hídricos afecta a gran parte del territorio chileno. Aunque las
autoridades arguyen que la causa de este fenómeno es el descenso de las
precipitaciones, existen otras razones.
La más importante de estas es la
apropiación, legal o ilegal, del agua por parte de megaindustrias
mineras, agrícolas y forestales.
A pesar que existe suficiente evidencia
del robo del agua realizado por influyentes empresarios y políticos,
ninguno de estos ha sido penalizado por sus acciones.
La Dirección General de Aguas emitió –en 2011 y 2012- sucesivos informes en los que responsabiliza directamente al exministro de Interior en el Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), el democratacristiano Edmundo Pérez Yoma, de la usurpación de agua a campesinos de la Provincia de Petorca (Región de Valparaíso).
Específicamente se pudo comprobar la captación ilegal de aguas del estero Los Ángeles, realizada desde el predio El Cóndor
de su propiedad. Las aguas ilegalmente extraídas llenan inmensos
embalses con que se dosifica el riego de grandes plantaciones de paltos
(aguacates).
La DGA responsabilizó también al empresario Osvaldo Jünemann (cuñado de Pérez Yoma); al exintendente de la Región Metropolitana durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), Marcelo Trivelli; y al diputado democratacristiano Eduardo Cerda, de realizar estas mismas prácticas.
A pesar de estar todo documentado, la
usurpación de agua de los mencionados empresarios y políticos continúa.
Como consecuencia de la depredación del vital elemento, los caudales de
los ríos Ligua y Petorca han desaparecido y las napas subterráneas de
sus cuencas están agotadas.
En la provincia de Petorca –donde
habitan unas 40 mil personas- el agua es distribuida a través de
camiones aljibes. Su provisión apenas alcanza para el consumo humano.
Nada queda para la ya casi extinta agricultura ni para la bebida de los
animales.
Con matices, esta situación se replica
en todo Chile. En el centro sur, donde hasta hace unos pocos lustros
había gran abundancia de agua, actualmente hay una grave sequía. En las
regiones del Bío Bío y La Frontera son decenas las comunas que sufren de
“emergencia hídrica”. Esta situación en gran parte se debe a la
vertiginosa expansión de los monocultivos forestales que hoy cubren unas
cinco millones de hectáreas en todo el país. Este fenómeno se ha visto
favorecido por el decreto ley 701, de 1974 -aún vigente-, que subsidia
las plantaciones de especies exóticas que succionan el agua hasta secar
las napas subterráneas.
En agosto pasado la Comisión Nacional de Riego (CNR)
señaló que 108 municipios –casi un tercio del total nacional- se
encontraban en “emergencia agrícola” y tres de ellos: Cabildo, Petorca y
La Ligua (Provincia de Petorca), se encontraban declarados como “zona
de catástrofe” por sequía.
Según sostiene el agrónomo André Moureau
en su reciente columna La crisis profunda del agua en Chile, el 75% de
los agricultores chilenos no han cosechado hace dos años justamente como
consecuencia de la falta de agua.
De acuerdo a Moreau, esta realidad “más
que a efectos únicamente ligados al cambio climático, cuyas nefastas
consecuencias están más que probadas y documentadas, obedecen a otro
aspecto menos mencionado: no se avanza en reformas legales que
garanticen la protección del agua, su acceso equitativo por parte de la
población y el abastecimiento preferencial para los pequeños
agricultores y sistemas económicos de subsistencia”.
Ante la evidencia de la crisis por falta
de agua, el dos de abril la Ministra de Obras Públicas, Loreto Silva,
reveló que el Ejecutivo implementará en el corto plazo un plan de
bombardeo de nubes para estimular las precipitaciones señalando además
que revisarán las políticas de largo plazo en materia de aguas.
La privatización del agua
La privatización del agua comenzó en el
Gobierno Militar, específicamente tras la promulgación de la
Constitución Política de 1980, que consagró el modelo económico
neoliberal.
En el contexto de la adaptación de Chile
a este sistema, el general Augusto Pinochet dictó el Decreto con Fuerza
de Ley Nº 1.122, del 29 de octubre de 1981, que otorga el derecho a
particulares de adueñarse de las aguas, en forma gratuita y a
perpetuidad. Con esta reforma el agua pasó a ser considerada como
cualquier otro bien privado, que puede ser transado en el mercado sin
importar las consecuencias sociales y culturales que de ello devengan.
Además, el Código de Aguas de 1981
separa los derechos de agua del dominio de la tierra, despojando con
ello del agua a comunidades rurales. Esta normativa generó una severa
anomalía: en Chile existen propietarios de agua sin tierra y
propietarios de tierra sin agua.
Bajo la actual normativa, la
administración de los recursos hídricos es responsabilidad de la
Dirección General de Aguas (DGA), que depende del Ministerio de Obras
Públicas (MOP). La DGA está facultada a entregar derechos de agua a
quien lo requiera. Estos generalmente se han entregado a personas bien
informadas y con dinero para costear estudios de abogados y hacer
cabildeos.
Una vez otorgados estos derechos el
Estado ya no interviene en su manejo, pudiendo los particulares transar
el agua que les fue entregada gratis como cualquier otra mercancía.
Uno de los mayores beneficiados con la
privatización del agua fue ENDESA España, que en 1990 se hizo de la
propiedad de Endesa Chile –privatizada en los estertores de la dictadura
militar-. La empresa española no sólo se quedó con la infraestructura
física de la empresa chilena –la que compró a muy bajo precio- sino que
también se adueñó de casi el 90% de los derechos de agua de los ríos de
Chile. Hoy Endesa España es propiedad de la italiana ENEL la que a su
vez es propietaria de los señalados derechos.
La lucha por el agua
La situación está haciendo crisis:
comunidades devastadas por la contaminación, humilladas por las
instituciones que deberían protegerles y silenciadas por los medios
comienzan a articular grandes movilizaciones y sólidas defensas
jurídicas que incluso han logrado paralizar al más grande de todos los
megaproyectos mineros: Pascua Lama.
Un centenar de comunidades de base logró
dar forma a la Marcha Nacional por la Defensa y Recuperación del Agua
que el 22 de abril llegó a Santiago y que congregó a unas diez mil
personas. En el proceso de preparación de esta marcha se articularon un
centenar de comunidades afectadas por la escasez de este recurso.
El secretario de Organización del
Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente
(Modatima), Luis Soto Pérez, señaló que la marcha cumplió con los
objetivos propuestos “al poder lograr entrar al corazón financiero y
político de este país”, aunque denunció que el Gobierno les impidió
congregar frente a La Moneda a los manifestantes.
Soto señala que de los cinco puntos del
petitorio construido por los organizadores el más importante es el que
solicita “que las aguas sean declaradas como un derecho humano
fundamental e irrenunciable”. Otros de los puntos del petitorio son el
que se plantea “recuperar el carácter público del abastecimiento de agua
de bebida para la población” y el que propone derogar el Código de
Aguas.
Fracaso de Barrick
El arribo de la marcha del agua a
Santiago fue precedida por una buenísima noticia para los movimientos
ciudadanos que se oponen a la contaminación y apropiación de los
recursos que practican las industrias extractivas.
La Corte de Apelaciones de Copiapó decidió –el 9 de abril- acoger una orden de no innovar contra el proyecto aurífero Pascua Lama, de la Barrick Gold Corporation,
lo que supuso la inmediata suspensión de las obras de construcción de
esta mina, considerada una de las más grandes del mundo. La demanda
contra Barrick fue presentada por comunidades diaguitas del Valle del
Huasco que reclaman el incumplimiento por parte de esta empresa de las
exigencias medioambientales contenidas en la Resolución de Calificación
Ambiental que en 2005 autorizó este proyecto.
Cabe considerar que las faenas de
construcción de Pascua Lama han implicado la destrucción parcial o total
–no hay antecedentes absolutamente confiables- de tres glaciares que
circundan el proyecto. Además, los ríos que nacen de estos glaciares han
disminuido sus caudales ostensiblemente y las aguas de estos se han
visto severamente contaminadas.
Tras la decisión de la Corte de
Apelaciones -que fue ratificada el viernes 19 por la Corte Suprema-,
Barrick anunció que evaluaría suspender definitivamente este proyecto.
La suspensión de Pascua Lama supone un
duro golpe para la transnacional canadiense. Esto porque en la
construcción de esta mina ya ha invertido aproximadamente US$ 4.800
millones.
Pascua Lama es un proyecto binacional
ubicado en las altas montañas de Los Andes, en la Región de Atacama, en
Chile; y en la provincia argentina de San Juan. Con reservas de casi 18
millones de onzas de oro, 676 millones de onzas de plata y una vida útil
de 25 años, es considerado uno de los proyectos auríferos más
importantes del mundo.
El Ciudadano
* Esta nota también fue publicada por Agencia Proceso (Apro) de México
Vía:
http://www.elciudadano.cl/2013/05/05/67569/la-crisis-del-agua/
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