Primera parte de las conclusiones de las jornadas que apuntan a la Megaminería y el rol de la Universidad Pública, realizadas en La Rioja. En estas líneas, las decisiones de las universidades respecto de los fondos y la composición de las luchas socioambientales.
El pasado 1, 2 y 3 de junio se realizaron en la ciudad de La Rioja las “Primeras Jornadas sobre Megaminería, Bienes Comunes y el Rol de la Universidad Pública”, convocadas por la Asamblea Riojana Capital y el Foro Ambiental Universitario (FAU), con el objetivo de abrir un debate abierto, interdisciplinario y plural que instale en la agenda pública, en general, y la agenda universitaria, en particular, la discusión sobre los fondos que provienen de la explotación de los Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), en la Provincia de Catamarca.
Por la ley nacional 14.771, sancionada en 1958, YMAD debe distribuir parte de sus utilidades entre las universidades nacionales. Si bien la fase de explotación de La Alumbrera comenzó en 1997, la distribución anual de utilidades de YMAD al sistema universitario nacional empezó recién en 2008 y, desde entonces, al menos siete universidades nacionales y más de veinte Facultades han rechazado los fondos. En la provincia de La Rioja, fue en 2013, durante el contexto de toma de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR) que realizaron sus estudiantes cuando este tema apareció fuertemente visibilizado, acompañando a las demandas de autonomía, democracia y calidad académica que se levantaron en ocasión de la toma. En tal contexto, la UNLAR rechazó los fondos de los años 2013, 2014 y 2015.
En una provincia con casi 10 años de lucha y problematización por asamblea y otros colectivos organizados de la actividad extractiva minera a gran escala, la centralidad de estas “Primeras Jornadas sobre Megaminería, Bienes Comunes y el Rol de la Universidad Pública” radicó en la renovada apuesta por denunciar en el espacio público las condiciones complejas de las diversas consecuencias e impactos del avance de proyectos extractivos en la región, en ocasión del debate abierto para la aceptación o rechazo de los fondos de 2016 hacia esta universidad. En un escenario donde las y los representantes de los gobiernos nacionales y provinciales han reforzado su postura de favorecer la explotación minera, el aporte de nuestra intervención en estas Jornadas se orientó a reconocer lo que creemos son consecuencias propiamente políticas de la instalación –posible o de hecho– de proyectos megamineros y de su articulación en el sistema universitario.
Ello supone delimitar, en primer lugar, qué entendemos exactamente cuando decimos “lo político”: es ese ámbito en el que una comunidad decide cómo vivir con otros y otras, y realiza aquello que decidió. Entonces, lo político remite a todas las actividades, espacios, actores, tiempos y mecanismos a través de los cuales decidimos cómo queremos vivir –o cómo no queremos vivir– con otros y otras. Esta noción de lo político está asociada a una idea positiva del poder en tanto esa posibilidad efectiva de poder tomar esa decisión y de poder contar con los recursos para crear aquello que decidimos. Aquí también aparece una vieja idea de autonomía, de autogobierno, de autodeterminación, de poder sobre nuestras vidas-en-común que amplía ciertamente el difundido reclamo del “derecho a la vida”.
Por supuesto, la definición de cómo, con quién o dónde queremos vivir, no está exenta de conflictos. En una época donde el “diálogo” y el “consenso” se presentan eclipsando los horizontes y las promesas de la vida política en nuestras comunidades, esta posición pretende resaltar que el conflicto y el disenso no son sólo parte integrante del mundo de lo político, sino que son justamente lo propio de este ámbito. Por ello, resulta inadmisible que quienes manifiestan el disenso y el conflicto sean acusados de “violentos”, “incivilizados”, o “fundamentalistas”, cuando no hacen más que expresar y actualizar esa condición inocultable de lo político.
El Estado y el sistema representativo-democrático forman parte de este mundo, pero no lo acaban ni lo representan en su totalidad. Más aun, algunos apuntamos que estas formas de organización del poder, antes que traducir formas de autonomía y autogobierno, llevan consigo instancias heterónomas en donde otros deciden sobre los destinos de nuestras vidas o nos expropian los medios y recursos para crear y materializar lo que queremos. Aquí el diagnóstico no es muy alentador: vivimos en sociedades donde los requisitos mínimos para la vida están apresados dentro de los mecanismos dispuestos por la lógica mercantilizadora del mercado.
Por eso uno de los grandes logros de la lucha de las asambleas socioambientales y otros colectivos organizados fue justamente mostrarnos formas otras de hacer política. La lucha que sostienen estas organizaciones en defensa de los bienes naturales han actualizado la condición política de la vida en sociedad y por ello, los conflictos y tensiones que mantienen con el Estado –incluyendo los estamentos universitarios de gobierno– y con los sectores empresariales pueden ser entendidos como instancias en donde esta condición de lo político es negada, recortada, invisibilizada o reprimida.
Fuente y foto: Marcha
fuente:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_Los_despojos_politicos_de_la_megamineria_en_el_pais
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