Punto Final
Como un castillo de arena el llamado “caso bombas” se está viniendo abajo en forma vertiginosa, arrastrando consigo la imagen del ex fiscal Alejandro Peña, artífice de este montaje y, según los antecedentes denunciados ante la opinión pública, obsecuente ejecutor de los designios del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Una vez más la supuesta independencia de la justicia quedó en entredicho, como también la objetividad que la ley exige al Ministerio Público.
El vuelco que tuvo este caso no fue
gratuito. Luego de ser detenidos en medio de violentos allanamientos,
los catorce jóvenes a los que se imputó la colocación de una treintena
de bombas de ruido tuvieron que soportar más de ocho meses de “prisión
preventiva” en las peores condiciones, bajo la Ley Antiterrorista. Como
último recurso en demanda de un juicio justo, nueve de ellos sostuvieron
una huelga de hambre de 65 días que puso en riesgo sus vidas. Recién
entonces se empezó a dar crédito a lo que ellos, sus familiares, amigos y
abogados defensores denunciaron desde un comienzo: la total falta de
evidencias que sustentaran la acusación de asociación ilícita terrorista
y manejo de artefactos explosivos, que llevó al ex fiscal Peña a pedir
penas que van desde los diez años de cárcel hasta presidio perpetuo.
La
constitución de una mesa de trabajo, una de las condiciones exigidas
para poner fin a la huelga de hambre, fue fundamental para romper el
cerco informativo. Desde su detención, el 14 de agosto de 2010, los
jóvenes fueron acusados de terroristas no sólo por el Ministerio Público
y el Consejo de Defensa del Estado, sino también por medios como El Mercurio , La Tercera , La Segunda y los canales de televisión.
La
mesa de trabajo integrada por el sacerdote Alfonso Baeza Donoso, ex
vicario de la Pastoral Social; por miembros de la comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados, y por representantes del Instituto
Nacional de Derechos Humanos y de los familiares y los abogados de los
imputados, contribuyó a empezar a poner las cosas en su lugar. Con la
franqueza que lo caracteriza, monseñor Baeza no tuvo pelos en la lengua
para señalar que el ministro del Interior debía pedir perdón a los
detenidos por haberlos calificado de terroristas sin haber sido
juzgados. Acusó directamente al ex fiscal Peña de haber hecho un montaje
y afirmó que la Ley Antiterrorista “permite irregularidades que son
legales, pero que pueden ser inmorales”. Por su parte, los diputados
Sergio Aguiló y Hugo Gutiérrez pidieron al fiscal nacional, Sabas
Chahuán, que investigue la actuación de Alejandro Peña cuando estuvo al
mando de la Fiscalía Metropolitana Sur, donde habría tenido “reuniones
cotidianas y permanentes” con el ministro Rodrigo Hinzpeter. Asimismo,
denunciaron la destrucción o desaparición de objetos presentados como
pruebas por la Fiscalía. Además, junto a Tucapel Jiménez, Sergio Aguiló y
a otros diputados presentaron proyectos para reformar la Ley
Antiterrorista, una de las principales demandas de la huelga de hambre.
En
poco más de una semana y en los primeros días de iniciarse las
audiencias preparatorias del juicio oral, el juez Luis Avilés, del
Octavo Juzgado de Garantía, desechó más de dos mil de las casi siete mil
“pruebas” presentadas por la Fiscalía Metropolitana Sur y, a solicitud
de las defensas, cambió la prisión preventiva por una medida cautelar,
arresto domiciliario, a nueve imputados. Sorprendentemente, los primeros
beneficiados con esta medida fueron Pablo Morales y Rodolfo Retamales,
supuestos “cabecillas de la asociación ilícita terrorista”, para quienes
el ex fiscal Peña pidió prisión perpetua. Luego volvieron a sus casas
Vinicio Aguilera, Camilo Pérez, Carlos Riveros, Omar Hermosilla, Andrea
Urzúa, Mónica Caballero, Francisco Solar y Felipe Guerra.
Según
el abogado de derechos humanos Alberto Espinoza, defensor de Rodrigo
Retamales, “el término de las prisiones preventivas da alguna esperanza
de que esta situación pueda ir por buen camino en el orden judicial, y
que luego de analizar en términos jurídicos serios el cúmulo de
antecedentes presentados por el Ministerio Público se pueda establecer
que aquí no hay asociación ilícita terrorista y tampoco actos
terroristas que puedan imputarse a estas personas. Y espero que eso se
vea refrendado en la sentencia. Yo no tengo dudas de que van a ser
absueltos todos estos jóvenes, en función de los precarios antecedentes
que tiene la investigación”.
Operación política
“Más
que un montaje, ésta es una operación política tramada en las más altas
esferas del poder”, denuncia Rodrigo Román, a cargo de la defensa de
Omar Hermosilla. El es uno de los abogados de la Defensoría Popular,
organismo no gubernamental que se creó hace más de un año y que en este
caso asumió la defensa de nueve de los imputados.
“El Estado
chileno tenía necesidad de dar respuesta a una situación anormal, como
es la colocación de bombas que venía sucediendo desde el año 2006. El
fiscal Xavier Armendáriz investigó durante cinco años sin que los
antecedentes reunidos le permitieran acusar a nadie. Lo curioso es que
en los primeros días de junio de 2010, inmediatamente después de que
explotó una bomba en las cercanías de la casa de Sebastián Piñera,
apareció el ministro del Interior declarando que había que apurar el
tranco, que el Ministerio Público había hecho poco o nada. Hinzpeter se
entrevistó con el fiscal nacional, Sabas Chahuán, ¡y el fiscal
Armendáriz fue removido! El 14 de junio lo reemplazó Peña -quien ha
ganado fama como avezado persecutor de bandas de traficantes- y en dos
meses, basándose en los mismos antecedentes que tuvo Armendáriz, ordenó
los allanamientos y formalizó a los detenidos en un tribunal donde él es
regalón, el 11º Juzgado de Garantía, quedando todos los imputados
presos”, explica Román, coincidiendo con la versión de quienes denuncian
un montaje.
Después de una contienda de competencia, las
defensas lograron que la Corte de Apelaciones de Santiago reconociera
que el tribunal competente era el Octavo Juzgado de Garantía, donde
actualmente está radicada la causa.
La mayor parte de los quince
jóvenes detenidos están vinculados a sectores anarquistas antisistémicos
asociados a las casas okupa. Tres de ellos, Pablo Morales, Rodolfo
Retamales y Omar Hermosilla son ex militantes del Mapu Lautaro que
estuvieron entre seis y casi doce años presos en la Cárcel de Alta
Seguridad, en la década de los 90.
Alberto Espinoza hace notar
que la imputación a Retamales como supuesto líder tiene por único
fundamento su pasado. “Así lo dio a entender el ministro Hinzpeter, lo
que es preocupante. Ellos ya fueron juzgados y no pueden ser objeto de
un nuevo enjuiciamiento. Retamales fue condenado, pasó más de 11 años en
la cárcel y estaba en libertad condicional cuando lo volvieron a
detener”. A su juicio, el cambio radical que se produjo con la
designación del fiscal Peña fue la repentina calificación jurídica de
terrorismo, bajo las figuras de asociación ilícita terrorista y
colocación de bombas terroristas. “Antes de eso, tanto el Ministerio del
Interior como el Consejo de Defensa del Estado habían presentado
querellas criminales por actos constitutivos de delito de daño”, explica
el abogado.
Junto con reprobar la intromisión indebida del Poder
Ejecutivo, Rodrigo Román señala que en este caso no existe la
presunción de inocencia. “Se ha actuado sobre conceptos globales en
relación con el derecho penal del enemigo. Aquí los cabros con capucha
son el enemigo, son los terroristas”. Para este abogado de la Defensoría
Popular el hecho que Peña haya formalizado su acusación el 4 de abril
-pidiendo nada menos que dos cadenas perpetuas- y el 6 de abril haya
renunciado para convertirse en funcionario del Ministerio del Interior,
“es un atentado a la honorabilidad y a la caballerosidad”.
Por su
parte, Alberto Espinoza observa que “desde el punto de vista ético se
puede señalar que ha violado un principio básico, como es la
objetividad. Resulta difícil pensar que un fiscal que de la noche a la
mañana deja el Ministerio Público para transformarse en funcionario de
una de las partes querellantes, haya actuado con objetividad en el
desarrollo de la investigación. Uno puede presumir que su actuación está
influida por los criterios políticos del Ministerio del Interior.
Además, el Ministerio Público se define constitucionalmente como un
organismo autónomo y jerarquizado, y esa autonomía aparece debilitada
por los contactos que tiene el fiscal nacional con el ministro del
Interior”.
Ley “terrorista”
Debido a
las irregularidades que permite la Ley Antiterrorista, monseñor Alfonso
Baeza declaró que debería llamarse derechamente “ley terrorista”. De
hecho, bajo su amparo se cometen muchas arbitrariedades y abusos, como
se ha comprobado repetidas veces en los procesos contra comuneros
mapuches.
En el “caso bombas”, el abogado Román destaca que
bastaron dos días de audiencia de preparación del juicio oral para que
la rimbombante acusación -que aparecía con 6.744 evidencias, 221 delitos
y 791 testigos- quedara reducida casi a la mitad. “El mismo juez de
garantía se refirió a la ‘ordinariez’ con que se habían copiado,
cortado, pegado y repetido como 1.500 pruebas. Es impresentable. Una de
las ‘pruebas’ que el Ministerio Público llevaría al estrado era una
pistola plástica y otra, ¡el video de La Batalla de Chile , de Patricio Guzmán!”.
El
uso de falsos testigos quedó al descubierto con la denuncia del ex
miembro del Mapu Lautaro, Juan Linares Ulloa, a quien la PDI ofreció
dinero para que se infiltrara en el entorno de los imputados con el
objetivo de fabricar pruebas contra ellos. “Hemos detectado a supuestos
testigos protegidos que irán al juicio solamente a señalar que en sus
primeras declaraciones mintieron a cambio de ofertas que les hizo el
Ministerio Público -de dinero en algunos casos y de beneficios
intrapenitenciarios en otros-, que por lo demás no se cumplieron. Esto
refrenda la tesis de esta defensa en cuanto a que hay un montaje, y una
operación política que se intenta sostener sobre subterfugios que
permite la Ley Antiterrorista”.
Una de las grandes tareas que se
propuso la mesa de trabajo es lograr cambios en esta ley creada por la
dictadura militar y preservada por los gobiernos de la Concertación. El
abogado Alberto Espinoza recuerda que la Ley Antiterrorista ha sido
objeto de serios cuestionamientos por parte de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de una denuncia que
hicieron comuneros mapuches condenados por esa ley. “En su informe, la
Comisión expresa claramente que el Estado chileno ha incurrido en una
serie de violaciones a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
En los aspectos procesales indica que se deben eliminar los testigos
secretos, las intercepciones telefónicas, la extensión de la detención
preventiva en forma indefinida y el hecho que a ésta sólo se le pueda
poner término por acuerdo de la unanimidad de los ministros de una Corte
de Apelaciones, en circunstancias que el resto de las personas pueden
obtener su libertad por una simple mayoría de votos”.
En los
aspectos sustantivos, una tarea pendiente que debe asumir el Estado es
tipificar de manera adecuada el delito terrorista. “Actualmente está
tipificado de una manera ambigua, que se presta a interpretaciones. Eso
posibilita que se generen arbitrariedades. Es abusivo calificar de
terroristas conductas que no tienen ese carácter, por la sola naturaleza
de los medios que se utilizan o por la magnitud de los daños que
provocan u otros aspectos por el estilo”, dice el abogado de derechos
humanos Alberto Espinoza, y añade que en la actualidad no hay
asociaciones ilícitas terroristas en Chile, ni se puede hablar de
terrorismo. Y argumenta: “Chile está administrado por un sector de la
sociedad que actúa con los mecanismos represivos suficientes y
necesarios para mantener el orden. ¡Y así estamos: bien ordenaditos,
bien interceptados telefónicamente, con cámaras de vigilancia por todos
lados! Los señores que administran este país deben estar sumamente
tranquilos: no hay nada semejante al terrorismo”
(Publicado en “Punto Final” edición Nº 733, 13 de mayo, 2011)
punto@tutopia.com
www.pf-memoriahistorica.org
Vìa :
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=128520&titular=el-montaje-se-derrumba-
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=128520&titular=el-montaje-se-derrumba-
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