Veracruz, México. Un delito que
el gobierno estatal se empeñó en no tipificar ahora es utilizado para
criminalizar a los jóvenes activistas del estado de Veracruz: el
feminicidio. Abraham Caballero, del Frente contra la Imposición, lleva
casi un mes detenido por este crimen.
En los meses recientes, en Xalapa, a los
poderes estatales les incomoda una generación de jóvenes estudiantes,
principalmente de la Universidad Veracruzana, quienes militan de manera
incansable en las mejores causas nacionales y locales: han sido
Indignados, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, movimiento
estudiantil por sus derechos, #YoSoy 132, Frente contra la Imposición,
Pacto por un Veracruz Libre de Minería Tóxica. Es mucho más de lo que el
poder estatal puede tolerar.
Desde el inicio los ha acosado con
detenciones arbitrarias, amenazas veladas y no tanto, allanamiento de
sus casas, rumores y falsedades para tratar de desprestigiarlos, pero
el movimiento estudiantil, en lugar de ceder y hacer mutis, persevera y
se procura formas de organización y participación autónoma y
autogestiva, como el Comedor en Humanidades, el bar Tonalli y la Casa
Magnolia.
Ahora el golpe contra este movimiento
-un viento de libertad a contrapelo de regreso del dinosaurio con compra
de votos pronasoleros- es descomunal: detuvieron a uno de sus
integrantes, Abraham Caballero, no para liberarlo horas después como
hicieron anteriormente con otros activistas, sino para acusarlo de un
delito odioso para tratar de cambiar su imagen de defensor de derechos,
luchador social, joven libertario, por una imagen facturada por quienes
tienen el monopolio de la fabricación de culpabilidades e inocencias, la
imagen de “delincuentes” y “defensores de delincuentes”. Así como antes
decidieron no arredrarse ante el acoso represivo, esta vez los jóvenes
decidieron éticamente no abandonar a su compañero en la lucha por
derechos humanos, democracia y justicia, sino arriesgar su imagen y su
prestigio defendiendo al acusado.
La detención de Abraham Caballero
Martínez ocurrió la noche del 6 de mayo, al salir de su trabajo
voluntario en la Centro Cultural estudiantil Casa Magnolia. Sus
compañeros del Frente contra la Imposición declararon que “fue extraído
violentamente” del centro cultural.
Casualmente, por otro lado, manipulando
otra de las herramientas del poder, mediante sucios rumores acusan a los
jóvenes activistas de que se vendieron a algún partido para poder tener
el bar Tonalli, cosa contradictoria, porque si los hubieran comprado,
no tendrían necesidad de detenerles a un integrante y tratar de hacerlo
pasar por un criminal monstruoso: un “feminicida”.
Al joven activista lo acusan del delito
que el gobierno del estado se negaba a tipificar, y que una vez hecho,
se niegan a aplicar y hasta a llamarlo por su nombre. Ahora lo usan para
incriminar a un opositor político, un militante activo del Frente
contra la Imposición.
No es un caso en el que se combate la
impunidad hallando a un culpable, sino uno caso donde se consolida la
impunidad con el castigo a un movimiento social usando perversamente una
demanda que ha sido bandera del movimiento (muchas de las estudiantes
de este movimiento han estado en las marchas por los derechos de las
mujeres) para volverla contra el movimiento ciudadano mismo.
Los poderosos progresaron desde los
tiempos en que ponían cualquier delito, hasta estos nuevos y
jurídicamente muy técnicos tiempos en que la consigna es “vuelve sus
reclamos contra ellos, ponles los delitos que su movimiento nos obligó a
tipificar”.
El siguiente luchador social detenido en
Xalapa, ¿de qué será acusado: de comprar de votos, de desviar los
recursos de la Cruzada contra el Hambre, de fraude electoral, de uso
faccioso de la ley? Nada más eso falta, al fin que el ciudadano es
culpable, porque el poder así lo ha dictado.
La acusación de “feminicidio” contra un
detenido por motivos políticos no sólo agravia a los defensores de
derechos humanos, sino a la víctima y a las mujeres que de buena fe
pidieron la tipificación del delito pensando en el castigo a los
verdaderos culpables y no en un instrumento de castigo político al
servicio del poder en Veracruz.
En México, el sistema de justicia es
altamente predecible: si dos particulares tienen un litigio y tenemos
los datos del ingreso mensual de ambos, si la diferencia es muy grande,
ya sabemos de qué lado se inclinará la balanza de la “justicia”. El
segundo nombre de este país, después del oficial, puede ser “impunidad”:
más de nueve de cada diez delitos que se cometen no son castigados.
Hay dos industrias nacionales (quizá no
sólo nacionales) en las que descuella el aparato de justicia en el país:
la fabricación de culpables y la fabricación de inocentes. El aparato
de justicia penal no depende del poder judicial, sino del ejecutivo: su
sistema de “investigación” es hijo directo de la Inquisición;
normalmente la “prueba reina” es la confesión bajo tortura. Si hay una
segunda confesión ante un juez en la que el acusado se desdice y
denuncia la tortura, el juez frecuentemente apela a que la primera
confesión, hecha sin control judicial, es más espontánea: prácticas de
este tipo favorecen la tortura. Peña Nieto dijo, a propósito del
operativo de represión en Atenco, que es “de manual” subversivo que las
mujeres denuncien violación y los hombres tortura; ahora está en el
banquillo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ese
operativo.
Por una discriminación prácticamente de
castas, hay sujetos marginados y abajo otros sujetos más marginados aún,
por ser pobres, por ser indígenas, por ser jóvenes, por ser mujeres,
por ser migrantes, por ser opositores, por ser defensores de derechos
humanos, por no ser de la minoría a la que poder político y policiaco
cuida y resguarda.
En el estado de Veracruz, este tipo de
vicios en el sistema legal son reglas no escritas del sistema; la
injusticia es lo cierto, algunos pocos casos donde quizá haya justicia
son excepciones, resultados de una afortunada incertidumbre. Pero hay un
elemento más grave aún: el uso del aparato de justicia penal como
instrumento de control político y de venganza contra quienes disienten,
protestan, denuncian, critican e incomodan.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/05/en-veracruz-aumenta-la-criminalizacion-de-activistas/
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