Entre quienes buscaban impulsar una política de desestabilización en Bolivia e incluso contaban con un plan para asesinar al presidente Evo Morales, se encuentran personajes que instrumentaron en ese país la política estadunidense de contención a los movimientos democráticos en América del Sur durante las décadas de 1970 y 1980, conocido como el Plan Cóndor. Las investigaciones revelan que los antiguos represores siguen actuando de manera coordinada. Así, es posible ver a exmilitares argentinos activos en Santa Cruz, Bolivia
Alfredo Boada Mola/Prensa Latina
La Paz, Bolivia. La vinculación de las acciones del represor
argentino Luis Enrique Baraldini con el caso Terrorismo en Bolivia,
reactivó las investigaciones acerca de los colaboradores del Plan
Cóndor, que sembraron el terror durante las pasadas dictaduras militares en Suramérica.
Este caso se investiga desde abril de 2009, cuando la policía
boliviana desarticuló una célula terrorista en un céntrico hotel de la
ciudad de Santa Cruz (Este), encabezada por el boliviano-croata Eduardo
Rózsa, quien murió en la acción junto a dos colaboradores, mientras que
otros dos integrantes de la banda fueron capturados.
Los mercenarios planeaban realizar acciones terroristas y secesionistas destinadas a desestabilizar el gobierno del presidente Evo Morales.
Acusado de violación de derechos humanos cuando fue jefe de policía
en la provincia argentina de La Pampa (durante la dictadura militar de
1976 a 1983), Baraldini fue detenido el 25 de diciembre de 2011, en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y luego trasladado a La Paz.
Baraldini, quien encabezó un grupo de tareas a través de las cuales
secuestró y torturó a detenidos políticos, cayó en una redada en
compañía de su hija Rosana, cuando salía al aeropuerto de Santa Cruz, a
esperar a su esposa Olga Riquet, e inmediatamente Argentina pidió su
extradición.
En
la madrugada del 25 de diciembre, fue entregado en la fronteriza
población de Bermejo, en Tarija, a las autoridades judiciales
argentinas, para responder por más de 300 delitos.
La inteligencia boliviana estaba detrás de la pista del excoronel,
de 74 años de edad, quien llevaba una cédula de identidad falsa a nombre
de Marco Antonio Aponte (uno de los motivos de Bolivia para expulsarlo
del país).
Este prófugo de la justicia argentina desde 2003 tenía una orden de
captura internacional dictada por la fiscal federal de Santa Rosa,
Argentina, Marta Odasso.
El seguimiento de su esposa Olga y su hija Sandra Mabel (quien vive
en Santa Rosa) fue clave para detener al exrepresor, cuya presencia en
Bolivia desde 2003 fue solapada, ya que el esposo de su hija Rosana,
Raúl López, es el director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de
Santa Cruz.
Ahora los concejales del partido político boliviano Movimiento al
Socialismo (MAS), en Santa Cruz, exigen al alcalde Percy Fernández la
destitución de este funcionario.
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La Organización Internacional de Policía Criminal localizó a
Baraldini en Bolivia en 2007, y en 2009 se produjo el intento de
asesinato en contra del presidente Morales, hecho del cual el gobierno
argentino informó la participación de exmilitares de esa nación en la
acción terrorista.
Poco después de su deportación, la derecha boliviana buscó un
motivo político para explicar su detención, a lo cual respondió el
Ejecutivo.
El ministro de Gobierno (Interior), Wilfredo Chávez, explicó que se
cuenta con información de los nexos y actividades de Baraldini en el
país y se trabaja en ello desde la Inteligencia. “Hay investigaciones
abiertas sobre el caso y no es el único”.
Chávez respondió así a las denuncias realizadas por las autoridades
argentinas de que el excoronel de policía se alió con grupos de
ultraderecha en el país altiplánico para derrocar y asesinar al
presidente Morales, en 2009, y dividir al país.
La ministra de Seguridad de Argentina, Nilda Garré, reveló que el
represor tuvo una activa participación en el intento de magnicidio
contra el mandatario boliviano.
Al ser cuestionado sobre la presencia en Bolivia de otros
implicados en torturas en épocas de dictaduras, la autoridad mencionó
que existen grupos de poder ligados a la derecha nacional e
internacional, opuestos a la nueva Constitución Política del Estado y al
proceso de cambios en el país, que protegen a este tipo de personas.
El ministro de Gobierno advirtió que la captura del excarapintada fue legal y muy lejos de ser una jugada política (ante la hipótesis que aún maneja la derecha boliviana).
“Existía una orden de captura internacional que fue cumplida por el
Estado a través de las fuerzas de inteligencia en el marco de la
cooperación judicial y la policía internacional”, explicó el titular de
Gobierno.
“Es una irresponsabilidad hablar de una detención política”, afirmó
Chávez, ante las protestas de la ultraderecha establecida en Santa
Cruz, que durante muchos años protegió a torturadores y masacradores, como Baraldini y Jorge Baldiano.
Aunque el ministro no aseguró que el reo perteneciera a la célula
mercenaria de Eduardo Rósza –que tramó fragmentar al país en 2009, a
través de una ola de atentados terroristas–, la detención del
torturador reactivó las investigaciones acerca de los colaboradores de
dictaduras que sembraron el terror de 1964 a 1982.
Como sucedió en el gobierno del expresidente boliviano Hernán Siles
Zuazo, entre 1982 y 1985, con la captura y entrega a la justicia
internacional del exjefe de comandos nazis Klaus Barbie Altmannel carnicero de Lyon,
o de cruentos torturadores que ingresaron a Bolivia para huir de
procesos judiciales en países donde cometieron crímenes, Barbie –según
se rumora en Bolivia– se sentaba cada tarde en un café, rodeado de
guardaespaldas, mientras que los gobiernos en turno ignoraban las
exigencias internacionales de captura y extradición. Durante años
colaboró con las dictaduras latinoamericanas y en enero de 1983, fue
deportado a Francia, donde fue condenado a cadena perpetua.
En ese sentido, el senador del MAS, Eugenio Rojas, exigió
investigar las acciones y nexos de Baraldini, sospechoso de conspirar
contra el presidente Morales, en 2009.
Rojas manifestó que “hay que pedir informes al Ministerio de
Gobierno sobre este represor que tenía contactos para organizar actos
criminales; investigar y conocer qué pasó, para saber qué medidas tomar,
para proteger a líderes políticos, sindicales o cualquier otro
ciudadano”.
De acuerdo con el senador, no se tiene suficiente información de
los actos del exmilitar en Bolivia, y por ello exhortó a las
instituciones de inteligencia del país a fortalecer su trabajo.
Recientemente, el exconcejal del MAS, Osvaldo Peredo, reveló que
otro torturador argentino, Jorge Baldián, vive en Trinidad bajo la
apariencia de un empresario agropecuario.
Éste (también con una larga trayectoria como colaborador de
gobiernos dictatoriales desde la década de 1970), es un personaje
cercano al gobernador suspendido del departamento de Beni (al Noreste de Bolivia), Ernesto Suárez, con quien apareció en diversos actos públicos.
Baldián fue una figura clave en los órganos represivos durante la
dictadura del general Luis García Meza (1980-1981), y su presencia
estuvo sujeta a incursiones en centros de detención para extraer
confesiones bajo tortura a perseguidos políticos, y torturó al propio
Peredo cuando éste estuvo preso entre 1978 y 1979, en las llamadas
“casas de seguridad”, en tiempos de dictaduras.
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