Secuestros, torturas, desplazamientos forzados,
ejecuciones extrajudiciales… la lista de violaciones a los derechos
humanos acumuladas a lo largo de los casi 50 años del conflicto armado
colombiano es extensa y bien conocida.
Pero el problema de la violencia sexual contra
las mujeres a manos de los diferentes actores armados todavía no está
debidamente dimensionado ni recibe la atención necesaria, afirma un
nuevo reporte de Amnistía Internacional.
Es la problemática que es más invisible… el último tabú del conflicto armado en Colombia", le dijo a la BBC Susan Lee, directora del Programa Regional para América Latina de la organización.
Y el reporte, publicado siete años después de que Amnistía documentara por primera vez la gravedad de la situación, afirma que las autoridades colombianas le siguen negando a las sobrevivientes de la violencia sexual sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
"Los grupos armados usan la violencia como una manera de castigar a las mujeres, si consideran que no están aceptando su control sobre su familia, su población, su zona; o si consideran que su familia está colaborando, simpatizando con el grupo enemigo, sea cual sea", explicó Lee.
"Muchas veces (la violencia sexual) es usada como una arma de terror para forzar el desplazamiento de la población civil", agregó.
"No hay justicia"
El reporte documenta numerosos casos de violaciones y abusos sexuales cometidos tanto por guerrilleros como por paramilitares y miembros de la fuerza pública.Y esos testimonios cuentan una historia de permanente intimidación, de instituciones poco interesadas en reconocer y enfrentar el problema, y de falta de voluntad política para acabar con la impunidad.
Un buen ejemplo es el caso de "Shirley", quien sólo tenía 17 años cuando fue llevada por la fuerza a un campamento paramilitar en Antioquía, donde fue violada repetidas veces.
"Yo no sabía cuándo me llegaba la menstruación, porque yo constantemente sangraba porque eran muchísimos hombres", contó.
Shirley permaneció en el campamento de febrero a agosto de 2005, cuando finalmente logró escapar.
Y, en diciembre de 2008, a pesar de las constantes amenazas, juntó el coraje necesario para hacer una denuncia, "para que se den cuenta que esto sí pasa", explicó.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación y las autoridades acordaron ponerla bajo la tutela de su programa de protección.
La investigación, sin embargo, nunca prosperó. Y en varias ocasiones la protección ofrecida por el Estado la obligó a compartir casa con algunos de sus violadores, que se habían desmovilizado en el marco del llamado proceso de Justicia y Paz un par de años atrás, mediante el cual muchos paramilitares depusieron las armas.
Según el reporte de Amnistía Internacional, Shirley ha identificado a más de 35 de los hombres que abusaron de ella.
"Pero pregúnteme cuántos hay en la cárcel por el caso mío. Ninguno", dijo. "Sinceramente no hay justicia. Para mí no hay".
Abuso de poder
Susan Lee afirma que las violaciones por parte de los diferentes actores armados involucrados en el conflicto colombiano siguen siendo una práctica sistemática y generalizada, lo que implica que pueden ser considerados crímenes de guerra o de lesa humanidad.Pero las mujeres en las zonas de conflicto también enfrentan otros problemas, como el reclutamiento forzado por parte de los grupos armados ilegales, que a menudo utilizan a las jovencitas como carnada.
"Nos dicen que las chicas de las FARC son unas chicas preciosas y que esas son las que están cautivando a los pelados (muchachos) para enlistarlos", le dijo a BBC una activista que trabaja por los derechos de la mujer y en contra del reclutamiento infantil en el departamento de Putumayo.
Y según la activista, quien pidió no ser identificada por motivos de seguridad, en este remoto y pobre departamento amazónico, los uniformados no siempre necesitan que recurrir a la violencia para aprovecharse de las mujeres y menores de la región.
"Las niñas aparentemente se enamoran de los actores armados porque tienen poder económico, porque a veces no hay otra oportunidad", dijo.
"En Putumayo no hay universidad. Las bases militares que construyen en este departamento son a 100 metros de la escuela. No son impuestas (las relaciones), pero ellas las ven como su única opción", explicó.
Los actores armados, por su parte, se aprovechan de la situación para convertirlas en informantes o correos.
Y como consecuencia de estos noviazgos, muchos de los cuales pueden considerarse un ejemplo de abuso de poder, varias niñas y sus familias se convierten en blanco de los grupos adversarios.
"Muchas tienen que desplazarse por ese tipo de relaciones", explicó la mujer.
Silencio e impunidad
La situación se repite en muchas otras partes de Colombia.Y, a menudo, esos noviazgos involucran a menores de edad, por lo que constituyen otro ejemplo de abuso sexual producto del conflicto.
Las posibilidades de que este tipo de conductas sean denunciadas ante las autoridades, sin embargo, parece aún más remota que en los otros casos de violencia sexual.
Y según una investigación de la Corporación Casa de la Mujer y Oxfam, el 82% de las mujeres víctimas de la violencia sexual en las zonas de conflicto nunca denuncian lo sucedido.
Para Susan Lee, esto sucede porque la mayoría de las mujeres temen la represalia y el estigma social.
Pero, sobre todo, porque "cuando tienen la valentía de denunciar, la primera respuesta del Estado es no creerles, o culparlas a ellas por lo ocurrido. Y si logran que haya una investigación los obstáculos para llegar a la justicia y que los culpables sean enjuiciados es muy difícil", le dijo a la BBC.
Según Amnistía, el problema de la impunidad por actos de violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto es más grave que en el caso de las otras violaciones de derechos humanos.
"Muy pocos de los autores de crímenes de violencia sexual cometidos durante los 45 años del conflicto han comparecido ante la justicia", afirma en su reporte.
Pero además, en las raras ocasiones que estos crímenes llegan a juicio, estos son tratados como delitos comunes y no como crímenes de Guerra o crímenes de lesa humanidad, como correspondería, destacó Lee.
La funcionaria de Amnistía Internacional afirma que el actual gobierno colombiano ha dado pasos en el sentido correcto, pero que todavía no ha podido traducir sus palabras a una acción efectiva.
"Y si Colombia no está dispuesta, no puede o no quiere lograr justicia en estos casos, entonces la jurisdicción internacional, por ejemplo la Corte Penal Internacional, podría tener un papel en cuanto a esta situación", advirtió.
Lee se encuentra en Colombia para hacerle llegar personalmente ese mensaje al gobierno colombiano, que aún no se ha pronunciado sobre el reporte.
Pero, según Lee, la Alta Consejera para la Equidad de Género, Cristina Plazas Michelsen ya les expresó que en el gobierno del presidente Santos existía la voluntad política necesaria para enfrentar el problema.
"Nos aseguró que el tema de la violencia contra la mujer si es una prioridad para el gobierno", declaró.
Vìa,fuente:
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/09/110921_colombia_conflicto_violencia_sexual_aw.shtml
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