El gobierno de Manuel Zárate Aquino, en el estado de Oaxaca, se caracterizó por proteger a latifundistas y caciques
Que despojaban de sus tierras a los campesinos
e indígenas; a patrones y jefes de los sindicatos en contra de las
huelgas y luchas de los obreros y empleados, y a dirigentes del sector
popular del Partido Revolucionario Institucional que explotaban a
locatarios y otros grupos de trabajadores no asalariados. Se produjeron
asesinatos de campesinos e indígenas; rompimientos de huelgas;
persecución, secuestros y encarcelamientos de dirigentes sindicales,
estudiantiles y populares, e imposición de autoridades en la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El estado quedó convertido en una
especie de dictadura regional, donde reinaban el autoritarismo, la
antidemocracia y la ilegalidad. Oaxaca era un polvorín a punto de
estallar.
La crisis se vino encima. El gobernador y varios presidentes municipales desataron una escalada de violencia contra el pueblo, en especial en la región del Istmo, con encarcelamientos, torturas y asesinatos masivos. El 20 de diciembre de 1976, más de 200 policías judiciales del estado y elementos del ejército golpearon a 30 estudiantes y campesinos en el Tecnológico de Juchitán, encarcelándolos después en Salina Cruz. El 23 de diciembre fueron liberados gracias a la solidaridad de los pueblos istmeños.
El 21 de febrero de 1977, 37 estudiantes huelguistas de la Escuela Tecnológica Industrial Núm. 87 y Secundaria Federal de Cheguigo en Juchitán, de las Escuelas Técnicas Agropecuarias 197 y 198 de Espinal e Ixtepec, y de la Secundaria Federal de Ixtepec, fueron detenidos, golpeados y encarcelados por los “azules” de la policía judicial del estado. Ninguno recibió atención médica. Por la noche de ese día, los pobladores que protestaban por la represión fueron agredidos a balazos por las autoridades municipales y la policía, quedando heridas seis personas.
La violencia aumentó peligrosamente. El 22 de febrero, más de 3 mil personas, entre padres de familia, estudiantes, campesinos y trabajadores de diversas partes del Istmo, fueron atacados frente a la cárcel municipal de Juchitán con metralletas y fusiles M-1 por los “azules”, siendo lastimados más de 30 habitantes y asesinados dos niños. De los más de 20 desaparecidos, tres fueron torturados, mutilados, asesinados y rematados con el tiro de gracia: Héctor Velázquez Figueroa, trabajador de la Planta de Arroz “Presidente Juárez”; Víctor Pineda Vázquez, joyero, y Manuel López Salinas, campesino, cuyos cuerpos fueron encontrados en una cañada de la ranchería Santa Cruz Bamba. (Véase Punto Crítico, núm. 71, a. VI, 15-III-77, p. 32).
Al día siguiente, se celebraron manifestaciones de protesta en todo el estado. El 25, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UABJO exigió la desaparición de poderes; la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca y la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo se solidarizaron con esta demanda. La agitación se extendió por todas partes, saliendo a relucir los despojos de tierras, atropellos y asesinatos. Grupos de la Confederación Nacional Campesina, la Central Campesina Independiente y la Unión General de Obreros y Campesinos de México, y algunas decenas de presidencias municipales se sumaron a la lucha por la caída del gobernador. De esta manera, confluían en la lucha la COCEO, la COCEI, sectores priístas, el Partido Popular Socialista, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Comunista Mexicano y otras organizaciones de izquierda.
La oposición al sátrapa estatal se incrementaba. 162 ejidos se dirigieron a la Cámara de Diputados en los siguientes términos: “Zárate Aquino se ha dedicado a servir a los latifundistas y caciques... como son Genoveva Medina, dedicada a explotar a locatarios de mercados públicos; Alfonso Juárez Lara, viejo cacique de la región mixe; Jorge Martínez Vigil, abogado de Acción Nacional, explotador de los mineros de Chaneque Verde y otros”. (Excélsior, 26-II-77, p. 13-A).
La suerte de Zárate Aquino se definía día a día. El Congreso de la Unión envió una comisión de legisladores a Oaxaca para indagar sobre los acontecimientos recientes. En respuesta al ascenso de la lucha de masas, el gobierno estatal organizó y realizó, en parte, un lock out del comercio, los servicios turísticos y los coches de alquiler. La policía, grupos paramilitares y porros agredían a vendedores ambulantes que no acataban el paro de la derecha. La violencia estaba a la orden del día.
El movimiento asumió como objetivos centrales: la destitución de Manuel Zárate Aquino, la libertad de detenidos en Juchitán y la presentación de desaparecidos, el cese de asesinatos de la policía del estado, la salida de fuerzas policiacas y paramilitares del edificio central de la UABJO, y la entrega de subsidio al rector democrático de la Universidad, doctor Felipe Martínez Soriano.
En ese movimiento político de masas, cabe resaltar que el Partido Acción Nacional se colocó en contra del mismo.
El 27 de febrero las cosas se complicaron mucho: en san Juan Lalana fueron asesinados 29 campesinos y heridos 15. Con esto, el aislamiento de Zárate Aquino se profundizó y extendió. Sin medir las consecuencias y con un descaro inaudito el gobernador oaxaqueño afirmó ante la prensa nacional: “A mí me da lo mismo; póngale 80 ó 100 muertos”. Y agregó: “Esto es como un partido de futbol; me da igual perder uno a cero que por cinco a cero”. (Miguel Ángel Rivera, “Informe sobre Oaxaca. Un gobierno al que no importan los muertos”, en Proceso, núm. 18, 5-III-77, p. 7).
El 2 de marzo la policía judicial dispersó a tiros, en la capital oaxaqueña, una marcha antigubernamental, por lo que fueron heridas 18 personas, y asesinado el trabajador Ricardo Pérez Hernández, del Sindicato “3 de Marzo”. Ante estos hechos, en todo el país se produjeron expresiones de repudio a Zárate Aquino, quien, el día 3, solicitó licencia por seis meses, siendo sustituido por el general y senador Eliseo Jiménez Ruiz.
En la Ciudad de México se efectuó, el 4 de marzo, una manifestación de 15 mil almas en solidaridad con Oaxaca.
La movilización oaxaqueña de 1976-1977 incidió de manera directa en la conquista de la reforma política, que Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, explicó por esos días con el famoso discurso de Chilpancingo.
A 35 años de la caída de Manuel Zárate Aquino no está de más escribir en torno a este acontecimiento, sobre todo considerando las luchas recientes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y los triquis y otros pueblos originarios.
La Haine
http://www.lahaine.org/index.php?p=59394
La crisis se vino encima. El gobernador y varios presidentes municipales desataron una escalada de violencia contra el pueblo, en especial en la región del Istmo, con encarcelamientos, torturas y asesinatos masivos. El 20 de diciembre de 1976, más de 200 policías judiciales del estado y elementos del ejército golpearon a 30 estudiantes y campesinos en el Tecnológico de Juchitán, encarcelándolos después en Salina Cruz. El 23 de diciembre fueron liberados gracias a la solidaridad de los pueblos istmeños.
El 21 de febrero de 1977, 37 estudiantes huelguistas de la Escuela Tecnológica Industrial Núm. 87 y Secundaria Federal de Cheguigo en Juchitán, de las Escuelas Técnicas Agropecuarias 197 y 198 de Espinal e Ixtepec, y de la Secundaria Federal de Ixtepec, fueron detenidos, golpeados y encarcelados por los “azules” de la policía judicial del estado. Ninguno recibió atención médica. Por la noche de ese día, los pobladores que protestaban por la represión fueron agredidos a balazos por las autoridades municipales y la policía, quedando heridas seis personas.
La violencia aumentó peligrosamente. El 22 de febrero, más de 3 mil personas, entre padres de familia, estudiantes, campesinos y trabajadores de diversas partes del Istmo, fueron atacados frente a la cárcel municipal de Juchitán con metralletas y fusiles M-1 por los “azules”, siendo lastimados más de 30 habitantes y asesinados dos niños. De los más de 20 desaparecidos, tres fueron torturados, mutilados, asesinados y rematados con el tiro de gracia: Héctor Velázquez Figueroa, trabajador de la Planta de Arroz “Presidente Juárez”; Víctor Pineda Vázquez, joyero, y Manuel López Salinas, campesino, cuyos cuerpos fueron encontrados en una cañada de la ranchería Santa Cruz Bamba. (Véase Punto Crítico, núm. 71, a. VI, 15-III-77, p. 32).
Al día siguiente, se celebraron manifestaciones de protesta en todo el estado. El 25, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UABJO exigió la desaparición de poderes; la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca y la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo se solidarizaron con esta demanda. La agitación se extendió por todas partes, saliendo a relucir los despojos de tierras, atropellos y asesinatos. Grupos de la Confederación Nacional Campesina, la Central Campesina Independiente y la Unión General de Obreros y Campesinos de México, y algunas decenas de presidencias municipales se sumaron a la lucha por la caída del gobernador. De esta manera, confluían en la lucha la COCEO, la COCEI, sectores priístas, el Partido Popular Socialista, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Comunista Mexicano y otras organizaciones de izquierda.
La oposición al sátrapa estatal se incrementaba. 162 ejidos se dirigieron a la Cámara de Diputados en los siguientes términos: “Zárate Aquino se ha dedicado a servir a los latifundistas y caciques... como son Genoveva Medina, dedicada a explotar a locatarios de mercados públicos; Alfonso Juárez Lara, viejo cacique de la región mixe; Jorge Martínez Vigil, abogado de Acción Nacional, explotador de los mineros de Chaneque Verde y otros”. (Excélsior, 26-II-77, p. 13-A).
La suerte de Zárate Aquino se definía día a día. El Congreso de la Unión envió una comisión de legisladores a Oaxaca para indagar sobre los acontecimientos recientes. En respuesta al ascenso de la lucha de masas, el gobierno estatal organizó y realizó, en parte, un lock out del comercio, los servicios turísticos y los coches de alquiler. La policía, grupos paramilitares y porros agredían a vendedores ambulantes que no acataban el paro de la derecha. La violencia estaba a la orden del día.
El movimiento asumió como objetivos centrales: la destitución de Manuel Zárate Aquino, la libertad de detenidos en Juchitán y la presentación de desaparecidos, el cese de asesinatos de la policía del estado, la salida de fuerzas policiacas y paramilitares del edificio central de la UABJO, y la entrega de subsidio al rector democrático de la Universidad, doctor Felipe Martínez Soriano.
En ese movimiento político de masas, cabe resaltar que el Partido Acción Nacional se colocó en contra del mismo.
El 27 de febrero las cosas se complicaron mucho: en san Juan Lalana fueron asesinados 29 campesinos y heridos 15. Con esto, el aislamiento de Zárate Aquino se profundizó y extendió. Sin medir las consecuencias y con un descaro inaudito el gobernador oaxaqueño afirmó ante la prensa nacional: “A mí me da lo mismo; póngale 80 ó 100 muertos”. Y agregó: “Esto es como un partido de futbol; me da igual perder uno a cero que por cinco a cero”. (Miguel Ángel Rivera, “Informe sobre Oaxaca. Un gobierno al que no importan los muertos”, en Proceso, núm. 18, 5-III-77, p. 7).
El 2 de marzo la policía judicial dispersó a tiros, en la capital oaxaqueña, una marcha antigubernamental, por lo que fueron heridas 18 personas, y asesinado el trabajador Ricardo Pérez Hernández, del Sindicato “3 de Marzo”. Ante estos hechos, en todo el país se produjeron expresiones de repudio a Zárate Aquino, quien, el día 3, solicitó licencia por seis meses, siendo sustituido por el general y senador Eliseo Jiménez Ruiz.
En la Ciudad de México se efectuó, el 4 de marzo, una manifestación de 15 mil almas en solidaridad con Oaxaca.
La movilización oaxaqueña de 1976-1977 incidió de manera directa en la conquista de la reforma política, que Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, explicó por esos días con el famoso discurso de Chilpancingo.
A 35 años de la caída de Manuel Zárate Aquino no está de más escribir en torno a este acontecimiento, sobre todo considerando las luchas recientes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y los triquis y otros pueblos originarios.
La Haine
http://www.lahaine.org/index.php?p=59394
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