- Ni gobierno federal, ni local, ni legisladores, ni precandidatos a la presidencia tienen propuesta alguna para combatir el mayor problema de salud pública que enfrenta el país.
La falta de implementación de políticas preventivas para combatir la
epidemia de sobrepeso y obesidad en México, resultado del sometimiento
de las autoridades federales y locales a los intereses de la industria
alimentaria, han convertido a la diabetes en la causa mayor de
hospitalizaciones, ceguera, mutilación de miembros y muerte en el país.
El crecimiento de la diabetes ha rebasado ya la capacidad del sector de
salud pública y se advierte, pone en juego las finanzas nacionales y la
viabilidad de la población mexicana. Actualmente, más de 150 mil
personas requieren diálisis, un servicio que no está cubierto por el
Seguro Popular. Calculamos que el 75% de quienes requieren diálisis no
pueden cubrir su costo y, o están muriendo o poniendo en crisis
financiera a sus familias. Esta situación se agudizará si se toma en
cuenta que existen 10 millones de diabéticos actualmente y que para el
2020 se incrementará esta cifra a 20 millones. La propia Secretaría de
Salud estima que para el 2017 el costo de las enfermedades asociadas a
la obesidad, especialmente la diabetes, ascenderá a 170 mil millones de
pesos, el total de su presupuesto actual.
“El gobierno no está enfrentando el mayor problema de salud pública que
vive el país y, por lo tanto, está violando por omisión el derecho a la
salud de los mexicanos que la Constitución le obliga a proteger.
Tampoco ha escuchado los llamados internacionales que exigen que
desarrolle políticas públicas efectivas para combatir la epidemia de
obesidad. Y nos referimos tanto al gobierno federal como a los locales,
como el del Distrito Federal, que no han implementado las políticas
preventivas que se les demandan y que ya se han desarrollado en otras
naciones y ciudades. Lo que han hecho es sucumbir a los intereses de las
grandes corporaciones procesadoras de alimentos”, señaló Alejandro
Calvillo, Director de El Poder del Consumidor.
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, José Ángel Gurria, advirtió que las finanzas del
país entrarán en quiebra si el gobierno no toma medidas enérgicas para
combatir la epidemia de obesidad. Entre otras medidas llamó a establecer
impuestos a los alimentos y bebidas no saludables, a la vez que
denunció a los cabilderos de las empresas que venían actuando en contra
de cualquier regulación. Por su parte, el relator especial de Naciones
Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schuter, llamó al
gobierno a declarar “emergencia nacional” por la epidemia de obesidad
que se vive en el país, recomendó desarrollar fuertes políticas para
enfrentar esta situación y denunció, también, a las empresas que estaban
interviniendo para oponerse a las regulaciones.
El gobierno se ha encontrado paralizado frente a la intervención de las
grandes corporaciones alimentarias como Bimbo, Coca Cola, Pepsico,
Nestlé y Kellog´s, entre otras. De los precandidatos de los partidos a
la presidencia sólo dos han declarado que están dispuestos a enfrentar
los intereses de estas corporaciones: Santiago Creel y Andrés M. López
Obrador. Los demás, han dicho que trabajarían junto a las empresas para
combatir la obesidad, demostrando así que permitirán el mantenimiento de
su influencia sobre las políticas públicas.
Se han identificado como claves para combatir el llamado ambiente obesigénico cinco áreas: los alimentos y bebidas en las escuelas, la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia, el etiquetado frontal de los alimentos, el acceso a agua potable en escuelas y espacios públicos y un a verdadera orientación alimentaria. En todas ellas, o no se ha hecho nada o la intervención de los intereses empresariales se ha impuesto sobre los públicos (ver anexo).
Se han identificado como claves para combatir el llamado ambiente obesigénico cinco áreas: los alimentos y bebidas en las escuelas, la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia, el etiquetado frontal de los alimentos, el acceso a agua potable en escuelas y espacios públicos y un a verdadera orientación alimentaria. En todas ellas, o no se ha hecho nada o la intervención de los intereses empresariales se ha impuesto sobre los públicos (ver anexo).
Para mayor información comunicarse al 533854587 o al 044555559919520
ANEXO
Las corporaciones contra las regulaciones:
1. Alimentos y bebidas en escuelas. En este caso, la
regulación original fue modificada por las empresas gracias a la
intervención de COFEMER y la Secretaría de Economía. Al final quedó una
regulación que permitió la permanencia de productos no recomendables
para la dieta de los niños. Se permitió el uso de edulcorantes no
calóricos que desarrollan, más fuertemente que el azúcar, el gusto y la
adicción a lo dulce, la causa principal de la obesidad. La presencia de
estos productos inhibe el desarrollo del gusto por los alimentos
naturales (frutas, verduras, cereales integrales) y la hidratación a
través de agua. Las empresas mantienen sus productos en las escuelas y
los malos hábitos alimentarios continúan.
2. Publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. A pesar de
los anuncios de Secretaría de Salud de que es necesario regular este
tipo de publicidad por ser una de las principales causas de deterioro de
los hábitos alimentarios de los niños y de que la Organización Mundial
de la Salud ha llamado a los gobiernos a “proteger a los niños de este
tipo de publicidad”, el gobierno mexicano cedió ante las presiones de
las empresas. Estas elaboraron una autorregulación, el llamado código
PABI, que no ha cambiado nada en esencia. La publicidad dirigida a los
menores sigue deteriorando sus hábitos alimentarios.
3. Etiquetado frontal. Ante la intención del gobierno de presentar una
propuesta de etiquetado voluntario frontal en los alimentos y bebidas
que permita tener una mejor información a los consumidores sobre las
cualidades de un producto, las empresas procesadoras de alimentos
agrupadas en Conméxico, se adelantaron y desarrollaron su propio
etiquetado frontal que confunde y engaña aún más a los consumidores,
como lo han señalado estudios del Instituto Nacional de Salud Pública.
El nuevo etiquetado desinforma y promueve hábitos que son causa de
sobrepeso y obesidad.
4. Agua potable accesible en escuelas y espacios públicos. A pesar del
reconocimiento en el Acuerdo Nacional por la Salud Pública de la
necesidad de volver accesible el agua potable en las escuelas nada se ha
hecho al respecto. Como consecuencia, México es el mayor consumidor de
refrescos por persona en el mundo, bebida que se asocia al incremento de
obesidad y diabetes. Las escuelas y espacios públicos no cuentan con
acceso a bebederos de agua potable. En el Distrito Federal, a pesar de
que se anunció que se instalarían bebederos en todas las escuelas y que
el jefe de gobierno ha declarado que así lo hicieron, ni llegan ni al 7%
las escuelas públicas que cuentan con bebederos.
5. Campañas de orientación alimentaria. Diversos estudios
internacionales han demostrado que las campañas que promueven el consumo
de frutas y verduras no tienen ningún efecto en la población. Que la
medida efectiva es su presencia en escuelas, sin competir con la comida
chatarra, y desarrollar programas para que estén disponibles en todos
los barrios. Las campañas que tiene efecto son las que señalan los
riesgos de ciertos alimentos y bebidas, como los son los refrescos. La
ALDF y el GDF dejaron en bodega una campaña impresa en ese sentido.
Boletín 119/ 14 de noviembre de 2012
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
Fuente, vìa :
http://www.cencos.org/node/27933
http://www.cencos.org/node/27933
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