La organización reveló su estudio anual sobre el estado de los Derechos
Humanos en el mundo, el cual enfatizó en la violencia con la que las
naciones reprimieron las diversas protestas sociales. De esto no escapó
nuestro país, donde hay denuncias de torturas y violencia de género,
además de falencias que son consecuencia del sistema político.
Con la consigna de que “las cosas han cambiado para la tiranía y la
injusticia” se inicia el informe 2012 del estado de los Derechos Humanos
en el mundo, elaborado por Amnistía Internacional.
El documento otorga especial importancia a las protestas que se
desarrollaron en Medio Oriente, el norte de África y los países europeos
que sufrieron los efectos de la crisis económica de la Eurozona.
En este sentido, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía
Internacional Chile, afirmó que “millones de personas tomaron las calles
en todo el mundo para exigir libertad, justicia y dignidad”.
En cifras, el estudio afirma que hubo 91 países en los que la
ciudadanía se tomó las calles de manera constante y que gobernadores de
101 naciones respondieron con torturas y malos tratos a estas
exigencias.
Una situación en la que se incluye nuestro país, según denunció Ana
Piquer, y que quedó en evidencia con las protestas de estudiantiles,
ambientalistas, del Movimiento Social por Aysén y la muerte de Manuel
Gutiérrez, señaló la directiva.
“En el control de manifestaciones ha habido alegaciones de uso
indebido de carros lanzagua, gases lacrimógenos y balines, en algunos
casos causando lesiones oculares. Se conocieron casos de tortura y otros
malos tratos, incluidas palizas y amenazas de violencia sexual contra
estudiantes detenidos arbitrariamente por la policía en manifestaciones
estudiantiles. Esto llegó al extremo en el caso de la muerte de Manuel
Gutiérrez, en que lamentablemente, aún no existe claridad en cuanto a la
destitución efectiva de los carabineros responsables y la Justicia
Militar ordenó la libertad bajo fianza del acusado de efectuar el
disparo”, explicó.
Por ello es que la directora de Amnistía Internacional afirmó que
“urge reformar la Justicia Militar en Chile tal y como lo ordenó la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que su competencia
se acote a delitos propiamente militares”.
El capítulo chileno del informe 2012 critica también el proyecto de
ley de fortalecimiento del orden público, conocido como “Ley Hinzpeter”,
ya que “queda abierto a interpretaciones que pueden vulnerar DD.HH.,
tales como la libertad de expresión y reunión”.
Sobre la violencia ejercida por la policía en contra de los
asistentes a manifestaciones, Ana Piquer señaló que el Estado debe
hacerse cargo e investigar las denuncias. De comprobarse las que se
refieren a violencia policial, dijo, “constituyen violaciones de DD.HH”.
“En ese sentido, nos preocupa mucho que en las ocasiones en que se le
ha pedido información al ministerio del Interior en relación a las
medidas que se iban a tomar respecto de la violencia policial, la
respuesta del ministerio ha sido que eso no es de su competencia, porque
de acuerdo a su interpretación de la ley, ellos solo tendrían
competencia respecto de aspectos administrativos de Carabineros y no de
la operación policial propiamente tal”, agregó.
En relación a violencia de género, Ana Piquer sostuvo que las
violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
siguen siendo una práctica extendida en el continente, por lo que
lamentó que el Congreso Nacional haya rechazado la idea de legislar en
esta materia.
Además, criticó la aplicación de la Ley Antiterrorista contra el
pueblo mapuche y aseguró que se trata del ejemplo agudizado de todas las
denuncias sobre la reacción inadecuada de los líderes frente a la
protesta social y la discriminación: “El uso de la Ley Antiterrorista en
forma discriminatoria sería inaceptable y no debiera ser en ningún caso
utilizada para juzgar delitos cometidos en un contexto de protesta
social. Ello continuaría revelando una tendencia a la criminalización de
la protesta mapuche. En este mismo sentido, son igualmente preocupantes
las reiteradas denuncias de las comunidades mapuche a la respuesta
excesiva de las fuerzas de seguridad durante protestas en favor de
reivindicaciones territoriales o sobre el impacto de proyectos de
desarrollo”, dijo.
También hubo un llamado de atención al término de la impunidad,
debido a que las querellas por violaciones a los derechos fundamentales
ocurridos durante la dictadura aumentaron, sin embargo, menos de un
tercio de los condenados cumple condena en prisión.
Vìa,fuente:
http://radio.uchile.cl/noticias/153435/
http://radio.uchile.cl/noticias/153435/
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