Difusión Cencos México
Boletín de Prensa
OPSDH
Si bien la sequía 1 es
un fenómeno natural que ha estado presente a lo largo de la historia
del país, fue desde 1993 cuando se advirtió de la existencia de
períodos más drásticos y prolongados en la deficiencia de agua, los
cuales se registrarían con mayor severidad ante el cambio climático y
el impacto de fenómenos como “el Niño” y la “Niña”. De hecho,
el incremento de esta condición, ha propiciado que más de la mitad del
territorio nacional desde el 1 de mayo de 2011 sea vulnerable,
exponiéndose con ello la debilidad del sector agrícola además de los
graves problemas que el país enfrenta en materia de captación y acceso al agua, o que perjudica directamente la calidad de vida de la población.
Ante esto, el gobierno se ha visto en la necesidad de declarar estado
de emergencia y de ordenar la movilización de recursos para emprender
medidas inmediatas a fin de reparar los efectos que ha tenido la sequía
en el goce del derecho al agua, del derecho a la alimentación y del derecho al trabajo.
No obstante de las medidas aplicadas por las
autoridades gubernamentales, aún hace falta que se contemplen acciones
que resuelvan los problemas estructurales del sistema económico y
productivo que permitan garantizar la seguridadalimentaria del país 2,
misma que se ha visto afectada por la escasez de alimentos, ya
que además deben tomarse en cuenta, las dificultades que se avizoran
para la población en materia de acceso económico a la alimentación ante un probable aumento de los precios de alimentos.
Las medidas emprendidas por el gobierno mexicano no han sido
suficientes para mejorar la situación de los pequeños productores y de
los 1,213 municipios de 19 entidades federativas del norte y del centro
del país 3.
De hecho, se considera que esta es la peor sequía que se ha presentado
desde hace 71 años y que ha afectado a cerca de 250, 000 personas y
alrededor del 54.6 % del territorio mexicano. Ante este escenario, la
situación de los pequeños productores no es nada alentadora, dicho
proceso provocó la pérdida de 1.2 millones de hectáreas de cultivos,
primordialmente de maíz y otros granos; además de que murieron cerca de
50.000 cabezas de ganado, perjudicando su derecho al empleo, a la
alimentación y al agua, derechos que el Estado mexicano está obligado a
cumplir.
En 2011, el gobierno lanzó el Proyecto Transversal de las Zonas
Áridas (Prodeza) con una inversión de 124 millones de pesos para la
ejecución de obras de captación de agua para abrevadero, revegetación de
tierras de pastoreo y sistema de manejo sustentable de
bovinos productores de carne; y la Estrategia para la Atención de los
Estados Afectados por la Sequía, por el que se entregaron recursos por
más de 5 mil millones de pesos y se trabajó en cinco ejes de atención:
mantener las capacidades productivas, manejo adecuado del agua, apoyo al
empleo en zonas afectadas, activación de los esquemas de aseguramiento e
impulso al financiamiento; de tal forma, que en esta última medida se
incluyó el derecho al empleo; y el incremento al apoyo técnico y
económico de los productores.
Recientemente el gobierno mexicano ha anunciado la ejecución de
disposiciones de carácter multidimensional dirigidos a mejorar la
situación económica y social de las familias afectadas.
El 23 de enero del presente año se presentó el Programa Integral de
Atención a la sequía 2012, el cual contempla acciones para el sector
productivo, para el abasto de agua y para la provisión de alimentos
asignando un monto de 33. 800 millones de pesos.
Uno de los rubros que más atención ha recibido ha sido la inversión en
la capacidad productiva para mantener la liquidez y reactivar la
economía a través de programas tales
como Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola;
Oportunidades y Apoyos Directos al Campo, al destinarse 14 millones de
pesos; así como de la asignación de recursos para seguros con un monto
de 2 mil 800 millones de pesos y otorgamiento de esquemas
de financiamiento en condiciones preferenciales y de forma expedita, con
un monto de 8 mil 400 millones de pesos. Ello representa un
reconocimiento del Estado Mexicano de la necesidad de fortalecer a los
pequeños productores, además de que se prevé atender las necesidades
de financiamiento de las micro y pequeñas empresas, lo que sin duda
constituyen una medidas para garantizar la disponibilidad de alimentos,
como lo señala el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 4
Por su parte, las acciones emergentes que el gobierno ha realizado en materia de acceso físico a los alimentos ha sido la distribución de despensas
con alimentos de alto valor nutritivo a cargo de Diconsa para resolver
el acceso a alimentos y aliviar el hambre. Esta acción
resulta importante debido al aumento de los casos de malnutrición y
hambre crónica que se han presentado en los municipios afectados y que
podrían tener grandes implicaciones en la salud y el desarrollo de las
personas, para ello se han destinado 785 millones de pesos
hacia programas de protección social y de preservación de oportunidades.
El acceso al agua
ha sido la segunda prioridad del gobierno mexicano, el cual está
adoptando medidas para facilitar y garantizar este derecho atendiendo
las observaciones que los organismos internacionales de derechos humanos
han realizado, al priorizar su uso personal y doméstico; y al emplearlo
a los recursos hídricos necesarios para mitigar el hambre 5.
De tal forma que se destinarán 4 mil millones de pesos para la
reactivación de pozos para consumo humano, además de que se asignarán 2
mil 500 millones de pesos para otras acciones como la modernización de
canales de riego y la entrega emergente de agua a través de carros
tanque y cisternas a las comunidades que así lo requieran a través de
la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacional del Agua. La
CNA intensificará además, las acciones para mejorar el manejo de
cuencas y acuíferos, con el propósito de disponer de una mayor cantidad
de agua para las personas.
Como puede verse la sequía en México ha ocasionado graves consecuencias
en términos económicos y sociales; y a los problemas de disponibilidad de alimentos se suman las dificultades que enfrentarán las familias mexicanas para acceder a éstos a precios accesibles ante
los problemas de autoabastecimiento que desde antes se han venido
presentando cuando se prevé un aumento de las importaciones de alimentos
para satisfacer el consumo nacional, así como, las complicaciones
para producir ante la probable prolongación de la sequía por tres
meses. Estos factores representan obstáculos para que el gobierno
mexicano resuelva sus problemas de seguridad alimentaria.
De tal forma que el gobierno mexicano tendrá que resolver los
problemas estructurales e intensificar sus acciones a nivel nacional en
materia de inversión y capacitación en el campo y dirigirla
principalmente a los pequeños productores; además de adaptar la
producción al cambio climático; rehabilitar los acuíferos; contrarrestar
la contaminación del agua; desarrollar infraestructura hidráulica;
aprovechar adecuadamente los recursos naturales; y establecer
el equilibrio entre el ingreso salarial y el precio de los alimentos.
1 La sequía se define como un conjunto de condiciones
ambientales atmosféricas de muy poca humedad que se extienden durante
un período suficientemente prolongado como para que la falta de lluvias
cause un grave desequilibrio hidrológico y ecológico. Fuente.
SEMARNAT; Las sequías en México, http://www.imta.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=177:las-...
2 La seguridad alimentaria es definida por la FAO como
aquella situación en la “que todas las personas tienen en todo momento
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos
para satisfacer las necesidades alimenticias y sus preferencias en
cuanto a los alimentos, a fin de llevar a una vida activa y sana”, de
tal forma que un hogar se encuentra en esta condición cuando no está en
riesgo de perder el acceso a la alimentación en términos de calidad,
cantidad y que sea aceptada culturalmente. Para evitar esta situación,
los Estados deben considerar elementos como la oferta adecuada de
alimentos disponibles todo el año y el acceso físico y económico.
4 De acuerdo al art. 11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), El derecho a la
alimentación adecuada se ejerce cuando se tiene acceso físico y
económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para
obtenerla, por lo que los Estados tienen la obligación básica de adoptar
las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre, incluso en
caso de desastre natural o de otra índole; así como mejorar los métodos
de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la
plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la
divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la
reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y
la utilización más eficaces de las riquezas naturales.
5 El Estado mexicano está obligado a adoptar medidas
que tiendan a facilitar, promover y garantizar el derecho al agua,
indispensable para la realización de otros derechos, el cual implica “el
derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable,
accesible física y económicamente; y asequible para el uso personal y
doméstico”, que garanticen que todos los ciudadanos podrán tener acceso a
agua potable para consumo humano. Observación general no. 15 del Pacto
Internacional de derechos económicos, sociales y culturales: El derecho
al agua.
Observatorio de Política Social y Derechos Humanos
Hilario Pérez de León No. 80, Col. Niños Héroes de Chapultepec, Benito Juárez, México D.F., 03440
Tel. 55 90 87 54 / 55 79 74 13
www.observatoriopoliticasocial.org
Hilario Pérez de León No. 80, Col. Niños Héroes de Chapultepec, Benito Juárez, México D.F., 03440
Tel. 55 90 87 54 / 55 79 74 13
www.observatoriopoliticasocial.org
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario