México DF, 7 jun 10
(CIMAC).- Tras la entrada de la policía federal a la mina de
Cananea, Sonora, en huelga desde hace tres años, y de la policía estatal
a la mina Pasta de Conchos, Coahuila, resguardada por viudas y
familiares de los 63 mineros fallecidos en el yacimiento en 2006,
organizaciones sindicales repudiaron este acto y señalaron que en
protesta romperán el diálogo con el gobierno mexicano.
Así lo informó Fernando Amezcua, vocero del
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), durante un mitin que
realizaron hoy frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), ex trabajadores electricistas e integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En el acto, Amezcua refirió: “ya estamos hartos de
mesas de diálogo y de negociaciones sin resultados, el único resultado
que obtenemos son los toletes y las granadas, como ocurrió en Cananea”.
El vocero del movimiento electricista informó que
ayer domingo llegaron 28 camiones de la Policía Federal Preventiva (PFP)
a la mina de Cananea, Sonora, para desalojar a los mineros que
resguardaban el yacimiento, desde que estalló la huelga el 30 de julio
de 2007.
Al respecto, vía telefónica el cananense Jesús
Verdugo del Sindicato Minero señaló que el saldo de la entrada de los
federales al yacimiento dejó dos mineros con heridas de bala, un
trabajador con una lesión en la pierna por el estallido de una granada, y
cinco detenidos.
Por este hecho, además del SME y la CNTE, la Unión
Nacional de Trabajadores, la Confederación Nacional Campesina, también
manifestaron que cerrarán el diálogo con el gobierno mexicano, indicó.
Los cananenses de la sección 65 del Sindicato
Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana, izaron las banderas rojinegras hace casi tres años,
junto con las secciones 17 y 201, en Taxco, Guerrero, y Sombrerete,
Zacatecas, con el propósito de lograr una revisión contractual que
mejorara las condiciones de seguridad e higiene de sus centros de
trabajo.
Desde hace casi tres años, los mineros sostienen esa
huelga con el apoyo de las mujeres cananenses, esposas, hermanas e
hijas de los trabajadores del cobre, quienes en febrero pasado
conformaron el Frente nacional de mujeres en lucha por la dignidad de
los trabajadores de México.
EL INGRESO A CANANEA
Alrededor de las 10 de la noche ingresó la PFP a
Cananea. A las 02:15 horas, un convoy de cuando menos de 20 patrullas de
la policía estatal de Coahuila escoltó automóviles de lujo para que
integrantes de Grupo México tomaran posesión de la mina de Pasta de
Conchos.
Lo anterior lo dio a conocer la asociación Familia
Pasta de Conchos, integrada por organizaciones defensoras de Derechos
Humanos (DH), y las viudas y familiares de 63 de los 65 mineros que
murieron tras la explosión registrada en el yacimiento el 19 de febrero
de 2006.
Las viudas y familiares también fueron desalojadas
de la mina, ubicada en San Juan Sabinas, Coahuila, informó el vocero
“Smeita” durante el mitin de la SCJN.
Cabe mencionar, que las familias permanecían en las
inmediaciones del socavón desde mayo de 2007, ocasión en que personal de
Grupo México, concesionaria minera, intentó ingresar al yacimiento,
donde permanecen los restos de los 63 mineros.
En ese año, como ahora, aseguran que Grupo México
intentará nuevamente sacar carbón de la mina, violando “con el aval y el
apoyo del gobierno federal”, la orden de suspensión definitiva para
toda obra de exploración y explotación de carbón, que emitió la
Secretaría de Economía en 2007.
Ante esta situación, Familia Pasta de Conchos señala
que las “crisis en las minas de Grupo México” no se van a resolver
utilizando la fuerza y la violencia contra los trabajadores y sus
familias.
Dicha organización lamentó que la sumisión del
gobierno federal y los estatales a la voluntad de esa empresa,
concesionaria del cobre y del carbón en el país, siga cobrando la vida
de más mineros mexicanos.
Por lo anterior, al igual que las organizaciones
sindicales, manifestaron su desconfianza en las autoridades estatales y
federales para la resolución del conflicto, y advirtieron que no
atenderán ningún llamado gubernamental.
Responsabilizaron a Felipe Calderón Hinojosa de
cualquier intento de intimidación o agresión en contra de las familias y
de las personas defensoras de DH involucradas en el caso, ya que la
obligación gubernamental de tutelar la integridad de los trabajadores y
sus familias “no tienen ningún valor frente a los intereses de Grupo
México”.
10/GCJ/LR/LGL
fuente, vìa :
No hay comentarios:
Publicar un comentario