Para finales del año 2012, el gobierno
mexicano había concesionado 2 millones 173 mil 141 hectáreas de
territorios indígenas a las compañías mineras trasnacionales. Es decir,
en los últimos 100 años los indígenas han perdido la jurisdicción del 17
por ciento de su territorio tan sólo por concesiones mineras, sin tomar
en cuenta grandes proyectos hidroeléctricos. La mayoría de las
concesiones en territorios de los pueblos indígenas fueron otorgados por
los dos últimos gobiernos panistas al amparo de una ley minera
neoliberal de corte salinista.
Número de concesiones otorgadas en territorios indígenas por los gobiernos panistas.
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Número de Concesiones otorgadas en territorios indígenas 2000-2012: metal principal registrado por concesión
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| Oro | 2814 |
| Plata | 71 |
| Cobre | 25 |
Esta pequeña tabla es muy significativa,
pues se trata de concesiones recientes, y señala claramente que en la
actualidad lo más redituable de la minería a cielo abierto es obtener
oro. (Para el año 2009, el uso del oro a nivel mundial se reparte en
inversiones privadas 18 por ciento, reservas oficiales 16 por ciento,
joyería 52 por ciento y el 10 por ciento para uso industrial (ver
William Sacher, Cianuro la cara tóxica del oro
http://es.scribd.com/doc/54235978/Cianuro-cara-Toxica-Del-Oro).
Es increíble como el fetichismo de la
mercancía oro, genera tantos estragos económicos, sociales, culturales y
ambientales. Ante el agotamiento de los filones la minería industrial
masiva, recoge “polvos” de los minerales en depósitos rocosos o
arenillas. Para obtener infimos volúmenes de metal (una mina de mediano
calado obtiene 0.7 gramos de oro por tonelada removida) se requiere
obtener en concesión grandes extensiones de territorios para explorar
los sitios precisos de interés minero.
La minería industrial a cielo abierto
genera cráteres y con el material removido en grandes lagunas de
lixiviación utiliza usa el cianuro de sodio, como compuesto más barato y
“eficiente” para lixiviar los metales. Después de varios accidentes y
los riesgos potenciales en algunos países de Europa, se ha prohibido el
uso de cianuro para los procesos de lixiviación, mientras tanto en
México las mismas compañias europeas pretenden abrir una planta para
producción de este compuesto altamente tóxico. Estos procesos
industriales intensivos son de alto riesgo y no hay manera de acoplarlas
al “desarrollo sustentable” con competitividad, tal como se pregona
desde la SEMARNAT. Las cicatrices ambientales (destrucción de
ecosistemas, comunidades floristicas, biodiversidad), sociales y
económicas son de larga duración. Se trata de un modelo industrial
intensivo de alto riesgo para la salud humana y para los ecosistemas,
con una aportación importante de gases de tipo invernadero y ningún
beneficio para las localidades, municipios, estados y la nación en
general.
La mayoría de las concesiones en los
territorios de los pueblos indígenas se encuentra en fase de
exploración (o en búsqueda de inversionistas), mientras 106 mil 833
hectáreas ya se están explotando.
De acuerdo a la ley minera, el gobierno
tiene la obligación de informar a los propietarios su pretensión de
concesionar estas porciones de tierras, e indagar si hay interés local
para “explotar” los minerales y otorgar “preferentemente” a los dueños
de la tierra la concesión. En el otorgamiento de las concesiones en
territorios indígenas, la ilegalidad oficial es mayor puesto que, por
ejemplo, en la Secretaría de Economía se hace caso omiso a los
convenios internacionales y su manual respecto el consentimiento libre e informado
(Convenio 169 OIT , Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas y el “ Protocolo de actuación para
quienes imparte justicia en casos que involucren los derechos de
personas, comuniades y pueblos indígenas” por parte de la Suprema Corte
de la Nación).
Algunas concesiones abarcan casi la
totalidad de los territorios de los pueblos indígenas pequeños del
norte del país (kiliwas, kikapoo, cucapas, pimas, guarijios, pápagos)
todos ellos en vías de extinción. Los territorios indígenas más
golpeados en términos de la extensión de las concesiones son los
rarámuris (tarahumaras), zapotecos (principalmente de los valles
centrales de Oaxaca), chatinos, mixtecos, coras y tepehuanes, los nahuas
de Michoacán. Las concesiones en territorios de estos pueblos indígenas
suman más de un millón de hectáreas.
¿Qué significa para los indígenas la
entrega del país por parte del gobierno a las transnacionales de la
minería? Para 2012 los gobiernos panistas habían concesionado a las
grandes compañias 31 millones de hectáreas. Muchas concesiones abarcan
porciones de mar, áreas naturales protegidas, territorios indígenas,
ejidos y comunidades campesinas, frecuentemente sin que la población
esté enterada.
Se trata de una nueva distribución de
territorios a nivel mundial y las concesiones mineras son parte de la
“desposeción” territorial de miles de mexicanos, mismas que son
transferidas a grandes consorcios mineros, principalmente extranjeros.
Para los pueblos indígenas y comunidades campesinas la incursión de este
tipo de minería en sus terriotorios significa que no hay bienes comunes
que administrar, relaciones sociales comunitarias que establecer,
naturaleza que manejar, conocimientos milenarios que recrear, milpa que
sembrar y recursos fitogenéticos que domesticar, en resumen se trata de
la muerte cultural generada en un choque frontal entre un proyecto
industrial de la cultura de la muerte que desplaza el proyecto
implícito regional indígena y campesino sobre un territorio
determinado. Para los indígenas y comunidades campesinas se trata de un
proceso neocolonial grave, ya que se pierde la jurisdicción sobre su
territorio, sobre su proyecto de vida, sobre la cultura de origen
mesoamericano relacionada al territorio, a los ecosistemas y los
recursos naturales incluyendo el agua.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/05/como-en-la-colonia-espanola-saquean-el-oro-de-los-pueblos-indios-de-mexico/
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