Carlos
Roberto Araya Silva fue cómplice junto a Julio López Blanco, quien hace
poco era rostro de Mega, de haber protagonizado el encubrimiento de la
matanza de 6 persones en Rinconada de Maipú en 1975. Una de las víctimas
estaba embarazada. Hasta ahora la única sanción recibida por Araya
Silva es la expulsión del Colegio de Periodistas el 2007.
El
ex periodista Carlos Roberto Araya Silva fue sometido a proceso como
encubridor de los homicidios calificados de Alberto Gallardo Pacheco,
Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez y Luis Andrés Ganga
Torres, ejecutados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el
19 de noviembre de 1975.
Según informó el Poder Judicial (PJ) el 31 de enero de este año,
la investigación del juez Alejandro Solís Muñoz estableció que Carlos
Roberto Araya y Julio López Blanco fueron convocados por la Dirección
Nacional de Informaciones (DINA), policía secreta de Pinochet para
emitir notas en televisión que presentaran como enfrentamiento el
asesinato de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo
Moreno, Luís Andrés Ganga, Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortes Jeldres y
Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quien llevaba en su vientre una
criatura de 3 meses.
Algunas de las personas asesinadas eran familiares y habían sido detenidas por la DINA días anteriores.
Según
el documento de tribunales “el 17 de noviembre de 1975, se produjo un
enfrentamiento en calle Bío Bío [Santiago] donde resultaron muertos un
militar y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. El 18 de
noviembre fueron detenidos en sus domicilios todos los integrantes de la
familia Gallardo y conducidos hasta el cuartel [general] de
Investigaciones [hoy Policía de Investigaciones (PDI)], en calle General
Mackenna, donde fueron interrogados y torturados. En la madrugada del
19 de noviembre fueron liberados algunos de los miembros de la familia, a
excepción de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo
Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez [embarazada de 3 meses],
quienes fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta el
recinto de Villa Grimaldi”.
Todos los
detenidos, incluidos dos sobrinos menores de edad de Pacheco Sánchez,
fueron interrogados por el director de Investigaciones, general Ernesto
Baeza Michelson, quien les dijo que los dejaba en libertad. Pero era
mentira.
“En la madrugada del 19 de
noviembre –prosiguió el informe oficial del PJ-, fue detenida Ester
Torres junto a tres de sus hijos, Renato, Mauricio y Francisco Javier
Ganga, por agentes de la DINA que buscaban a su hijo mayor Luís Andrés
Ganga y fueron llevados a Villa Grimaldi; después de ser torturados e
interrogados se obtuvo el dato del paradero de Luís Andrés, quien fue
aprehendido momentos más tarde y conducido a ese recinto, donde fue
torturado”.
“Testigos que se
encontraban detenidos en Villa Grimaldi declaran que ésa fue la peor de
todas las noches, describen un gran movimiento de autos, escucharon a
los agentes pidiendo agua y aceite caliente y gritos de lamento de los
torturados. Al otro día se observó en el patio, tirados en el suelo,
varios cadáveres y en una pieza a dos mujeres, Catalina y Mónica, en muy
malas condiciones físicas. En la tarde del 19 de noviembre un
comunicado de prensa del Gobierno dio cuenta de un enfrentamiento en los
cerros de la Rinconada de Maipú, en el que habrían muerto Alberto
Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del
Carmen Pacheco Sánchez [y su criatura no nata de 3 meses], Luís Andrés
Ganga y otros dos hombres [alusión a Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortes
Jeldres, cuyos casos se investigaron en otra causa].
“En
realidad –prosigue la publicación oficial del PJ-, se realizó un
“montaje” para impedir su descubrimiento (favorecimiento real, artículo
17 N° 2 del Código Penal), destinado a ocultar los hechos efectivamente
ocurridos, torturas y muertes de víctimas desvalidas y los efectos
utilizados para la comisión de los mismos, existiendo, además,
favorecimiento personal (N° 3 del precepto penal citado) por existir
conocimiento de las circunstancias de los ilícitos, para lograr la
impunidad de los autores de los mismos, miembros de la DINA”.
El juez Solís fue indulgente con Araya: le concedió el beneficio de libertad bajo fianza de 200 mil pesos, unos 400 dólares.
A DÚO CON JULIO LÓPEZ BLANCO
Con
la colaboración de varios periodistas y los más importantes medios de
comunicación de la época, estos asesinatos perpetrados en la Villa
Grimaldi fueron disfrazados como “bajas terroristas” de un falso
enfrentamiento escenificado en el lado opuesto de la ciudad, en el fundo
experimental Rinconada de Maipú, entonces un predio agrícola del oeste
de Santiago, camino al aeropuerto Pudahuel, arrebatado por los servicios
de represión de la dictadura a la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Chile.
- Julio López Blanco, Claudio Sánchez (hoy reporteros de MEGA) y la portada del diario La Tercera informando del supuesto “enfrentamiento”
Araya
Silva y Julio López Blanco, otro periodista de Canal 7-TVN, hicieron un
reportaje a dúo con el libreto de la Dirección Nacional de
Comunicaciones (Dinacos) en el escenario dispuesto por la DINA: “En los
cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento enfrentamiento a
tiros de más de treinta minutos de duración, entre las fuerzas de DINA e
Investigaciones, y un grupo de extremistas que se parapetó fuertemente
armado en esos cerros. Resultaron muertos seis extremistas, huyendo uno
de ellos”- fue lo que dijeron esa vez.
A
la par la cámara mostraba a un López encuclillado y ataviado con un
impecable traje de lino blanco exhibiendo cápsulas de utilería de balas
supuestamente percutadas en la contienda, Araya brincaba entre pequeños
arbustos balbuceando dónde operaron los protagonistas del
“enfrentamiento”.
No mostraron nada
parecido a huellas de sangre, ni siquiera salsa de tomates, tampoco
había cadáveres, sólo cápsulas vacías, piedras, arbustos y el pasto ralo
de una suave ladera.
El jefe de
Prensa de Canal 7-TVN y superior de Araya y Blanco era Vicente Pérez
Zurita, formado en la Universidad Católica, quien se desempeña como
profesor de en varias universidades privadas donde enseña “Nuevo
Periodismo” y Ética Periodística. Por encima de todos, en la jerarquía
de TVN estaba el director general Manfredo Mayol Durán, otro periodista
con información universitaria.
Claudio
Sánchez Venegas, otro periodista formado en la Universidad Católica,
también escenificó in situ el reportaje exclusivo con el libreto
DINA-Dinacos para la Corporación de TV Canal 13, de la Pontificia
Universidad Católica, que hoy pertenece al Grupo Luksic en 66%.
Toda
la prensa repitió el mismo guión, comenzando por los diarios de Agustín
Edwards, El Mercurio, La Segunda, Últimas Noticias, etc., y Copesa, la
otra rama del duopolio del papel impreso, hizo lo mismo en La Tercera,
revista Qué Pasa y lo hicieron todos los medios del país.
EXPULSIÓN Y SANCIONES DEL COLEGIO DE PERIODISTAS
Veinticinco
años después del montaje periodístico DINA-Dinacos, en 2007, y mientras
el ministro Solís llevaba adelante el proceso judicial penal por los
homicidios, Isabel Gallardo, de la familia más afectada por la matanza,
se dirigió al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas.
Doris
Jiménez, la fiscal designada por el Tribunal Regional Metropolitano
(TRED), después de entrevistar testigos y a cada uno de los
protagonistas del montaje –excepto a Claudio Sánchez, que no acató la
citación de la Orden, pidió la expulsión y censura pública de Carlos
Alberto Araya Silva, censura pública más suspensión por un año de la
Orden para Julio López Blanco y Claudio Sánchez Venegas: y un año de
suspensión de la Orden para Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán.
El
fallo del TRED fue ratificado por la instancia superior del Colegio, el
Tribunal Nacional (Trined), pero Claudio Sánchez se dirigió a la Corte
de Apelaciones del Poder Judicial, que en 2008 ratificó la sentencia de
los tribunales éticos del periodismo, tal como ocurrió en enero de 2000,
cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo ético que expulsó
de por vida del Colegio de Periodistas a Manuel Fuentes Wendling, otro
periodista de derecha que se dedicó a delatar a sus colegas
izquierdistas que veía en la calle desde las páginas de La Segunda. El
único paso que le faltaba al Colegio era pedir el perdón de los
familiares de las víctimas calumniadas por el montaje.
Tras
el fracaso de Claudio Sánchez ante la Corte de Apelaciones, el Colegio
tomó la decisión de honrar la memoria de las víctimas en presencia de
sus familiares. El 21 de junio de 2008, convocó a los familiares de 125
víctimas de montajes periodísticos, “Los 119” del caso “Operación
Colombo” y las 6 de “La Rinconada de Maipú”.
El
entonces presidente nacional de la Orden, Luis Conejeros, encabezó la
ceremonia y explicó el sentido del gesto aún pendiente, junto a Juanita
Rojas, presidenta del Trined, y Alfredo Taborga, presidente del Tribunal
Regional Santiago, quienes explicaron el procedimiento
ético-disciplinario. Hablaron, además, Isabel Gallardo, familiar de tres
de las seis víctimas de “La Rinconada de Maipú”, y Roberto D’Orival,
del Colectivo de Familiares y Compañeros de “Los 119″ y hermano de una
de las víctimas.
¿QUIÉN ES CARLOS ROBERTO ARAYA SILVA?
Hasta
el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Araya era locutor de
radio Sargento Aldea en la ciudad-puerto de San Antonio y propietario
del periódico El Pelícano. Tras el golpe derrochó energías en delatar
por las ondas hertzianas a toda clase de dirigentes (as) sindicales,
sociales y políticos del puerto más importante del país.
Se
hizo amigo del entonces coronel de ejército Juan Manuel Guillermo
Contreras Sepúlveda, alias “El Mamo”, jefe del cercano Regimiento Tejas
Verde, también transformado en prisión, campo de torturas y centro de
exterminio incluso días antes del golpe por el imperio de la “Ley de
Control de Armas”, aprobada por el Congreso hostil a Salvador Allende el
21 de octubre de 1972 como Ley 17.798.
Esta
legislación concedió a todas las ramas castrenses atribuciones propias
de las policías, por imposición de la mayoría del Congreso, encabezada
por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y autor de la iniciativa, la
que fue concebida para desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular
y, de paso, medir la reacción psicológica de trabajadores enfrentados
abruptamente a violentos allanamientos practicados por personal armado
del ejército, marina y aviación que invocaron la nueva ley en busca de
supuestos “arsenales populares”, muchas veces con resultados de muertes
selectivas y sin encontrar los buscadas arsenales de armas que no
existían.
La idea de los enemigos
civiles y uniformados de Allende era medir hasta dónde llegaría la
lealtad de los trabajadores en defensa del gobierno legítimo en el
poder. A escala, y con las debidas diferencias, esa ley de armas tuvo un
rol psicológico de propaganda comparable a las ficticias “armas de
destrucción masiva” con que EEUU justificó su inútil invasión y guerra
en Irak iniciada en 2003.
Contreras
Sepúlveda, quien cumple prisión de por vida por centenares de crímenes,
fue el fundador y director de la DINA, cuyo enorme poder logró
transmutar al locutor de provincia en “periodista”, a quien introdujo
como hombre de confianza en la televisión pública, Canal 7-TVN.
Araya
logró afiliarse al Colegio de Periodistas, manejado bajo la dictadura
por el PDC –que como aliado de Pinochet también ocupó cargos menores de
gobierno- y presidido entonces por Carlos Sepúlveda Vergara (fallecido),
quien a la vez fungía de director de “La Patria”, fugaz sustituto
castrense de La Nación, el tradicional diario chileno de los gobiernos
de turno, hoy desaparecido por voluntad de Piñera. Las reuniones del
Consejo Nacional del Colegio se realizaban en las oficinas de Sepúlveda
Vergara en La Patria.
Araya, un
hombre sin estudios medios completos, carente de vocación por la noticia
y la verdad, en rigor carece de la formación cultural mínima para
ejercer esta profesión considerada la más antigua del mundo, al igual
que “la otra”. Su pedigrí lo asemeja más a un esbirro.
EL PERIODISTA TORTURADOR
En
las 405 páginas de una sentencia del mismo magistrado Alejandro Solís
Muñoz contra Manuel Contreras -y otros- por torturas en Tejas Verdes,
del 9 de agosto de 2010, caratulado “Proceso Rol Nº 2.182-98, episodio
denominado ‘Tejas Verdes’”, iniciado por querella interpuesta por
numerosas víctimas, quedó constancia del “atestado de Carlos Roberto
Araya Silva, de fojas 1634, quien expresa que el 11 de septiembre de
1973 era periodista y se desempeñaba como locutor en radio Sargento
Aldea de San Antonio y que ese día, en atención a su profesión, fue
movilizado por el comandante en jefe de la Guarnición, el Teniente
Coronel Manuel Contreras para relaciones públicas e informaciones,
funcionando en una oficina del primer piso de la Escuela de Ingenieros.
Señala
que supo de la existencia de un “campamento de detenidos” debajo del
puente pero no lo conoció; presenció interrogatorios de detenidos en las
oficinas del primer piso pero no vio torturar. No sabe de
interrogatorios en el casino de Oficiales pero que no significa que no
haya habido. El Director de la Escuela era Manuel Contreras y le seguía
en grado Jorge Núñez Magallanes”.
En
el mismo proceso declaró la víctima Onofre Segundo Aguila Parra:
“Desconozco quien me torturó, toda vez que estaba con la vista vendada,
pero si reconocí la voz de uno de mis torturadores, Roberto Araya Silva,
periodista, Director de la radio Sargento Aldea, él era Suboficial de
reserva, hacía transmisiones por la radio, además, vivía en la zona, su
voz era conocida”.
Otra víctima,
Arturo Florencio Farías Vargas, declaró: “…en esta sesión de tortura se
encontraban Manuel Contreras, Jara Seguel, Klaudio Kosiel, un locutor de
la radio Sargento Aldea, cuyo nombre era Roberto Araya Silva, y cuando
me ahogaba con la capucha que tenía puesta me la quitaban y un doctor,
Vittorio Orvieto, me revisaba y me decía que yo no me estaba ahogando y
me mostraba lo que era ahogarse colocándome una bolsa de nylon en la
cabeza, lo que se llamaba “submarino seco”; todas las personas que acabo
de mencionar las conocía desde que hice el servicio militar, [tras]
este interrogatorio que debe haber durado unas seis horas, soy
trasladado junto a Héctor [su primo Héctor Farías] a la cárcel en
calidad de incomunicado…
María
Cecilia Rojas Silva, estudiante del Instituto Tecnológico de la
Universidad Técnica de San Antonio e inspectora del Liceo Fiscal, estuvo
presa en Tejas Verdes, donde la torturaron, la manosearon y le
introdujeron objetos en la vagina, situación que relató a algunas
compañeras de trabajo. El documento judicial describe que “…a una de
ellas la pasó a buscar su marido en auto y al interior de éste estaba
Roberto Araya Silva, quien era dueño del periódico “El Pelícano”, al que
le comentó lo que ella [María Cecilia] le había referido. Al día
siguiente, 30 de noviembre [1973], se presentaron en su casa [de María
Cecilia] dos sujetos quienes la subieron a una camioneta y la llevan
[nuevamente] al Regimiento Tejas Verdes, ingresándola a una oficina
donde se encontraba Jara Seguel quien le reprochó lo que ella había
comentado, le señala que le harían un Consejo de Guerra y le indica que
es Manuel Contreras quien decidirá sobre si queda o no detenida. Este
último, al llegar, la deja detenida y es ingresada nuevamente al
campamento de detenidos”.
Raúl
Quintana Salazar, un subteniente de reserva que se desempeñó en Tejas
Verdes, declaró ante el juez Solis: “Roberto Araya, era periodista,
director de la radio Sargento Aldea de San Antonio y corresponsal de
guerra con el grado de Teniente, en una ocasión lo vi en el casino de
oficiales; este señor leía los bandos por la radio”.
En
el proceso consta que Quintana Salazar ratificó íntegramente su
declaración judicial prestada con fecha 11 de Abril de 2003 (354) y
señaló: “Como ya manifesté en su oportunidad, para el 11 de septiembre
de 1973 ostentaba el grado de Subteniente de Reserva, por lo cual para
esta fecha fui a presentarme a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes,
comenzando a desempeñar funciones como contador en la administración de
fondos e integrar los roles de guardia. Fui asignado al mando del Mayor
David Miranda, quien se desempeñaba como Fiscal Militar y como
encargado de personal. Mis labores de guardia la desempeñaba en el
cuartel N° 1 que era la Escuela y en el cuartel N° 2, el parque de
materiales, en este sector se instaló un “campamento de prisioneros
políticos”. Los turnos que desempeñaba en el cuartel N° 2… se
desarrollaban cada 24 horas, donde entraba una guardia completa, la
misión de la guardia era dar seguridad a todo el perímetro donde se
encontraba situado el campamento de detenidos, impedir que ingresara
gente extraña y, a su vez, que hubiese fuga de detenidos. Teníamos que
preocuparnos de necesidades logísticas tanto como del personal de
conscriptos como de los detenidos, como, por ejemplo, que la
alimentación llegara en su momento, el abastecimiento de agua potable,
que funcionara el alumbrado. Los ingresos de los detenidos al campamento
de detenidos venían documentados desde la Fiscalía Militar, pero en el
campo mismo la guardia no llevaba un registro de los detenidos…”.
Ernesto Carmona Ulloa
*Periodista y escritor chileno, director del Círculo de Periodistas de Santiago y Secretario ejecutivo de CIAP-FELAP
El Ciudadano
Vìa,fuente:
http://www.elciudadano.cl/2012/02/03/47937/procesan-a-ex-periodista-de-tvn-como-encubridor-de-falso-enfrentamiento-de-la-dictadura/
http://www.elciudadano.cl/2012/02/03/47937/procesan-a-ex-periodista-de-tvn-como-encubridor-de-falso-enfrentamiento-de-la-dictadura/
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