México. Entre los comuneros que
se oponen a la construcción del parque eólico en San Dionisio del Mar,
“hay voluntad de luchar”, pese a que los enfrentamientos por el
operativo policiaco estatal lanzado para romper su bloqueo los tiene con
“nerviosismo” y “sentimientos encontrados”, relata Carlos Beas, de la
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
La primera semana de febrero, la
solidaridad entre pescadores, campesinos y pobladores binnizá, ikoot y
mestizos logró impedir el paso de más de 400 elementos de la policía
estatal, que pretendían “ensangrentar al pueblo indígena de Álvaro
Obregón, apoderarse de su campamento y custodiar a la empresa española
Mareña Renovables que con golpes, sangre, violencia y amenazas pretenden
despojar a los indígenas de sus territorios y lagunas de donde obtienen
sus alimentos”, señala en un comunicado la Asamblea de Pueblos
Indígenas del Istmo en Defensa del Territorio.
En estos momentos hay un amparo vigente
que impide la construcción de la obra, además de que los pobladores
tienen instalado un plantón para impedir el acceso de la empresa a sus
tierras. El 31 de enero, Mareña Renovables amenazó públicamente con
llevarse la inversión si no se le otorgaban garantías jurídicas para
establecerse en San Dionisio del Mar, y dijo que se quedaría “si se
aplicaba la ley”. Esa misma noche, el operativo policiaco sin orden
judicial pretendió romper la resistencia de los pobladores, a quienes la
empresa y el gobierno insisten en tachar de “grupo minoritario”.
Los enfrentamientos se sucedieron hasta
el 2 de febrero. Los ikoot y binnizá denunciaron golpes, detenciones,
maltratos e insultos por parte de la Policía Estatal, que arremetió lo
mismo contra hombres que contra mujeres y niños. Los elementos
policiacos se retiraron de Álvaro Obregón el 3 de febrero, y si intentan
regresar ellos o los empleados de la empresa, “no se les permitirá el
paso de ninguna manera”, puntualiza Beas, que informa que el plantón
sigue en pie.
Mareña Renovables contra los pueblos
En diez años de operaciones, las
empresas eólicas construyeron en el Istmo, zona de fuertes vientos, 11
centrales generadoras de energía. Los pobladores de las tierras en las
que se asentaron las siete empresas que gestionan los parques eólicos
resienten el ruido y las afectaciones ambientales que ha traído esta
industria.
Los comuneros ikoots y binnizá se oponen
a que Mareña Renovables construya un parque eólico en sus territorios,
que consideran sagrados y de donde obtienen sustento.
El proyecto de parque eólico de San
Dionisio del Mar, sin haber pasado por el proceso de consulta previa
libre e informada, pretende basarse en un contrato firmado en el 2004,
con menos del 20 por ciento de asistentes a la asamblea de comuneros.
Los dos estudios de impacto ambiental aprobados por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), denuncian los
opositores, falsean información sobre los impactos en el frágil
ecosistema.
Los pobladores cuentan con un amparo
vigente que ordena la suspensión de la construcción del parque por las
violaciones al derecho de consulta a los pueblos afectados por parte de
instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat, acusada de la misma omisión en la concesión de impacto
ambiental para la construcción del Acueducto Independencia en territorio
yaqui, en el norte del país), la Secretaría de Energía y el Consejo
Regulador de Energía. “Cualquier entrada de la empresa y cualquier
custodia que le haga el gobierno es una violación a esta disposición”,
señala Beas.
El gobierno estatal y la empresa se han
valido también del presidente municipal priísta, Miguel López
Castellanos, desconocido por la población, y de golpeadores y sicarios
para amedrentar a los pobladores. “Varios activistas tuvimos que salir
de la región, y tenemos preocupación porque son sicarios conocidos los
que están tras las amenazas”, apunta Carlos Beas.
Detrás de la represión y el
hostigamiento contra los pobladores “hay un agrupamiento entre Francisco
López García y Elías Cortés, diputados priístas, caciques del mismo
partido, la empresa y funcionarios del estado de Oaxaca”, acusa Carlos
Beas, aunque el principal instigador es Jonathan Davies, presidente del
consejo de Mareña Renovables, precisa.
“El gobierno es parte del problema, ya
perdió su papel de mediador”, señala Beas, y agrega que parte de los
grupos de choque que se crearon con personas ligadas a la Confederación
de Trabajadores de México (CTM) y al Partido de los Trabajadores.
Además, “el gobierno ha utilizado a la policía como grupo de choque,
como guardias blancas, para reprimir a la gente que está inconforme”,
acusa el opositor.
Por las amenazas anteriores y los
sucesos del 31 de enero, 1 y 2 de febrero, los activistas solicitaron
medidas cautelares para algunos de los amenazados, y Amnistía
Internacional emitió una acción urgente llamando a resguardar la
integridad física de los pobladores y activistas, a investigar las
amenazas y a garantizar el proceso de consentimiento libre e informado
de los pueblos.
La solidaridad
Después del violento operativo
policiaco, Mareña Renovables dijo que estaba dispuesta a “negociar” con
los pobladores si éstos deponían su “actitud violenta”. Beas precisa que
“la violencia ha partido siempre de ellos, pero con estas declaraciones
quieren rectificar el impacto que hubo en la opinión pública por los
ataques tan violentos contra la población de Álvaro Obregón”. El
integrante de la Ucizoni señala que no se ve una voluntad del gobierno o
de la empresa para crear condiciones de distensión.
Sin embargo, los pueblos siguen adelante
con su proceso de organización, indica Beas. “Aunque hay nerviosismo
por las agresiones, hay un ambiente también de fiesta porque lograron
expulsar a la policía y un gran espíritu de solidaridad entre las
poblaciones afectadas por este proyecto”, agrega.
Las organizaciones locales llamaron a la
realización de una caravana de solidaridad el 17 de febrero, cuya
intención es “mantener el ánimo de las comunidades y llevar alimentos,
porque las guardias que se hacen son prolongadas”, señala el luchador
social.
“La movilización sigue, siguen
reuniones, acciones legales y haremos denuncias dentro y fuera del
país”, indica Carlos. Aunque están conscientes de que hay poderosos
intereses detrás del proyecto y que no será fácil, sigue el proceso de
defensa. En los pueblos, finaliza Beas, “hay voluntad de seguir la
lucha”.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/02/marena-renovables-juego-sucio/
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