Foto: Perú 21
Dieciséis pobladores del distrito de San Marcos,
provincia de Huari en Ancash, fueron golpeados la madrugada del 10 de
mayo por miembros de la Policía Nacional que prestan servicios a la
empresa Antamina, y continúan detenidos, informó una de las víctimas.
Pablo Salazar Solís, agente municipal de la comunidad San Antonio de
Juprog, detalló que 8 pasajeros que se desplazaban en una camioneta
rural (combi) entre Juprog y San Marcos fueron intervenidos por
efectivos policiales de la DINOES.
Estos fueron enviados junto a otros 8 campesinos del sector de San
Pedro de Pichiu, con anuencia del fiscal provincial de Huari, para
“rendir sus manifestaciones” en la Comisaría de Yanacancha ubicada
dentro del campamento minero de Antamina.
Salazar Solís informó a la Confederación Nacional de Comunidades del
Perú Afectadas por la Minería (Conacami), que fueron interrogados y
“obligados a declarar que éramos parte de los manifestantes, cuando nada
teníamos que ver”.
“Yo he visto que a los hermanos de San Pedro de Pichiu se les ha
torturado a patadas y golpes (…) el comandante que era uno de los mas
déspotas, no quería identificarse; en su pecho decía: Comandante Alva”
señaló.
Los pobladores de San Pedro de Pichiu, sostenían un paro de 24 horas
en protesta a la desidia de las autoridades por el derrame de petróleo
ocasionado por la empresa Antamina.
“Hace seis días un camión cisterna volcó y derramó combustible en la
laguna Huatucocha ubicada en la cabecera de cuenca del río Mosta, cuyas
aguas llegan al Marañón” aseveró Pablo Salazar. “Frente a esto ninguna
autoridad ha intervenido”dijo.
El interrogatorio a los detenidos se habría efectuado en el recinto
policial sin la presencia del fiscal aproximadamente hasta la una de la
madrugada; con el agravante que entre ellas se encontraba una mujer
embarazada de nombre Luzmila Garay (20).
Los detenidos de la comunidad de Juprog son: Santos Llanos (22),
Luzmila Garay (20), Pablo Salazar (30), Amancio Garay (34), Witman
Domínguez (20) y tres personas más que fueron golpeadas y obligadas a
declarar que estaban vinculadas al paro.
Estas personas habrían sido trasladadas hacia la ciudad de Huari.
Asimismo, otras 8 personas de San Pedro de Pichiu continuaban
detenidos en la comisaría acusados también de participar en las acciones
de protesta, sin que se conozca el estado de salud, seguridad e
integridad de estas personas.
Conacami rechaza la criminalización
Conacami hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que se
presente en dicha comisaría a efectos de salvaguardar la integridad y la
vida de estas personas retenidas en contra de su voluntad.
En ejercicio del régimen democrático y constitucional, Conacami exige
la liberación inmediata de los detenidos y rechaza firmemente las
prácticas disuasivas, amedrentamiento y criminalización de la protesta
social por parte del Estado peruano.
Así, responsabiliza a los agentes policiales contratados por
Antamina, al Gobierno y a las autoridades locales por las violaciones de
derechos humanos que se vienen registrando sistemáticamente contra
quienes reclaman sus derechos.
Hizo además un llamado nacional de solidaridad con los hermanos
detenidos y pedimos la intervención de los entes supranacionales para la
protección y salvaguarda de la vida de los líderes sociales quienes se
encuentran en calidad de detenidos, requisitoriados y perseguidos por el
aparato estatal peruano.
Pobladores de Chipta también fueron detenidos
Robinson Olive Ortega Chávez y Maiky Amado Chávez, del anexo de
Chipta, también colindante con el área de operaciones de Antamina,
fueron detenidos de manera arbitraria el 9 de mayo en la noche cuando
caminaban hacia San Marcos debido al bloqueo de la carretera.
Ambos se encontraban en la comisaria de Yanacancha en espera del juez
y sus abogados. Sus prendas están rotas, les han quitado sus
pertenencias y han sido golpedos por 4 efectivos.
Según los detenidos, les ofrecieron soltarlos con la condición que se declaren responsables de los bloqueos.
Al tomar conocimiento, los abogados presentaron un hábeas corpus al
Poder Judicial de Lima (Juzgado de Turno Permanente) ya que el juez
provincial de Huari no quiso atender la acción pues no era horario de
oficina. Sobre esta conducta adelantaron que presentarían una queja ante
la OCMA.
No obstante, la huelga indefinida del Poder Judicial ha trabado que llegue a un juzgado para su ejecución.
Una fuente policial indicó que habrían sembrado pruebas para implicar a los detenidos y que estos serían procesados.
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Fuente: Conacami
Fuente: Conacami
Vìa:
http://servindi.org/actualidad/64245
http://servindi.org/actualidad/64245
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