Más de dos millones de personas en a lo
menos 22 comunas, sufrieron en pleno verano el corte del agua potable,
con una empresa trasnacional incapaz de mitigar y prevenir las causas, a
pesar de sus ganancias elevadas en un 134 por ciento.
Los santiaguinos están pagando las consecuencias de la privatización del líquido, la que fue impulsada por Pinochet, Frei Ruiz-Tagle y Lagos Escobar. La que, sin embargo, debiera ser un bien social y público.
Todo podría agravarse si avanza el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Para enfrentar la situación, surgieron varias propuestas.
La empresa Aguas Andinas
batió un record: a lo menos siete cortes del abastecimiento de agua
potable en un periodo aproximado de 30 días, afectando a más de dos
millones de habitantes de 22 comunas de la Región Metropolitana.
El efecto social, sanitario y comercial
fue masivo y mientras la empresa guardaba silencio o daba precarias
explicaciones técnicas, familias, municipios, bomberos y organizaciones
vecinales tuvieron que asumir la tarea de buscar la manera de abastecer
del vital líquido a cientos de miles de niños, jóvenes y adultos.
Las dos principales causas esgrimidas fueron “factores climatológicos” que provocaron aludes y lluvias en las zonas de San Alfonso y Los Maitenes, creando turbiedad en las aguas del río Maipo, y factores técnicos por la rotura de matrices y cañerías.
Aguas Andinas se quedó en aquello.
Enunció esos elementos, omitiendo cualquier referencia a la
responsabilidad social y sanitaria que debe tener y ausentándose de las
soluciones, sin financiar las medidas que se debieron tomar o buscar
paliativos inmediatos. En las redes sociales se difundió que si alguien
no paga la cuenta del agua a ese consorcio, luego le cobran 7 mil pesos
para reponer el servicio; frente a los siete cortes que sufrieron “los
clientes” y la posterior “reposición”, Aguas Andinas no efectuó
descuento alguno a los “usuarios”, como denomina a los habitantes de la
Región Metropolitana.
El hedor a excremento y orina, no poder
ducharse en medio de altas temperaturas, el cierre de restaurantes y
fuentes de soda (afectando a pequeños y medianos comerciantes), falta de
agua para beber e hidratar sobre todo a los niños, gastos no
contemplados en bebidas o agua mineral envasada, largas horas en una
cola para recibir agua de una camión y después cargar baldes y
botellones hasta la casa, fueron algunas de las vivencias que sufrieron
miles de personas.
LA EMPRESA DE LOS CORTES
Aguas Andinas es una de las 25 empresas
privadas de agua que operan en el país. Sus ganancias con este negocio
se elevaron un 134 por ciento (a nivel de la minería y la banca). Si
este consorcio obtuvo 101 millones de dólares a su favor en 2011, el
2012 la cifra aumentó a 237 millones de dólares. Todo ganancia. Sus
proyectos para paliar situaciones de emergencia como las ocurridas este
verano, son de unos cuantos millones de dólares, están atrasados y se
solventan con los pagos de los “usuarios”.
¿Quiénes son los rostros de este consorcio que perjudicó a más de dos millones de personas? Felipe Larraín (presidente de la empresa), Patricio Prieto (vicepresidente), y los directores Bruno Philippi, Xavier Amoros, Gonzalo Rojas, Rodrigo Manubens y Lois Hernán Paul.
Entre los directores suplentes están Herman Chadwick (hermano del Ministro del Interior), Alejandro Danus y Pierre Alexander Lacarello. El gerente general, según la información publicada por la empresa, es Jesús García.
Este consorcio tiene tres estamentos: Aguas Andinas, Aguas Cordillera y Aguas Manquehue. Para ellos laboran mil 500 ejecutivos, funcionarios y trabajadores y cubren alrededor de 10 comunas periféricas y el Gran Santiago, con una cobertura de seis millones de “clientes”.
Su “socio estratégico”, como ellos mismo lo definen, es el Grupo Agbar, español, con 230 filiales en América Latina. Pero lo cierto es que detrás de todo está la trasnacional francesa GDF/Suez, que posee negocios privados de agua y otros en Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Francia, México, etc.
En las semanas de los cortes de agua en Chile, en Barcelona
se inició una campaña ciudadana contra Agbar, porque “somos muchos y
muchas los que día a día sufrimos el impacto despiadado de la
privatización de los servicios públicos de agua”.
Aguas Andinas, Agbar y Suez consiguen
que un grupo de familias se hagan multimillonarias vendiendo el agua, un
recurso natural surgido de la tierra, de los ríos y caudales de todo
tipo, algo que no se produce ni fabrica, sino que se genera como un bien
natural, social y público que, lógico, pertenece a los habitantes del
planeta y no a un pequeño grupo de empresarios.
En Chile la privatización del agua la provocó Augusto Pinochet, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos.
SANCIONES: PARA LA RISA
El caso de casi una decena de cortes de agua afectando a millones de personas, tiene su origen en un consorcio privado.
La derecha y los empresarios, por
cierto, callan, cuando todo mundo sabe que habrían puesto el grito en el
cielo si se trata de una empresa estatal.
Las deficiencias y anomalías de Aguas
Andinas se suma a otros casos bochornosos del sector privado: la
colusión de farmacias, la corrupción y malos manejos en la Universidad del Mar, el engaño y la trampa de La Polar, el odioso y nebuloso caso de Johnson & Johnson con el Servicio de Impuestos Internos, la sobreventa de pasajes de Lan que afectó a miles de pasajeros, la indolencia y malos olores de AgroSuper en Freirina, malos servicios a través de Internet de supermercados como Líder, deficiencia de los privados en Transantiago y mucho más.
De acuerdo a declaraciones o comunicados de la Intendencia de Santiago, de varias municipalidades y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios
(SISS), Aguas Andinas incumplió, frente a los sucesos de corte, en
avisar oportunamente, contar con medidas paliativas, demoró en emitir
comunicados informativos, entregó información incompleta, tuvo nulo
apoyo a las medidas de abastecimiento alternativo y de emergencia, no
comunicó la situación oportunamente a la SISS, no materializó procedimientos e implementación de protocolos de emergencia, etc.
Es para la risa (dados los márgenes de
ganancia) que Aguas Andinas el 2012 haya pagado multas (tuvo cinco
sanciones) por 193 millones de pesos. Puede seguir recurriendo a ese
camino y no tendrá merma alguna.
Por lo demás, la legislación chilena le
asegura a ese consorcio una rentabilidad mínima del 7% sobre la
inversión y a partir del 2014 comenzará una reajuste tarifario. Más
ganancia.
Se han planteado varias opciones, desde
sectores profesionales, medioambientalistas y sociales, para asumir el
tema de los efectos de la naturaleza y de la rotura de ductos o
matrices.
De partida, se indica que no debería
seguir el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, por el efecto negativo que
tiene en el caudal del río, principalmente por los movimientos de
tierra y uso de explosivos y maquinarias que impactan en el territorio.
Se exige que tanto Aguas Andinas, como el Gobierno,
deben tomar conciencia de la existencia de fenómenos climatológicos e
invertir en los paliativos para ello. Y que se asegure el mantenimiento
adecuado de la infraestructura.
Sara Larraín, de Chile Sustentable, escribió en una columna para Radio Cooperativa,
que existe una situación negativa “por la falta de inversiones de la
empresa Aguas Andinas para ejercer responsablemente su concesión, en un
contexto de cambio climático y por la acción irresponsable de varios
gobiernos, que han continuado aprobando proyectos que vulneran la
seguridad hídrica de la capital y sus seis millones de habitantes”.
Añadió que “lo ocurrido en Santiago no
es un hecho aislado. El cambio climático que intensifica el fenómeno de
las lluvias calientes se ha manifestado durante las últimas décadas,
pero las autoridades siguen actuando como si no existiera”.
En tanto, el alcalde de Recoleta (comuna muy afectada por los cortes de agua), Daniel Jadue,
indicó que “las cañerías se vieron sometidas a un esfuerzo irregular,
para las cuales no están diseñadas y generan una fatiga en el material.
Se volverán a presentar problemas en toda la Región Metropolitana por
esta falta de mantención e inversión en materiales adecuados”. A los
pocos días hubo otros desperfectos de matrices.
Pero Aguas Andina relativiza todo, al igual que la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, del sector privado. Guillermo Pickering,
presidente de la entidad, aplicó el criterio mercantil/monetario ante
el desafío de bien social y de realidad climatológica y manifestó a la
prensa: “Las inversiones tienen que ser racionales”, no sociales.
Refiriéndose a las lluvias y aluviones que provocaron la suciedad del
agua y por tanto el corte que hizo Aguas Andinas, el empresario
estableció que “hay que acreditar si estas lluvias a más de 3.000 metros
de altura en verano seguirán siendo o no una excepción”.
O sea, seguirá pendiente si se invierte
en proyectos previsores y mitigadores, porque los directivos de Aguas
Andinas no tienen certeza de que esto vuelva a ocurrir. Pese a lo
sucedido en las últimas semanas -y el corte que hubo en 2008 afectando a
300 mil personas- para Pickering las cosas están sólo a nivel de que
“deben estudiarse obras adicionales”.
CAMINO DE SOLUCIONES
Una de las soluciones planteadas es que
se invierta en obras de almacenaje de agua potable que permitan, ante
una emergencia, disponer del líquido a lo menos para unas 48 horas.
Tanto así, que hasta un editorial de El Mercurio
planteó que “las inversiones deberían aumentar -por ejemplo, mediante
un depósito que almacene agua suficiente para un día de consumo”. Claro
que los directivos del diario coinciden con los directivos del sector
privado, al señalar: “Tales inversiones tienen costos que eventualmente
serán traspasados a los usuarios, ya que el proceso de regulación
tarifaria asegura que las inversiones de la empresa serán remuneradas”.
Quienes hicieron una síntesis de los
pasos a seguir, tanto por Aguas Andinas como por otras empresas privadas
del agua, fueron varios alcaldes que, por lo demás, son los que tienen
que asumir costos, operaciones, demandas y apoyo a la población sin el
líquido potable.
Es así que Josefa Errázuriz (Providencia), Carolina Tohá (Santiago), Daniel Jadue (Recoleta), Gonzalo Durán (Independencia) y Raúl Donckaster (La Reina)
plantearon la necesidad de “una revisión exhaustiva de las condiciones
imperantes sobre las dos cuencas principales que irrigan nuestra ciudad…
que involucre a todas las instituciones y servicios públicos con
competencia en la materia”. Además, que el Gobierno “evalúe nuevas obras
y/o soluciones que permitan evitar y/o mitigar el efecto de nuevos
aluviones”.
Frente a los atrasos y no realización de
proyectos, los alcaldes y alcaldesas manifestaron la urgencia de una
“fiscalización por parte de los servicios públicos competentes sobre el
cumplimiento de sus compromisos de obras e inversiones que deben
exigirse a la empresa Aguas Andinas”, junto con “una evaluación ( ) del
contenido del contrato suscrito entre la empresa Aguas Andinas y la
empresa AES Gener, responsable de la ejecución del
proyecto Alto Maipo, y los efectos que tuvo, tiene y podrá tener en el
suministro de agua potable para la Región Metropolitana”.
Esto último es de suma importancia
porque, de un lado, las obras para esa hidroeléctrica pueden o ya
producen efectos en el terreno y pudieran estar en las razones de
aluviones y enturbiamiento del agua, y de otro lado, pueden en el futuro
provocar escasez de agua para uso de la población, como ocurre en otras
zonas del país donde el agua se entrega a las mineras y a las
hidroeléctricas afectando a habitantes, agricultores, familias,
comerciantes, etc.
En términos estratégicos, los alcaldes
Jadue y Durán fueron más allá, representando el sentir de amplios
sectores del país: es necesario plantearse la re/nacionalización del
agua. Que vuelva a manos del sector público y esté regulada y manejada
por el Estado.
Este es un tema planteado por
parlamentarios, dirigentes sociales y medioambientalistas y que
constituye parte de algunas propuestas legislativas y de programa de
gobierno para que se modifique la ley y el Código de Aguas.
Mientras ello no ocurra, los directivos y
accionistas de Aguas Andinas se seguirán haciendo millonarios a costa
del agua chilena, un grupo de multimillonarios españoles y franceses
seguirán obteniendo utilidades del agua de Chile y habrá, cuando menos,
incertidumbre respecto al servicio, costos, mitigación de cortes de
abastecimiento e inversión en obras con sentido social y sanitario, de
parte de las empresas privadas.
Recuadro
En las tinieblas anda el proyecto
Hidroeléctrico Alto Maipo que tendría un impacto severo en las
condiciones del terreno y el abastecimiento de agua del que dependen los
habitantes de la Región Metropolitana.
Hay informaciones de que en marzo se
podría conocer el contrato o pacto de Aguas Andinas con el consorcio AES
Gener. Sólo ahí estarían despejados varios puntos sobre este plan
empresarial.
La idea es que la Hidroeléctrica
funcione el 2017 y pese a que los empresarios dicen que en nada lastima
el entorno y la calidad y cantidad del agua, hay informes de
afectaciones en las zonas de Volcán Alto y Baños Morales,
con remoción de la flora nativa y alteración de las condiciones de la
fauna, además del desplazamiento de tierras que pudieron incidir en el
enturbiamiento del torrente del río Maipo.
Un tema esencial es cómo se hará el
manejo y uso del agua y determinar de manera precisa y proyectiva el
impacto en el abastecimiento del líquido para los habitantes de la
capital del país.
El Ciudadano Nº 140, marzo 2013
Fuente fotografía
http://www.elciudadano.cl/2013/05/05/67633/el-desastre-del-agua/
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