(apro).- Si el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), promovido
por Estados Unidos, se instrumenta en nuestro país, “más de una tercera
parte de los usuarios de internet estarían tipificados como
criminales”, advirtió Jorge Alberto Hidalgo Toledo, catedrático de la
Universidad Anáhuac.
Participante en la segunda sesión de debate y análisis en el Senado
sobre el ACTA, Hidalgo Toledo advirtió que apoyar ese acuerdo implica
frenar el acceso a la información, ampliar la brecha digital, reducir la
confianza de los consumidores, impulsar una cultura del terror y
fiscalización digital de los usuarios, y golpear el proceso de
incorporación de México a la sociedad de la información.
El académico advirtió que sólo una tercera parte de la población
mexicana tiene acceso a internet (menos de 33 millones), que 34% de los
usuarios son menores de 24 años, y “aproximadamente 51%” de las
actividades en línea se concentra en la descarga de contenidos
digitales, principalmente música.
Por su parte, Irene Levy, presidenta de Observatel, advirtió que la
protección de los derechos de autor en el proyecto de ACTA están
dirigidas a personas físicas, es decir a grandes federaciones y
asociaciones, no a los autores o creadores.
“Esto es muy grave y lo vemos como algo de muchísimo cuidado, porque
el artículo 9 de la Constitución establece la libertad de asociación, y
con este tratado estaríamos obligando a los creativos a pertenecer a las
asociaciones y federaciones”, advirtió Levy Mustri.
La especialista reiteró que la sociedad mexicana no está en
condiciones de celebrar un tratado como éste, ya que en México no existe
agenda digital, prevalece una altísima brecha, y para muchos
especialistas en telecomunicaciones aprobar el ACTA significaría
“desincentivar” el uso de la tecnología.
Carmen Enedina Rodríguez, coordinadora general de Planeación y
Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara, consideró que
el ACTA “es buscar delincuentes en el sitio equivocado”, y limitar el
acceso y uso de internet retrasaría la democratización.
“Al igual que se ha descuidado la rehabilitación de drogadictos y la
prevención en el consumo de drogas por perseguir a narcotraficantes, en
esta materia se está descuidando la educación basada en los principios
de respeto a lo ajeno y se está privilegiando la persecución”, afirmó
Rodríguez.
También el director del Centro de Investigación e Informática
Jurídica en la Escuela Libre de Derecho, Juan Pablo Pampillo Balbiño,
afirmó que la suscripción del ACTA no es conveniente para el país, y le
pidió al Senado que no lo ratifique porque las negociaciones se
realizaron de manera confidencial y sin dar participación a los sectores
involucrados.
Entre los pocos defensores del ACTA, en la segunda jornada de
consultas del Senado, el representante del Instituto de Propiedad
Intelectual y Derecho a la Competencia, Mauricio Jalife Daher, afirmó
que se debe aprovechar este acuerdo “de manera coyuntural” para impulsar
una legislación actualizada en materia de piratería.
“En un balance general, con los niveles de piratería que México tiene, tendría que aceptar el ACTA”, enfatizó Jalife.
Martín Michaus Romero, de la Asociación Interamericana de la
Propiedad Intelectual, aseguró que “tan importante es proteger el mundo
digital en el país como las creaciones mexicanas que se desarrollen
también en otras naciones”.
De nada serviría tomar una posición de aislamiento en “las grandes
ligas de la piratería mundial”, ya que ACTA “es un tratado de protección
a la propiedad intelectual, no es una moneda de cambio, como se hace en
un TLC con la negociación de otras materias”, agregó.
Frente a la diversidad de reacciones y posiciones, la senadora del
PAN, Beatriz Zavala Peniche, integrante del Grupo Plural para dar
seguimiento a las negociaciones del ACTA, consideró que es un tema “muy
delicado” que implica contar con leyes en la materia que, hasta ahora,
no existen.
Zavala afirmó que la ausencia de leyes secundarias en esta materia
pondría al Congreso en una situación difícil, porque de firmarse y
aprobarse el ACTA se haría sin contar con un marco jurídico compatible
con ese convenio.
“Hay que hacer compatible el derecho de autor, conservar la propiedad
intelectual y el derecho a la difusión, al conocimiento, a todo lo que
significa esta difusión del conocimiento” en internet, apuntó.
Por su parte, el senador del PRD, Carlos Sotelo, se pronunció porque
“México construya su propia ruta” para proteger los derechos de
propiedad intelectual y, “en vez de limitar el uso de internet, acercar
las nuevas tecnologías a la mayor parte de la población”.
“Hemos empezado a intercambiar opiniones para elaborar una reforma
legal y atender el interés de asociaciones de creadores e inventores
para preservar el derecho de autor y, al mismo tiempo, conserve al
internet como una red libre”, advirtió Sotelo, presidente de la comisión
de Radio, Televisión y Cinematografía.
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/88853
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