Licencia para matar
Organizaciones hondureñas contra militarización; autoridades avalan ataques en Bajo Aguán
La prensa de la derecha en Honduras justifica
todos los asesinatos de campesinos en el Bajo Aguán y recoge curiosas
hipótesis de ataques guerrilleros. Los militares y policías que comandan
la represión también reiteran la tesis de la formación de elementos
subversivos.
Pero la realidad que vive este golpeado país
centroamericano es diferente. Desde que Porfirio Lobo asumió la
presidencia de la República, en 2010, en la región del Bajo Aguán, al
noreste del país, ya han sido asesinados 40 campesinos integrantes de
organizaciones locales. Como suele pasar en estos casos, todos los
crímenes permanecen impunes.
Los mayores referentes de la resistencia a la dictadura hondureña aseguran que estos homicidios son cometidos por el aparato represivo del Estado, y también por paramilitares y sicarios contratados por los grandes terratenientes del lugar. La mayoría de las miradas apuntar al productor de palma aceitera, Miguel Facussé, uno de los hombres más poderosos del Aguán y simpatizante del régimen dictatorial.
En menos de una semana, hubo cinco ataques a comunidades campesinas del Aguán, a pesar de las expresiones internacionales para frenar de inmediato la militarización.
A las 10:30 de la mañana de este miércoles 5 de octubre dos militantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Pedro Alfredo Matamoros Bonilla y Heder Jael Sánchez Cruz, fueron acribillados por desconocidos a la altura de la finca San Isidro, Sinaloa, también en el Bajo Aguán.
Según la agencia Adital, esos dos directivos del MUCA están hospitalizados “en graves condiciones”, y el ataque se registró mientras en Tegucigalpa, la capital de Honduras, el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank La Rue, disertaba sobre la constante violación a la libertad de expresión y la impunidad en Honduras.
Por otra parte, el corresponsal de Rel-UITA, Giorgio Trucchi, informó que entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre se realizó el “Encuentro contra la militarización, represión y ocupación en Honduras” en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, donde se expresó la solidaridad con la situación que viven miles de familias campesinas del Bajo Aguán.
“En agosto, el régimen hondureño lanzó el operativo militar Xatruch II. Más de 1000 efectivos militares y policiales se desplegaron por el Valle del Aguán con el objetivo de traer la “paz” y la “seguridad”. Desde entonces se ha registrado una profundización de la represión”, sintetiza Trucchi.
Esta semana la Organización Fraternal Negra (Ofraneh) denuncia un nuevo desalojo violento en la comunidad campesina La Consentida, donde fueron incendiadas varias viviendas. “No se respetó ni a los niños, que eran arrastrados de las viviendas", señaló la Ofraneh en un comunicado.
Los mayores referentes de la resistencia a la dictadura hondureña aseguran que estos homicidios son cometidos por el aparato represivo del Estado, y también por paramilitares y sicarios contratados por los grandes terratenientes del lugar. La mayoría de las miradas apuntar al productor de palma aceitera, Miguel Facussé, uno de los hombres más poderosos del Aguán y simpatizante del régimen dictatorial.
En menos de una semana, hubo cinco ataques a comunidades campesinas del Aguán, a pesar de las expresiones internacionales para frenar de inmediato la militarización.
A las 10:30 de la mañana de este miércoles 5 de octubre dos militantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Pedro Alfredo Matamoros Bonilla y Heder Jael Sánchez Cruz, fueron acribillados por desconocidos a la altura de la finca San Isidro, Sinaloa, también en el Bajo Aguán.
Según la agencia Adital, esos dos directivos del MUCA están hospitalizados “en graves condiciones”, y el ataque se registró mientras en Tegucigalpa, la capital de Honduras, el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank La Rue, disertaba sobre la constante violación a la libertad de expresión y la impunidad en Honduras.
Por otra parte, el corresponsal de Rel-UITA, Giorgio Trucchi, informó que entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre se realizó el “Encuentro contra la militarización, represión y ocupación en Honduras” en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, donde se expresó la solidaridad con la situación que viven miles de familias campesinas del Bajo Aguán.
“En agosto, el régimen hondureño lanzó el operativo militar Xatruch II. Más de 1000 efectivos militares y policiales se desplegaron por el Valle del Aguán con el objetivo de traer la “paz” y la “seguridad”. Desde entonces se ha registrado una profundización de la represión”, sintetiza Trucchi.
Esta semana la Organización Fraternal Negra (Ofraneh) denuncia un nuevo desalojo violento en la comunidad campesina La Consentida, donde fueron incendiadas varias viviendas. “No se respetó ni a los niños, que eran arrastrados de las viviendas", señaló la Ofraneh en un comunicado.
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