México. ”El
mal gobierno quiere acabarnos completamente asesinando a nuestros
compañeros”, denuncian ejidatarios de San Sebastián Bachajón. Juan
Carlos Gómez Silvano, Coordinador regional de la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona del ejido San Sebastián Bachajón, fue asesinado de más
de 20 tiros de alto calibre. Las autoridades del estado de Chiapas
buscan reducir todo a un conflicto intracomunitario, pero lo que sucede
en Bachajón es una pelea por la defensa del territorio que sostienen los
ejidatarios adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,
contra los planes oficialistas para la implementación de proyectos
turísticos de gran escala.
En enero y marzo de 2014, los
adherentes a la Sexta denunciaron públicamente que el comisariado
Alejandro Moreno y el consejo de vigilancia Samuel Díaz están
solicitando -bajo engaños- copia de los certificados de derechos
agrarios de los ejidatarios para supuestamente gestionar un proyecto
gubernamental de café, cuando en realidad dichos documentos serán
utilizados para simular la celebración de un Acta de Asamblea General de
Ejidatarios, en la que se solicite la cancelación del juicio de amparo
274/2011 del Juzgado Séptimo de Distrito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
interpuesto por los adherentes a la Sexta en marzo de 2011 para la
defensa del territorio.
Desde 2012, los ejidatarios
asumieron de manera independiente su propia defensa en relación al
territorio, a la exigencia de justicia por el asesinato de los
compañeros autoridades y en la liberación de sus presos políticos.
En respuesta a esta acción
fraudulenta de las autoridades ejidales oficialistas, el 5 de febrero de
2014 los adherentes a la Sexta demandaron ante el Tribunal Unitario
Agrario en Comitán la nulidad de la elección del comisariado Alejandro
Moreno Gómez y demás integrantes, por no haberse realizado en apego a la
Ley Agraria y a los usos y costumbres de la comunidad. Piden también la
rendición de cuentas y balance de egresos e ingresos del ex comisariado
ejidal Francisco Guzmán Jiménez, durante su periodo de 2010-2013. La
demanda fue admitida por el Tribunal Agrario y se señaló el 25 de marzo
de 2014 para la celebración de la Audiencia de Ley, en la que deberán
comparecer las autoridades comunitarias demandadas.
Con represión e impunidad, el
Estado busca abrirse paso para concretar el despojo y los proyectos
privatizadores de los territorios indígenas. Esta estrategia de
violencia física y psicológica viene acompañada de los denominados
programas sociales de combate a la pobreza, utilizados para dividir a la
población y desincentivar la organización comunitaria -aunado a la
cooptación de las autoridades comunitarias, quienes se encargan de
asegurar en lo local la entrega de la tierra para la implementación de
proyectos de alta escala, diseñados por organismos o corporativos
privados internacionales.
Es integral la estrategia de
despojo a los pueblos indígenas. Es por ello que el Estado pretende
distraer a la opinión pública del problema de fondo, que es la
apropiación de la tierra y los recursos naturales, reduciéndolo todo a
un conflicto intra/inter comunitario.
Juan Vázquez, memoria viva
El próximo abril se cumple un
año del asesinato político del líder comunitario y defensor de derechos
humanos Juan Vázquez Guzmán, privado de la vida con disparos de arma de
fuego la noche del 24 de abril de 2013 en el Poblado Bachajón, municipio
de Chilón, Chiapas, mientras se encontraba descansando al interior de
su domicilio junto con sus dos hijos menores de edad.
Juan Vázquez Guzmán luchó
incansablemente por defender la dignidad de su pueblo, y denunció a
nivel nacional e internacional la corrupción gubernamental que pretende
apropiarse a toda costa de las tierras del ejido San Sebastián Bachajón.
Esto le permitiría a estos intereses adquirir un mayor control político
y social en la región para implementar, sin oposición alguna, el
megaproyecto turístico en el poblado vecino de Agua Azul, municipio de
Tumbalá.
Hasta el momento, las
instancias de procuración justicia del Estado encargadas de esclarecer
el asesinato de Juan Vázquez Guzmán lo único que han garantizado es
mantener el crimen en la impunidad. Una señal inequívoca de ello es el
nulo avance de las investigaciones y que la instancia responsable de las
mismas, la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena con sede en
Bachajón no cuenta ni siquiera con los más elementales recursos
materiales y humanos para desarrollar una investigación seria y
exhaustiva.
A pesar del despojo existente
bajo ocupación policíaca y militar, así como el asesinato y
encarcelamiento de sus integrantes, los tzeltales del ejido San
Sebastián Bachajón -adherentes a la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona- se mantienen organizados, dispuestos a seguir luchando por
sus derechos y a mantener viva la memoria de Juan Vázquez Guzmán, como
un verdadero acto de justicia y reivindicación de su trabajo al servicio
del pueblo.
En septiembre de 2013, los
tzeltales dieron ejemplo de ello con la fundación del banco de grava Nah
Chawuk dentro de su territorio, con la finalidad de romper con el
monopolio y acaparamiento del banco de grava principal del ejido San
Sebastián Bachajón, administrado por las autoridades ejidales
oficialistas -que no permiten el acceso justo y equitativo a los
ejidatarios a los recursos naturales, brindando exclusividad a empresas
privadas y a particulares.
Después de la fundación de Nah
Chawuk, los adherentes a la Sexta recibieron amenazas de desalojo por
parte del comisariado ejidal oficialista, Alejandro Moreno Gómez, y del
consejo de vigilancia, Samuel Díaz Guzmán. Estos, sin el conocimiento de
la Asamblea General de Ejidatarios, pretendieron alentar el desalojo
violento a través de grupos afines al Partido Verde Ecologista y al
Partido Revolucionario Institucional. Se trata del mismo modus operandi
utilizado por el ex comisariado ejidal oficialista Francisco Guzmán
Jiménez en los sucesos del 2 de febrero de 2011, cuando se dio el
desalojo violento de las tierras de uso común por las que atraviesa el
camino que conduce al Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul. La
amenaza de desalojo no prosperó y los adherentes a la Sexta mantienen
bajo su resguardo el banco de grava.
En diciembre de 2013, los
adherentes a la Sexta de San Sebastián Bachajón lograron la libertad de
Miguel Demeza Jiménez y Antonio Estrada Estrada, presos injustamente
desde octubre de 2010 y agosto de 2011, respectivamente.
Miguel Demeza recuperó su
libertad plenamente; sin embargo, Antonio Estrada continúa sujeto a un
proceso penal federal ante el Juzgado Sexto de Distrito en Tuxtla
Gutiérrez, a pesar de que las pruebas con las que se le acusa fueron
declaradas ilícitas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo
Circuito al resolver su juicio de amparo 915/2013. Antonio tiene que
viajar cada quince días desde su comunidad hasta la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez para firmar un libro de control de asistencia de procesados,
hasta que se resuelva su situación jurídica.
Los adherentes tzeltales de
Bachajón reconocen que la libertad de Miguel y Antonio es fruto de la
lucha de Juan Vázquez Guzmán y de la solidaridad nacional e
internacional, que se mantuvo pendiente durante su encarcelamiento.
Ante este panorama, los
tzeltales de San Sebastián Bachajón adherentes a la Sexta siguen dando
ejemplo de dignidad y resistencia frente a la imposición de los
caprichos del capitalismo, evidenciando los intereses económicos y
políticos que detonan el conflicto en la comunidad para la apropiarse de
su territorio.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2014/03/tseltales-de-bachajon-contra-la-cooptacion-de-autoridades-ejidales/
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