México. La propuesta priista
de modificar el artículo 1 constitucional pone en grave peligro a los
derechos conseguidos tras décadas de lucha y que hoy constituyen una
barrera para las arbitrariedades del Estado.
Con este cambio, los derechos
provenientes de tratados internacionales reconocidos por México estarían
por debajo de la Constitución. Así se limitaría su alcance al quitar
del bloque las normas internacionales de derechos humanos adoptadas por
México.
El valor de los derechos
La lucha por los derechos humanos ha
costado muchos años de guerras, discusiones, contraste de ideas, cambios
de regímenes de gobierno, pérdida de vidas humanas, comisión de actos
inhumanos, discriminación y exclusión, persecuciones, exterminio y demás
hechos, suficientes para hacer una apología al daño que los individuos
pueden hacerse a sí mismos. Tras esta lucha, tenemos nuestros derechos
hoy, tan completos o no como puedan parecernos, resultado de este
proceso en continuo cambio. Pero ¿por qué es relevante conocer el valor
de nuestros derechos tal y como son actualmente?
La pregunta no hace alusión a un
análisis económico, sino a su relevancia y alcance; a su contenido y a
la fortaleza que han logrado, por mínima que pueda parecer en ocasiones.
Alude, sobre todo, al peso propio de los derechos humanos en la forma
en que en este momento particular están consagrados en nuestra
Constitución.
Las batallas se han librado (y ganado)
en muchos frentes: contra grandes poderes como la Iglesia, reivindicamos
derechos como la libertad de expresión, de culto, de educación,
etcétera; contra estructuras propias del autoritarismo, logramos
derechos políticos, elecciones, equidad y competencia; contra los
prejuicios y dogmas ideológicos, conseguimos derechos políticos a favor
de las mujeres, derechos de extranjeros, de no discriminación, de salud
reproductiva; y en ocasiones también contra concepciones conservadoras y
restrictivas de los derechos mismos obtenemos y desarrollamos los
derechos económicos, sociales y culturales. Con cada una de estas
batallas hemos llegado a una concepción de los derechos completamente
distinta a aquella que inicialmente se tenía.
Se dejó de entender a los derechos como
ideas subordinadas a decisiones mayoritarias, como pasaba en el Estado
legislativo de derecho, para situarlos por encima de éstas cuando fueran
contrarias a ellos, como sucede en el Estado constitucional de derecho
(de derechos). Muchos años pasaron para que terminaran situándose en el
centro, como el punto principal, no como uno accesorio. Hoy los derechos
configuran y limitan, constituyen una barrera para el Estado y para las
arbitrariedades que éste busque cometer, aunque en la práctica muchas
veces se vean superados y vulnerados de muchas formas.
En México, este salto se dio
formalmente con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011,
reconocida por muchos países y organismos internacionales, ampliamente
abrazada por la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales
protectoras de derechos humanos. Básicamente, la reforma elevó las
normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales a
un rango constitucional, es decir, a su mismo nivel; fortaleció los
derechos y amplió su contenido siempre en favor del individuo para todos
los casos concretos que se presentaran: en resumen, los volvió más
protectores y más valiosos.
Es la misma Constitución la que
establece este procedimiento de homologación de los derechos: tienen el
mismo valor o jerarquía los derechos humanos constitucionalmente
reconocidos y los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Como
resultado, se dio un crecimiento en el núcleo de derechos reconocidos
que el Estado está obligado a salvaguardar (promover, respetar, proteger
y garantizar). En materia de derechos, fue el logro constitucional más
relevante de los últimos años. Este triunfo dotó a las libertades un
valor aún mayor, pero la lucha de los derechos, como la de la
democracia, no termina nunca.
La calma de este triunfo en materia de
derechos humanos duró solamente año y medio. Recientemente surgió un
intento de echar atrás esta victoria, con la intención de reducir el
contenido y debilitar los derechos. Muy a principio del año, el Diputado
Francisco Arroyo Vieyra del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
presentó una propuesta de reforma al artículo 1o. constitucional que, al
agregar un enunciado al final al segundo párrafo, busca echar atrás la
modificación jerárquica de las normas de derechos humanos antes
explicada. Con este cambio, los derechos provenientes de tratados
internacionales reconocidos por México estarían por debajo de la
Constitución, y esta sería siempre aplicada por encima de ellos en caso
de presentarse alguna “contradicción” entre ambos ordenamientos. A
manera de sí o no, como una regla.
El nuevo bloque de derechos humanos
(constitucionales e internacionales) se destruiría. Se le extirparía,
como se hace con un tumor, la dimensión internacional, para hacerlo más
pequeño. Porque al final eso es lo que significa el intento de regresión
sobre el artículo 1o. constitucional: limitar su alcance al quitar del
bloque las normas internacionales de derechos humanos adoptadas por
México, mermando de esta forma el valor actual alcanzado en la materia.
Las organizaciones y activistas
protectores de derechos humanos respondieron el ataque y se volcaron
sobre el diputado. Fortalecidas por los especialistas y académicos de
distintas áreas (en especial de derechos humanos), denunciaron lo
regresivo de la propuesta. A través de distintos medios de comunicación
atacaron al unísono los erróneos argumentos y las falsas contradicciones
que planteaba.
El golpe fue contundente. El promotor
de la contrarreforma se replegó y aseguró que “no movería un dedo” para
impulsarla, aunque no la retiraría. Pero como en la lucha por los
derechos las estrategias son muchas, otro legislador (también del PRI),
Raymundo King, retomó la iniciativa con la intención de promoverla. La
distracción o deslinde salió bien. El costo político de estar en el
centro del problema, recibiendo la presión de todas las organizaciones y
especialistas pareció ser muy alto, y cedió la ofensiva a uno de los
legisladores que funge como secretario de la Comisión de Puntos
Constitucionales (encargada precisamente de dictaminar la propuesta).
La contrarreforma permanece incólume.
El discurso que argumenta que este ataque a los derechos “debe
discutirse” la mantiene caminando. El llamado a ser retirada a través de
cartas y argumentos otorgados por la sociedad civil y las diversas
organizaciones de derechos humanos parecería no ser escuchado o tomado
con la seriedad que amerita. La discusión que se genera en el espacio
público parece ser ignorada para así aferrarse a llevarla al espacio
legislativo.
Los argumentos se han dado sin recibir
contra-argumentos de vuelta. La discusión que podría llevarse a cabo en
los espacios de deliberación pública no ha sido utilizada por aquellos
que sostienen la propuesta. Al parecer, la batalla final pretende
librarse en cancha local y no en la arena pública, donde la deliberación
es más importante. La contradicción entre las declaraciones a favor del
debate de ideas y las acciones omisivas para deliberar abiertamente,
es muy clara. Se acerca entonces un escenario peligroso en el que la
contrarreforma pueda ser usada como moneda de cambio en las
negociaciones partidistas, con el inevitable resultado de lastimar los
derechos.
Más de una vez ha sucedido que las
propuestas de modificación legal o constitucional avancen sin una
discusión real, que se aprueben por acuerdos partidistas (en un juego en
el que “tú votas a favor de ésta que me interesa y nosotros votamos a
favor de ese tema que a ustedes les importa”). Tomarse los derechos en
serio implica llevar a cabo acciones en su defensa cuando se ven
amenazados por acciones como la de la contrarreforma, pero también
conlleva a tener la seriedad y capacidad de reconocer cuando una acción
fue un error y no abona a su protección, tal y como es en este caso.
Los legisladores están sujetos (aunque
parezca que lo olvidan frecuentemente) al escrutinio y juicio de la
ciudadanía, y cuando ésta denuncia sus errores, deben tener la humildad
de aceptarlos y la capacidad de enmendarlos y de darles marcha atrás. La
propuesta de reforma debe ser retirada y este caso debe ser recordado
como una llamada de atención a todas las personas que día a día protegen
los derechos, como una muestra de que en cualquier momento, una derrota
en su lucha puede echar los avances atrás, sin importar cuan valiosos
sean.
Sí, aspiramos a ser una democracia y
eso tiene su costo, en especial cuando buscamos una democracia con
derechos y por los derechos. Cuando los derechos alcanzan el nivel que
tienen hoy, es indispensable que los ciudadanos alcemos la voz para
detener a quien sea que intente lesionarlos. El mensaje es que el valor
de los derechos no se juega, ni se pierde, ni se negocia.
* Vladimir Chorny es Licenciado en
Derecho (UNAM). Ha sido asistente de investigador y activista por los
derechos humanos y la democratización del sistema de medios de
comunicación. Miembro del movimiento #YoSoy132. @VladimirChorny1
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/01/contrarreforma-en-derechos-humanos-en-mexico-una-amenaza-a-la-democracia/
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