Este tema es parte del debate nacional sobre la tragedia causada por el terremoto y los maremotos, en el que se ha cuestionado a las empresas del sector inmobiliario, que en su mayoría no han dado respuesta para compensar a los residentes de dichos edificios o viviendas, que seguramente serán demolidos.
Una querella presentada ante un tribunal por un ciudadano podría permanecer sin resolverse hasta por 10 años, debido a la complejidad para demostrar deficiencias en las construcciones, especialmente si son edificaciones viejas.
Cifras oficiales indican que las pérdidas en vidas humanas dejadas por los movimientos telúricos sobrepasarán las 500, y todavía no hay un catastro completo de los costos en la infraestructura, calculada en principio por el gobierno en unos 30.000 millones de dólares.
Los expertos coinciden en que el mayor descalabro de las edificaciones se produjo por fallas en los diseños, la ingeniería y la construcción de los proyectos de uso público y privado, y en algunos casos de edificios habitacionales, además, por deficientes estudios de mecánica de suelo.
Los medios de comunicación reflejan las críticas de la población hacia algunas inmobiliarias que privilegian sólo los márgenes de utilidad en sus negocios e intentan rehuir sus responsabilidades.
A juicio del especialista Patricio Herman, "los ingenieros de cálculo de estructuras en general hacen bien su cometido, sobre todo cuando se trata de edificios corporativos, pero en los casos de edificios de departamentos que se venden a terceros no siempre proceden con rigurosidad profesional".
En la práctica, ni los arquitectos proyectistas, ingenieros calculistas, arquitectos revisores independientes, constructores, jefes de obras, ni inspectores técnicos están obligados a certificar que la construcción se hizo de la manera correcta.
El único responsable final es el llamado primer vendedor, es decir, la persona jurídica que hizo el negocio que le reportó grandes utilidades.
Además, según una información de prensa, sólo 34 por ciento de las viviendas aseguradas contra incendio tiene mecanismos antitelúricos.
En un encuentro con la prensa, el sábado pasado, el presidente Sebastián Piñera aseguró que su gobierno investigará la situación de los edificios y demás obras dañadas para determinar las responsabilidades de las inmobiliarias, así como de las concesionarias, que construyeron las carreteras.
De acuerdo con la Ley de Construcción, las edificaciones deben cumplir exigentes normativas en materia estructural.
Tras el terremoto de marzo de 1985, que afectó a la capital y otras zonas del centro del país, se elevaron las exigencias para levantar edificios y otras grandes obras.
Hoy, la regulación existente en esta materia ha rendido buenos frutos, pero la propia Cámara de la Construcción admitió que dicho sistema debe ser revisado y mejorado, "porque en la construcción no hay espacio para errores".
En general, la infraestructura del país respondió adecuadamente frente a las altísimas exigencias a las que fue sometida con el terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter, el quinto de mayor magnitud del mundo. Un sismo de esa magnitud, que afectó directamente al 80 por ciento del país, habría tenido efectos mucho más desastrosos en la mayoría de los países del mundo o en el mismo Chile de hace 30 años.
Es indudable que Chile cuenta con ingeniería antisísmica de calidad, pero resulta inaceptable que algunas estructuras relativamente nuevas hayan colapsado porque existieron fallas que deben ser investigadas por ingenieros especialistas.
En Chile no hay, como en otros países sísmicos, planos para cada ciudad, en los que se marcan las zonas donde hay ciertas fallas geológicas formadas por sismos anteriores, producto del desplazamiento de las placas tectónicas.
Estas zonas estarían insertadas en los planos reguladores de cada comuna, de manera que las municipalidades no otorguen permisos de edificación sobre esos terrenos.
fuente, vía:
http://www.argenpress.info/2010/03/chile-desata-gran-polemica-la-caida-de.html
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario