Mèxico-Represión en Juárez: ¿Patriot Act a la mexicana?..por Víctor M. Quintana S.

Parecía que el aparatoso operativo, dirigido personalmente por el secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, metralleta en mano, era para enfrentar a un sanguinario grupo de sicarios. Pero lo que sucedió el martes primero en céntrico crucero juarense fue que policías municipales y de vialidad reprimieron a golpes una manifestación de jóvenes del Frente Plural Ciudadano que conmemoraban a los caídos en esta guerra contra el crimen organizado. También fueron golpeados y despojados de sus cámaras varios periodistas y reporteros gráficos.

Los jóvenes pintaban y pegaban cruces conmemorativas de los miles de asesinatos cuando fueron agredidos a golpes de macana y puntapiés por los agentes. Quince de ellos fueron esposados y conducidos a la estación Aldama de la policía municipal. Cuando horas después llegó un nutrido contingente de personas a demandar la libertad de los detenidos, otras 15 fueron recluidas ahí mismo.
A todas y todos se les mantuvo incomunicados y bajo amenazas. Al visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa, se le negó la entrada a visitarlos para dar fe de su situación. Finalmente, en la tarde del día 2 se liberó a todos mediante el pago de una fianza de 500 pesos, luego de un alud de expresiones de solidaridad con los detenidos y de presiones por parte de cientos de organizaciones sociales del país y del extranjero. Se tuvo que presionar adicionalmente, pues la policía pretendía acusar y fabricar pruebas contra uno de los dirigentes de la manifestación, Gero Fong, por posesión de drogas.
Este no es un hecho aislado: en las últimas semanas varios jóvenes de diversas organizaciones sociales han sido detenidos arbitrariamente por la policía municipal. Por el solo hecho de ser jóvenes se les da el trato de sospechosos, se les exige que se identifiquen con la credencial de elector, así no tengan aún 18 años, y se les encarcela sin justificación alguna. Incluso se agrede a quienes realizan trabajos de servicio social en esta muy vulnerada comunidad. Así sucedió con varios jóvenes de la Red de la Infancia que realizan jornadas educativo-culturales con niños y padres de familia de las colonias populares. Se les detuvo y el camión que utilizan para apoyar estas jornadas permanece ilegalmente incautado por la policía juarense.
No sólo en Ciudad Juárez, sino en su destino anterior, en Tijuana, el teniente coronel Leyzaola Pérez dio muestras de criminalizar a los jóvenes y detenerlos ilegalmente. Así que no se trata sólo de un episodio local. Lo que ahora se observa es que se está poniendo en marcha una estrategia de restringir las libertades y los derechos de las personas, incluidos los de los medios de comunicación. Toda manifestación que revele lo que está pasando en la ciudad, el estado o el país, ya no digamos que asuma una posición crítica, es considerada un peligro para el orden público. Así, las clases vulneradas por todas las inseguridades que osan expresarse se van convirtiendo para la policía y las autoridades de todos los niveles en clases peligrosas.
Tal vez sea mera casualidad, tal vez no, pero algo semejante está ocurriendo con las manifestaciones de las y los indignados de Estados Unidos en su versión Ocupa Wall Street, Ocupa Boston, Ocupa Chicago, etcétera. La derechohumanista internacional Ayesha Kazmi manifiesta: “Las actuales protestas de Ocupa… se están viendo hoy definidas por un apabullante conjunto de estrategias de orden público, y las prácticas presentes manifiestan una novedosa tendencia preocupante”. Entre esas prácticas destacan el exceso de fuerza que se aplica de modo rutinario, presencia de unidades policiacas antiterroristas junto a las manifestaciones, búsqueda intensiva y detención prolongada y humillante de los líderes de las manifestaciones, incomunicación de los mismos, etcétera (Sin Permiso, edición digital, 6/11/11).
Kazmi señala que estas acciones de las fuerzas policiacas, crecientemente militarizadas, deben contextualizarse en la ley denominada Patriot Act del Congreso de Estados Unidos y el presidente George W. Bush, promulgada en octubre de 2001. Ella otorga al gobierno de esa nación facultades prácticamente sin control para espiar y rastrear las actividades de los ciudadanos estadunidenses corrientes sin motivo probable, desde de los atentados del 11 de septiembre. El artículo 802 de dicho ordenamiento jurídico ampliaba la definición de terrorismo interior para incluir a personas que llevan a cabo actos de desobediencia civil con el objeto de coaccionar o influir en la conducta del gobierno, por medio de la intimidación de la población civil. Aunque esta redacción fue cambiada, sigue habiendo preocupación entre derechohumanistas y activistas porque se siga tratando a las manifestaciones públicas disidentes como terrorismo de perfil bajo.
Aunque en México no hay algo semejante a la Patriot Act, las declaraciones de Leyzaola Pérez en el sentido de que no permitirá este tipo de manifestaciones, nunca desautorizadas por el alcalde juarense ni por ningún otro nivel de gobierno, nos hacen sospechar que en nuestro país se está implementando una suspensión de garantías de facto. La frontera, con una población asolada por todo tipo de violencias, sería el laboratorio ideal para experimentarlo, a no ser que la sociedad civil organizada siga reaccionando tan enérgicamente como acaba de hacerlo en apoyo a los jóvenes indignados.

Fuente, vìa :
http://www.jornada.unam.mx/2011/11/11/opinion/024a1pol