(AW) La abogada de los asambleístas detenidos la semana pasada en Santa María, Selene Herrera, explicó en unaentrevista realizada por http://www.comambiental.com.ar que los asambleístas: "Están imputados por el artículo 213 bis del Código Penal, que es uno de los que se incluye dentro de la Ley Antiterrorista como de competencia federal". A su vez el conocido fiscal federal de Tucumán Gustavo Gómez, afirmó al respecto que "De acuerdo a la información de las abogadas que los defienden fueron indagados por el delito de atentar contra el orden público previsto por el art. 213 bis del Código Penal. Es una norma que castiga a los que son parte de organizaciones dirigidas a la "coerción ideológica". Es la base del sistema penal elegido por los legisladores de nuestro país para enfrentar a las supuestas actividades terroristas y de la que se nutren todos los que no toleran el disenso en la palabra." reproducimos el artículo del Fiscal Gómez y la nota de http://www.comambiental.com.ar
El reclamo en las calles. Foto de archivo de ComAmbiental.
29 de enero de 2012.-
Todos somos delincuentes y terroristas
Por Gustavo Gomez Fiscal General
Todos preguntan si la famosa ley 26.734 conocida como "antiterrorista" se aplicó al caso concreto de los asambleístas reprimidos en Santa María por el Fiscal provincial Julio Landivar. De acuerdo a la información de las abogadas que los defienden fueron indagados por el delito de atentar contra el orden público previsto por el art. 213 bis del Código Penal. Es una norma que castiga a los que son parte de organizaciones dirigidas a la "coerción ideológica". Es la base del sistema penal elegido por los legisladores de nuestro país para enfrentar a las supuestas actividades terroristas y de la que se nutren todos los que no toleran el disenso en la palabra. Si, en la palabra. Este artículo no castiga un delito de acción, sino que penaliza la simple pertenencia a un grupo, el que, a criterio del fiscal en turno "busque imponer sus ideas por la fuerza o por el temor". Necesario es decir que para encontrar los antecedentes de este artículo hay que remontarse hasta la última dictadura militar.
Lector, le parecerá exagerado pero piense en todas las iglesias que pululan por nuestro país ¿¿acaso no tratan de "convertirnos" recurriendo a la amenaza del infierno, la ex comunion etc.???. Pero de ellos no se ocupa el fiscal provincial.
Definitivamente no se castiga una acción sino la falta de lealtad a un sistema político. Se prohíbe el disenso. Del daño o lesión a un bien jurídico para que exista un delito tal cual lo exige la Constitución Nacional, mejor ni hablar. Los asambleístas de Santa Maria van presos por su "peligrosidad social" aun ante la inexistencia de acción dolosa alguna, e incluso la defensa de los derechos tutelados por nuestra Constitución, que se concretan en la protesta social, la libertad de expresión y de pensamiento.
Cuando en el parlamento se discutió la ley antiterrorista el discurso oficial fue que con este gobierno no se iba a aplicar "cuando los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional". Pero hoy quedó demostrado que la posibilidad de que los jueces y fiscales consideren delito actos que encuentran tutela constitucional, interpretación judicial arbitraria e inconstitucional de por medio, existe. Un viejo profesor mio -Bidart Campos- me enseñó que "la defensa social contra el delito no debe en modo alguno desplazar sus armas contra las posturas ideológicas. Si la frontera entre delito y disenso se esfuma, no se respeta, o se traspasa, el sistema democrático se halla en grave riesgo." Y aquí estamos, promesas que se traslucen en algún renglón perdido de nuestro Código Penal para imponer una ley "antiterrorista" pero que son "omitidas" por quienes le preocupa mas que circulen los camiones de la Empresa La Alumbrera que la salud de sus habitantes afectados por la minería a cielo abierto.
Volviendo al principio: Es la primera vez que un fiscal aún sin decirlo expresamente, invoca la ley 26.734 conocida como "antiterrorista". En verdad que es para asustarse y actuar. Dentro de la ley y en el ejercicio legítimo de nuestros derechos. Pedir la destitución del fiscal provincial Ladivar por ordenar la represión en Santa María invocando leyes que no están en sus manos aplicar, es lo mínimo.
Gustavo Gomez Fiscal General @fiscalfederal
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29 de enero de 2012 (ComAmbiental).-
Usan la Ley Antiterrorista para impedir la lucha contra la mega-minería
Hace un poco más de 24 horas ComAmbiental informó que la Justicia de Catamarca aplica la Ley AntiTerrorista para impedir el bloqueo a los camiones de minera La Alumbrera, por ahora en el departamento de Santa María. En diálogo con una de las abogadas de los asambleístas, ampliamos la información sobre el caso. Pedirán la inconstitucionalidad de la Ley y la nulidad de la imputación, a la vez que denunciaron al fiscal que interviene en la causa.
Eco-Terroristas. La abogada Selene Herrera sintetizó a este medio la situación de los asambleístas: "Están imputados por el artículo 213 bis del Código Penal, que es uno de los que se incluye dentro de la Ley Antiterrorista como de competencia federal" (ver artículo anterior). Al mismo tiempo, denunció que "esto es una causa armada" por el fiscal provincial interviniente, Julio Landivar. Por ello, habrían tenido que recurrir a la figura del "terror público".
"La maniobra que se hace con esta Ley Anti-Terrorista es terrible. Se han derogado dos artículos donde estaban tipificados qué actividades eran terroristas, dejando ahora un artículo vago", advirtió la abogada. De este modo, resulta que "cualquier protesta social o actitud en contra de una decisión gubernamental puede ser tomada como acto de terrorismo" (ver también la columna del Fiscal General Gustavo López).
Es decir, que esto "vulnera el derecho de peticionar ante las autoridades, por ejemplo de que se modifique una ley" como es la que permite la megaminería a cielo abierto en las distintas provincias de Argentina. "Seguramente se va a plantear la inconstitucionalidad de la Ley Antiterrorista porque no puede ser lo que están haciendo y menos que quede en manos de jueces o fiscales como los que han actuado en esta causa como si fueran sus feudos", agregó.
También desde la organización Conciencia Solidaria se sumaron al pedido. "Deben entender que quienes luchamos por la vida no somos `terroristas´. Es necesario la urgente derogación de la Ley Antiterrorista, que a todas luces está hecha a la medida de los intereses de las corporaciones megamineras, y atenta contra derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional", expresó Mariela Silverstein, integrante de la ONG.
Y justificó: "La instalación y continuidad de estos megaproyectos multinacionales, que profundizan el saqueo y la destrucción, necesitan un marco legal que los posibilite y dentro de este marco está la Ley Antiterrorista que ya se está aplicando, avasallando los derechos de las poblaciones más vulnerables". La finalidad más concreta, entonces, es sacar a los ambientalistas de las rutas por donde se mueven las corporaciones mineras.
La causa. Junto con Nidia Gauthier, quien asistió a los asambleístas, Herrera planteó la nulidad de la imputación y pedirá oportunamente una indagatoria del juez para que actúe un juez federal. Además, calificaron que "la detención ha sido ilegal" e informaron que "el fiscal Landivar y el comisario Pastrana están denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso en el ejercicio de sus funciones".
Recordamos que las detenciones fueron siempre en el departamento de Santa María, mientras que el corte de Belén ya va por el décimo día, donde ayer se registraron incidentes con camioneros de La Alumbrera. Además, se sumó también un corte en Tucumán, sobre la misma ruta 40, en la entrada de Amaicha del Valle. Justamente, para el primero de febrero llaman a una gran movilización, puesto que ese día reasume sus funciones el fiscal de Belén, Jorge Flores, quien ya mandó a reprimir en mayo de 2011, según informó la Asamblea El Chañar.
Entre las irregularidades de lo ocurrido el viernes en Santa María, se señala que se trataba de un bloqueo selectivo y pacífico contra los camiones y proveedores de la minera La Alumbrera, es decir que era una acción de protesta claramente enmarcado en la Constitución Nacional. Además, "la gente fue detenida arbitrariamente, sin orden de desalojo". Para tener una idea, un señor fue "levantado" cuando salía de comprar una gaseosa en una despensa. Otra señora fue detenida con su hija de tres años en brazos y amenazada con que pondrían a su niña a disposición del juez de menores.
Por si fuera poco, "se armó una comisión especial para ‘armar la causa' literalmente -detalló Herrera- y el fiscal mismo dijo delante de la gente que si no había causa la iba a inventar". Asimismo denunció que "se tomó la indagatoria en la comisaría" siendo que representa al Poder Ejecutivo de la Provincia, en lugar de hacerlo en un juzgado como debiera. Hasta el momento, no hay declaraciones de la gobernación de Catamarca sobre el tema.
Sin embargo, eso no es todo. Hubo intentos de arresto contra la propia abogada y un compañero que filmaba la situación desde la vereda -en la vía pública- a través de la ventana de la comisaría. Es que querían constatar que "no había ningún abogado defensor dentro de la sala donde se tomaban las audiencias", porque le habían negado el acceso.
El poder de decir "terrorista"
No se trata de que el gobierno nacional mande a utilizar directamente la Ley Anti-Terrorista. La sanción de una Ley justamente habilita a las autoridades del Poder Judicial a aplicarla según su interpretación. Y esto, más allá de cualquier disidencia partidaria, es el mayor peligro para las movilizaciones sociales. Sobre todo para los asambleístas que luchan contra corporaciones con gran poder en las provincia. Y así lo habían denunciado en su momento las distintas organizaciones de Derechos Humanos.
Agencia Rodolfo Walsh
http://www.agenciawalsh.org/aw/
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