El nuevo
foco de conflicto que amenaza al gobierno de Sebastián Piñera se agravó
ayer, en otra violenta jornada de represión contra los manifestantes de
Puerto Aysén, al sur de Chile. El movimiento social de esa región
protesta por el alto costo de vida con respecto al resto del país desde
hace dos semanas. El 7 de febrero pescadores y dirigentes sociales
cortaron el tránsito del simbólico puente Presidente Ibáñez, que
comunica el interior de la región y la capital regional Coyhaique con el
resto de Chile. Ese puente colgante, construido en la década del
sesenta y declarado monumento histórico nacional, fue escenario en las
últimas dos noches de una feroz represión por parte de Carabineros
contra cientos de personas apostadas en la ribera sur, impidiendo con
barricadas el avance de la policía. Al menos siete detenidos, entre
ellos dos mujeres y un hombre que resultó con fractura de nariz, fue el
saldo de la jornada de ayer, con varios jóvenes heridos por balas de
goma y golpes por parte de las Fuerzas Especiales (FF.EE.).
Al cierre de esta edición, Carabineros había tomado el control del
puente, tras arrojar al menos cien bombas de gas lacrimógeno. El sábado
un hombre perdió un ojo por disparos a quemarropa de Carabineros. Muchos
de los heridos en los enfrentamientos temen atenderse por miedo a que
la policía los embosque en los hospitales y los detenga. El gobierno de
Piñera envió a principios de esta semana al ministro de Salud, Jaime
Mañalich, en un infructuoso intento por atemperar las protestas. Ante el
complejo panorama, el gobierno jugó una carta para deslegitimar la
protesta, afirmando que las movilizaciones sociales estaban digitadas
por sectores políticos. Mañalich apuntó específicamente a Patagonia Sin
Represas (PSR), un movimiento que rechaza la instalación de centrales
hidroeléctricas del proyecto HidroAysén. “El rol de PSR es absolutamente
cierto y seguro para mí, al punto que uno de los dirigentes principales
de este movimiento en Aysén es el señor Patricio Segura, empleado de
PSR”, lanzó el ministro ayer durante una actividad junto a Piñera en la
Región de Bío-Bío. En diálogo con Página/12, el vocero de Movimiento
Social por Aysén se defendió de la acusación de Mañalich. “Hemos visto
que se dilató la respuesta del gobierno, por lo que ahora están tratando
de politizar el movimiento”, aseguró Patricio Segura. “Lo que ocurre es
que el gobierno de Chile está controlado por gente que vive en Santiago
y no entiende nada. Esta es una causa social compuesta por vecinos,
dirigentes de salud, estudiantes y campesinos. Toda la región de Aysén
está movilizada y no es un grupo en particular”, aclara el vocero.Mañalich lo acusa de boicotear la mesa de negociación que buscaba acuerdos entre las autoridades gubernamentales y los líderes de la protesta. Ayer el gobierno de Piñera decidió delegar en la intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, las negociaciones con el movimiento, al tiempo que descartó nuevos viajes de ministros a la zona. Diputados provinciales reclamaron la presencia de ministros del gobierno en la región, que estén imbuidos en las demandas planteadas en el pliego de doce puntos.
“Son demandas históricas y transversales que el gobierno no está escuchando”, advierte Segura. “Ellos tienen una visión de la movilización por intereses particulares y monetarios, y no entienden que existan movimientos solidarios como éste.”
Entre los puntos más importantes de las demandas se encuentran la solución al alto costo de combustibles, salud de calidad, sueldo mínimo regionalizado y estabilidad para funcionarios públicos, rutas de acceso para el pequeño y mediano campesino y un procedimiento vinculante para decidir sobre la construcción de represas en la zona.
Informe: Juan Nicenboim.
Vìa,fuente:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-188240-2012-02-24.html
imagen afp
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