Grecia se
comprometió a reducir en un 30 por ciento la nómina de trabajadores del
sector público en los próximos dos años, lo que significa que cientos de
miles quedarán en la calle o serán jubilados anticipadamente. Asimismo,
se le exige al gobierno griego impulsar un ajuste en el sector de
trabajadores privados y acelerar las privatizaciones.
Paralelamente, la comisión de supervisores internacionales -conocida
como la "troika" e integrada por la Comisión Europea, Banco Central
Europeo y FMI- finalizó sus negociaciones con el Gobierno griego y ahora
deberá elaborar su informe sobre el cumplimiento de las medidas de
ajuste por parte de Grecia."La situación es peligrosa e insegura", reveló hoy en la comisión parlamentaria de Finanzas el ministro griego, Evangelos Venizelos, tras reunirse con los miembros de la "troika". Estas afirmaciones están en sintonía con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, quien aseguró que las medidas aplicadas por el gobierno heleno "son insuficientes" y que "las reformas deben llegar con más rapidez o Grecia perderá credibilidad".
Grecia está obligada a reducir en los próximos dos años el déficit fiscal actual que ronda el 8 por ciento, hasta el 3. De este ajuste depende que pueda recibir los ocho mil millones de euros que precisa para pagar sueldos y pensiones y el nuevo paquete de rescate que debe aprobar el FMI y la zona euro para evitar la quiebra del Estado.
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