(Declaraciones del jefe paramilitar José Ever Velosa, alias HH)[1]
Aunque el paro armado paramilitar que sacudió a Colombia desde el 5 de enero (decretado en venganza por la muerte del paramilitar alias “Giovanni”
durante un reciente operativo militar), ha dado bastante que hablar en
los medios, la falta de análisis y la ausencia de memoria para abordar
el tema es sorprendente. Salvo honrosas excepciones, sigue entendiéndose
al paramilitarismo colombiano y sus múltiples caras (Urabeños, Rastrojos, Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas, Paisas, Erpac,
etc.) según el modelo de las bandas criminales (Bacrim), como si en el
fondo tuvieran poco o nada que ver con el monstruo paramilitar
alimentado por el Estado colombiano -y la oligarquía que lo capitanea-
durante las últimas décadas. Desde luego se menciona que muchos de ellos
hicieron escuela en las Autodefensas Unidas de Colombia, pero no se hace la relación de continuidad entre ambos fenómenos. Como en una columna lo expresa Sergio Otálora M.,
los paramilitares son “ahora convertidos en bandas criminales por la
alquimia de la impunidad y de la negación cómplice” de las
autoridades[2].
Por su parte, el presidente Santos también
aprovecha la ocasión para reforzar el discurso de la “mano negra”,
salida de ninguna parte… como si el desarrollo del paramilitarismo (el
de ayer y el de hoy) no tuviera nada que ver con el Estado. Se refuerza
así la visión del Estado como institución supuestamente neutral en el
conflicto social y armado –o en palabras de sus maestros uribistas,
Colombia como una “democracia asediada por violentos”- fórmula favorita
del bloque dominante para desnaturalizar el contenido de este conflicto.
Dice Santos, iracundo, que “los Urabeños’ están notificados: aquí vamos
tras ellos, no solamente en el Magdalena, donde operen, en Córdoba, en Urabá, en Antioquia,
donde estén vamos a ir”[3]. Agrega, posando de ecuánime en su supuesta
lucha contra los “violentos”, que “los intentos de las bandas por frenar
la acción de las autoridades no detendrán la lucha sin cuartel contra
estos grupos”[4]. Nos preguntamos cuáles son esas acciones, pues aparte
de la caída del líder del Erpac, alias “Cuchillo” (por lo demás, en circunstancias curiosas que no se han aclarado del todo[5]), la captura de “Don Mario”
y ahora la muerte de alias “Giovanni”, en varios años no ha habido más
resultados. Y eso que desde al menos el 2008 las acciones del
paramilitarismo son superiores en número a las de la insurgencia. Sin
embargo, los operativos militares contra el paramilitarismo se pueden
contar, literalmente, con media mano.
La
realidad es que al paramilitarismo se le ha permitido crecer con el
beneplácito de la fuerza pública y a las autoridades jamás les molestó
cuando panfletos, en lugar de ordenar el cese de actividades comerciales
o del transporte, amenazaban a sindicalistas, defensores de derechos
humanos, líderes comunitarios o reclamantes de tierras. Tampoco molestó a
las autoridades, ni movilizó una “lucha sin cuartel” la estrategia de
la limpieza social que se cobra varias vidas todos los días en los
barrios populares de las principales ciudades colombianas, la cual
venimos denunciando de hace años. Es más, el paramilitarismo después de
la supuesta desmovilización de las AUC no solamente ha
sido tolerado por el Estado, sino que la fuerza pública ha colaborado
abiertamente con él y lo ha apoyado. Un informe de mediados del 2011 de
la Corporación Nuevo Arco Iris dice que “la corrupción de miembros de la Fuerza Pública hace que la población desconfíe de la institucionalidad. En los Llanos Orientales, por ejemplo, con el Plan Consolidación lo que se observa es que a medida que la Fuerza Pública desplaza a las Farc,
los hombres del Erpac van tomando este tipo de posiciones, en Córdoba
algunos miembros de las Fuerzas Militares parecen uno sólo con ‘Los
Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’”[6].
¿Ha
cambiado algo para que ahora las cosas sean diferentes? ¿Acaso el
paramilitarismo ha dejado de ser un aliado del Estado para convertirse
en su enemigo? El paro armado paramilitar plantea varias interrogantes.
Pero también entrega muchas luces sobre la manera en que funciona el
Estado paramilitar, y la manera en que se manejan sus innegables
vínculos con la mafia.
(NEO)PARAMILITARISMO Y ESTADO (PARAMILITAR)
El
paro tuvo éxito en regiones como Córdoba, Sucre, Cesar, Chocó, Urabá
Antioqueño, Magdalena, Sur de Bolívar[7], donde el paramilitarismo se ha
venido fortaleciendo durante las últimas tres décadas por las fuerzas
combinadas de los ganaderos, los capos del narcotráfico, los barones de
la minería, los caciques políticos aliados al gobierno y los
palmicultores[8]. Estas son las zonas duras de influencia paramilitar y
donde se ensayó esa combinación político-paramilitar que luego se
denominará uribismo, que nació con las Convivir y que culminó con el Pacto de Ralito.[9]
Los
medios se sorprenden de que el paro haya tenido tanto éxito, así como
del poder de intimidación de los paramilitares. Pero la población en la
Costa sabe a qué atenerse cuando los paramilitares amenazan; ese poder
de intimidación lo han practicado durante tres décadas con la
complicidad del Estado que los ha premiado por sus buenos oficios con
tolerancia ante sus actividades criminales, con sentencias irrisorias,
con beneficios de toda clase y permitiéndoles pelearse las jugosas rutas
del narcotráfico y ahora también las ollas de economía mafiosa en los
cascos urbanos[10].
Por eso no deja
de sorprender el cinismo del presidente Santos, quien conoce muy bien la
historia del terror paramilitar, cuando llama a que la comunidad
desafíe el paro armado: “Mi llamado es a que todo el mundo se ponga la
camiseta. Necesitamos que la comunidad se enfrente con la misma entereza
como lo hace la Fuerza Pública a estas bandas criminales. Sólo unos
pocos, nunca han podido triunfar. Por eso no se dejen intimidar”[11].
Estas palabras son cínicas pues Santos sabe que los paramilitares no son
pocos (se calcula, oficialmente, al menos 10.000 hombres en armas), que
la Fuerza Pública no se enfrenta con ellos (todo lo contrario) y que la
comunidad no se va a enfrentar al paramilitarismo porque él lo ordene.
Las comunidades de esas regiones de Colombia sienten pánico ante la
tenaza paramilitar y desconfían de la “protección” de las autoridades. Y
con razón, dada la larga tradición de vínculos Estado-paramilitarismo.
Es
más, el mismo patrón de connivencia de la fuerza pública con los
paramilitares, en que la fuerza pública se retira de localidades para
dejar al paramilitarismo actuar (como en Mapiripán, El Salado, etc.) ha sido denunciado por la Federación Agrominera del Sur de Bolívar en un comunicado que sacaron a raíz del paro armado: “en el casco urbano del municipio de Rioviejo y en el corregimiento Cobadillo de ese mismo municipio, se ha visto una gran movilización de paramilitares, entre ellos uno de los comandantes conocido como JJ.
Los pobladores han informado las identidades de varios de los
paramilitares que están haciendo presencia en estos sitios y la
ubicación exacta de las casas donde se albergan. Esta información es
conocida por los pobladores del municipio, sin embargo ni la policía ni
el ejército ha hecho nada para capturar estas personas. Es más, informan
que de algunos de los sectores donde se han visto a los paramilitares
se está retirando el ejército”[12].
Qué contradicción entre esta cruda realidad y las falaces afirmaciones del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón:
“Los colombianos no se deben dejar amedrentar, tienen a su Fuerza
Pública que los protege. La Policía y las Fuerzas Militares han
fortalecido su presencia en todos los cascos urbanos donde esto se ha
presentado”[13].
Dice Sergio Otálora Montenegro en su columna de El Espectador
que “se equivoca el ministro Pinzón al afirmar que esos escuadrones de
pistoleros no tienen ‘relación alguna con fuerzas del Estado’, porque es
todo lo contrario, como es ya tradición: hay agentes del Estado
cómplices de esas bandas; Human Rights Watch,
en su informe de 2010 sobre “los herederos” de los paramilitares,
publicó testimonios de fiscales especializados en perseguir a esas
bandas (en Urabá) en los que señalan que ‘hay relaciones (entre los
criminales) y la fuerza pública, fiscales, policía y DAS. Se mueven (los delincuentes) como pez en el agua’.” [14]
Todo
lo cual es muy cierto. Pero la relación va más allá de “relaciones”
puntuales o casuales. Como lo dijo el paramilitar alias HH:
“Yo
andaba como Pedro por su casa. Entraba a la brigada, al cuartel de la
Policía, y hacía lo que quería. Yo hablaba de muchas personas de la
Fuerza Pública porque yo lo he dicho siempre: nosotros éramos ilegales y
son más culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al
Estado y estaban obligados a proteger esas comunidades y nos utilizaban a
nosotros para combatir a la guerrilla (…) En Urabá cuando empezamos,
todos los cuerpos se dejaban donde se mataba a la gente. Después de un
tiempo la FP [ie., Fuerza Pública] comienza a presionar: que nos dejan
seguir trabajando, pero que desaparezcamos las personas. Ahí es donde se
empiezan a implementar las fosas comunes (…) Toda la Fuerza Pública tenía relación con nosotros. Yo andaba libremente en una Hilux blanca,
que llamaban ‘camino al cielo’, y asesinábamos personas todos los días,
en todos los municipios del Urabá. Yo andaba enfusilado, con mis
escoltas enfusilados, y no me capturaban. La única que denunciaba era la
doctora Gloria Cuartas. ¿Pero por qué no nos capturaban? Porque todos nos apoyaban.”[15]
El
paramilitarismo ha sido una estrategia de control social y territorial
del Estado, así como un mecanismo de despojo violento del campesinado al
servicio de terratenientes y multinacionales. También ha sido un
mecanismo para mantener salarios bajos y una masa laboral desorganizada
en condiciones de lo más precarias imaginables. Y un mecanismo para
deshacerse de la oposición política. Dice el paramilitar HH al respecto
del terror como mecanismo de control social que: “Matar gente se vuelve
un vicio, como meter perico o fumar marihuana (…) Cuando llegamos a
Urabá decapitamos mucha gente. Se generó como estrategia para promover
terror.”[16]
El paramilitarismo, en
resumidas cuentas, es una herramienta del Estado, fundamental en el
proyecto político ultraderechista y conservador que se ha venido
imponiendo en las últimas décadas. Si no fuera por el paramilitarismo,
estoy completamente seguro que ni Uribe ni Santos habrían sido presidentes.
LA AUTONOMÍA RELATIVA DEL PARAMILITARISMO COMO APARATO REPRESIVO DEL ESTADO
El
vínculo Estado-paramilitarismo es evidente, pero tampoco debe verse de
una manera excesivamente simplista, como si el paramilitarismo fuera un
mero alfil, sin intereses propios, al servicio del bloque dominante. Si
el Estado los ha armado, tolerado y auxiliado, es porque son funcionales
a su estrategia política y su dominio. Pero el paramilitarismo, por su
propia naturaleza, goza de una relativa autonomía. Por ponerlo en
términos muy sencillos: el paramilitarismo asesina, viola, tortura,
desaparece a personas que, por diversas razones, son molestas para el
establecimiento. Mantienen el control social mediante el terror. Pero a
cambio exige ciertas prebendas. Los paramilitares han gozado de un grado
de impunidad enorme gracias al cual han amasado inimaginables fortunas
por narcotráfico y aportes económicos de la oligarquía, conseguido (a
las buenas o a las malas) las mujeres que han querido, y han sido
efectivamente la ley en muchas regiones. Donde ciertos observadores han
equiparado de manera simplista el control paramilitar con la “ausencia
del Estado”, es necesario aclarar que el paramilitarismo ha sido la
expresión más extendida así como perversa del Estado, con poderes
plenipotenciarios y dictatoriales.
En
este sentido es inexacto decir que los paramilitares son meras bandas
criminales, pues juegan un claro rol político. Pero eso no significa que
sus testaferros sean “criminales políticos” como los presentaron
durante la supuesta “desmovilización”. Son delincuentes comunes,
mercenarios, al servicio de las grandes fortunas, cuyas motivaciones
nunca han sido ideológicas, de cambiar o servir al país (como alguna vez
quiso hacernos creer el ex presidente Uribe, quien los describía como
“buenos muchachos” de “profunda” convicción contrainsurgente), sino de
enriquecerse.
Son instrumentales a la
derechización del país, pero no son un factor políticamente activo. El
carácter criminal nato del perfil del paramilitar promedio es
fundamental para comprender el grado de barbarie al que llegaron. En
realidad, ¿qué clase de personas son capaces de violar a menores de
edad, descuartizar personas con motosierra, jugar fútbol con cabezas
humanas, asesinar todos los días, todo el día, mutilar y torturar? Estos
elementos hacen que, pese a lo necesaria que puedan ser estas fuerzas
en un momento dado para el bloque dominante, no sean fuerzas fiables ni
disciplinadas, lo que significa que en determinados momentos puedan
entrar en contradicciones secundarias (jamás antagónicas) con el
régimen. Por esta razón, a diferencia de algunos izquierdistas que han
entendido la relación Estado-paramilitarismo de manera bastante
mecanicista, no me causó ninguna sorpresa ni el paro armado ni las
bravatas de los paramilitares.
Este
ejército de choque compuesto por “hampones, delincuentes comunes,
oportunistas aventureros y sectores paupérrimos que en su desesperación
por la supervivencia bien conocen el refrán de Víctor Hugo
‘tener hambre y sed es el punto de partida; convertirse en Satanás es
el punto de llegada’” no es una originalidad del caso colombiano.
También
se ha visto e los escuadrones de la muerte centroamericanos, y en las
experiencias clásicas del fascismo italiano y del nazismo alemán
–proceso de fascistización que tiene importantes paralelos con el caso
colombiano[17]. Por eso el régimen trata de depender de ellos lo
estrictamente necesario, esperando que sea una medida transitoria
mientras se soluciona la crisis de hegemonía del bloque dominante. El
Estado y el bloque dominante son conscientes de que han creado y
alimentado un monstruo que se les puede salir de las manos…
Por
ello, el Estado y el bloque dominante intentan también generar
mecanismos de “control” de estas fuerzas de choque paramilitar. En el
caso del fascismo clásico europeo, se implementó “una serie de
concesiones espurias, demagogia violenta y purgas internas crónicas como
manera de controlar a los ‘plebeyos’ que no se mantienen a raya o que
acumulan demasiado poder”[18]. Las purgas internas fueron tan cruentas
en la Alemania Nazi que incluso Hitler propició
la “Noche de los Cuchillos Largos” para depurar a sus propias bandas de
líderes y cuadros difíciles de controlar. En Colombia también, al
parecer, venimos presenciando desde hace un par de años una situación de
purgas crónicas[19] dentro del propio aparato paramilitar que tantos
servicios ha dado a una oligarquía que, en último término, le sigue
alimentando.
“DESMOVILIZACIÓN PARAMILITAR” Y SURGIMIENTO DE LAS BACRIM
El
paro armado nos obliga a un replanteamiento del significado real que
tuvo la supuesta “desmovilización” paramilitar y la Ley de Justicia y
Paz. Con este paro armado todo el mundo se ve forzado a reconocer lo que
la izquierda ha dicho desde hace casi siete años: que la
desmovilización no fue tal y que lo que se buscó fue, en gran medida, la
impunidad y la “normalización” de la obra del paramilitarismo
(expropiación, control, consolidación de cacicazgos políticos). Si
eventualmente se lograron ciertas condenas, lo que terminó por salpicar a
las redes de poder político-económico detrás del paramilitarismo, no
fue por la ley original, sino por la labor de la Corte Suprema
que logró la manera de modificar ciertos aspectos de ésta y utilizar
resquicios para impulsar un poco de justicia. La labor incansable de
organizaciones de víctimas como el Movice
(entre muchas) también fue crucial para las eventuales condenas. Pero
ese no era el espíritu original de la Ley de Justicia y Paz. Cuando a HH
le preguntaron si acaso había entregado el fusil porque había muchos
congresistas aliados de los paramilitares y sabía que éstos harían una
ley para favorecerlos, su respuesta es concisa: “Lógico”[20].
Hay
gran parte de verdad en las afirmaciones de Sergio Otálora Montenegro
(uno de los pocos columnistas que se han atrevido a tocar este tema en
la prensa colombiana) cuando dice que “con la intrépida acción de los
neoparamilitares en estos primeros días de enero, queda más claro que
nunca que la desmovilización de las AUC, durante el gobierno de Uribe,
fue una calculada operación de impunidad, cuando no una pantomima,
porque, como se ha dicho miles de veces, no se desmantelaron, al mismo
tiempo, sus estructuras militares, sus redes criminales y sus fuentes de
financiación.”[21]
Pero aún cuando
en cierta medida es correcto afirmar que el objetivo primordial de este
Ley fue la impunidad[22], se corre el riesgo de ignorar otros intereses
que también parecen haber estado en juego por parte de la oligarquía
cuando invitaron a las AUC a acogerse a la Ley de Justicia y Paz. El
propio HH arroja luces sobre esto en la citada entrevista, cuando se le
menciona que “Hubo muchos reparos al proceso de paz con las AUC. Porque
la paz se hace con los enemigos (…) y de alguna manera las autodefensas
eran amigas del Estado”. A lo que responde: “Si esa hubiera sido una
negociación de yo con yo, estaríamos todos en la calle. Pero estamos
presos, unos extraditados. No fue una negociación de yo con yo. Fue una
negociación donde el Gobierno buscó lo que quería y lo logró. Y nosotros
perdimos”[23].
Pero, ¿Qué era lo que
el gobierno quería? Más allá de la impunidad, parece claro que un
sector del establecimiento colombiano estaba inquieto con el nivel de
poder, privilegio y riquezas acumulado por los caciques paramilitares en
grandes extensiones del territorio colombiano. La oligarquía no estaba
dispuesta a que, en el curso de la guerra sucia para poder mantener su
hegemonía, surgiera un factor eventualmente desestabilizador o que
pudiera entrar a competir con ella. La supuesta desmovilización logró un
objetivo fundamental entonces que fue descentralizar al
paramilitarismo, desconcentrar sus fuerzas.
Esta fragmentación del mando unificado ha impedido que surjan caciques paramilitares de la envergadura de un Mancuso, Jorge 40 o como un Castaño,
aún cuando las estructuras de poder local se mantengan intactas, y como
lo demuestra el para armado, tengan una capacidad de coordinación
importante en vastas regiones. Bien dice Otálora Montenegro que “Esta
nueva cepa de escuadrones de asesinos, más atomizada, sin un mando
central, sin ‘ideólogos’ a la vista, aún más sanguinaria que la anterior
y dispuesta a todo, empieza a salirse de madre, ante la impotencia de
un Estado que no puede o no quiere cortar de raíz esa espesa red de
complicidades tejida a lo largo de tantos años.”[24] Esto último es muy
importante de considerar porque esta nueva versión del paramilitarismo
ha producido un aumento de la violencia por las peleas de los capos
locales por disputarse la hegemonía en una determinada región, o por
pelearse el acceso a las ollas de economía mafiosa en las ciudades.
Pero
también el proceso de fragmentación del aparato paramilitar, que fue
coincidente con un enorme aumento del pie de fuerza del Ejército,
buscaba ir superando la dislocación que la estrategia paramilitar
produjo en el seno del Estado. Durante el proceso de paramilitarización
del país desde fines de los ’80, “el Estado, pese a las apariencias, no
se desintegra, sencillamente se disloca al desplazarse el poder real de
la clase dominante a instancias ajenas a los mecanismos de poder formal,
es decir, de los mecanismos tradicionales del Estado como
institución”[25]. Este proceso de volver a que, en el ejercicio de la
fuerza, el poder real vuelva a coincidir con el poder formal, es lo que
se ha entendido de manera superficial en el último tiempo como
“recuperar el monopolio de la fuerza por parte del Estado”. Sin embargo,
no hay que dejarse confundir por las apariencias: como dice el
sociólogo Nicos Poulantzas
al analizar este fenómeno de “dislocación” de los mecanismos de poder
reales y formales en las experiencias del fascismo clásico europeo “Es
cierto que el aparato represivo del Estado parece perder, durante el
proceso de fascistización, su monopolio del ejercicio de la fuerza y de
la violencia legítima [ie., sancionada por la ley], en provecho de
milicias privadas. Sin embargo, por una parte, esto se hace en provecho
únicamente de organizaciones armadas del bloque en el poder; por otra
parte, no hay que perder de vista las connivencias y las relaciones
entre el aparato de Estado y esas milicias, ya que es el Estado el que
las arma.”[26] La relevancia de este análisis para comprender la
realidad del paramilitarismo en Colombia es auto evidente.
Por
otra parte, el paramilitarismo no deja de presentar ciertos
inconvenientes para el bloque en el poder, aún cuando les sirvan,
precisamente por el propio carácter de las fuerzas que lo componen. En
palabras de Alfredo Molano:
“Con
el tiempo, los colaboradores [ie., del paramilitarismo] se fueron
cansando o quebrando. Coincide este momento con la desmovilización: es
más barato, dijeron, pagar los impuestos que las cuotas [ie., cansancio
coincidente con la urgencia en superar la dislocación de poderes y
recuperar cierta apariencia de “normalidad”]. Pero ya era tarde. Los
combos desmovilizados, cada uno por su lado, continuaron cobrando
aportes, respaldados por las muchas armas que nunca entregaron y por la
fama que cada paraco tenía en la zona. Ya no necesitaban uniformes, ni
brazaletes ni armas largas. Más aún, en muchas partes, los colaboradores
tenían —y tienen— que pagar a varios combos al tiempo, porque no hay
unidad de mando. En cada región mandan al tiempo Urabeños, Paisas,
Rastrojos, y todos reciben (…) Con seguridad, en muchas zonas rurales se
paga más en extorsión que en impuesto predial.”[27]
En
este proceso de control de los elementos díscolos del paramilitarismo
por parte de la misma oligarquía que los alimenta, de control al poder
que acumulan en ciertas localidades, de conflicto interno por la
hegemonía entre los propios paras, y de conflicto de intereses con
elementos de la oligarquía (cuotas, control de actividades económicas
lícitas o ilícitas, etc.), es que yacen las causas de las tensiones y
roces que están surgiendo entre el aparato paramilitar y el Estado, así
como los problemas puntuales que pueda haber habido con un “Cuchillo”,
con un “Don Mario” o con un “Giovanni”.
PELEA FAMILIAR, NO CONTRADICCIONES DE FONDO
Es
muy improbable que estos roces terminen en un enfrentamiento abierto
entre el Estado y el paramilitarismo. Aunque algún elemento díscolo
pueda decidirse a entrar a la confrontación por algún interés
particular, como en una clásica pelea de mafias, el paramilitarismo
jamás se enfrentará de lleno al Estado porque esto no cabe ni dentro de
su lógica ni de la motivación de quienes se meten a gatillar buscando
dinero y prestigio fácil. Acá no va a haber, como dicen de manera
sensacionalista y sin ninguna base ciertos medios, un “Plan Pistola” del
paramilitarismo contra la Fuerza Pública[28], la cual, dicho sea de
paso, no fue tocada durante varios días de paro armado.
Desde
el punto de vista del Estado, como la crisis de hegemonía y legitimidad
subsiste, la duplicidad de los mecanismos de represión para-estatales
sigue siendo una realidad, aún cuando ahora se busque el predominio del
aparato de fuerza pública por sobre el privado. ¿Cómo podría pretender
Santos implementar su plan de desarrollo nacional, con todo lo que
implica (desplazamientos masivos para apropiarse de territorio para la
implementación de la locomotora minero-extractiva y la agroindustria)
sin apoyo de la herramienta paramilitar?
Es
por ello, que la solución para el problema de la seguridad de las
comunidades no pasa por “más presencia del Estado”. El problema pasa por
el desmonte del Estado paramilitar, por la desmilitarización de los
territorios, por fortalecer el tejido social, desde abajo, desde la
solidaridad de los pueblos. Ese es el único freno efectivo que puede
haber al paramilitarismo, no hacerse falsas ilusiones en una
institucionalidad política cómplice del mismo paramilitarismo que hoy
verbalmente (y con algunos gestos simbólicos[29]) ataca.
Por José Antonio Gutiérrez D.
8 de enero, 2012
NOTAS DEL AUTOR:
[5]
Primero se dijo que fue un bombardeo, luego se dijo que se ahogó
mientras escapaba. Es probable que, acostumbradas como están las
autoridades colombianas a la mentira y los montajes judiciales (como lo
demostró el caso de la falsa desmovilización del “bloque” Cacica la Gaitana y
otras falsas desmovilizaciones de Rastrojos) hayan utilizado la muerte
por un accidente de Cuchillo para reclamarla como parte de una
inexistente acción de la fuerza pública. El Erpac ha sido tolerado y
apoyado por la fuerza pública en los llanos. De haber caído Cuchillo en
un operativo militar, sorprende la falta de reacción del
paramilitarismo, más aún cuando ahora vemos que capacidad sí tienen.
[6] “La Nueva Realidad de las Farc”, p.16
[7]
Esta no es una lista exhaustiva y es probable que otras regiones y
departamentos también se hayan visto afectados. En los medios oficiales,
por ejemplo, no se habló del Sur de Bolívar pese a que
tenemos constancia que hubo paro armado y actividades de “limpieza
social” que dejaron un número indeterminado de muertos. Estamos
convencidos que en los próximos días llegarán noticias de Sucre, de Bolívar, de Atlántico, Norte Santander, que con toda seguridad también han visto al menos zonas afectadas.
[8] Esto para no mencionar el rol que tuvieron los desmovilizados del EPL
a comienzos de los ’90, quienes pusieron a disposición de las
autoridades sus “buenos oficios” en la lucha contrainsurgente.
Estrategia nada nueva: el Estado desde siempre se ha apoyado en los
arrepentidos y en los desmovilizados para la lucha contrainsurgente,
cosa que han hecho desde la época de los “limpios” (ex guerrilleros
liberales que combatieron a los que no se desmovilizaron en 1953,
especialmente a los comunistas).
[9] Por eso no deja de ser sorprendente que Uribe en uno de sus frecuentes descalabros, apareciera por Twitter (cómo
no) trinando-chillando que “se necesitan operaciones contundentes
contra bandas criminales, por ejemplo bombardeos, sin la excusa de que
no son parte del conflicto” (http://www.semana.com/nacion/bandas-gran-desafio/170022-3.aspx)
Como dijo alguna vez demostrando su mentalidad mafiosa “Elíminelos y
por mi cuenta”. Se le olvidó, al parecer, todo el cuento de los “buenos
muchachos” y que en Colombia no hay “conflicto” sino que “amenaza
terrorista”. O sea, la tan mentada “Seguridad Democrática” era puro
cuento.
[10] Con una importante dósis de sorna dice el periodista de Santa Marta, Alejandro Arias: “No miente el General José David Guzmán,
Comandante de la regional 6 de la Policía, cuando a Semana.com señaló
que los Urabeños tienen capacidad de intimidación. En Santa Marta los
criminales son más creíbles que las autoridades. Han sido más efectivas.
Para muestra están los dos muertos diarios que en el último año han
cobrado a la sociedad y segundo porque aún hoy siguen negando la
existencia de los Urabeños en Santa Marta y sin embargo cerraron la
misma” http://www.tusemanario.com/noticia/santa-marta-estados-alterados_1933
[17] Estos paralelos los hemos analizado en un artículo previo, “Apuntes sobre Colombia y los fascismos clásicos europeos” http://www.anarkismo.net/article/17240
[19]
En este artículo analizaré solamente las purgas crónicas, pero los
otros mecanismos de control implementados por el fascismo clásico,
también están presentes en el caso colombiano. Las “concesiones” han
sido de sobra satisfechas con el control de la economía mafiosa
(concesiones nada de espurias y sí bastante sustanciales), y la
demagogia violenta encontró su apogeo con el doble mandato ilegal del
presidente Álvaro Uribe Vélez.
[22]
Impunidad que no le interesaba al bloque en el poder por algún sentido
de “compasión” hacia los desgraciados que los sirvieron con las armas y
las motosierras aceitadas, sino que para evitar confesiones que los
complicaran, como eventualmente ocurrió. En cualquier caso, el escenario
de confesiones sobre los intereses que defendió a sangre y fuego el
paramilitarismo, se terminó abruptamente con la extradición de los
líderes paramilitares que hablaron más de la cuenta a EEUU,
donde cumplen ahora condenas por narcotráfico y no por crímenes de lesa
humanidad. Ver sobre este tema un artículo previo, “Extraditados:
parapolítica y crisis institucional en Colombia” http://anarkismo.net/article/8977
[26] Poulantzas, Nicos, Fascismo y Dictadura, Ed. Siglo XXI, 2005, pp.396-397
[29]
El encarcelamiento de algunos paramilitares tras el paro armado
demuestra que el Estado sí tiene capacidad de golpear al
paramilitarismo, y si no lo hace con la limpieza social o ante el
asesinato impune de líderes sociales, es por falta de “voluntad
política”.
Fuente, vìa :
http://www.elciudadano.cl/2012/01/10/46842/el-paro-armado-de-los-urabenos-%c2%bfcria-cuervos-y-te-sacaran-los-ojos/
http://www.elciudadano.cl/2012/01/10/46842/el-paro-armado-de-los-urabenos-%c2%bfcria-cuervos-y-te-sacaran-los-ojos/
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