La discusión de la nueva Ley de Pesca ha generado amplia controversia en sectores de la pesca artesanal así como en organizaciones ciudadanas, las que acusan que el proyecto elaborado por el ministerio de Economía, “entregará los recursos del mar a perpetuidad a un cartel de siete familias”.
Todo se remite la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador, que entró en vigencia en 2001, impulsada por el Gobierno de Ricardo Lagos, donde en vías de terminar con la “carrera olímpica del sector” – el que llegaba primero se llevaba la cuota-, se estableció un sistema de cuotas individuales transferibles que duraría dos años. En 2002, a través de una ley corta, el Congreso aprobó extender estas licencias por diez años.
Argumentando que se debía reconocer la inversión pionera de la industria pesquera desde hace 50 años, dándole seguridad legal y, de esta forma, también defender el empleo, estas siete familias se hicieron del 92 por ciento de las cuotas de captura industrial, a través de un fuerte lobby y el alineamiento de los parlamentarios de ese entonces.
Por medio de una fórmula denominada “coeficiente de participación relativo”, las cuotas se fraccionaron sumando los registros de captura entre 1997 y 2000 y determinando la capacidad de bodega de las naves en 2001. Es decir, quienes tenían mayor participación del mercado fueron los que salieron más beneficiados.
Es así como, durante estos diez años, los industriales han concentrado ganancias por 9 mil millones de dólares, pero nunca han pagado por la asignación de las cuotas, que según el propio ministro de Economía, Pablo Longueira, alcanzan una valoración de 743 millones de dólares anuales. Solo están obligados a pagar una patente por operar sus embarcaciones, lo que equivale a un 0, 6 por ciento de sus exportaciones. De esta manera, pese a que Chile es uno de los top diez en descargas pesqueras del mundo, el sector solo aporta un 0,4 por ciento del PIB del país.
A ello se suman las acusaciones por la sobreexplotación de los recursos marinos, poniendo solo como ejemplo la desaparición del jurel en las costas; la absorción de las pymes por parte de la industria; y que un 90 por ciento de los recursos se exporta, dejando un magro porcentaje para la alimentación de los chilenos.
Sin embargo, a punto de llegar a su fin el antiguo régimen de pesca, los grupos que controlan el mar buscaron impulsar que la situación se mantuviera tal como en 2002, asegurando poseer un “derecho histórico” que ya habría sido reconocido en dicha legislación. Y parecen haberlo conseguido.
¿Quiénes son estas 7 familias de grandes grupos empresariales que quieren mantenerse como actores exclusivos de la pesca en Chile?
Se trata de las familias Angelini, Lecaros, Yaconi –Santa Cruz , Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo, que durante los últimos años pasaron de poseer sus propias flotas a fusionarse en cuatro grandes conglomerados: Orizon, Blumar, Camanchaca Pesca Sur y Mar Food -capitales extranjeros – (ver detalle al final del texto).
Pese a que en un principio el proyecto formulado por el ex ministro de la cartera, Andrés Fontaine, consideraba dejar el 50 por ciento de las cuotas para licitación, dándole mayor competencia al sector con el ingreso de nuevos actores y, así, generar mayores recursos para el Estado, la llegada de Pablo Longueira a Economía habría frenado esta opción.
De hecho, las organizaciones acusan directamente a los industriales de haber actuado contra el antiguo proyecto de ley que había propuesto el Gobierno de Sebastián Piñera, quien ya como senador en 1991 había planteado darle mayor dinamismo a la industria pesquera. Según un fallo del Tribunal de la Libre Competencia desde 2001 que no ingresa ningún nuevo actor a este mercado.
De esta forma, la iniciativa que actualmente se discute en segundo trámite en el Congreso plantea una cuota global de captura que se administraría bajos tres tipos de licencias transables (Clase A, Clase B y Clase C). Es a través de las licencias de Clase A que, según afirma el propio ministerio de Economía, se “reconocen los derechos históricos de los industriales”.
Aunque la Clase B se entregaría por licitación cuando una especie haya alcanzado su Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) y la clase C cuando la cuota se encuentre sobre esta tasa, se discute la viabilidad de estas opciones, ya que según los expertos los recursos marinos estarían tan depredados, y continuarían en manos de quienes los han sobreexplotado, que sería casi imposible llegar a un estado de sustentabilidad donde se alcance el RMS, por lo que solo se traría de alternativas fantasmas.
Asimismo, con más de 4 mil kilómetros de costa de norte a sur, la legislación tampoco establecería que los recursos del mar son del Estado, ya que este artículo fue rechazado por la sala de la Cámara de Diputados y existe la duda sobre si el Senado lo repondría o no. De entregar nuevamente la concesión a los industriales por veinte años más, el proceso solo podría revertirse a futuro por medio de expropiaciones que traerían billonarios costos al Estado.
Los industriales y las 7 familias
Angelini: Grupo económico liderado por Roberto Angelini. Con un capital estimado en U$ 1200 millones, es uno de las cinco fortunas más ricas del país y la 1015 del mundo según la revista Forbes. Entre sus principales empresas destaca Copec, Celulosa Arauco y Colbún, entre otras. En la pesca industrial participa a través de Corpesca y Orizon (Fusión de Pesquera San José y South Pacific Korp), junto a la familia Lecaros.
Lecaros: A través de la Sociedad Pesquera Coloso, Sergio Lecaros Méndez, además de participar en Corpesca y Orizon, también tiene intereses en los Hoteles Holiday Inn Express, Alifrut SA (Minuto Verde – Cambaña) e inmobilarias en Chile y Buenos Aires.
Yaconi – Santa Cruz: Conglomerado creado en los ’70 por Manuel Santa Cruz, Hugo Yaconi, Jaime Santa Cruz, Mario Vinagre y Ernesto Noguera. Con la pesquera El Golfo se unieron a la Pesquera Itata, de la Familia Sarquis, dando origen a Blumar S.A en 2011. La fusión posee un capital de poco más de 124 mil millones de pesos y es la empresa individual que concentra el derecho a explotar la mayor parte del recurso pesquero en Chile. También tienen intereses en Lipigas, ABCDin, Inmobiliaria Las Lilas y Mall Paseo Estación, entre otros.
Sarquis: El holding está encabezado por Rodrigo Sarquis Said, quien además de participar en la pesca industrial con Blumar SA, lidera la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca).
Stengel: Grupo liderado por Jan Stengel. Con la Pesquera Bío Bío se fusionaron con la Compañía Pesquera Camanchaca, de la familia Fernández, en 2011. Además de participar en Congelados Aitué, Unfishing Canning, Stengel es actualmente el presidente de la Asociación Nacional de Indutriales Pesqueros (Asipes).
Fernández: Al frente de la Compañía Pesquera Camanchaca se encuentra Jorge Fernández Valdés. Al unirse con los Stengel, ambas familias terminaron con el 18,74% del jurel que extraen las pesqueras industriales, el 19,19% de la anchoveta, el 19,16% de sardina común, el 18,79% de sardina española, el 29,55% de merluza común y el 12,42% de merluza de cola.
Izquierdo: Los hermanos Izquierdo Menéndez controlan Alimentos Marinos S.A y San Antonio SA. Roberto Izquierdo es parte de la directiva de Asipes. También tienen interes en Kidzania, Universidad de las Andes, Forestal y papelera de Concepción, Entel PCS, entre otras.
Vía:
http://radio.uchile.cl/noticias/178853/
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