Las referencias más dramáticas de
la situación que vive el país en 2010, a 42 años de los acontecimientos
del 2 de Octubre de 1968 en Tlatelolco son: más de 28 mil muertos en los
últimos tres años de la llamada “Guerra contra el narco”, ahora
renombrada como “Lucha por la seguridad pública”; los cientos de miles
de jóvenes rechazados de los sistemas de enseñanza media y superior, y
los 7 millones de jóvenes sin empleo –cerca del 30 por ciento de la
población en edad de trabajar—.A esta visión fotográfica de lo que
sucede en México, debe añadirse la perspectiva agobiante de la crisis
económica mundial en sus múltiples manifestaciones, y los anuncios
ominosos de las políticas públicas antipopulares, represivas, violentas y
de control opresivo con las que se pretende sofocar el descontento
social.
Las actividades y
marchas conmemorativas de los sucesos de Tlatelolco que se han venido
realizando año con año, con la divisa de “2 de Octubre No se Olvida” han
sido verdaderas jornadas de lucha popular en las que no sólo se
refrendan las reclamaciones históricas y los asuntos pendientes, sino
también los temas y casos de actualidad referidos a las prácticas de
violencia política ejercida por el sistema en sus modalidades de fuerza
militar o policíaca con sus complementos judiciales y mediáticos. Se
trata de las mismas situaciones vividas con especial gravedad en el
movimiento estudiantil de 1968, ahora restablecidas en sus contenidos,
aunque con nuevas maneras o disfraces en la situación actual, obligando
al pueblo a responder puntualmente y en cada ocasión a las formas
violentas que se ejercen en su contra, con la notable y ejemplar
característica de que se trata de movimientos de resistencia pacífica
que hacen uso de los recursos legales de los que se puede disponer.
Esto
ha conducido a una creciente conciencia popular de las políticas,
procedimientos de gobernabilidad, control de los movimientos sociales y
de oposición diseñados y aplicados por el sistema político
prevaleciente, a partir de la estructura institucional de los poderes de
la República, pero también de los llamados poderes fácticos,
consistente en una práctica de violencia sistemática e incluso extrema
que no ha dudado en transgredir su propia legalidad para hacer
prevalecer sus privilegios económicos y políticos.
La
contraparte de la práctica abusiva y desviada de ejercicio del poder ha
sido la conciencia creciente de que los movimientos sociales se han
venido constituyendo también en un poder fáctico, que dentro de la
legalidad puede determinar también decisiones trascendentes. Desde el
movimiento social hemos reclamado reformas legislativas para abrir
mecanismos legales y democráticos de revocación de mandatos para todos
los niveles de gobierno, medios eficaces para recurrir a juicio político
de funcionarios coludidos con los criminales de todo tipo, incluyendo
jueces cómplices de narcotraficantes, de secuestradores, etc.
Por
esta razón se hace necesario ejercer organizadamente el poder fáctico
que potencialmente se ha constituido con una participación sistemática y
organizada programáticamente con las demandas que hemos enarbolado
desde la perspectiva de los intereses de los movimientos sociales. Para
ello habremos de acrecentar la disposición a ejercer nuestra capacidad
de orientación del voto ciudadano en campañas de diverso tipo, que
pueden ir desde la abstención generalizada hasta campañas de veto y
objeción a partidos y candidatos que actúen como cómplices o
encubridores de ex gobernantes genocidas y de políticas represivas
potencialmente semejantes.
En
los planteamientos y declaraciones del Comité 68 hemos tenido especial
cuidado en no partidizar nuestras reclamaciones específicas de castigo a
los ex gobernantes responsables de los crímenes de genocidio y a sus
cómplices actuales, y en esta línea de actuación seguiremos en
consonancia con la caracterización como “Crimen de Estado” que hemos
sostenido respecto a esos hechos. Ahora que nuestros litigios se han
empezado a dirimir en tribunales internacionales y que ya se cuenta con
sentencias condenatorias al Estado Mexicano (la primera fue la de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Rosendo Radilla de
noviembre de 2009), se han establecido de manera puntual resoluciones
que obligan a corregir la denegación de justicia y la impunidad, con el
valor adicional de que en las sentencias mismas se obliga al gobierno a
hacer público el proceso de corrección requerido, lo que en consecuencia
resalta el deslinde de las responsabilidades personales y de cada uno
de los poderes.
En el caso del
legislativo, al que le corresponden prácticamente todas las acciones de
remediación, se deben registrar con todo detalle, las posiciones,
iniciativas y el comportamiento de cada legislador y de su partido,
porque hoy en México no se vive un régimen de partido único, sino que se
encuentra una distribución del poder entre diversos partidos con
intereses y propósitos formalmente diferentes, pero que operan con
turbias prácticas de negociación entre ellos y al margen de los
intereses populares, incluso cuando han sido explícitamente advertidos
de las implicaciones negativas de decisiones que están en curso, como
ocurrió en el Senado con la aprobación de la minuta de la Ley de
Seguridad. En la agenda de temas de seguridad y justicia destacan
numerosas cuestiones que han sido expuestas por el movimiento social,
ante los cuales los legisladores y los funcionarios gubernamentales
aparentan no conocer los diagnósticos y reclamos de solución
reivindicados por el pueblo. Hace apenas unos años se recolectaron y
entregaron a la Cámara de Diputados más de dos millones de firmas de
ciudadanos opuestos a la privatización de la industria eléctrica que
fueron ignoradas. Lo mismo ocurrió con los cientos de miles de amparos
solicitados a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
por los trabajadores del Estado en contra de las modificaciones
regresivas de la ley del ISSSTE.
En
el presente, los casos más graves son la represión anti obrera
(destacadamente contra electricistas y mineros) encaminada a imponer un
nuevo marco de relaciones laborales; las medidas de violencia tanto
abierta como encubierta con la que se pretende contener el flujo
migratorio de la población, ahora complejizadas por acciones coordinadas
en ambos lados de la frontera, y la ominosa amenaza que se cierne sobre
los jóvenes estigmatizados con el nada gracioso y sí peyorativo
apelativo de “Ninis”, que conlleva la intención, de señalarlos como una
de las fuentes principales de delincuencia, o sea criminalizar su
condición social de la que no son responsables, sino en todo caso
víctimas de las políticas neoliberales instrumentadas en los últimos 30
años.
No podemos dejar de
mencionar una serie de asuntos pendientes y de acciones políticas y
legislativas en curso que si se abren y se dan las bases para que se
empiecen a resolver positivamente pueden ser indicativas de una
disposición a abrir las vías de una verdadera procuración e impartición
de justicia en el país.
1.- En
el caso de los procesos penales en contra de Luis Echeverría y las
cincuenta y dos averiguaciones previas concluidas en 2005 que no se han
consignado, se requiere que se suspenda el estado de inacción de la PGR y
se reactive con toda intensidad la disposición punitiva del Estado
respecto a crímenes que se le imputan. Esta nueva disposición debe
iniciarse con la aclaración pública de la situación de “libertad bajo
las reservas de ley” con la que se le suspendió la prisión domiciliaria a
que Echeverría estuvo sujeto durante 2 años por el delito de genocidio.
Aunque la libertad bajo reservas de ley, no significa que Luis
Echeverría haya sido exonerado, es evidente que se trata de otorgarle
impunidad. La complicidad de la propia PGR en esa maniobra, está
acreditada por la inacción del Ministerio Publico para presentar como
agravios ante el Tribunal de amparo, la supuesta falta de pruebas que
incriminaran directamente a Echeverría.
En
la lógica particular del litigio han tomado relevancia y actualidad los
elementos y pruebas supervinientes de la responsabilidad de Luis
Echeverría en delitos contra la salud, en la modalidad de promoción de
las drogas para modelar y controlar el comportamiento de los jóvenes,
con las evidencias registradas en el llamado “Festival de Avándaro” de
septiembre de 1971, apenas tres meses después de la masacre de
estudiantes del 10 de junio.
Desde
el punto de vista metodológico y doctrinal, resaltan dos promociones
judiciales que no han tenido respuesta explícita: El embargo precautorio
de todos los bienes de Luis Echeverría para cubrir las indemnizaciones
correspondientes a las víctimas de sus acciones criminales, en
concordancia con las medidas de la nueva estrategia de combate al crimen
organizado, mediante acciones de extinción de dominio y la reapertura
del juicio al expresidente, incluyendo en la nueva consignación los
cargos por delitos contra la salud, con el reconocimiento del hecho de
que si bien es cierto que el narco ha infiltrado las estructuras del
Estado, también es cierto que antes el gobierno promovió al narco con el
interés político de desmovilizar a la juventud para controlarla.
2.-
Desde noviembre del año pasado, conocimos y celebramos la resolución
categórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al
Estado Mexicano por el caso del desaparecido Rosendo Radilla la cual,
incluye una serie de puntos de amplia trascendencia e interés jurídico
para los siguientes casos que se están examinando en las mismas
instancias internacionales: 10 de Junio de 1971, 2 de Octubre de 1968.
Sin embargo, como conocedores de las malas artes de las autoridades
mexicanas, antes que festejar anticipadamente y relajarnos por lo
logrado en las resoluciones, constituimos junto con otras ocho
organizaciones de familiares y víctimas de crímenes de lesa humanidad,
el Comité de Seguimiento y Vigilancia de las Resoluciones de la Corte.
Nos alienta la advertencia contenida en la resolución de que el Estado
Mexicano cuenta con el plazo de un año para informar puntualmente a la
Corte los alcances logrados en todos y cada uno de los puntos de la
resolución. Pero lamentamos que a tres meses de que se cumpla el plazo
establecido, prácticamente no hay nada sustancial de las medidas
requeridas para remediar el estado de denegación de justicia
prevaleciente. En los tres meses restantes antes de que se cumpla el
plazo señalado, la carga de los asuntos pendientes se deberá centrar en
el poder legislativo, como espacio idóneo para abordar todo lo
conducente, y romper de tajo, hipotéticamente, con el perverso juego de
cada uno de los poderes de no asumir las responsabilidades propias.
3.-
Leyes de exoneración. De especial significación es el trámite
legislativo de la nueva Ley de Seguridad Nacional congelada en la Cámara
de Diputados por las numerosas objeciones levantadas en el mismo
momento en que en la Cámara de Senadores aprobaban el dictamen
correspondiente. La maniobra política de hacer prácticamente una
exoneración del ejército por los sucesos del 68 y años posteriores,
también se explica por el interés de buscar una exoneración del poder
ejecutivo actual, por la utilización del ejército con graves violaciones
a la Constitución, –sin marco jurídico explícito en la guerra contra
las drogas. Violaciones tales como el dotar de capacidad de decisión y
de mando a civiles para la utilización discrecional del ejército y de la
Policía Federal por encima del Ejército mismo han estallado haciendo
prácticamente imposible restablecer las condiciones para la aprobación
de ésta Ley, pero no por ello vamos a dejar de estar atentos del curso
de esos propósitos legislativos.
4.-
Los puntos anteriores ilustran la enorme complejidad que se tiene para
reordenar la vida política del país en un ambiente civilizado, sin la
utilización de la violencia como elemento abierto o encubierto para
dirimir las diferencias y dar cauce a las demandas populares. En
numerosos asuntos de la vida nacional la violencia física, jurídica y
procesal, e incluso mediática, está adquiriendo niveles alarmantes. La
responsabilidad política general recae en las más altas autoridades. Hoy
se mantiene la apariencia de una supuesta vida institucional que sólo
se usa para encubrir los crímenes del pasado y preparar las mejores
condiciones para favorecerse de los mecanismos de fuerza en las
coyunturas presentes y en las luchas políticas que se están librando con
especial ferocidad en la perspectiva de las elecciones federales del
2012.
En fin, es enorme la
lista de los nuevos agravios de la autoridad y los poderes en contra de
la población y sus organizaciones. Habrá que hacer el balance de los
casos de las represiones en contra de los pueblos movilizados en torno
de la APPO; los agravios en contra del pueblo de Atenco; las familias
afectadas en Pasta de Conchos; los niños de la Guardería ABC del IMSS en
Hermosillo, Sonora; la agresión y persecución perpetua en contra de las
Comunidades Zapatistas; la represión en contra de los Triquis en
Copala, Oaxaca; la infinidad de mexicanos inocentes afectados por las
acciones militares y de las diversas policías en el transcurso de este
fenómeno conocido con el eufemismo “Lucha por la seguridad pública y
contra la delincuencia”, donde hay que destacar a los pobladores de
Reynosa; los jóvenes acribillados en Ciudad Juárez y en el Tecnológico
de Monterrey; niños y familias enteras asesinadas en los retenes
militares, etc., ante cuyos casos y los reclamos de justicia de sus
familiares y de la población, los poderes de la unión permanecen
impávidos, cínicos e irresponsables.
Por
todo lo anterior, explicitamos estas consideraciones de balance de la
situación política general en los temas que nos conciernen; anunciamos
nuestra disposición a ejercer los derechos y obligaciones políticas y
morales que tenemos ante la sociedad y nuestro pueblo, y llamamos a
todos nuestros compañeros y amigos, a los movimientos sociales actuales a
redoblar todos los esfuerzos necesarios para sentar un precedente
imperecedero de que los crímenes contra el pueblo se deben castigar con
todo rigor para alejar en definitiva el riesgo y la tentación de que
esos métodos de gobierno se repitan.
Alto a las políticas económicas genocidas neoliberales
Educación y empleo para los jóvenes
¡2 de Octubre No se Olvida!
Fuente, vìa :
http://www.kaosenlared.net/noticia/mexico-42-anos-masacre-tlatelolco-balance-realidad-sigue-siendo-desale
http://www.kaosenlared.net/noticia/mexico-42-anos-masacre-tlatelolco-balance-realidad-sigue-siendo-desale
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