En 2011 comenzó un proceso de
empoderamiento de las personas afectadas por las hipotecas, que siguen
en 2012 defendiendo el derecho a la vivienda.
El 15 de junio de 2011 marcó un antes
y un después en la vida de Tatiana
Roeva. Ese día, convocadas por la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH) y las asambleas del 15M,
unas 500 personas bloquearon el desahucio
de su vivienda en el barrio de
Tetuán. La acción servía como presentación
pública de la rama madrileña
de la plataforma e inicio en la región
de la campaña Stop Desahucios.
“Ver cómo se despertó la gente fue increíble.
E increíble es ver cómo se ha
recuperado la solidaridad entre las
personas y cómo la gente tiene ganas
de luchar por sus derechos”, sostiene
esta mujer inagotable de 44 años, de
ojos gigantes e inquietos. Búlgara de
origen y psicóloga de formación, desde
esa jornada Tatiana no se pierde
una acción contra los desahucios y en
la PAH siempre es la primera en ofrecerse
a recibir a un nuevo damnificado,
reunirse con los responsables de
un Ayuntamiento o negociar con la
policía en el marco de una acción de
desobediencia. Tampoco es raro verla
compartir la noche previa a un desahucio
con la familia afectada, tratando
de aportar serenidad y fuerza
en las tensas horas previas a la llegada
de la comisión judicial. Como psicóloga
“que ha vivido en sus carnes el
problema, es horroroso comprobar
cómo afecta la crisis a la gente.
Muchos afectados están en riesgo de
exclusión social, otros sufren violencia
de género, desempleo, sus familias
se rompen... Todo esto supone un
cóctel explosivo para la salud mental
de la gente”, sostiene Tatiana, preocupada
por una dimensión del problema
que pocas veces sale a la luz.
Hiperactivismo
En una suerte de hiperactivismo,
Tatiana se han volcado también con
el movimiento 15M, participando en
proyectos surgidos en su seno, como
la Oficina de Vivienda o la propia
Asamblea Popular de Tetuán, en la
que tiene un papel destacado su marido,
Anuar Jalil, de origen libanés.
Conscientes de que su caso aparece
hoy como una bandera de la lucha
por el derecho a techo y contra
la usura bancaria, el 15M y la PAH
madrileños tratarán de convertir su
segundo intento de desahucio, fechado
para el próximo 29 de febrero,
en un nuevo momento de agregación
de multitudes indignadas y
rearme del movimiento. Tatiana es
muy consciente de que pronto puede
quedarse sin casa, pero lo que antes
era una penosa carga que llevaba
a sus espaldas con angustia y vergüenza,
hoy se ha convertido en un
elemento para reforzar sus convicciones.
“Los afectados no tienen que
sentirse culpables. Los culpables son
los bancos, que nos han robado, nos
han estafado y ahora nos echan de
nuestras casas y nos dejan con una
deuda de por vida. Es el momento de
levantarnos, unirnos y luchar hasta
cambiar la ley hipotecaria”, afirma.
Centenares de personas con dificultades
para hacer frente a su hipoteca
han llegado a la misma conclusión,
como muestra la fuerte expansión
de las PAH en los últimos meses
o el peso creciente que tienen hoy los
damnificados en estos colectivos.
Un
día después del Stop Desahucio de
Tatiana, la asamblea del 15M de la
localidad madrileña de Parla y la
PAH paralizaron el desalojo de Luis
Domínguez, un vecino de 74 años
con una minusvalía reconocida del
75%. Reflejo de un proceso de empoderamiento
verificable en las más de
50 PAH que existen actualmente, espacios
donde se diluyen las diferencias
entre autóctonos y migrantes,
Luis tampoco se pierde un Stop
Desahucio desde entonces.
- “Éstas son las llaves de la casa de mis padres”, cantaba una multitud esta primavera en Madrid (Foto: Olmo Calvo)
Ejecuciones hipotecarias
Según datos del Consejo General del
Poder Judicial, desde que comenzó la
crisis, en 2007, más de 350.000 propietarios,
familias en su mayoría, se
han quedado sin casa como resultado
de un proceso de ejecución hipotecaria
en el Estado español. En el tercer
trimestre de 2011, los procedimientos
de desahucio alcanzaron los 10.869,
un 14,2% más que en el mismo periodo
del año anterior, y los últimos datos
de desempleo sólo pueden presagiar
un agravamiento de la situación.
Estudios recientes calculan que más
de medio millón de hogares perderán
su casa entre 2012 y 2015.
Sin embargo, la tasa demorosidad
de las familias sigue siendo muy baja
en España, y aunque en noviembre
llegó al 2,7%, cuando antes de la crisis
era del 1%, dista mucho del índice
de impago de las inmobiliarias
(18,7%) y de las constructoras (16,09%). Según datos del Banco de
España, los impagos de las empresas
inmobiliarias superaron en el tercer
trimestre de 2011 los 37.000 millones
de euros, tres veces más que
el de todas las familias españolas
juntas, y eso a pesar de que éstas recibieron
de los bancos el doble de
crédito que el sector inmobiliario. Pero las financieras siguen brindando
un trato de favor a las inmobiliarias
al aceptar de manera recurrente
la entrega de sus inmuebles como
pago de su deuda, algo que niegan
de manera sistemática a las familias
y que se ha convertido en el caballo
de batalla de las PAH y del 15M.
Gracias a la presión de estos colectivos,
que han encontrado la complicidad
de movimientos como el vecinal
y el sindical, la dación en pago
se ha instalado en el centro del debate
político. Desde su creación, en febrero
de 2009, la PAH reclama que
el Estado la regule con carácter retroactivo,
para librar de deudas vitalicias
a las decenas demiles de familias
que ya han perdido su vivienda.
Esta petición la ha trasladado a partidos
políticos, ayuntamientos e instituciones
del Estado y ahora tratará
de llevarla al Parlamento a través de
una Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) que ha permanecido bloqueada
más de medio año en la Mesa del
Congreso. Para ello, a partir de marzo,
deberá recoger en nueve meses
500.000 firmas.
Más allá de los resultados
concretos en el Congreso, la
campaña de la ILP perseguirá sensibilizar
y trasladar a todos los rincones
del Estado el debate sobre el problema
de la vivienda y el papel de la
banca, sobre la paradoja de que se
siga expulsando a las familias empobrecidas
de sus únicas viviendas
cuando en España el stock de casas
vacías alcanza los cinco millones de
unidades, y la necesidad de que el
Estado ponga en marcha un parque
público de viviendas de alquiler social
que garantice un derecho
reconocido en la Constitución.
Según Ada Colau, una de las fundadoras
de la primera PAH, en
Barcelona, “lo más importante de la
campaña Stop Desahucios, que
arrancó en noviembre de 2010, es la
conquista simbólica, demostrar que
con la acción colectiva se puede conseguir
algo, a pesar del enorme poder
de los bancos. 130 desahucios parados
frente a más de 150.000 ejecutados
en tres años no es mucho numéricamente,
pero hay que pensar
de dónde partíamos. Cuando empezamos
era muy difícil plantear el tema,
estaba invisibilizado y los afectados
estigmatizados”, sostiene.
- Apoyo a una familia desahuciada en Mataró (Foto: Xosé Quiroga)
Junto
al aspecto simbólico encontramos resultados
concretos. Gracias a las acciones
de desobediencia pacífica y a
la presión social, el movimiento ha
conseguido aplazar de manera indefinida
decenas de desahucios, y ha
logrado daciones en pago y condonaciones
de deuda, así como algunos
alquileres sociales. Y es que, en palabras
de Colau, “aunque lo más visible
son los Stop Desahucios, antes y después
hay mucho trabajo: negociar
con los servicios sociales, presionar a
los bancos para parar el desahucio
antes de la fecha programada, etc.
Ahora entramos en una segunda fase
de lucha. En Madrid está habiendo
una reacción represiva muy fuerte.
En Cataluña no tanto, aunque ha habido
intentos. Pero si no se consigue
parar los desahucios, tendrá que tomar
fuerza la Campaña de la Obra
Social, es decir, reabrir los pisos de
los desahuciados o abrir pisos vacíos
de las entidades financieras para las
familias desahuciadas”. En este marco,
el 16 de diciembre, la PAH de
Terrassa dio a conocer la okupación
de dos bloques de viviendas, pertenecientes
a UNNIMy Catalunya Caixa,
para familias desalojadas.
La presión de las plataformas y del
15M no sólo está generando un ambiente
favorable a sus propuestas en
la opinión pública, sino en un sector,
aún minoritario, de la judicatura. Así,
el 10 de enero, el magistrado del
Juzgado de Instrucción nº 3 de
Torrejón de Ardoz, Carmelo Jiménez,
firmó un auto por el que obligaba
a Bankia a declarar saldada la deuda
de un hipotecado con la entrega
de su vivienda. El juez cita dos autos
de las audiencias provinciales de
Navarra y Girona, y sostiene que “la
aplicación automática de la regulación
de la ejecución hipotecaria desconociendo
esta situación actual de
crisis económica excepcional conllevaría
dejar exento de responsabilidad
a uno de los partícipes, como entidad
financiera, en la causación de
dicha situación, al haber valorado el
bien objeto de garantía especulativamente
o de manera irreal, y le permitiría
además adquirir el citado bien
por un precio irrisorio”. De permitir
esto, dice la sentencia, se estaría amparando
“una operación que no difiere mucho
de la usura”.
Para Rafael Mayoral, asesor legal
de la PAH, el de Torrejón es el auto
“más valiente” de los habidos hasta la
fecha, más incluso que los de Navarra,
Girona y otro emitido hace
unas semanas en Lleida, que condona
la deuda de dos hermanos que ya
habían sido desalojados de su casa.
En el auto de Torrejón, el magistrado
“entra en el análisis de la realidad social
y de la situación excepcional en
que nos encontramos, cita los paquetes
de ayuda que ha recibido la banca
y aborda la desigualdad real y objetiva
que existe entre las partes, la incapacidad
objetiva del deudor para prever
esta situación de crisis y la responsabilidad
en ella del prestamista”,
indica Mayoral. Aunque ya ha sido
recurrido por Bankia, según el abogado
de la PAH, demuestra que “los
bancos no tienen la legalidad de su
parte. Lo que ocurre es que se está
aplicando la norma de manera automática,
cuando el derecho ha de ser
entendido con una visión integral”.
En el campo judicial, según Mayoral,
“se están produciendo grietas importantes
como la de Torrejón, fisuras
por las que acabará saliendo una riada
incontenible, detrás de la cual sigue
siendo imprescindible el empuje
de la sociedad civil”.
MEDIDAS ANTE LA EMERGENCIA //
AYUNTAMIENTOS
Desde que la PAH lanzara su campaña
para los ayuntamientos en
noviembre de 2010, cerca de 200
han aprobado mociones en que solicitan
al Gobierno la dación en pago
y se comprometen a trabajar para
frenar los desahucios, para lo que
algunos están creando comisiones
mixtas. El más importante en hacerlo
ha sido el de Barcelona. Otros, como
el de Terrassa, han dado un paso
más: allí, además de crear un servicio
de intermediación para que los
afectados negocien con los bancos,
el Consistorio ha interpelado a estas
entidades para que incluyan sus
5.000 casas vacías en la bolsa
municipal de viviendas en alquiler
social. Otros, como el de Alcalá de
Henares o Torrejón, en Madrid, han
aprobado dejar de cobrar a los desahuciados
la plusvalía municipal que
se aplica en la transmisión de inmuebles.
Quedan lejos todavía ejemplos
como el de Bobigny (Francia),
que con una ordenanza declaró la
ciudad “libre de desahucios”, o el de
tres distritos de Roma que expropiaron
viviendas de grandes propietarios
para responder a la situación de
emergencia social.
DEFENSORA DEL PUEBLO
La Oficina del Defensor del Pueblo
presentó el 25 de enero un informe
en el que solicita “medidas excepcionales”
para las personas que no
pueden hacer frente a sus hipotecas,
“del mismo modo que se han otorgado
ayudas públicas excepcionales
al sector financiero”. Sin embargo,
aunque pide para la vivienda habitual
“una protección extraordinaria
en una ejecución hipotecaria”, sólo
solicita la dación en pago para “los
casos más extremos”.
OFICINA DE VIVIENDA
La Oficina de Vivienda, que abrió sus
puertas en el okupado Hotel Madrid
pero ha seguido adelante tras su
desalojo, es un proyecto que articula
su trabajo en tres ejes: la asesoría
sobre la toma de edificios abandonados
a la especulación, la búsqueda
de soluciones temporales de alojamiento
para personas sin casa y la
solidaridad con quienes lancen su
proyecto de realojo en viviendas que
están en manos de bancos e inmobiliarias.
Más info: oficinavivienda.net
EL ABUSO DE LAS SUBASTAS EXTRAJUDICIALES
En un
momento
en el que
los afectados
por las
hipotecas
luchan porque
las
leyes cambien
para
que el
banco no
se pueda
quedar con su vivienda por un
60% de su valor inicial, reclamándoles
el 40% restante, una
nueva práctica, poco utilizada
hasta ahora por los bancos pero
prevista en casi todas las escrituras
hipotecarias, ha hecho saltar
la voz de alarma. Se trata de
las subastas ante notario, que
permiten al banco, tras dos
intentos de venta por el 100% y
el 75% del valor de la vivienda,
y en ausencia de postor, adjudicarse
la casa por el precio que
más le convenga, por ejemplo,
un euro, lo que deja al afectado
no sólo sin vivienda, sino también
con la totalidad de la
deuda. Además, el procedimiento,
al ser extrajudicial, no permite
al afectado recurrir a la justicia
gratuita.
“Iremos a las subastas y las
pararemos, igual que estamos
paralizando los desahucios”,
advierte la PAH, a la que están
llegando afectados por este tipo
de procedimiento, al que está
recurriendo la entidad Banca
Cívica, pero también otras entidades,
como Banesto, que el
26 de enero se adjudicó una
vivienda por el 35% de su valor.
Mientras no se cambie la ley,
“de nada servirán los vanos
intentos de mediación que algunas
administraciones están
intentando impulsar para neutralizar
el conflicto”, dice la PAH.
Vìa,fuente :
http://diagonalperiodico.net/Hipotecados-en-pie-de-guerra.html
http://diagonalperiodico.net/Hipotecados-en-pie-de-guerra.html
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