México abre
formalmente las puertas a la política neoliberal a partir de la firma
del TLC con Canadá y Estados Unidos; el preámbulo para los millones de
campesinos agrupados en unidades productivas, como es el ejido, se dio
con la reforma al artículo 27 constitucional y con una restructuración
del sector agrario cuyo propósito era abrir la inversión privada en las
tierras tuteladas por el Estado, privatizando la propiedad social. Las
consecuencias sociales que tuvo para el campesinado han sido
determinantes, al incrementarse la pobreza en el país a casi la mitad de
la población.
Como es de todos conocido, el movimiento insurgente de los zapatistas
irrumpió a través de la lucha armada el rechazo a este modelo
neoliberal y a demandar la restitución de las tierras y territorios de
los pueblos indígenas, enarbolando la defensa de sus derechos colectivos
firmados en un tratado internacional de carácter vinculante como es el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se
ratificó en 1990, antes de la reforma agraria dos años después.
El proceso de certificación de los ejidatarios para adquirir el
dominio pleno sobre sus parcelas, con la posibilidad de la venta de sus
terrenos a la inversión privada instrumentado a través del Procede, fue
acogido por los ejidatarios de Baja California para desprenderse de
tierras que difícilmente sin capital se pudieran hacer productivas, por
el alto costo de los créditos y la falta de subsidios por las instancias
gubernamentales.
Mas el círculo de la privatización no se ha podido cerrar en aquellas
tierras que están en manos de los pueblos indígenas nativos en la
entidad, los cucapás, kumiais, paipais y kilihuas, quienes se asientan
en 10 comunidades en una superficie de 327 mil hectáreas. Distribuidas
en los municipios de Mexicali, Tecate y Ensenada, en esta última se
localizan seis de estas comunidades. Y cuyo régimen de propiedad
comprende cuatro ejidos, tres en bienes comunales y dos comunidades de
hecho.
Con conflictos agrarios en donde destacan resoluciones presidenciales
dotadas parcialmente, problemas de linderos y el despojo total de sus
tierras por particulares, problemática que data desde hace más de 50
años. Dada su cosmogonía, la identidad de estos pueblos se sustenta en
la relación con sus territorios y sus recursos naturales, por lo que su
lucha está encaminada más que al desprendimiento de sus propiedades a la
restitución de las tierras y a la protección y aprovechamiento de sus
recursos naturales.
El potencial de recursos naturales como son el agua, la tierra y los
minerales, con altas montañas al filo de las principales sierras, hoy es
de gran interés para diversas empresas trasnacionales, y
particularmente para las firmas empresariales que se dedican a la
producción de energías renovables como es el caso de la solar y la
eólica.
La estrategia implementada por este tipo de empresas,
coludidas con las autoridades agrarias, es aprovechar los niveles de
pobreza en que se encuentran, estimulando la venta de los derechos
agrarios y certificados posteriormente por la Procuraduría Agraria y el
Registro Agrario Nacional; el amarre con grandes sumas de dinero a las
autoridades de las comunidades, realizando contratos sin conocimiento
alguno de los derechosos indígenas; la depuración de los censos agrarios
so pretexto de que no cumplen con el reglamento del ejido o de la
comunidad, etcétera.
En el caso de las trasnacionales de energía eólica, que tiene interés
por convenir y garantizar una superficie que les permita instalar sus
aerogeneradores, han logrado sustantivos avances con el compromiso de
garantizarles empleos permanentes y financiar acciones en el ámbito de
la producción, el desarrollo social y fortalecer sus rasgos culturales.
Por ejemplo: Cucapah Development ha logrado como aliado a las
autoridades de Cucapa El Mayor para que en su territorio se invierta en
el Parque de Energía Eólica de la Laguna Salada; Cliper Wind Power,
quien hizo acuerdos con la autoridad de Juntas Nejí y Anexas, municipio
de Tecate, de origen kumiai y que han venido solicitando información a
las autoridades agrarias en relación con un supuesto convenio sancionado
por éstas; la construcción del Parque de Energía Eólica de Sierra
Juárez, cuyo proyecto está perfilado para usufructuar más de 250 mil
hectáreas. Y que se complementa con un acuerdo realizado entre APA Wind
con la comunidad indígena paipai de Misión Santa Catarina, en el
municipio de Ensenada, donde existe un reclamo de los comuneros por
conocer a qué tipo de acuerdos se comprometió la autoridad, y los
beneficios que se supone tendrán. Por último, se tiene conocimiento de
que existe otra empresa que está tratando de convenir con el ejido Tribu
Kilihuas, en donde también existe desconocimiento por parte de los
indígenas sobre los alcances del proyecto.
Un ejecutivo de la APA, Michael Felloni, dijo que su compañía alcanzó
un acuerdo con las empresas mexicanas CISA e Intavan para comenzar a
desarrollar los proyectos en las inmediaciones de la Misión Santa
Catarina Paipai, unos 100 kilómetros al sur de la frontera.
Felloni dijo que hay un mercado potencial de
100 mil millones de dólaresen Baja California, de donde incluso de ser necesaria la electricidad generada por fuerza eólica en México se distribuiría a otros estados. De ese tamaño es la ambición de los nuevos filibusteros.
Fuente, vìa :
http://www.jornada.unam.mx/2011/02/11/index.php?section=opinion&article=027a2pol
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