sábado, 12 de noviembre de 2011

Perú: gobierno y mineras ahogados por los conflictos sociales....Por : Ricardo Uceda, desde Lima, Perú...CIPER

En Perú, el 40% de los ingresos del Estado provienen de la minería. En los últimos 10 años ese país se ha instalado como el principal competidor de Chile en inversiones mineras, cuya proyección alcanza a los US$ 41.500 millones en la próxima década. La contracara del boom: el aumento de los conflictos y comunidades que se resisten a convivir con esta industria. Esta investigación es una radiografía a los intereses que cruzan la creciente conflictividad. El reportaje de Ricardo Uceda forma parte de una gran investigación a la industria minera en Chile, Perú y Colombia, con el financiamiento de la Fundación Ford.


El primer conflicto social que afrontó Jorge del Castillo cuando asumió las funciones de premier, el 28 de julio de 2006, se debió a la disminución del canon que diversos municipios de Arequipa recibían de Cerro Verde. La mina, amparada en su contrato de estabilidad tributaria, declaró menos utilidades como consecuencia de una inversión. Diez mil pobladores con sus alcaldes marcharon reclamando 75 millones de soles dejados de percibir, y en el momento mismo del cambio de gobierno amenazaron con paralizar la región. El nuevo Primer Ministro vio en esto no un problema sino una posibilidad. De inmediato, fungió de mediador y propició una solución: los arequipeños dejaron de pedir el dinero a cambio de que Cerro Verde construyera plantas de tratamiento de agua que beneficiarían a 250.000 familias. Y esto se logró rápido, en la primera semana. ¿No era un futuro prometedor?
Al día siguiente de este final feliz, o sea el 7 de agosto, estalló un conflicto en Ilo, porque la Southern, que en principio había aceptado financiar con 36 millones de soles una serie de obras sociales y de rehabilitación, se tiró para atrás cuando el frente de defensa dijo que en realidad debía invertir 400 millones. Aconteció un paro y el bloqueo de la Panamericana Sur. Del Castillo otra vez intervino: llamó a las partes, movilizó al MEF, logró un acuerdo, un acta que estabilizaba una negociación y descargaba la olla de presión. Es probable que en ese momento el Premier ya se hubiera visto a sí mismo como un gran componedor, como el líder que el país necesitaba para cerrar el abismo social que habían reflejado las elecciones, en las que el “antisistema” Ollanta Humala había estado a punto de ganar. Una vez posesionado, quiso formar una Unidad de Conflictos en la Presidencia del Consejo de Ministros. Normativamente estaba impedido, porque ya existía una, precisamente dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en el CEPLAN, donde se había nombrado a Agustín Haya de la Torre. Por otra parte, no tenía fondos. Como tampoco era una solución que el gran componedor terminara siendo el jefe del CEPLAN y no el Premier, Del Castillo se las arregló para que la cooperación europea financiara un proyecto piloto sobre conflictos sociales. Y así, con 600.000 euros, pudo armar un equipo de seguimiento que lo acompañó durante los primeros años. Este grupo recién estaba organizándose a mediados de agosto del 2006, cuando unos sucesos en Cajamarca, que en realidad habían ocurrido a comienzos del mes, pasaron a ocupar toda su atención.
En Combayo, un poblado donde Yanacocha construía un dique, un manifestante resultó muerto el 2 de agosto durante un enfrentamiento con policías y vigilantes de la mina. Este muerto agudizó el conflicto en curso, originado en la exigencia de un grupo de comuneros de ser contratados por la empresa.
Cuando Del Castillo decidió intervenir, ya había carreteras bloqueadas, paralización laboral y reclamos mucho más importantes, orientados a que Yanacocha invirtiera en el desarrollo de la zona y garantizara el abastecimiento y calidad del agua. El Premier organizó una plataforma de diálogo que después de idas y venidas, en un clima de tensión nacional, concluyó con acuerdos que principalmente versaron sobre los problemas de fondo. Pero esta intervención, a diferencia de las anteriores, no satisfizo plenamente. Un sector de opinantes sostiene que Del Castillo hizo lo más conveniente, o en todo caso lo único que podía hacerse. Otros, que envió un mensaje nefasto a los conflictivos de todo el país, quienes en adelante podrían chantajear con disturbios a la minería y al gobierno nacional.
Esta discrepancia no es menor ahora que el presidente electo Ollanta Humala deberá decidir si él o su Primer Ministro se involucran directamente en este tipo de negociaciones. La otra opción sería delegarlas en el ministro al que concierne el problema, o tal vez en un Zar Anticonflictos. Un miembro del equipo de transferencia de Gana Perú dijo a PODER Enterprise que Javier Diez Canseco, el principal representante político del protestantismo social, debería encargarse de una especie de Ministerio del Conflicto. En esta cuestión central, durante el gobierno de Alan García hubo varios estilos. El sucesor de Del Castillo, Yehude Simon, también pensó que era una buena idea comprometerse personalmente en la búsqueda de salidas. Javier Velásquez y José Antonio Chang, los siguientes, prefirieron mantenerse lejos. En cuanto a la actual premier, Rosario Fernández, los hechos de este año en Puno la obligaron a intervenir. En esos momentos, cuando la violencia amenazaba con impedir las elecciones en la región, Ollanta Humala prometió que “al día siguiente” de su juramentación como presidente iría a Puno para resolver los problemas. Lo cual sugeriría que Humala, yendo más allá incluso que Del Castillo, desearía llevar él mismo el extinguidor de fuego. Pero, una vez electo, en una entrevista con la prensa extranjera que no fue difundida en la prensa peruana, un corresponsal le preguntó a Humala cómo pensaba poner en práctica su oferta.
—Los gobiernos regionales deben ser los primeros en actuar —dijo.
En realidad, los nuevos gobernantes recién están descubriendo la olla de grillos que van a gobernar. Por una parte (véase la columna de opinión de Víctor Caballero), se está gestando una grave confrontación entre el Poder Ejecutivo y diversos gobiernos regionales con recursos mineros. Por otro lado, muchas ideas comunes sobre los conflictos sociales simplemente no son ciertas. Por ejemplo, que el tema de la disputa es el fondo del problema. Muchas veces es una forma en la que se expresa otro tipo de contradicción. Volvamos a Combayo.
En Cajamarca, lo que objetivamente enfrentó a Yanacocha con los comuneros de Combayo en junio-agosto del 2006 fue su negativa a contratar a un grupo de ellos en sus proyectos de infraestructura. Desde hacía tiempo había adoptado la política de darles empleo, favoreciendo empresas que los pobladores constituían, y así llegó a haber centenares de estas en todo el departamento, organizadas en varios casos por los mismos líderes locales. Este esquema se le escapó de las manos y cuando dejó de contratar a un grupo de Combayo estallaron las protestas. Está documentado que el tema de la oferta de empleo fue fundamental hasta que apareció el muerto. Lo cual no significa que no estuvieran preocupados por el abastecimiento de agua y por las obras de desarrollo; pero lo que más les interesaba eran los empleos. Esta es una constante en casi todos los conflictos sociales importantes: cuando han conseguido llamar la atención del gobierno, la demanda principal ya no es la originaria sino otra que concierne a una política nacional.
Cuando se agravó el conflicto, Yanacocha contaba con un sector de la población a su favor, incluido el alcalde aprista de Cajamarca. Su pretensión era que el gobierno restableciera el orden y sancionara a quienes lo alteraban —había una carretera tomada— pero no que interfiriera en las relaciones buenas o malas que sostenía con los pobladores de Combayo. El premier Del Castillo no quería este rol de gendarme, y buscó un mediador, el sacerdote Marco Arana, para discutir una agenda ampliada de los problemas. Este mediador, sin embargo, no era aceptado por Yanacocha, cuyos representantes se negaron a asistir a reuniones en las que estuviera Arana y propiciaron la intervención de otros interlocutores, bajo su tesis de que, de los dieciséis sectores de Combayo, “solo uno es violentista”. Arana, por su parte, era objeto de una pública campaña de desprestigio con acusaciones que iban desde lo sexual a lo político. De acuerdo con la más común, era un agitador antiminero próximo a grupos subversivos. Un jefe policial se lo dijo al Primer Ministro en una reunión sobre la crisis de Combayo en las oficinas de la PCM. Del Castillo respondió:
—Gracias por la información, pero le recuerdo que el cura Arana es nuestro aliado.
Yanacocha tenía una estrategia de enfrentamiento, o en todo caso no quería sentarse con los compañeros del muerto. La presión de Del Castillo la obligó a negociar con este sector, representado por Arana. La escena culminante se produjo en Cajamarca, con presencia de ambas partes y de varios ministros ante un teatro lleno. El Estado se obligó a hacer un estudio hídrico de las cuencas supuestamente afectadas por la minería, y la empresa, a construir una carretera que costaría un millón de dólares y llevaría el nombre del muertito, Isidro Llanos. En esta carretera trabajarían los pobladores de Combayo, con lo que de pasada se resolvía el problema que originó la disputa. Todos se declararon conformes, y en apariencia ganando algo cada cual. Marco Arana, que no estaba en su mejor momento, pasó a ser un defensor político del medio ambiente con resonancia nacional. El Premier metió un tercer gol como concertador. Hasta Yanacocha, que hubiera preferido aplastar a los radicales con sus propias manos, terminó sonriendo para la fotografía. Solo tres días antes, Javier Diez Canseco había escrito en el diario La República que los sucesos de Combayo representaban un punto de quiebre, “la crisis de un modelo que endiosa a la gran minería transnacional a costa de las comunidades campesinas”. Pero tras firmar el Acta de Combayo, el Premier anunciaba un camino ejemplar para resolver los conflictos en la minería, y el padre Arana hablaba de “un momento histórico”, y el BID se apuntaba para financiar el estudio del agua en Cajamarca. Al año siguiente, cuando fue inaugurada la carretera Isidro Llanos —hasta ahora no se establece quién lo mató—, con la presencia de ministros y autoridades regionales, el representante de Yanacocha, Carlos Santa Cruz, dijo que era necesario “seguir construyendo la relación de fraternidad y entendimiento”.
Es posible que un entusiasmo tan compartido se debiera a que de algún modo los protagonistas sentían que habían actuado sobre un problema de fondo: el de los recursos de la naturaleza que estarían siendo afectados por la minería. Por eso es sorprendente lo que ocurrió después. Ni los dirigentes de Combayo, ni el gobierno regional de Cajamarca, ni el padre Arana volvieron a interesarse por el estudio que, se suponía, iba a hacer una radiografía de las cuencas y garantizar la estrategia del cuidado del recurso. El BID lo financió con una donación de más de un millón de dólares, la consultora Nippon Koei lo entregó en marzo del 2010 y está allí, colgado en la página web de la Autoridad Nacional del Agua, sin que se le haya hecho la presentación que prometían los pomposos anuncios de septiembre del 2006. El estudio le quita la razón a las dos partes: ni la contaminación es nula como aseguraba Yanacocha ni es catastrófica como señalaban los catastrofistas.
Por lo demás, es muy difícil saber si un conflicto estalla por el problema de fondo o realmente es por el último hecho que lo desencadenó. En el siguiente conflicto importante, el de la toma de las instalaciones de Pluspetrol por parte de los achuares, esta dilucidación era prácticamente imposible.
En septiembre del 2006, diversas entidades del Estado negociaban con la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (Feconaco) medidas para mitigar el brutal daño que las actividades petroleras causaban al medio ambiente y la salud de los nativos en la zona de Valencia, provincia de Trompeteros, Loreto. En el área afectada vivían 8.000 achuares. Ese año, un informe del Ministerio de Salud había confirmado intolerables niveles de plomo y cadmio en las personas, y otro del Ministerio de la Producción halló hidrocarburos en los músculos y vísceras de los peces, su principal alimento. La empresa, Pluspetrol, seguía echando al río Corrientes las aguas contaminadas. Los achuares exigían a la petrolera limpiar el cauce y al Estado, acciones urgentes para proteger su salud. Mientras las exigencias subían de tono, el gobierno aceptó enviar una comisión de alto nivel a Iquitos, a una reunión con la Feconaco. Llegado el día, los funcionarios no se presentaron. Y cuando lo hicieron, más de una semana después, se hicieron acompañar por dirigentes de organizaciones rivales de la federación.
Pocas cosas podían ser más irritantes. Los funcionarios —representaban a los ministerios de Energía y Minas y Salud— tampoco quisieron ir al local gremial donde los esperaba la Feconaco. La reunión nunca se llevó a cabo. Seis días después, los achuares tomaron las baterías de Pluspetrol, desde donde se extraía más de la mitad del petróleo nacional. Esta es una de las medidas más extremas y penalizadas que puede ejercer un grupo de presión. Con el paso de los días, los ejecutivos de Pluspetrol se ponían cada vez más desesperados porque los achuares ya no querían solamente su hospital. Exigían que la empresa iniciara inmediatamente la limpieza del cauce del río Corrientes, algo imposible de realizar en el acto. Sin embargo, si esto “imposible” no comenzaba, advirtieron los nativos, los pozos petroleros no serían entregados. Las motivaciones se evidenciaron tan justas que nadie clamó que los pozos fueran recuperados a sangre y fuego.
¿Qué fue más importante aquí: el detonante o el problema de fondo? Pocos casos hay con tanta razón para un sabotaje. La contaminación del río Corrientes lleva más de treinta años, primero con la Oxy y luego con el consorcio que formó la argentina Pluspetrol. Los funcionarios enviados por el gobierno no eran conscientes del error. Un testigo dijo:
—Ellos pensaron que más gente en la reunión sería mejor, más amplio. No conocían las contradicciones entre las organizaciones de nativos.
El gobierno envió después otra delegación, de mayor nivel, para negociar. La forma de descontaminar la cuenca pasaba por reinyectar las aguas contaminadas en lagunas especiales, con grande empleo de equipos complejos e importados. Como los achuares no cedieron en la posición de “ahora o nunca”, Pluspetrol se comprometió a pagar una penalidad si, en el plazo de un año, todo el trabajo no estaba hecho. El gobierno, por su lado, garantizó los servicios de salud. Cuando los acuerdos se hubieron firmado, los achuares quisieron verlos publicados en el diario oficial El Peruano antes de ceder. Los complacieron, y en el momento en que se iba a dar por concluido el problema, luego de varias semanas de tensión, se apareció una asesora de la Feconaco con otra demanda, relativa al reconocimiento de su soberanía territorial. Aun hubo una semana más de discusiones que no cambiaron la esencia de los convenios, para cuya suscripción se dieron cita el Primer Ministro, la Defensora del Pueblo y otras autoridades. Pese a que, con el paso del tiempo, estos compromisos no se cumplieron pulcramente tanto por Pluspetrol como por el Estado, que debió actuar principalmente a través del Gobierno Regional, su trascendencia está fuera de duda. Aparte de lo que se logró en el terreno, la medida de fuerza de los achuares influyó para que se diera una ley que obliga a las petroleras a reinyectar sus aguas contaminadas en el subsuelo. Oxy, por su parte, afronta una demanda judicial en los Estados Unidos por los daños irreparables que causó en el extremo norte de la Amazonía peruana.
Puestos a comparar estos hechos con los de Combayo, respecto de los que aún se discute si el gobierno debió intervenir así o asá, o si la actuación del Premier sobredimensionó la agenda y alentó nuevos conflictos, la toma de las baterías de Pluspetrol fue un conflicto que debía producirse. La pronta reinyección de las aguas nunca la hubiera conseguido el Estado, que a lo sumo habría creado las condiciones para construir el hospital. De modo que no necesariamente es malo producir un conflicto, como hicieron los achuares en el río Corrientes. Tampoco fue mala idea que lo produjera el Estado en Pucallpa, en el 2007. Solo que lo hizo desastrosamente.
En marzo del 2007, el gobierno expidió los decretos ley 977 y 978, que derogaban la mayor cantidad de exoneraciones tributarias de que gozaba la Amazonía. Estos beneficios fueron aprobados en 1998 por el gobierno de Fujimori y hasta ahora no ha nacido el gobierno que los elimine por completo. Existe abundancia de estudios que demuestran que principalmente sirvieron para enriquecer a mafias de comerciantes que al mismo tiempo tienen fuerza política local. De acuerdo con la estrategia del fallido intento del 2007, una región como Ucayali podía aceptar el recorte si se la compensaba con recursos que irían directamente a su caja. De hecho, luego de haberse expedido los decretos y cuando en Pucallpa ya había movilizaciones y otras protestas, el gobierno llegó a un acuerdo de esa naturaleza con el presidente regional, Jorge Velásquez. Aceptó 90 millones de soles y firmó un acta de compromiso en la sede de la PCM en Lima. Pero cuando regresó a Ucayali hubo una asamblea del frente de defensa que lo desautorizó. De regreso a Lima, cuando Pucallpa hervía, admitió que su gobierno no tenía tanto poder. Le recordaron que ya había recibido el dinero. ¿Qué había hecho con él?
—El frente de defensa me ha prohibido usarlo —dijo.
En los días siguientes, el frente de defensa tomó el aeropuerto e incendió algunas instalaciones. El gobierno envió una comisión encabezada por la ministra Mercedes Aráoz, que llevó a los dirigentes del frente de defensa hasta Purús, un poblado de indígenas de 4.000 habitantes, vecino de Brasil. Llevaron también a otras autoridades de Ucayali, y esta vez la dispersión funcionó. Los que no eran de Pucallpa vieron que los reclamos del frente de defensa en nada los beneficiaban directamente, y protestaron. Había mucha confusión. En una crónica desde el lugar, el periodista Marco Sifuentes escribió: “Buena parte de la discusión se consumió con el bautizo del papel que todos habrían de firmar. Primero era un ‘Acta de Acuerdos’, luego un ‘Acta de Propuestas’, luego un ‘Acta de Propuestas de Acuerdos’ y, finalmente, todos firmaron un papel titulado, simplemente, ‘Propuestas de Acuerdos’. Acordar eso, aunque usted no lo crea, tomó una hora. Una hora de retraso que significó que todos —el comité, las autoridades, los periodistas y unos médicos— tengamos que buscar alojamiento aquí en Purús. No hay forma de aterrizar en el aeropuerto de Pucallpa después de las 6 de la tarde: 39 de sus focos están inservibles”.
El gobierno se comprometió a volver, para tratar las reivindicaciones de cada provincia, pero ya no pudo sostener el recorte de la exoneración. La moraleja de esta experiencia es que el gobierno también puede ocasionar conflictos, debido a una buena razón de interés público, pero es imposible que lo haga sin aliados allí donde las papas quemarán. Alejandro Toledo, por ejemplo, logró quitarle las exoneraciones a San Martín durante su gobierno. También le ofreció dinero, pero el presidente regional de entonces defendió la medida ante la población.
Otro tipo de conflictos, como el de Majes-Sihuas, posiblemente escaparán a los principales esquemas de interpretación de estos sucesos. Porque, si bien se basa en la objeción del Gobierno Regional del Cusco al uso de aguas de su propiedad para irrigar tierras de Arequipa —mediante una compleja red de canales y embalses—, el desarrollo del enfrentamiento sigue cauces subjetivos. Comenzó a partir del anuncio, en Arequipa, de una licitación para las obras de la segunda etapa, en el 2008. En Cusco, se dijo que afectaría el abastecimiento de agua potable para Espinar, donde escasea el recurso. Actualmente, está demostrado que el proyecto no le quita una gota a Yauri, la capital de la provincia. Allí, donde hubo violentísimos enfrentamientos por esa causa, la solución es invertir 42 millones de soles en obras de suministro y no que se paralice Majes-Sihuas. El municipio de Espinar tiene 19 millones destinados a ese fin desde hace varios años, y firmó un convenio para que el Ministerio de Vivienda, a través de Agua para Todos, pusiera el resto. El convenio se perdió, nunca se registró, jamás entró en el presupuesto de Vivienda ni en el del Gobierno Regional. Tamaña estafa se descubrió dos años después de que el convenio fuera firmado. El municipio de Espinar consiguió una autorización del MEF para usar su presupuesto, con cargo a que después fuera resarcido. Entonces el frente de defensa se opuso: le restaba presión a la causa regional contra Arequipa. La solución sería integral o no sería.
En realidad, el río de la disputa nace en Arequipa y pasa por Cusco antes de continuar hacia Apurímac. Los cusqueños dijeron que el proyecto empobrece su cauce cuando pasa por sus tierras, restándole provecho para la agricultura. Los arequipeños retrucaron pidiendo un estudio demostrativo. No lo había, y como el Cusco no quería pagarlo, corrió a cargo de la Autoridad Nacional del Agua. Cuando estuvo terminado —el presidente regional del Cusco dijo que si le era contrario no lo aceptaría—, demostró que había agua para ambas regiones, a condición de que se hagan obras de reforzamiento hídrico en Majes-Sihuas. Esto encarece el proyecto, pero la discusión quedó allí. Todo el conflicto pende de una resolución del Tribunal Constitucional, pues el proyecto Majes-Sihuas fue denunciado ante la justicia. Los líderes de Espinar aseguran que si el fallo les es adverso no lo aceptarán.
Hay otro elemento: la mina Tintaya-Antapaccay, operada por Xtrata, está en Espinar. Sin tener que ver directamente con el conflicto Majes-Sihuas, funciona como rehén de los cusqueños en relación con su desarrollo. En los momentos más críticos, ha sido tomada. Sin ella, a decir verdad, el conflicto entre arequipeños y cusqueños tendría menos dramatismo. En Espinar, donde ya ha fracasado por causas secundarias un intento mayúsculo de concertación entre la minera, el Estado y la sociedad civil, la protesta es un catalizador de otras frustraciones insondables para el periodismo, y esa mina es un buen punto de apoyo. Y si no fuera la mina, se buscaría otro objetivo. En el 2008, cuando los cusqueños protestaban contra el anuncio en Arequipa de licitación de las obras de Majes-Sihuas, el Gobierno Regional del Cusco convocó a un paro y el frente de defensa de Espinar, a una huelga indefinida. Naturalmente, era una protesta que los afectaba a ellos mismos, sobre todo a los de Espinar, que varias veces se han autoinfligido bloqueo de caminos y recortes de servicios, aislamientos y penurias en contra de los arequipeños. Tras varios días de huelga en la provincia, el municipio de Espinar puso seis ómnibus a disposición de un centenar de pobladores enardecidos que pretendieron insurreccionar Sicuani. Allí no fueron bien recibidos y partieron con rumbo desconocido. En Lima, en una sala de crisis, seguían todos sus pasos autoridades del gobierno informadas minuto a minuto por el Ministerio del Interior. El comisario de Sicuani dijo que se dirigían a tomar las obras de Majes-Sihuas.
—Allí no hay nada, ni agua. Que vayan y que se jodan —dijo un jefe policial de Arequipa.
Efectivamente, en donde se harían las obras solo llegaron a destruir una caseta. Intentaron luego tomar la presa de Condoroma, que abastece de agua a Arequipa, pero tenía demasiada protección. Se quedaron indecisos, en el cruce de las carreteras que unen Puno, Cusco y Arequipa. Eligieron finalmente el pueblo arequipeño más cercano, Cayarani, y lo atacaron de sorpresa, causando destrozos y agresiones físicas.
—Regresan contentos y felices de la vida —informó un jefe policial.
Choque de trenes: Dos vacíos, dos retos
Por Víctor Caballero
Hay dos vacíos legales y políticos peligrosos que debe resolver urgentemente el nuevo gobierno. Uno se debe a la ausencia de una ley normativa del convenio suscrito por el Estado con la OIT sobre la consulta ciudadana a los pueblos indígenas. A falta de esta ley, se hizo común convocar asambleas por parte de frentes de defensa, organizaciones ambientalistas y autoridades locales, sin la intervención de los organismos electorales. Y, lo que es peor, considerando sus resultados como vinculantes. Esto ocurrió en las consultas en Huancabamba (proyecto Majaz) y en el distrito de Cocachacra – Islay (proyecto Tía María), tomados como modelo para legitimar las acciones de expulsión de proyectos mineros de sus localidades.
Si estas prácticas se extienden a otras regiones, es probable que la confrontación sea indetenible.
Aunque hay consenso sobre la necesidad de aprobar esta ley, las discrepancias se presentan cuando se discute si las consultas tendrán o no un carácter vinculante; y se acrecientan cuando se trata de adecuarla a los procedimientos establecidos por el JNE y la ONPE. El Ejecutivo debiera proponer un proyecto que garantice el derecho a la consulta y permita acuerdos entre la inversión minera y petrolera, así como la protección del equilibrio ecológico y los derechos sobre el agua.
Por otra parte, es necesario producir consensos en torno al proceso de zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial en las regiones. El Minam ha propuesto una estrategia que el Gobierno Regional de Cajamarca considera restrictiva de sus facultades. Esta autoridad está en la línea de impedir la minería en las cabeceras de cuenca y de revisar la legislación que regula el sector minero en esos aspectos, deteniendo las concesiones contradictorias.
Está en discusión, entonces, si el gobierno nacional dirige y aprueba los procesos de zonificación. Todo indica que el proceso iniciado en Cajamarca puede devenir en una crisis de envergadura si se suman otras regiones. Actualmente, los Consejos Regionales de Cusco, Puno y Arequipa tienen proyectadas ordenanzas que entran en colisión con las competencias del Ministerio de Energía y Minas para otorgar las concesiones de nuevos proyectos mineros. La confrontación está cantada.

Vìa, fuente:

http://ciperchile.cl/2011/11/11/peru-gobierno-y-mineras-ahogadas-por-los-conflictos-sociales/

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