Por Alberto Acosta [1]
“Toda la historia del petróleo está
repleta de criminalidad, corrupción, el crudo ejercicio del poder y lo
peor del capitalismo de frontera”. Michael J. Watts (1999) [2]
Resulta difícil entender cómo un
gobierno popular, que se precia de revolucionario y que asume la defensa
de los intereses populares, puede reprimir violentamente a sectores
populares que reclaman sus derechos. Eso acaba de suceder en Bolivia. El
gobierno del presidente Evo Morales, haciendo caso omiso a los
reiterados pedidos para que abra el diálogo con los pobladores del
Territorio y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), optó por la
represión.
Desplegando una inusitada violencia
policial se trató de disolver una marcha de pueblos indígenas, que
defienden sus derechos y la Constitución de su país. Con su acción
pacífica, estos grupos se oponen a la construcción de una carretera,
financiada por capitales brasileros, que atravesaría el TIPNIS para
facilitar la explotación de yacimientos petroleros. Y, de paso, ellos
ponen en evidencia las contradicciones de su gobierno.
La indignación y la frustración se
expanden cual círculos concéntricos por Bolivia y el mundo. Adolfo
Chávez, dirigente indígena boliviano, no podía expresar de mejor manera
su malestar: “Los pueblos indígenas de todo el país nos encontramos
indignados y profundamente dolidos por el accionar del gobierno. Este
gobierno nos prometió un cambio: respetar los derechos indígenas,
respetar a la madre tierra, respetar nuestra cultura, respetar nuestra
autodeterminación”.
Seguramente serán muchas las
(sin)razones oficiales para explicar dicho acto violento que nos
confronta con una realidad poco conocida. La violencia y la represión,
más allá de algunas etapas de mayor intensidad en algunos momentos
históricos, están latentes en una modalidad de acumulación que agrede
sistemática y masivamente a la Naturaleza e incluso a la sociedad. Lo
que acaba de suceder en Bolivia, con el agravante de que un gobierno que
se proclama representante de los indígenas reprima a indígenas, ha
sucedido o sucede aún en casi todos los países ricos en recursos
naturales.
Aunque resulte poco creíble a primera
vista, la evidencia reciente y muchas experiencias acumuladas permiten
afirmar que la pobreza en muchos países del mundo está relacionada con
la existencia de una significativa riqueza en recursos naturales. Sobre
todo parecen estar condenados al subdesarrollo y a sufrir diversas
formas de autoritarismo aquellos países que disponen de una sustancial
dotación de uno o pocos productos primarios. Una situación que resulta
aún más compleja para aquellas economías dependientes para su
financiamiento fundamentalmente de petróleo y minerales. Estos países
estarían atrapados en la lógica perversa de “la maldición de la
abundancia”[3]: ¿Será que son países pobres, porque son ricos en
recursos naturales?
Violencia y autoritarismo de la mano del extractivismo
La violencia parece configurar un
elemento consustancial del extractivismo, un modelo bio-depredador por
excelencia. Hay violencia desatada por el Estado a favor de los
intereses de las empresas extractivistas, sobre todo transnacionales.
Violencia camuflada como acciones de sacrificio indispensable de unos
pocos para asegurar el bienestar de la colectividad, independientemente
de la orientación ideológica de los gobiernos. Basta ver la represión
enYukumo, Bolivia, por defender el TIPNIS o la desatada por el gobierno
de Alan García en el norte de la Amazonía peruana, en junio del 2009 o
la que se produjo en Dayuma, en la región amazónica ecuatoriana, a fines
del 2007.[4]
Inclusive hay una violencia simbólica
infiltrada en sociedades que han asumido el extractivismo, como algo
prácticamente inevitable: podría decirse que en estas sociedades existe
una suerte de ADN extractivista en todos sus niveles, empezando por los
niveles más altos de definición política. Eso explica por qué los
gobernantes progresistas, al asumir el papel de portadores de la
voluntad colectiva, tratan de acelerar el salto hacia la ansiada
modernidad forzando el extractivismo: una suerte de modernización
pasadista…
Estas actividades extractivistas
generan, adicionalmente, graves tensiones sociales en las regiones en
donde se realiza la explotación de dichos recursos naturales. Los
impactos económicos y sociales provocan la división de las comunidades,
las peleas entre ellas y dentro de las familias, la violencia
intrafamiliar, la violación de derechos comunitarios y humanos, los
incrementos de la delincuencia e inseguridad, el tráfico de tierras,
etc. Las grandes tensiones sociales en las regiones crecen a través de
otras formas perversas de dominación que se producen cuando, por
ejemplo, se conforman empresas extractivistas en las que participan
grupos indígenas para explotar estos recursos naturales no renovables en
zonas conflictivas, como sucede ahora en el Bloque Armadillo en
Ecuador, en donde -constitucionalmente- está prohibido extraer petróleo
por existir evidencias de la presencia de pueblos en aislamiento
voluntario. Este tipo de situaciones aumenta la confusión de los pueblos
y genera más rupturas internas.
La violencia incluso aflora ahora
también, cuando los gobiernos, incluso aquellos considerados como
progresistas, como en el caso de Ecuador, criminalizan la protesta
popular que emerge en contra de las actividades extractivistas, con el
único fin de garantizarlas… para poder reducir la pobreza, como
justifica el mensaje oficial.
En suma, como contracara de las
violencias múltiples, la lista de represiones atadas al extractivismo es
larga. Este podría ser uno de los telones de fondo de la historia de
nuestros pueblos, que se inició hace ya más de quinientos años, cuando
se inauguró esta modalidad de acumulación extractivista que nos condenó
al subdesarrollo.
Tampoco han faltado guerras civiles,
hasta guerras abiertas entre países o agresión imperial por parte de
algunas potencias empeñadas en asegurarse por la fuerza los recursos
naturales, sobre todo hidrocarburíferos en los últimos tiempos. Para
ilustrar este último caso bastaría con mencionar la agresión militar
norteamericana a Irak y Afganistán, en ambos países buscando el control
de las reservas petroleras y gasíferas. Los bombardeos de la OTAN a
Libia parece que van también en esa dirección.
Esta violencia casi innata a esta
maldición de la abundancia está vinculada, con mucha frecuencia, a
regímenes autoritarios. La masiva explotación de los recursos naturales
no renovables, depredadora en esencia, es posible atropellando a ciertos
segmentos de la población en beneficio de la colectividad y para lograr
el desarrollo, al decir de los gobernantes.
Los masivos ingresos obtenidos han
permitido el surgimiento de Estados paternalistas y autoritarios, cuya
capacidad de incidencia está atada a la capacidad política de gestionar
una mayor o menor participación de la renta minera o petrolera, así como
a su capacidad de imponer nuevos proyectos extractivistas supuestamente
indispensables para encarar la pobreza y desarrollar la economía;
proyectos que, de conformidad con la propaganda oficial, hasta servirían
para proteger el ambiente…
Este tipo de ejercicio político se
explica también por el afán de los gobiernos de mantenerse en el poder,
acumulándolo cada vez más, y/o por su intención de acelerar una serie de
reformas estructurales que, desde su particular perspectiva, asoman
como indispensables para transformar las sociedades. Son Estados que al
monopolio de la riqueza natural han añadido el monopolio de la violencia
represiva y política.
En estas economías extractivistas se ha
configurado una estructura y una dinámica política no solo violenta y
autoritaria, sino voraz. Esta voracidad, particularmente en los años de
bonanza, se plasma en un aumento muchas veces más que proporcional del
gasto público y sobre todo en una discrecional distribución de los
recursos fiscales.
Ante la ausencia de un gran acuerdo
nacional para manejar estos recursos naturales, sin instituciones
democráticas sólidas (que sólo pueden ser construidas con una amplia y
sostenida participación ciudadana), aparecen en escena los diversos
grupos de poder, desesperados por obtener una tajada de la renta minera o
petrolera. Y, como es fácil comprender, esta pugna distributiva, que
puede ser más o menos conflictiva, provoca nuevas tensiones políticas.
Todo ello ha contribuido a debilitar la
gobernabilidad democrática, en tanto termina por establecer o facilitar
la permanencia de gobiernos autoritarios y de empresas voraces,
proclives también a prácticas autoritarias. En efecto, en estos países
no asoman los mejores ejemplos de democracia. Adicionalmente, el manejo
muchas veces dispendioso de los ingresos obtenidos y la ausencia de
políticas previsibles termina por debilitar la institucionalidad
existente o impide su construcción.
Los altos ingresos del gobierno le
permiten prevenir la configuración de grupos y fracciones de poder
contestatarias o independientes, que estarían en condiciones de demandar
derechos políticos y otros (Derechos Humanos, Derechos de la Naturaleza
justicia, cogobierno, equidad, etc.), y de desplazarlos
democráticamente del poder. El gobierno puede asignar cuantiosas sumas
de dinero para reforzar sus controles internos; incluyendo la represión
de los opositores. América Latina tiene una amplia experiencia acumulada
en este campo.
Como consecuencia de los elevados
ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales y las
abiertas posibilidades de financiamiento externo, los gobiernos tienden a
relajar sus estructuras y prácticas tributarias. En este punto,
entonces, asoma nuevamente el efecto voracidad, manifestado por el deseo
de participar en el festín de los cuantiosos ingresos por parte de la
banca, sobre todo internacional, sea privada o multilateral,
corresponsable de los procesos de endeudamiento externo. Últimamente
China concede cada vez más créditos a varios países subdesarrollados,
particularmente de África y América Latina, con el fin de asegurarse
yacimientos minerales y petroleros, o amplias extensiones de tierra para
la producción agrícola, además de la construcción de importantes obra
de infraestructura.
En definitiva, los significativos
impactos ambientales y sociales, propios de estas actividades
extractivistas a gran escala, que se distribuyen inequitativamente,
aumentan la ingobernabilidad, lo que a su vez exige nuevas respuestas
autoritarias.
Esta es una gran paradoja: hay países
que son muy ricos en recursos naturales, que incluso pueden tener
importantes ingresos financieros, pero que no han logrado establecer las
bases para su desarrollo y siguen siendo pobres. Y son pobres porque
son ricos en recursos naturales, en tanto han apostado prioritariamente
por la extracción de esa riqueza natural para el mercado mundial,
marginando otras formas de creación de valor sustentadas más en el
esfuerzo humano que en la generosidad de la Naturaleza.
Del extractivismo colonial al extractivismo del siglo XXI
Hace muy pocos años se inauguró una
nueva etapa llena de esperanzas de cambio en varios países de América
Latina. Las políticas económicas de los gobiernos progresistas,
desligadas de los mandatos del FMI y del Banco Mundial, empezaron a
revertir paulatinamente la tendencia neoliberal anterior. Sin embargo,
este empeño de transformación, como vemos en la práctica y por más que
se conocen hasta la saciedad las nocivas consecuencias provocadas por
las lógicas primario-exportadoras, no afecta (aún) la esencia
extractivista de la modalidad de acumulación imperante desde la colonia.
Los países que se alinean en el progresismo y que han sostenido
posiciones antiimperialistas, en la práctica, al mantener modelos que
los atan a los intereses económicos de los países centrales, no logran
su independencia y mantienen los niveles de dependencia política y
económica.
Sin embargo establezcamos algunas
diferencias. Hay avances con relación al extractivismo anterior, sobre
todo por el lado de la defensa del interés nacional y de una consecuente
acción estatal para tratar de reducir la pobreza. Entre los puntos
destacables, sin negar la existencia de algunas graves situaciones
contradictorias, aflora una mayor presencia y un papel más activo del
Estado. Han aumentado las regulaciones y normas estatales. Se han
fortalecido las empresas estatales extractivistas. Y desde una postura
nacionalista, a través de algunos ajustes tributarios, se procura una
mayor tajada de la renta petrolera o minera.
Parte significativa de esos recursos, a
diferencia de lo que sucedía en años anteriores, en los que el grueso de
dicha renta se destinaba al pago de la deuda externa, financia
importantes y masivos programas sociales. De esta manera, estos Estados
tratan de enfrentar activa y directamente la pobreza.
Siendo importante un mayor control por
parte del Estado de estas actividades extractivistas e incluso
significativo el esfuerzo para reducir la pobreza, esto no cambia la
modalidad de acumulación primario-exportadora. La subordinación a la
lógica global de acumulación del capital se mantiene inalterada. El real
control de las exportaciones nacionales sigue en manos del capital
transnacional, que directa o indirectamente determina la evolución de
dichas actividades. Por cierto, en América Latina juega un papel
preponderante el peso de Brasil y sus intereses, a través de sus
diversas empresas con vocación global.
Perversamente muchas empresas estatales
de estas economías extractivistas (con la anuencia de los respectivos
gobiernos, por cierto) parecerían programadas para reaccionar
exclusivamente ante impulsos foráneos y actúan casa dentro con lógicas
parecidas o aún peores a las que emplean las empresas transnacionales.
De esta manera queda demostrado que el asunto de la propiedad de los
recursos naturales y de las empresas extractivas, siendo importante, no
es suficiente.
Igualmente contradictorio es el hecho de
que estos gobiernos, supeditados por los intereses intereses
geopolíticos transnacionales, de las viejas y nuevas hegemonías como
China y Brasil, continúen desarrollando proyectos de integración al
mercado mundial impulsados por las fuerzas de dominación del
sistema-mundo capitalista; como son aquellos diseñados por la Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
(IIRSA). El eje Manta-Manaos, entre Ecuador y Brasil, es una muestra de
esta aseveración.
Gracias al petróleo o a la minería, es
decir a los ingresos que producen las exportaciones de estos recursos,
los gobernantesprogresistaslogran consolidarse en el poder y desplegar
renovadas acciones estatales para enfrentar la pobreza. No esperan, como
en épocas neoliberales a que la pobreza se reduzca algún día por efecto
del crecimiento económico, que a su vez provocaría una mayor
concentración del ingreso; situación que luego beneficiaría a la
colectividad a través de nuevas inversiones que provocarían nuevos
empleo e ingresos adicionales. Los gobiernos progresistas, que
entendieron que no funciona esa teoría neolibreal, de manera consciente,
inspirados en criterios de justicia social, están empeñados en reducir
las inequidades en la sociedad.
Lo anteriormente expuesto es lo que
sucede con los actuales gobiernos progresistas de la región. Del Estado
mínimo del neoliberalismo, se intenta -con justificada razón-
reconstruir y ampliar la presencia y acción del Estado para liderar el
proceso de desarrollo, y no dejarlo al destino atado a las fuerzas del
mercado. Lamentablemente con todo este esfuerzo estatal no se logra (o
no si quiere) alterar las bases estructurales de la modalidad de
acumulación extractivista.
Así las cosas, la producción y las
exportaciones de materias primas mantienen inalterados sus estructuras y
rasgos fundamentales. La depredación ambiental y el irrespeto social
están a la orden del día.
Lo que resulta notable y por cierto
lamentable, es que, si bien se ha conseguido reducir la pobreza en los
países con gobiernos progresistas, las diferencias e inequidades en la
distribución de la riqueza se mantienen inalteradas. Los segmentos
empresariales poderosos, que han sufrido el embate de los “discursos
revolucionarios”de partelos gobernantes progresistas, no han dejado de
obtener cuantiosas utilidades aprovechándose de este renovado
extractivismo y desarrollismo (al menos eso sucede en Ecuador).
En consecuencia, la relativa mejoría en
las condiciones de vida delos segmentos tradicionalmente marginados de
la población ha sido posible gracias a la mejor distribución de los
crecientes ingresos petroleros y mineros, no como resultado de una
profunda redistribución de la riqueza. Esta situación es explicable por
lo relativamente fácil que resulta obtener ventaja de la generosa
Naturaleza, sin adentrarse en complejos procesos políticos de
redistribución de dicha riqueza.
Como en épocas pretéritas, el grueso del
beneficio de esta orientación económica va a las economías ricas,
importadoras de Naturaleza, que sacan un provecho mayor procesándola y
comercializándola en forma de productos terminados. Mientras tanto los
países exportadores de bienes primarios, que reciben una mínima
participación de la renta minera o petrolera, son los que cargan con el
peso de los pasivos ambientales y sociales. Pasivos que ocultan, muchas
veces, procesos en extremo violentos atados a la lógica extractivista,
que implica una masiva y sistemática agresión a la Madre Tierra e
incluso a las comunidades.
En síntesis, la lógica subordinada de su
producción, motivada por la demanda externa, caracteriza la evolución
de estas economías primario-exportadoras. El neoextractivismo, a la
postre,mantiene y reproduce elementos clave del extractivismo de
raigambre colonial, causa primigenia del subdesarrollo.
Superar esas aberraciones coloniales y
neocoloniales es el reto que tienen estos países. Construir el Buen
Vivir constituye un paso cualitativo para disolver el tradicional
concepto del progreso en su deriva productivista y del desarrollo en
tanto dirección única, sobre todo en su visión mecanicista de
crecimiento económico, así como sus múltiples sinónimos.Pero no solo los
disuelve, el Buen Vivir propone una visión diferente, mucho más rica en
contenidos y, por cierto, más compleja. Para lograrlo, salir de la
trampa del extractivismo es indispensable.-
Loja, 30 de septiembre del 2011
Notas:
[1] Economista ecuatoriano. Profesor e
investigador de la FLACSO. Ministro de Energía y Minas. Presidente de la
Asamblea Constituyente y asambleísta constituyente.
[2] Watts,Michael J.;
“Petro-violence-Somethoughtsoncomunity, extraction, and
politicalecology”, WorkingPapers, Institute of International Studies,
University of California, Berkeley, 1999. Aquí se estudia el caso de la
violencia petrolera en Nigeria y Ecuador.
[3] Acosta, Alberto; La maldición de la
abundancia, CEP, Swissaid y Abya-Yala, 2009. Disponible en
http://www.extractivismo.com/documentos/AcostaMmaldicionAbundancia09.pdf
Sobre este tema se pueden encontrar en el mismo portal
http://www.extractivismo.com/ aportes valiosos de Eduardo Gudynas,
JürgenSchuldt, HumphreysBebbington y A.J. Bebbington, MariastellaSvampa,
entre otras personas.
[4] Hay que recordar que la Asamblea
Constituyente, al año siguiente, otorgó la amnistía para las personas
víctimas de dicha represión.
Vìa :
http://servindi.org/
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