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La
deuda del Estado español está en el punto de mira de toda Europa, ya que
los mercados financieros (bancos de inversión, fondos buitres y
aseguradoras) han estado y siguen especulando con ella, con un solo
objetivo: llevarse jugosos beneficios. Y esto a costa del
empobrecimiento de la población en su conjunto, porque toda esta
especulación conlleva un aumento progresivo de los intereses a pagar,
reduciendo, a su vez, otros gastos del Estado, como ahora: la educación,
las prestaciones de jubilación, viudez y desempleo, justicia, sanidad o
servicios sociales. Todas estas medidas de austeridad, equivalentes a
los planes de ajuste estructural llevadas a cabo en el sur del planeta a
partir de los años 80, no hacen más que aumentar las desigualdades
sociales, a través del empobrecimiento cada vez mayor de las personas,
especialmente de las más vulnerables (mujeres, minorías étnicas,
jóvenes, inmigrantes, personas en paro y jubiladas).
No
obstante, y en oposición con el discurso dominante, no son los gastos
públicos los que han hecho que incrementara la deuda del Estado español.
Al contrario, han sido medidas, cuyo beneficio para el conjunto de la
población es más que dudoso, las que han provocado los déficits que han
obligado un endeudamiento cada vez mayor. Por ejemplo, la baja de
impuestos sobre sucesiones y donaciones, sobre el tramo superior del
IRPF, y la supresión del impuesto sobre el patrimonio han beneficiado a
los más ricos, cuyo patrimonio ha sido también protegido por el fraude
fiscal, la bajada de impuestos sobre sociedades y las SICAV, como premio
a su avidez y descontrol.
Por lo tanto, la lógica
imperante es de hacer pagar al conjunto de la población las ventajas
económicas conseguidas por un pequeño número de personas adineradas a
través de la deuda. Pero no resulta fácil conocer la proporción exacta
del presupuesto dedicado a pagar la deuda. Esto se debe a una voluntad
política deliberada de esconder estas cuestiones a la población,
facilitada por el carácter peculiar del endeudamiento de los estados,
muy diferente al entendimiento general de los préstamos a particulares o
empresas. Para estos préstamos, el dinero prestado (llamado capital),
así como los intereses, se reembolsan conjuntamente a lo largo del
tiempo acordado. En el caso de un estado, solo los intereses de los
préstamos (llamados letras, bonos u obligaciones del Estado, según sean a
corto, medio o largo plazo) se van reembolsando a lo largo de su
duración, mientras que el capital se debe devolver de golpe cuando acaba
(vence) el préstamo. Por esta razón, el funcionamiento habitual de los
Estados es de endeudarse más para pagar los vencimientos de las antiguas
deudas, permitiendo a los estados esconder estos gastos, ya que se
equilibran a nivel presupuestario: los gastos por pago de vencimientos
equivalen a los ingresos por emisión de deuda nueva. No obstante,
aumentando la deuda por el déficit resultando de una mala gestión
presupuestaria, se incrementa cada vez más el pago, que a su vez
necesita cada vez más emisiones. Además, esta nueva deuda puede ser
emitida en condiciones diferentes, por ejemplo con tasas de interés más
altas (lo que ha estado ocurriendo últimamente), que desembocan en el
clásico efecto bola de nieve (aumento de la deuda por el efecto
combinado de altas tasas de interés y nuevos préstamos para pagar
endeudamientos anteriores).
El estudio minucioso
de los presupuestos generales del estado (accesibles a través de la
página web del Ministerio de Economía y Hacienda) permite averiguar la
cantidad de dinero gastada por el Estado español a título de reembolso
de capital durante los últimos años (ver tabla). Por ejemplo, el
reembolso de capital para el año 2010 es comparable al presupuesto total
del Estado para ese año. Si sumamos intereses y capital reembolsados
últimamente, vemos que entre 2000 y 2010, el Estado español ha reembolsado más de 3 veces lo que debía en 2000, y sigue debiendo casi el doble.
Esta tabla también permite ver como los intereses y el capital
reembolsados así como la deuda total no han parado de aumentar desde el
año 2000, y con la actual especulación sobre la deuda del Estado
español, esta tendencia no va a cambiar.
En
conclusión, parece totalmente injusto ahorrar sobre los servicios
públicos como educación y sanidad para reembolsar una deuda con el fin
de aliviar un déficit que benefició a los más acomodados. Bajo presión
popular, el Estado tiene que abrir todas las cuentas públicas de la
deuda para que el pueblo, apoyado sobre el derecho nacional e
internacional, pueda decidir si se debe reembolsar lo que ha sido pagado
varias veces y que carece de legitimidad. Así, esta auditoría de la
deuda pública española permitiría invertir la transferencia de riqueza
operada por el servicio de la deuda en beneficio de los acaudalados
tenedores de títulos de deuda hacia la población en su conjunto, para su
bienestar.
Fuente: http://www.cadtm.org/Cuantas-veces-tendremos-que-pagarVìa,fuente :
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144607
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